Propietarios: la subvención absurda
4 de junio de 2007
Hablemos claro: la reducción del impuesto a los intereses de los préstamos prevista por el gobierno del primer ministro Fillon encarna el clientelismo político y la ineficacia económica. A priori, subvencionar la vivienda no tiene nada de absurdo. Si el mercado subproduce un bien particular, ya sea porque los hogares subestiman su valor (por ejemplo, si los padres no toman en cuenta la importancia de la vivienda en el desarrollo de los niños) o porque el proceso de producción correspondiente es objeto de una ineficacia particular, es legítimo subvencionarlo, sobre todo deduciendo el gasto que corresponde al ingreso imponible. De todos modos, hay que estar seguros, pues de lo contrario se corre el riesgo de que el impuesto favorezca nichos fiscales de toda naturaleza, con la consecuencia de un aumento confiscatorio de las tasas que se aplican a la base fiscal restante. Pues bien, todo nos hace pensar que la medida sobre los intereses de los préstamos corresponde a esta segunda lógica.
Desde el punto de vista económico, no tiene mayor sentido deducir los intereses de los préstamos pagados por los propietarios sin autorizar igualmente la deducción de los alquileres pagados por los inquilinos (salvo si se gravan alquileres ficticios, es decir, valores locativos de viviendas ocupadas por sus propietarios, lo que era el caso hasta los años sesenta). Si se desea subvencionar la vivienda, poco importa que el pago del servicio de vivienda tome la forma de intereses o de alquileres. Así, la medida de Sarkozy no es una subvención a la vivienda, sino una subvención a los propietarios en cuanto tales, algo que no tiene una justificación económica muy clara. ¿Por qué el poder público debería gastar sus escasos recursos en favorecer a los que compran sus autos en lugar de favorecer a aquellos que alquilan? Sobre todo teniendo en cuenta que en Francia ser propietario de una vivienda suele estar asociado a la inmovilidad y no al dinamismo económico, dado el impuesto extremadamente elevado que se aplica a la venta de viviendas (más del 5% a pesar de la baja de 1999). Este impuesto absurdo equivale a la idea de un impuesto destinado a los que cruzan la calle, y habría que suprimirlo de manera prioritaria para dinamizar la mano de obra y el mercado de la vivienda en Francia.
La experiencia muestra que el rendimiento económico de los incentivos fiscales para la vivienda es extremadamente débil. Todas las evaluaciones disponibles indican (ya sea que se trate de subvenciones a las viviendas para alquiler, de subsidios para la vivienda… o de la deducción de intereses de los préstamos que se practicó en Francia hasta 1997) que estas ayudas se trasladan de manera casi integral a la inflación inmobiliaria, sin impacto real en la construcción ni en las condiciones de las viviendas. Gabrielle Fack puso en evidencia que el 80% de los incrementos de las subvenciones a la vivienda fueron absorbidos por los aumentos de los alquileres. El mismo mecanismo se aplicará probablemente a los intereses de los préstamos. Por una simple razón: estos incentivos generan la ilusión de que los hogares son más solventes y aumentan su demanda de vivienda; pero, teniendo en cuenta la poca elasticidad de la oferta y el bajísimo incremento del stock de viviendas disponibles, esta demanda suplementaria alimenta el aumento de los precios. Para tomar un caso extremo, toda subvención fiscal a la compra o al alquiler de tierra (un bien en cantidad fija) se transmite en un 100% a los propietarios iniciales. Y, en un país en el que todos están dispuestos a pagar caro para vivir cerca de sus semejantes, la vivienda es apenas más elástica que la tierra. El desafío actual es inventar nuevos medios de acción que permitan relanzar la construcción de viviendas, en particular para quienes viven en condiciones precarias. Y, claramente, no implementar nuevos incentivos fiscales al conjunto de préstamos en curso y al de viviendas ya adquiridas, ampliación inevitable dado que fue una promesa electoral, pero que recarga el costo de la medida en cerca de 5000 millones de euros por año a cambio de un rendimiento casi nulo.
Como si fuera poco, Nicolas Sarkozy distribuye cheques por 5000 millones de euros con el mismo ritmo con el que antes visitaba las comisarías de la policía. Eso es lo que costará aproximadamente la exención impositiva de las horas extra, medida tan insensata desde el punto de vista económico (todas las horas de trabajo tienen el mismo valor, sobre todo las primeras para aquellos que no tienen ninguna) como fiscal (llevará a manipulaciones sin fin) sin equivalente en ningún otro país. Es lo que costará también la casi supresión de los derechos de sucesión, política en extremo inicua que solo Bush y Berlusconi habían osado aplicar. Y el valor unitario del cheque dista de ser despreciable: 5000 millones de euros es la mitad del presupuesto total para la educación superior.
Esta política conduce a profundizar la deuda, a quemar todos los cartuchos presupuestarios en caso de cambios en la coyuntura y a dañar gravemente las reformas futuras. Después de tamaña generosidad, no es fácil explicarles a los enfermos que será necesario aplicar franquicias médicas[18] (sin mencionar el incremento del IVA que se anuncia); a los estudiantes, que la reforma universitaria se hará con 1000 o 2000 millones de recursos suplementarios; a los ferroviarios, que deben renunciar a su régimen especial, etc.