Elementos para un debate sereno sobre el impuesto a la fortuna
12 de octubre de 2010
El impuesto a la fortuna (ISF) suele despertar fervores tanto ideológicos como irracionales. El más reciente: 100 diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) proponen suprimirlo, en plena crisis de las finanzas públicas, privándose así de más de 3000 millones de euros de ingresos fiscales. Hacer un cheque de 3000 millones al 2% más rico de Francia, mientras todo el mundo se pregunta cómo hará el Estado para pagar sus deudas, ¿cómo no se nos había ocurrido?
Es una pena que el debate se limite a caricaturas como esa. La aplicación directa de impuestos al patrimonio, elemento clave de un sistema fiscal justo y eficaz, desempeña un rol significativo en todos los países desarrollados, a menudo bajo la forma de un impuesto inmobiliario netamente más alto que en Francia. El ISF al estilo francés pretende tratar todas las formas de patrimonio del mismo modo, lo cual es más eficaz, y les aplica un porcentaje progresivo, lo que es más justo. Evidentemente, este impuesto no debe ser suprimido. En cambio, podría ser modificado y mejorado, siempre que se den las condiciones para un debate pacífico. Tratemos de contribuir.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (Insee) y el Banco de Francia, los hogares franceses poseen actualmente cerca de 9,2 billones de euros de patrimonio inmobiliario y financiero (libre de deudas). La fortuna de los franceses disminuyó con claridad desde 2008 —en ese momento era de 9,5 billones—, pero sigue representando cerca de 6 años de ingreso nacional, contra menos de 4 en los años ochenta y menos de 3 en los años cincuenta. Los patrimonios nunca han estado tan bien desde la belle époque (1900-1910). En cambio, los salarios, los ingresos y la producción crecen a un ritmo muy bajo desde hace treinta años, y es probable que continúen así. En este contexto, no es absurdo exigir de los patrimonios una contribución mayor con el fin de reducir la carga fiscal que pesa sobre el trabajo. Y no lo contrario, como proponen los diputados del UMP.
De estos más de 9 billones de patrimonio de los hogares, cerca de un 10% es alcanzado cada año por el impuesto a la fortuna (ISF). En principio, todos los hogares que posean un patrimonio imponible superior a 790 000 euros, es decir, un poco más de 500 000 hogares (2% de la población), deberían declarar todos sus activos inmobiliarios y financieros (netos de deudas). En la práctica, varias reglas de excepción hacen que los patrimonios declarados al ISF sean netamente inferiores a los patrimonios económicos reales: reducción del 30% sobre la residencia principal, múltiples nichos fiscales y, sobre todo, exoneración de los bienes llamados «profesionales», particularmente importantes para las fortunas más grandes, aunque sus dueños no ejerzan una actividad profesional. Hay un ejemplo célebre: Liliane Bettencourt posee, según sus propias declaraciones, un patrimonio real de 15 000 millones de euros, pero aparentemente no declara más de 1000 o 2000 millones a los efectos del ISF, y, al parecer, lo hace de manera legal. Si cruzamos diferentes fuentes, podemos estimar que el patrimonio real de las personas a las que se puede aplicar el ISF es del orden de 2,5 billones de euros, es decir, cerca del 30% del patrimonio total de los franceses.
Como sea, el hecho es que los ingresos totales del ISF superan apenas el 0,3% de los 900 000 millones de patrimonio imponible. Sostener que un impuesto de este tipo atenta contra el espíritu de empresa y amenaza el equilibrio económico del país no es serio. Del mismo modo, no es serio ampararse en los desplazamientos masivos de empresas fuera de su lugar de origen: las estadísticas reunidas por Gabriel Zucman[33] muestran que los patrimonios declarados al ISF aumentaron a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 a un ritmo extremadamente alto y poco compatible con la hipótesis de una hemorragia de la base fiscal. Por último, no es exacto que el ISF se haya convertido en un impuesto a los pobres ejecutivos parisinos que tienen la desgracia de poseer un departamento: los patrimonios imponibles inferiores a 1,3 millones de euros representan en la actualidad apenas el 10% de la recaudación total del ISF, contra cerca del 50% para los patrimonios superiores a 7,5 millones.
Pero el ISF tiene un defecto mayor. Sus múltiples excepciones permiten que los patrimonios más elevados paguen mucho menos de lo que deberían y, a menudo, que sus declaraciones juradas no guarden una verdadera relación con sus patrimonios reales: es el síndrome Bettencourt, que en realidad es mucho más general. Una buena reforma sería suprimir los nichos fiscales y ampliar así la base tributaria. Esto contribuiría a reducir el déficit y —siempre y cuando el estado de las finanzas públicas lo permita— a reducir los impuestos que pesan sobre los patrimonios más bajos.