Brown
contra el Consejo Escolar

La histórica sentencia del Tribunal Supremo de 1954 en el caso de Brown contra el Consejo Escolar acabó con la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos y ayudó a poner en marcha los movimientos civiles que acabarían conquistando el respeto de todos los derechos legales de los afroamericanos. Los historiadores consideran que este caso, en el que se vio implicado el sistema educativo de Topeka (Kansas) y el de otras ciudades, constituye una de las decisiones judiciales más relevantes.

Antes de que se dictara esta sentencia, los norteamericanos negros del sur y de otras partes de Estados Unidos no podían acceder a todos los derechos de los blancos. Los niños negros no sólo asistían a escuelas segregadas, sino que además debían viajar en la parte de atrás de los autobuses escolares, almorzar en comedores diferentes e incluso utilizar baños separados. Este sistema de discriminación oficial se conocía como Jim Crow. El Tribunal Supremo había mostrado su apoyo a esta segregación en el caso de Plessy contra Ferguson, en 1896, en cuya sentencia se defendía que, siempre y cuando los edificios reservados para los negros no fueran tangiblemente inferiores, la Constitución amparaba la segregación.

Los demandantes del caso Brown, sin embargo, «argumentaban» que el hecho de separar ya era inherentemente discriminatorio. El tribunal se puso del lado de las familias negras, contradiciendo por unanimidad su decisión de 1896. El juez Earl Warren, el responsable de la histórica sentencia, dijo que «en el campo de la educación pública no hay lugar para la doctrina de “separados pero iguales”».

Esta decisión obligaba a poner en marcha la integración en todas las escuelas públicas del sur, pero se encontró con una fuerte resistencia por parte de muchas poblaciones blancas; en 1957, por ejemplo, el presidente D. Dwight Eisenhower tuvo que enviar el ejército a Arkansas para proteger a los primeros nueve estudiantes negros que asistieron al instituto blanco de Little Rock.

Por otro lado, esta sentencia también recabó un gran apoyo para los movimientos en ciernes de defensa de los derechos civiles. Después del caso Brown, líderes de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos como Rosa Parks y Martin Luther King organizaron con éxito campañas para eliminar las leyes Jim Crow que todavía coleaban en el sur. El movimiento de derechos civiles culminó con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, una legislación federal firmada bajo el mandato de Lyndon Johnson que prohibía la discriminación laboral contra los negros y situaba al margen de la ley las prácticas que se habían utilizado durante generaciones en el sur para evitar que los negros votaran.