Su propuesta de creación de viceconsulados militares en el sur de Francia fue rechazada.
Yagüe había intentado el regreso del general Bedia a través de una serie de gestiones que realizó en diciembre de 1945 monseñor Múgica, obispo de Vitoria. Comenzó a actuar, pero la falta de órdenes entorpeció el proceso. Mantuvo contactos con numerosos oficiales republicanos que querían regresar a España, pero el papeleo dificultó que se materializase su decisión: «Estoy en contacto con algunos oficiales profesionales que quieren pasar. Creo que sería conveniente conceder a éstos el retiro de empleo que tenían en el año 36, por la gran repercusión que tendría en el extranjero si conseguimos que gran parte de los profesionales que están con los rojos se viniesen a España. Yo le agradeceré que me diga si se les puede ofrecer algo en este sentido».[622] A estas sugerencias le respondió Dávila el 31 de diciembre de 1945:
...no hay inconveniente en que los españoles que se presenten en la frontera puedan ser admitidos aun sin haber cumplido los requisitos que están dispuestos cerca de los consulados.
En tal caso deben firmar una declaración jurada respecto a su actuación durante la guerra; pero si lo que en ella afirmen resulta después falso, no podrán alegar derecho alguno a quedar en libertad.
Sin embargo, en el orden práctico ha de procurarse no extender esa concesión, ni menos hacerla pública, para prevenir la contingencia de que se produjese una situación difícil si se presentaren en la frontera grupos numerosos, lo que podrían hacer incluso con torcidas intenciones.
En casos concretos pidan informes urgentes a la Comisión que a estos efectos funciona en el Ministerio de la Gobernación (Fernando el Santo, n° 21).
Respecto a los militares profesionales, no es posible prometer el retiro, al menos con carácter general.
Todos los militares que se presenten han de ser sometidos a procedimiento, al igual que lo han sido los que quedaron en España. Del resultado de estos procedimientos dependerá la situación en que deban quedar.
Otra solución entrañaría una enorme falta de equidad, o supondría conceder derechos pasivos a todos los condenados a penas superiores a doce años y un día.