El IVA social, una mala respuesta

27 de agosto de 2007

El gobierno Sarkozy-Fillon, luego de varios de meses de tergiversaciones, parece decidido a volver a poner sobre la mesa la discusión sobre el IVA. El tema se presentó durante la primavera de la peor manera, inmediatamente después de que se gastaran 15 000 millones de euros en regalos fiscales clientelistas e ineficaces (intereses de préstamos, el denominado escudo fiscal, horas suplementarias), es decir, el equivalente de dos puntos del IVA. Para los electores de las legislativas, en estas condiciones, resulta difícil no sospechar que la derecha quiere financiar sus promesas electorales con un aumento del IVA. Sobre todo porque el gobierno Chirac-Juppé hizo lo mismo en 1995, y el resultado fue la demolición del crecimiento en unos pocos meses. Tratemos de olvidar por un instante este desperdicio de 15 000 millones y consideremos el debate sobre el denominado IVA social como lo que debería ser: no una manera indirecta de aumentar los ingresos del Estado, sino una reforma compleja de la estructura de financiamiento de la protección social mediante ingresos constantes. ¿De qué se trata? Actualmente, la protección social descansa casi exclusivamente en los aportes que se deducen de los salarios. Para un salario bruto de 100 euros, el asalariado percibe un ingreso neto de 80 (los aportes representan el 20%) y el empleador paga 145 euros (45% de contribuciones). A largo plazo («cuando todos estemos muertos», decía Keynes), in fine, los asalariados terminan pagando todas las cargas sociales; la prueba es que la parte de los salarios (aportes patronales incluidos) en el valor agregado de las empresas (alrededor del 70%) es sensiblemente el mismo en todos los países y en todas las épocas. De esta enorme masa de cargas sociales, una generosa mitad corresponde a las prestaciones llamadas contributivas (jubilación, desempleo), que reposan sobre los salarios, cosa que nadie discute: la retención es proporcional al salario y, al final, los derechos son proporcionales a las contribuciones. El problema aparece con la segunda mitad, que financia las prestaciones del seguro de salud (dotaciones a los hospitales, reembolso de consultas y medicamentos) y las prestaciones familiares (subsidios familiares, subsidios para familias monoparentales). Estas prestaciones se basan en una lógica de universalidad y de solidaridad nacional. No tiene ningún sentido basar su financiamiento exclusivamente en el salario y acentuar así la presión fiscal en el trabajo. Sobre todo en un contexto de subempleo. De ahí el debate sobre la extensión de las retenciones para salud/familia. Debate que ya fue saldado a nivel de los aportes salariales con la creación de la CSG (contribución social generalizada) por parte del primer ministro Michel Rocard en 1991. Pero el debate no se agotó para la patronal, y el financiamiento de las ramas salud/familia reposa sobre los aportes patronales más allá de los 18 puntos basados exclusivamente sobre los salarios. De ahí la proposición recurrente de bajar progresivamente estas retenciones y reemplazarlas por una tasa dotada de una base tributaria más amplia, por ejemplo el IVA. Visto de este modo, el IVA social aparece como una respuesta posible a un verdadero problema, pero sin duda no es la más adecuada. Una mejor solución, promovida por centrales sindicales como la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, consistiría en crear una contribución patronal generalizada (CPG) que se financie sobre la base del conjunto del valor agregado de las empresas, es decir, sobre la base de la suma de los salarios y las ganancias. Lo más simple sería retomar las ganancias sometidas al impuesto a las sociedades, lo que conduciría a una base tributaria de alrededor de 7000 millones de euros por punto de CPG, lo mismo que un punto de IVA. De hecho, las dos soluciones deberían ser equivalentes: el IVA grava el valor agregado definiéndolo como la diferencia entre los productos que una empresa vende y los que compra, la CPG grava el valor agregado definiéndolo como la suma de ingresos que la empresa distribuye entre el trabajo y el capital. Dejemos de lado la idea de que el IVA fracasaría totalmente en los precios que pagan los consumidores, mientras que el CPG los gravaría al 100%: en verdad, todas las tasas pesan en alguna medida sobre los precios y los ingresos, en función de la realidad económica de la base tributaria y del grado de competencia de los mercados de bienes, del trabajo y del capital en el sector correspondiente. Si IVA social y CPG difieren en sus efectos económicos, es por razones más sutiles. El modo de deducción del IVA francés autoriza la deducción integral de los gastos de inversión, lo que de hecho deja exenta una buena parte de los ingresos del capital. De manera inversa, el IVA pesa mucho sobre los jubilados, a diferencia de la CPG. Finalmente, los bajos salarios están exentos de aportes patronales para enfermedad/familia, y padecen directamente el aumento del IVA, mientras que la CPG permite mantener esta exención, que se aplica desde hace quince años, para disminuir la presión fiscal sobre el trabajo poco calificado. Para resumir: la CPG permite un verdadero reequilibrio fiscal entre trabajo y capital, mientras que el IVA social hace que la cuenta la paguen los jubilados y los beneficiarios del salario mínimo, lo que es social y económicamente injustificado y se asemeja mucho a otra política disfrazada: como las jubilaciones están indexadas sobre los precios, las arcas públicas acabarán por pagar una vez más con una mano lo que tomaron de las jubilaciones con la otra. La única ventaja del IVA social, ampliamente publicitada por el gobierno, es el impuesto a las importaciones y la exención de las exportaciones, mientras que la CPG se basa únicamente en los bienes producidos en Francia, cualquiera sea su destino. Pero subordinar una reforma fiscal de tal envergadura a este magro diferencial no es serio: ¿podemos realmente imaginar que vamos a competir con los textiles chinos o indios gravando su precio con dos puntos suplementarios de IVA? Esta piadosa postura proteccionista demuestra que sobre este tema, como sobre el conjunto del paquete fiscal, las respuestas que aportan Sarkozy-Fillon simplemente no están a la altura de los desafíos económicos que enfrenta Francia en el marco de la mundialización.