Por un impuesto europeo a la fortuna
26 de marzo de 2013
La crisis de Chipre deja en evidencia algunas de las contradicciones más espinosas de la mundialización financiera. ¿De qué estamos hablando? Chipre es una isla de un millón de habitantes que se unió a Europa en 2004, y a la zona euro en 2008. Su sector bancario sufre una llamativa hipertrofia, con balances que superan ocho veces el PBI anual y depósitos que rondan el cuádruple del PBI. Se trata tanto de depósitos de chipriotas como de extranjeros, sobre todo de rusos, que se ven atraídos por una fiscalidad tenue y por el exiguo control de las autoridades locales.
Se afirma que estos depósitos rusos incluyen enormes sumas individuales, y uno tiende a imaginarse a oligarcas con fortunas de decenas de millones de euros. Debe de ser cierto, pero ni las autoridades europeas ni el FMI publicaron ninguna estadística, aunque más no sea aproximativa. Es probable que ni estas mismas instituciones sepan gran cosa, y nunca hayan hecho nada para progresar en esta cuestión que, sin embargo, es central. Esa opacidad no facilita una solución pacífica y racional del conflicto.
En efecto, el problema hoy es que los bancos chipriotas ya no tienen ese dinero: lo destinaron a títulos griegos hoy devaluados y a inversiones inmobiliarias en parte ilusorias. Naturalmente, las autoridades europeas dudan si reflotar o no a estos bancos sin ninguna contrapartida, sobre todo si se trata de reflotar, esencialmente, a millonarios rusos.
Luego de meses de reflexión, los miembros de la ahora célebre «troika» (Comisión Europea, BCE, FMI) tuvieron la desastrosa idea de cobrar casi el mismo impuesto a todos los depósitos bancarios: 6,75% hasta 100 000 euros, y 9,9% por encima de esa suma. La tenue progresividad no debe generar ilusiones: se trata de sacudir de la misma manera a los pequeños ahorristas y a los oligarcas.
Ante las críticas, se ha comenzado a hablar de una exención impositiva a los depósitos inferiores a 100 000 euros, y de cobrar más impuestos a los más elevados. Pero las definiciones siguen siendo vagas (nos orientamos, probablemente, hacia un análisis banco por banco) y, sobre todo, el mal está hecho: los pequeños ahorristas europeos ya no saben si pueden confiar en las autoridades que los gobiernan.
La versión oficial es que esa cuasitasa plana se adoptó a pedido del presidente de Chipre, que habría querido imponer una fuerte carga impositiva a los pequeños ahorristas para evitar la fuga de los grandes. Tal vez fue así (no lo sabremos nunca pues todas las negociaciones tuvieron lugar a puertas cerradas). La crisis chipriota ilustra el drama de los países pequeños en la mundialización, que para salvarse y encontrar su nicho a veces están dispuestos a someterse a la competencia fiscal más feroz y atraer así capitales poco recomendables.
Pero la excusa se sostiene a medias: la tasa plana fue adoptada por unanimidad en el eurogrupo. Es un buen momento para que los gobiernos europeos aprendan a asumir públicamente sus responsabilidades. Esta crisis demuestra la necesidad de instituir un verdadero Parlamento Presupuestario de la zona euro, para que estas cuestiones puedan ser por fin debatidas y decididas de manera democrática, a la luz del día.
Esta crisis también ilustra la incapacidad de los grandes países para utilizar herramientas que permitan regular las crisis financieras en forma eficaz, y repartir los esfuerzos y las pérdidas de manera justa y aceptable para todos. El problema de la aplicación de impuestos al patrimonio de los chipriotas es su estrecha base fiscal (aparentemente, para eludirlo basta con transferir los depósitos a cuentas títulos y otros activos exentos de impuestos) y su irritante falta de progresividad, única en la historia.
A modo de comparación, la tasa del impuesto sobre la fortuna en 2013 es del 0% hasta 1,3 millones de euros, del 0,7% hasta 2,6 millones, y pasa al 1,5% más allá de 10 millones. Hay varios ejemplos históricos de imposición temporaria y progresiva al capital. Por ejemplo, el impuesto de solidaridad nacional instituido en 1945 comprende una doble deducción excepcional sobre el valor presente de los patrimonios (con tasas que van del 0% al 20% para las fortunas más elevadas), y sobre los enriquecimientos sobrevenidos entre 1940 y 1945 (con tasas que llegan hasta el 100% para los enriquecimientos más importantes).
Para deducir este tipo de impuesto, se necesitan obviamente las declaraciones individuales de patrimonio que reúnan los activos de los diferentes bancos. Hay recursos modernos que facilitan esta tarea: con las transmisiones automáticas de información entre países, se podría incluso contar con declaraciones llenadas de antemano. Pues bien, es precisamente esta perspectiva de un impuesto internacional a la fortuna lo que la troika, y en particular el FMI, rechaza, por conservadurismo y razones ideológicas. De allí la idea de una tasa plana que puede deducirse en cada banco, pero que es profundamente injusta e ineficaz. Al menos, la crisis chipriota tiene el mérito de plantear con claridad este debate.