Attali, más charlatán que Atila

11 de febrero de 2008

Digámoslo sin rodeos: el informe de la comisión encabezada por Jacques Attali es decepcionante^[61]. No necesariamente porque las medidas más criticadas (liberalización de los taxis, del comercio, etc.) estén injustificadas. La comisión tiene razones para criticar las barreras al ingreso existentes en numerosos sectores. Y nos equivocaríamos si subestimáramos los daños que causa este malthusianismo a la francesa, tanto en términos de calidad de vida para los usuarios como en términos de creación de empleo (según los mejores estudios disponibles, suprimir las leyes Royer-Raffarin —que restringen el ingreso de nuevos comercios— permitiría crear un 10% de empleos suplementarios).

Fuera de estas medidas específicas, es difícil comprender la coherencia del informe en su conjunto. La Comisión Attali nos recuerda que el futuro pasa por la economía del conocimiento, de la formación y de la innovación; lo cual no es falso, pero ya se ha dicho mil veces. Pues bien, el informe no aporta ninguna contribución original sobre el rumbo a seguir para asumir el desafío de la inversión en capital humano. Sobre la cuestión del financiamiento, y de los desafíos macroeconómicos y presupuestarios de esta estrategia de inversión en el futuro, no se dice nada. Concretamente, ¿cómo hará Francia para pasar de los 8000 euros invertidos por estudiante hoy en día a los 20 000 que se invierten en Europa del Norte? Es un misterio. Además, el informe describe como ganancias y pérdidas los 15 000 millones de euros por año que gasta Sarkozy en medidas que sirven para todo menos para preparar el futuro y son pura pérdida: intereses de préstamos, horas suplementarias, exenciones fiscales, reducción del impuesto a las sucesiones. En 250 páginas, este informe sobre la «liberalización del crecimiento» cumple la difícil tarea de no decir una palabra sobre las medidas del paquete fiscal que supuestamente se habían adoptado para producir un «shock de crecimiento». Se comprende entre líneas que la comisión no estaba muy convencida del shock, pero también que quien solicitó el informe no habría apreciado mucho que esto se dijera explícitamente. Trágica ilustración de los límites de este tipo de comisiones. Sobre todo porque esto no impide a la comisión proponer el aumento de impuestos como el IVA y la contribución social generalizada (CSG) (con un efecto de crecimiento más que dudoso) para financiar de 15 a 20 000 millones de euros de reducciones en las cargas sociales, sin siquiera mencionar que ¡sin el paquete fiscal previo habría sido posible bajar estas mismas cargas sin subir las deducciones!

Y más importante, el informe no dice casi nada de las reformas estructurales indispensables para dinamizar el sistema francés de enseñanza superior e investigación. Alude, claro, a «diez grandes polos», pero no da detalles sobre la estrategia operativa, salvo la invención de un nuevo acrónimo (los «PUP», polos universitarios pluridisciplinarios) que se agrega a la larga lista de siglas, estructuras virtuales y otras cáscaras vacías que ya saturan nuestro sistema universitario. Peor aún, esto da crédito a la idea falsa de que nuestras universidades tendrían un tamaño insuficiente, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Recordemos: la Universidad París VI cuenta con 30 000 estudiantes y París I con más de 40 000, contra solo 10 000 estudiantes en el MIT y 20 000 en Harvard. El desafío hoy no es ir más lejos en el gigantismo, sino ayudar a nuestras universidades y escuelas a transformarse en establecimientos eficaces, en productores de saberes autónomos e independientes, tanto del poder político como del poder económico. Pues bien, no puede existir una verdadera autonomía cuando el 99% del financiamiento proviene de una sola fuente (en este caso, el Estado). El futuro pasa por la diversificación del financiamiento: regiones, fundaciones (la fiscalidad de las donaciones tendrá que ser revisada, la reserva hereditaria obliga hoy a los millonarios a transformar a sus hijos en rentistas y les impide dejar su fortuna a fundaciones, lo cual es herencia de una visión ultrajacobina para la cual el Estado tendría el monopolio del interés general), empresas, personas privadas físicas y morales. Pero también será necesario un análisis sustancial de los derechos de inscripción, que podrán ser financiados por sistemas innovadores de becas y de préstamos (¿qué sería de la creación artística si se impusiera la gratuidad del cine y de los libros?), perspectiva llamativamente excluida de la Comisión Attali. El gobierno de las universidades deberá reflejar progresivamente esta diversidad de financiamientos, lo que la propuesta de la ley Pécresse^[62] no hace: es cierto que los consejos de administración universitarios pasan de sesenta a treinta miembros, pero sin modificar en nada su estructura de autogestión (en particular, los miembros exteriores no participan siquiera de la elección del presidente: difícil atraer financistas en estas condiciones). Porque, incluso si el Informe Attali no abrió de manera frontal la discusión sobre el gobierno y la autonomía de las universidades, la cuestión no está cerrada ni mucho menos.