El desastre irlandés
14 de abril de 2009
El nuevo plan de ajuste presentado por el gobierno irlandés el pasado 7 de abril, que pasó prácticamente desapercibido en Francia, nos dice más sobre la crisis y sus consecuencias que el G20. ¿De qué se trata? Como otros países pequeños que se concentraron mucho en el sector inmobiliario y financiero, Irlanda se encuentra hoy en una situación catastrófica. El estallido de la burbuja del precio de las viviendas y las acciones condujo a un desmoronamiento de la actividad económica en la construcción y en las finanzas, seguido por el del conjunto de la economía irlandesa. El PBI bajó un 3% en 2008 y las últimas previsiones gubernamentales apuestan a una disminución del 8% en 2009 y del 3% en 2010, antes del comienzo de una normalización en 2011. La recaudación fiscal se desmoronó y los desembolsos para salvar a los bancos de la quiebra y ayudar a los desempleados (la tasa de desempleo alcanzará un 15% hacia fin de año) aumentaron, por lo que este país se encuentra ante un déficit abismal de 13 puntos del PBI previsto para 2009. Es decir, el equivalente a la totalidad de los salarios y las jubilaciones de la función pública.
El gobierno irlandés implementa diferentes planes de ajuste. En febrero, los salarios de los funcionarios ya habían sido reducidos un 7,5% para financiar las jubilaciones. Esta medida extremadamente brutal se justificó evocando a la vez la situación presupuestaria desesperada y la deflación futura (el gobierno prevé una disminución de los precios del 4% en 2009, pero los asalariados hasta ahora no la han visto). Y el martes último, el ministro de Finanzas, Brian Lenihan, anunció nuevas medidas draconianas orientadas a reducir el déficit de 2009 de 13 a 11 puntos de PBI, especialmente mediante un aumento general de impuestos a los ingresos. La punción será en promedio de alrededor del 4% del conjunto de los ingresos —del 2% en el nivel del salario mínimo (300 euros de deducción para un ingreso anual de 15 000 euros) a un 9% para los ingresos más elevados—, y se hará efectiva desde el 1º de mayo. Resulta evidente que este nuevo plan de ajuste no será el último.
Lo que más sorprende, en este clima de crisis extrema, es que el gobierno se empecine en mantener la tasa ultrarreducida de 12,5% del impuesto a los beneficios de las empresas. Brian Lenihan lo dijo y lo repitió el 7 de abril: de ningún modo vamos a dejar de lado la estrategia que contribuyó a la fortuna del país desde la década de 1990, que atrajo las sedes centrales de las multinacionales y las inversiones extranjeras. Es mejor desangrar a la población irlandesa que arriesgarse a perder todo, haciendo huir a los capitales internacionales. Es difícil prever cómo reaccionarán los irlandeses cuando lleguen las elecciones europeas: rechazo del gobierno, rechazo del mundo exterior o, incluso, rechazo de los dos a la vez. Pero algo es seguro: Irlanda no saldrá sola del terrible engranaje en el que la encerró el sistema internacional.
La estrategia de desarrollo basada en el dumping fiscal, adoptada por muchos países pequeños, es un desastre. Irlanda fue seguida por muchos otros en esta vía, y no puede dar marcha atrás sola. Casi todos los países del Este tienen hoy tasas de imposición a los beneficios de las empresas de apenas un 10%. En 2008 el gigante informático Dell había anunciado el cierre de sus unidades de producción y su relocalización en Polonia, lo que provocó pánico en Irlanda. La acumulación de capitales extranjeros se paga caro: actualmente, un país como Irlanda paga cada año cerca del 20% de su producción interna bajo la forma de beneficios y dividendos a los dueños extranjeros de oficinas y fábricas. Técnicamente, el PNB (producto nacional bruto) del que disponen verdaderamente los irlandeses se ubica un 20% más abajo que el PBI. La cereza del postre: el euro no permite siquiera que Irlanda evite tener que pagar tasas de interés exorbitantes por su deuda pública. Las tasas de interés a diez años en Irlanda o en Grecia son actualmente casi dos veces más altas que en Alemania (5,7% contra 3,1%), fenómeno completamente anormal tratándose de países que comparten la misma moneda, y que muestra que los mercados especulan con una bancarrota de estos países, o incluso con una explosión de la unión monetaria. El FMI está preparado para apagar provisoriamente este tipo de incendios inyectando ayudas financieras de urgencia, como ya fue el caso en Hungría. Pero solo la Unión Europea podría tener la legitimidad política para tratar las causas que llevaron a estos desastres. A grandes rasgos, el trato debería ser el siguiente: la Unión garantiza la estabilidad financiera de la zona y ayuda a los países pequeños si es necesario; pero, en contrapartida, estos renuncian a su estrategia de dumping fiscal, por ejemplo con tasas de imposición de beneficios mínimas del orden del 30-40%. Luego de aceptar renunciar a su soberanía monetaria, los pequeños y grandes países deberían también abdicar de su soberanía fiscal. Cualquier otra solución es un error. Construir una unión monetaria sin gobierno económico ya era arriesgado en tiempos de calma. Pero frente a una crisis mayor, es necesario tomar muy en serio el riesgo de desmoronamiento general.