Jubilaciones: volvamos a foja cero
20 de abril de 2010
¿Las previsiones del Consejo Orientador de Jubilaciones (COJ) son catastróficas intencionalmente? En realidad, el problema nace de las interpretaciones engañosas que la derecha, el Medef como organización patronal y todos los que quieren producir miedo hacen de esas previsiones. El COJ solo recordó lo que ya sabíamos: para solucionar el problema de las jubilaciones de aquí a 2030 basta con aumentar los aportes en 5 puntos; o trabajar cinco años más. O cualquier combinación entre ambas medidas. Si nos proyectamos hacia 2050, estas cifras deben multiplicarse por dos. Estas proyecciones son, por supuesto, muy inciertas. Pero el COJ hizo lo mejor que pudo, y la dimensión de las magnitudes provee una guía útil para reflexionar. Hoy en día, pagamos cerca del 25% de nuestros salarios mensuales brutos en aportes jubilatorios. Si elegimos llevar esta tasa al 30% de aquí a 2030 y al 35% de aquí a 2050, entonces los déficits desaparecen. Por cierto, esta elección no es fácil, pues amputará una parte no despreciable del leve aumento del futuro poder adquisitivo. En el caso de que ese aumento se limitara al 1% anual en los veinte años que siguen, el incremento de los aportes absorbería un cuarto del total. Es una elección colectiva y nada nos impide concretarla. Y entonces, ¿por qué discutimos?
La primera dificultad es precisamente que hay muchas elecciones posibles. Se puede elegir que solo una parte del ajuste consista en aumentar los aportes, y la otra, en mejorar la tasa de empleo de las personas mayores de aquí a 2030. Para todos los que tienen la suerte de tener un trabajo que les gusta (y esperemos que cada vez sean más), la jubilación no es necesariamente sinónimo de emancipación. El problema es que si aceptamos discutir el aumento del tiempo de trabajo podemos encontrarnos en la situación de penalizar a personas que no pueden trabajar más años. Desde este punto de vista, el aumento de la edad legal de jubilación sería la peor solución. Y dado que el poder vigente se niega a debatir el aumento de los aportes, asistimos a un diálogo de sordos.
La segunda complicación tiene que ver con que sería en extremo inoportuno recortar los salarios en el contexto de la recesión actual. Y sería injusto: buena parte de los déficits del período 2010-2020 provienen de la jubilación de las generaciones del baby-boom. Este impacto tendría que haberse previsto. Durante el gobierno de Jospin se había creado un fondo de reserva de jubilaciones, pero desde 2002 se lo ha dejado de lado. La irresponsabilidad presupuestaria alcanzó nuevos récords a partir de 2007: se distribuyeron sin ningún límite miles de millones mediante la creación de nuevos nichos fiscales y otros gastos inútiles (incluso perjudiciales: desgravación de horas extra, intereses de préstamos) sin poner un centavo en el fondo de reserva. Es necesario comenzar por anular estas medidas. Resulta perfectamente legítimo, para amortizar el impacto del baby-boom, recurrir a financiamientos excepcionales (beneficios e ingresos financieros), como acaba de proponerlo la socialista Martine Aubry. Pero no vamos a restablecer el equilibrio de las jubilaciones en 2030 o 2050 solo mediante la aplicación de impuestos a los beneficios petroleros o bancarios. Por otra parte, no sería sano: para mantener un vínculo fuerte entre trabajo y jubilación, es preferible que los aportes sigan siendo la fuente principal de financiamiento. Llegamos así a la tercera complicación, la más sustancial. Es muy difícil, en el marco del sistema actual, impulsar un debate sereno sobre los porcentajes de contribución y la parte del ingreso nacional que se desea consagrar a las jubilaciones. Por una simple razón: debido a la acumulación de regímenes (asalariados, no asalariados, público, privado, ejecutivos, no ejecutivos) y a la extrema complejidad de las reglas en vigor, nadie entiende nada sobre la relación entre aportes y montos de las pensiones.
Se impone volver a foja cero. Junto con Antonio Bozio[48] propusimos un régimen único basado en las cuentas personales de derechos jubilatorios y en una mejora del sistema sueco (que tiene numerosos defectos). Pero se pueden unificar perfectamente los regímenes sin dejar de lado una presentación bajo la forma de una tasa de reemplazo que se aplique a los salarios más antiguos. Si se toman en cuenta todos los años de trabajo, lo cual es lo más justo para las carreras largas y los oficios difíciles, entonces las dos opciones son equivalentes. Si propusiera universalizar al fin el derecho jubilatorio (como se hizo con el derecho al seguro de salud y a los subsidios familiares, como habrá que hacerlo con el subsidio al desempleo, que excluye muchos casos de precariedad dentro de lo público), la izquierda podría retomar la iniciativa en el tema jubilaciones, y mostrar que se preocupa por las medidas financieras a corto plazo tanto como por el equilibrio a largo plazo.