El Partido Socialista hace la «plancha» fiscal
29 de mayo de 2006
El Partido Socialista comienza a dar precisiones sobre su programa 2007-2012. El proyecto debe estar terminado este 6 de junio, y deberá ser aprobado por los militantes el 22. Una vez que ello ocurra, en principio, el programa comprometerá al candidato socialista para las elecciones presidenciales, sea quien fuera. Estos documentos programáticos suelen estar atravesados por una dimensión fuertemente retórica. Por lo general el objetivo es elaborar propuestas en apariencia consistentes y múltiples, evitando al mismo tiempo formularlas con demasiada precisión, para preservar así el máximo margen de maniobra una vez en el poder. En lo que respecta a los temas difíciles, la guerra entre jefes socialistas impide asumir posturas claras: es probable que el programa se contente con indicar que la ley impulsada por François Fillon[11] sobre las jubilaciones debe ser «revisada», sin más precisiones. Respecto de los temas supuestamente consensuales, es el momento de afirmar grandes principios: la escuela debe ser laica y favorecer el empleo, etc. El compromiso de reducir a 18 la cantidad de alumnos por aula en las zonas de educación prioritaria (ZEP[12]), que hasta hace poco parecía una cuestión acordada, se transformó ahora en una propuesta que apunta a «concentrar los recursos en los territorios que acumulan todas las dificultades»: menos precisión y, por lo tanto, menos compromisos. Sobre la reforma de los aportes patronales, la fórmula que se utiliza ahora («favorecer a las empresas que contratan personal cambiando el modo de cálculo de los aportes patronales») brilla igualmente por su imprecisión. Uno puede temer que la notable unanimidad que se exhibió respecto de este tema durante el congreso partidario no llegue a ninguna reforma de envergadura, como en 1987. A menos que el gobierno de Villepin[13] elija volver a poner sobre la mesa las propuestas de Jacques Chirac, quien, en su mensaje al país a fines de 2006, se pronunció con claridad a favor de una contribución sobre el conjunto del valor agregado de las empresas (y ya no únicamente sobre los salarios). Otra vez a la orden del día, esta medida, apoyada por los sindicatos pero conflictiva en el seno de la derecha tanto como en el de la izquierda, podría transformarse tranquilamente en uno de los elementos centrales del debate económico y social de 2007.
La propuesta más audaz formulada en la actualidad por el PS es la fusión entre el impuesto al salario (IS) y la contribución social generalizada (CSG). No nos engañemos: como todas las grandes reformas fiscales, una reforma de este tipo es cualquier cosa menos técnica. Aunque deseable en el fondo, esta medida implica cuestiones sociopolíticas fundamentales y no tiene oportunidades de ser adoptada a menos que se tome conciencia de su importancia y que un vasto debate democrático preceda su aplicación. Para comenzar, advertimos una cuestión ligada a la naturaleza familiar o individual del impuesto. La CSG es un impuesto estrictamente individual: solo depende del ingreso de la persona afectada y no de los ingresos de otros miembros del hogar o del número de hijos. Esta falta de consideración de la situación familiar fue lo que condujo al Consejo Constitucional a anular las exenciones de la CSG para los salarios bajos, lo que llevó al gobierno de Jospin a crear la prima por el empleo (PPE[14]). Por su parte, el impuesto a la riqueza (IR) se calcula para los hogares con ayuda de toda una batería de dispositivos legislativos que permiten distinguir entre las parejas casadas y las unidas civilmente mediante el Pacto Civil de Solidaridad[15], las falsas familias monoparentales y los verdaderos concubinatos, cuándo una persona tiene hijos a cargo y cuándo no, etc. Para fusionar estos dos impuestos, habría que elegir. Y si la vía más satisfactoria es la de una individualización del Impuesto a la Riqueza (acompañado por una reforma de las asignaciones familiares), está claro que no se podrá hacer en un día, como lo demuestra el precedente de las reformas fiscales del período 1948-1959.
Finalmente, hicieron falta más de veinte años para fusionar la «tasa proporcional» (casi individualizada) y la «recarga progresiva» (familiarizada) en un impuesto sobre el salario único.
Pero la ahora posible fusión IS-CSG conlleva un problema aún más fundamental. La CSG es un impuesto asignado a fines específicos, en el sentido en que sus ingresos financian esencialmente un gasto público bien determinado: el seguro de salud. Los sindicatos lo defienden con ahínco, pues garantiza el buen nivel de financiamiento del sistema de salud de los franceses. De hecho, el estar afectada a un fin específico hace imposible bajar la CSG: todo político que proponga una disminución debería explicar de inmediato cómo piensa hacer para reducir en la misma proporción los gastos de salud, ejercicio peligroso si los hay.
El problema es que el precio a pagar por esta «santificación» de los gastos de salud es exorbitante: el IS está destinado a financiar un vasto conjunto indistinto de gastos diversos, y a lo largo del tiempo se volvió un «impuesto a bajar», mientras que solo aporta poco más del 3% del PBI, es decir, entre dos y tres veces menos que en todos los otros países desarrollados.
Una fusión progresiva del IS y el CSG, que aplique la retención en origen, es sin duda la única manera de salir de la impasse en que se encuentra actualmente el debate fiscal francés.