Lecciones fiscales del caso Bettencourt

8 de septiembre de 2009

Durante mucho tiempo la fortuna de Liliane Bettencourt fue la mayor de Francia. Tras el proceso judicial que presentó su hija contra ella, hoy representa más que eso. En efecto: de manera un poco extrema, este caso ilustra a la perfección algunos de los problemas más espinosos que van a plantear los patrimonios y su transmisión en el siglo XXI. Recapitulemos. Liliane, 87 años, heredera del grupo L’Oréal, acordó realizar cierto número de donaciones a un amigo fotógrafo de 61 años por un monto total estimado en 1000 millones de euros, es decir, menos del 10% de su fortuna total (15 000 millones de euros). Su única hija, Françoise, 58 años, la acusa de dejarse abusar y presenta una demanda por «abuso de debilidad». Liliane, por su parte, considera que está en perfecto estado y no tolera las pericias médicas que su hija intenta imponerle por vía judicial. Agreguemos que ambas son miembros del consejo administrativo de L’Oréal, el más notable de la Bolsa de París. No es cuestión de pronunciarse aquí, por supuesto, sobre la salud mental de los protagonistas. Sin embargo, nos permitimos señalar que esto se asemeja bastante a una guerra de la tercera edad; en cierto modo, una historia de viejos. De hecho, los patrimonios no dejan de envejecer en Francia, consecuencia evidente del aumento de la expectativa de vida, pero también de que la rentabilidad del capital a lo largo de los últimos treinta años superó ampliamente la tasa de crecimiento de la producción y de la renta con que se benefician los activos. Lo que resulta más grave todavía es que esta evolución está exacerbada por la presión fiscal creciente que pesa sobre los ingresos del trabajo, algo que correlativamente limita la capacidad de ahorro de aquellos que solo cuentan con su trabajo para acumular algo. Al mismo tiempo, los patrimonios se beneficiaron de repetidas reducciones fiscales, tanto en el nivel de las transmisiones (donaciones, sucesiones) como en el nivel del flujo de ingresos (dividendos, intereses, alquileres, plusvalía). Desde ese punto de vista, la fuerte disminución de los cánones sucesorios votada en 2007, en total contradicción con los eslóganes sobre la revalorización del trabajo, constituye una decisión particularmente nefasta. Sobre todo porque, al privarse de esa arma, el gobierno disminuyó en la mayor parte de los casos la importancia de las zanahorias fiscales prometidas a las donaciones anticipadas. De manera evidente, las medidas de 2007 tendrán como efecto principal acelerar el proceso de envejecimiento de la fortuna actualmente en marcha. El caso Bettencourt plantea igualmente la cuestión de la libertad que tiene una persona para testar, es decir, para legar su patrimonio a tal o cual. En el marco del Código Civil napoleónico, la herencia está cuidadosamente encuadrada en Francia. Cualesquiera sean las relaciones con los padres, cualquiera sea el monto de la fortuna, los hijos tienen derecho a la «reserva hereditaria». Los padres solo pueden disponer libremente de lo que se ha dado en llamar la «porción disponible», equivalente al 50% del patrimonio para el caso de un solo hijo, al 33% en el caso de dos hijos y al 25% en el caso de tres o más. Dicho de otro modo, una persona que haya acumulado (o incluso que haya heredado) una fortuna de 10 000 millones de euros no tiene más opción que reservar al menos 5000 millones a su único hijo, o 7500 millones a sus tres hijos (repartidos en partes iguales). En este caso, Liliane Bettencourt respetó esta regla. Pero, sin siquiera apelar a su salud mental, su hija podría impedirle legalmente proceder como Bill Gates, quien legó lo esencial de su fortuna a fundaciones. Además, el impuesto francés a las sucesiones aplica las tasas más elevadas a los patrimonios transmitidos dentro del marco de la porción disponible: el objetivo es favorecer las transmisiones a los hijos, también aquí sin importar cuál sea el monto. ¿Habría que suprimir todo esto y pasar a un sistema de total libertad testamentaria, a la anglosajona? La opción es tentadora, sobre todo porque este sistema conduce en la práctica a una distribución igualitaria entre los hijos en la inmensa mayoría de los casos, mientras que deja a las más grandes fortunas la posibilidad del mecenazgo, cuya insuficiencia deploramos a menudo en Francia. Al mismo tiempo, los argumentos del Código Civil a favor de la protección de los hijos desheredados y los padres abusados, se reforzarán de manera objetiva con el desarrollo de la cuarta edad, y procesos como los de Bettencourt podrían multiplicarse. Al menos, el mecanismo de la reserva hereditaria merecería ser limitado. Más allá de cierto nivel de patrimonio, no se entiende por qué la ley debería obligar a los padres a transformar a sus hijos en rentistas.