Los misterios de la tasa al carbono
7 de julio de 2009
¿Alguien entiende algo de la tasa al carbono? Un bravo para quien lo logre: seguramente será un militante ecologista experimentado. Para el común de los mortales, los proyectos que se mencionan están rodeados de misterios que, de momento, el debate público no ha permitido aclarar. A nivel de principios, todo parece claro. Se trata de cobrar una tasa a todos los consumos de energía en función del volumen de emisión de CO2 que se genere en cada caso. Y, como si fuera poco, con un «doble dividendo»: al aplicar una mayor tasa a las energías contaminantes se podrá disminuir el impuesto al trabajo, y revolucionar así nuestro sistema fiscal.
Las cosas se complican cuando se examinan de cerca los proyectos concretos elaborados para 2010, que guardan un parecido y hasta se confunden con un vulgar aumento del impuesto al combustible, de los que ya hubo tantos en el pasado. De hecho, la nueva recaudación prevista con la tasa al carbono en 2010, es decir, cerca de 9000 millones de euros, de los cuales casi 5000 millones provienen del aumento del impuesto al combustible de automóviles, permitirá apenas compensar la disminución de la recaudación registrada estos últimos años sobre la TIPP (tasa interna a los productos petroleros), que pasó de 25 000 millones en el bienio 2002-2003 a menos de 20 000 millones en la actualidad, debido al alza de los precios del petróleo y a la caída del consumo. Recuperar estos ingresos perdidos es sin duda una buena idea, pero ¿es verdaderamente revolucionaria? De hecho, la fiscalidad verde existe desde hace mucho tiempo en Francia: según estadísticas de Eurostat, las ecotasas representan en total cerca de 2,5 puntos del PBI (y la mitad en concepto de TIPP), contra cerca de 3 puntos en Suecia y en el promedio en Europa.
Entonces, ¿qué es lo verdaderamente nuevo en los proyectos actuales?
En principio, una «tasa al carbono» exitosa se distingue de la fiscalidad verde a la antigua en que está totalmente guiada por objetivos ecológicos coherentes y no por consideraciones presupuestarias o políticas. Esto tiene dos consecuencias esenciales. Primero, es fundamental que la tasa que se aplique a todas las energías sea coherente con la contaminación producida. Hasta aquí, Francia había aplicado un impuesto relativamente alto a la nafta, pero excesivamente bajo sobre todo al gas, al gasoil para uso doméstico y al carbón.
Luego, y fundamentalmente, una vez fijado y aceptado este marco general, la particularidad de la tasa al carbono es que aumentaría con regularidad a lo largo de las próximas décadas en función de una evaluación objetiva del costo de la contaminación para la sociedad, costo medido por el ya famoso «precio de la tonelada de CO2». Este precio ficticio se estima tomando en cuenta, a la vez, los costos ligados a la reducción de las emisiones (por ejemplo, si plantar los árboles necesarios para absorber una tonelada de CO2 o para desarrollar una tecnología propia cuesta 100 euros, entonces el precio de la tonelada se fija en 100 euros) y los costos ligados a las emisiones (estimados en función de las previsiones climáticas a largo plazo y de las consecuencias para la vida humana). En Francia, el informe Quinet sobre «el valor tutelar del carbono» propone llevar progresivamente el precio de la tonelada de CO2 de 32 euros en 2010 a 100 euros en 2030 y a 200 euros en 2050. En concreto, esto quiere decir que la tasa al carbono aumentará notablemente. Estas cifras, demasiado inciertas, serán por supuesto revisadas y corregidas. Pero el punto esencial es que la sociedad y los gobiernos futuros se comprometan a hacerlas crecer con regularidad, con independencia de los azares políticos y presupuestarios de corto plazo.
Numerosos expertos señalan que esta tasa al carbono virtuosa debe agregarse a las tasas verdes existentes, y no sustituirlas. En particular, el nivel actual de la TIPP sería apenas suficiente para compensar las otras poluciones ligadas al automóvil (calidad del aire, embotellamientos, polución sonora), pero no las emisiones de gas con efecto invernadero. El argumento técnico se sostiene, pero debe ser explicado; de lo contrario, los contribuyentes podrían pensar que todo esto se parece más a una doble penalización que a un doble dividendo.
Sobre todo porque el debate sobre la utilización de la recaudación de la tasa al carbono comenzó realmente muy mal. Para empezar, las empresas industriales se vieron exentas de la nueva tasa, con la excusa de que entran dentro del sistema europeo de cuotas de emisión. También en este caso hay buenos argumentos técnicos a favor de este sistema dual de tasas y cuotas. Pero esto socava potencialmente la aceptación social del conjunto del dispositivo, en la medida en que se supone que estas cuotas, que por ahora se obtienen de manera casi gratuita, no tendrán costo ni se subastarán hasta 2013. En estas condiciones, proponer que desde 2010 se utilice la recaudación de la tasa al carbono para suprimir la tasa profesional que pagan estas mismas empresas parece una provocación ideológica particularmente inoportuna.