Jubilaciones: ¡que llegue ya 2012!
14 de septiembre de 2010
¿Cómo calificar la «reforma» previsional que defiende el gobierno? Se trata de un proyecto mediocre que emparcha pero no garantiza en absoluto el equilibrio financiero a largo plazo. Comparado con los parches precedentes (ley Balladur 1993, ley Fillon 2003), la «cosecha Sarko 2010» brilla por su cinismo y su injusticia[49].
El gobierno aprovecha profundamente la complejidad de los sistemas previsionales para que las comparaciones internacionales mentirosas suenen creíbles —ayudado por los medios, tan complacientes como incompetentes—, y para seguir fragilizando a los más frágiles. En Francia, el cálculo de las jubilaciones depende de múltiples parámetros: la cantidad de años de aportes requerida para jubilarse a tasa plena (cuarenta y un años), la edad mínima que permite adquirir el derecho a la jubilación (60 años) y la edad que permite jubilarse a tasa plena sin descuento por años faltantes (65 años). Al decidir no tocar la cantidad de años de aportes y enfocarse totalmente en la edad, el poder elige por definición hacer pesar todo el ajuste en aquellos que comenzaron a trabajar temprano (pasaje de 60 a 62 años) y en quienes tienen carreras precarias e incompletas (se pasa de 65 a 67 años).
Tomemos el caso de un asalariado que haya comenzado a trabajar a los 18 años. Actualmente, debe esperar a los 60 para una jubilación a tasa plena, es decir, cuarenta y dos años de aportes. Con la reforma, deberá esperar a los 62 años, es decir, cuarenta y cuatro años de aportes. En cambio, esta reforma no incidirá sobre los que, habiendo tenido la chance de estudiar, hayan comenzado a trabajar a los 21 años o más, porque de todas formas deben esperar a los 62 años para alcanzar los cuarenta y uno de aportes y beneficiarse con una jubilación a tasa plena. Y las medidas sobre las carreras largas, que la mayoría gobernante utilizó como propaganda, no cambiarán en nada esta realidad inevitable. Estas medidas solo competen a aquellos que hayan comenzado a trabajar antes de los 17 años y exigen en todos los casos cuarenta y uno de aportes. Lo cual es aún más injusto si consideramos que aquellos que comenzaron más temprano tienen en general los oficios más difíciles y la menor expectativa de vida. Es una técnica clásica: hundir la cabeza del condenado bajo el agua y después dejarlo respirar algunos segundos para que diga «gracias». No sorprende que el único sindicato que aprobó la medida haya sido la Confederación General de Ejecutivos.
Sin embargo, hay una buena noticia: por fin comienzan a delinearse los contornos de una verdadera reforma alternativa. Frente a estos remiendos a repetición, los dos sindicatos principales (Confederación Francesa del Trabajo [CFDT] y Confederación General del Trabajo [CGT]) impulsan ahora una revisión general de nuestros regímenes jubilatorios. Es la única estrategia que permitiría garantizar el equilibrio a largo plazo, dar nuevamente confianza a las jóvenes generaciones y sortear la crisis actual. Ya que, más allá de la complejidad de las normas relativas a los años de aportes y la edad, el sistema francés se caracteriza por la superposición de decenas de regímenes, lo que hace imposible cualquier debate sereno sobre la parte del ingreso nacional que se desea consagrar a las jubilaciones.
Por supuesto, es necesario precisar y consensuar los puntos de vista. La CFDT habla abiertamente de una «reforma sistémica» orientada a unificar los regímenes, mientras que la CGT evoca una «caja común de jubilaciones». Se deberán dar garantías sólidas a los funcionarios, sobre todo en términos de compensaciones salariales. Una refundación social de esta magnitud no podrá implementarse, claro está, sin una fuerte legitimidad democrática, y por lo tanto con una validación de las urnas en 2012. Las organizaciones sindicales y políticas deben trabajar concertadamente en esta perspectiva. El Partido Socialista ya comenzó a comprometerse con esta vía, defendiendo explícitamente la universalización del derecho a la jubilación y la creación de una «comisión por la unificación de los regímenes».
Resta mucho trabajo por hacer. Y nada podrá hacerse si los responsables políticos no asumen sus responsabilidades y no se comprometen lo antes posible con objetivos precisos: este tipo de reforma no puede improvisarse después de las elecciones. Pero, a partir de ahora, ya no está prohibido esperar.