La quiebra silenciosa de la universidad
19 de noviembre de 2013
De manera lenta pero segura, los sucesivos gobiernos abandonan a las universidades francesas. Sarkozy lo hizo mientras pregonaba que los recursos aumentaban, una muestra de su total desprecio por la realidad. Con Hollande, se hace en silencio. Pero la realidad es la misma. La inversión de la nación en la educación superior se estanca, incluso entra en decadencia, mientras que los campus americanos, asiáticos y europeos son más prósperos que nunca. En Francia, los estudiantes se apiñan en aulas hacinadas y hay menos cursos; algunas universidades, casi en quiebra, deben cortar la calefacción para cumplir con sus presupuestos.
Ciertas carreras padecen desde hace años una sangría gradual de estudiantes, prueba de la desconfianza profunda de una parte creciente de la juventud ante la falta de salidas. Solo una pequeña minoría de estudiantes, en el marco de las más selectas carreras de las grandes escuelas, goza del beneficio de contar con recursos adecuados. Pues bien, esto no alcanza. Para que Francia encuentre su lugar en la economía del conocimiento del siglo XXI, hay que invertir cada vez más y de manera masiva en formación y en capital humano, y no en una élite refinada. Si este estancamiento continúa a lo largo del quinquenio, se tratará sin duda del principal fracaso de la presidencia de Hollande, totalmente a contramano de la historia.
Lo más triste es que, como la enseñanza superior en Francia suele ser poco onerosa, no habría necesidad de movilizar grandes masas financieras para introducir un gran cambio. Recordemos las cifras principales. En 2007, el presupuesto total asignado a la educación superior y a la investigación universitaria era ligeramente inferior a 11 000 millones de euros. En 2013, es apenas superior a 12 000 millones de euros. La progresión nominal entre las dos fechas apenas permite compensar la inflación. Durante ese mismo tiempo, los campus extranjeros emplearon profesores y se desarrollaron a gran velocidad, lo que les permitió alejarse notablemente de los campus franceses, además de atraer a una parte creciente de nuestros profesores, investigadores y estudiantes.
Recordemos también que esta suma de 12 000 millones de euros corresponde a la totalidad de los recursos (masa salarial, funcionamiento, inversión) que llegan a las universidades y a las diversas escuelas e institutos, cualquiera que sea el ministerio competente. Esto representa apenas más del 0,5% del PBI (2 billones de euros), y cerca de 1% del total del gasto público (cerca del 50% del PBI, es decir, aproximadamente 1 billón de euros). Sobre una masa de este tipo, debería ser posible separar en algunos años un margen de 6000 millones de euros. Esto alcanzaría para aumentar un 50% los recursos de todas las universidades y escuelas, lo que haría una enorme diferencia y permitiría sacar al sistema de la encrucijada.
Es tentador comparar esta suma con los casi 20 000 millones de euros anuales que el gobierno planea destinar al CICE, el famoso «crédito de impuesto para la competitividad y el empleo». El CICE, que será en parte financiado por el aumento del IVA a partir del 1º de enero, busca reducir el impuesto a los beneficios de las empresas en proporción a la masa salarial. Esta medida constituye el corazón de la política económica que sigue el gobierno para intentar aumentar la competitividad de la economía francesa. Aliviar las deducciones que pesan sobre los salarios no es una mala idea en sí, sobre todo en un país donde el sistema fiscal-social se basa excesivamente en el trabajo.
Pero esta estrategia es insuficiente. Primero porque habría sido necesario bajar directamente los aportes patronales y lanzar una reforma estructural del financiamiento de la seguridad social. Esto podría lograrse con el desarrollo de una contribución social general (CSG) progresiva, la única manera de hacer contribuir de manera justa y eficaz a todos los ingresos (salarios públicos, jubilaciones, ingresos del patrimonio, y no solo los salarios del campo privado), en función del ingreso de cada uno. El gobierno se equivoca al ignorar a los diputados que realizaron propuestas en este sentido, y al oponer a los partidarios del «socialismo de la oferta» a los defensores de la «justicia fiscal». Solo será posible avanzar y desbloquear la situación actual reconciliando las dos perspectivas.
Además, y fundamentalmente, no se puede focalizar todo en la reducción del costo del trabajo. ¿Es razonable gastar en un crédito impositivo (por lo demás, poco claro y sin duda poco eficaz) el equivalente de dos veces el presupuesto de todas las universidades y escuelas, y congelar al mismo tiempo todos estos recursos? Evidentemente no. A largo plazo, la diferencia se logra con inversión en capacitación e innovación. La reorientación productiva del país no se logrará con universidades en quiebra.