Esclavitud: una reparación transparente
21 de mayo de 2013
¿Es posible pensar en reparaciones financieras para los crímenes cometidos durante la época de la esclavitud? Al decretar que «la historia no puede ser objeto de una transacción», François Hollande acaba de responder negativamente a esta pregunta. La frase, pronunciada el 10 de mayo durante la conmemoración de la abolición de la esclavitud, es inteligente. Sin embargo, si la analizamos con atención, la cuestión es más compleja y no puede ser resuelta tan fácilmente. Christiane Taubira, responsable de la ley de 2001 que reconoce la trata de negros y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad, e instituye el 10 de mayo como jornada conmemorativa de la abolición de la esclavitud, acertó al corregir de inmediato la afirmación presidencial al evocar al día siguiente la necesidad de reflexionar sobre las políticas de gestión y de redistribución de tierras a favor de los descendientes de esclavos en los territorios franceses de ultramar.
Hace algunos años, una comisión encargada de investigar la expoliación de bienes judíos y sus necesarias reparaciones pudo finalmente realizar sus investigaciones en Francia. ¿Se trataba de una «transacción con la historia»? Hace solo diez años, muchos países de la ex Unión Soviética y de Europa del este decidieron restituir propiedades y aplicar compensaciones por acontecimientos que tuvieron lugar hace casi un siglo. En las grandes islas esclavistas francesas (que entre las tres suman casi dos millones de habitantes: la de Reunión en el océano Índico, Martinica y Guadalupe en las Antillas), la esclavitud fue abolida en 1848, hace precisamente un siglo y medio. ¿Estamos seguros de que esta leve diferencia en cuanto a la antigüedad alcanza para clausurar definitivamente el debate?
Parece todavía más injustificado en la medida en que la explotación legal en realidad continuó mucho más allá de la abolición de 1848, a menudo hasta fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En la Isla de la Reunión, un decreto reemplazó inmediatamente la esclavitud por la obligación, para la población de color, de presentar un contrato de trabajo de larga duración como trabajadores domésticos u obreros agrícolas, sin el cual serían encarcelados por vagabundos.
Los debates recientes permitieron además recordar un aspecto desconocido de esta historia. En la práctica, la abolición estuvo acompañada a menudo por reparaciones financieras muy sustanciales… en beneficio de los propietarios de los esclavos. Un caso extremo es el del Reino Unido. Cuando se sancionó la ley de 1833, que abolió la esclavitud en las Antillas británicas, la Isla Mauricio y el Cabo, el Parlamento de Londres aprobó sin resistencias una generosa ley de indemnización: los contribuyentes pagarían 20 millones de libras (es decir, cerca del 5% del PBI británico de la época, aproximadamente 100 000 millones de euros de hoy) a alrededor de 3000 propietarios de esclavos (es decir, el equivalente de más de 30 millones de euros cada uno).
Este episodio increíble impulsó recientemente una notable iniciativa de transparencia realizada por un equipo de investigadores del University College London (UCL), que publicó en la web la lista completa de los 3000 propietarios en cuestión, con los detalles de los montos recibidos, los nombres de los esclavos afectados, etc. (se puede consultar «The Legacies of British Slave Ownership» en internet). Nos enteramos así de que un primo del actual primer Ministro amasó buena parte de su fortuna actual gracias a esta indemnización.
En Francia, una ley votada en 1849 indemniza también a los hacendados y a los colonos por el perjuicio ocasionado por la liberación de sus aproximadamente 250 000 esclavos (principalmente en Reunión, Martinica y Guadalupe). Los montos en juego parecen más acotados que los del Reino Unido, pero hasta el momento no ha habido ninguna iniciativa de transparencia equivalente. Las islas en cuestión tienen la particularidad de que todavía se encuentran bajo soberanía francesa, y que las desigualdades entre descendientes de esclavos y de hacendados siguen siendo muy visibles allí.
Como señaló Christiane Taubira, con una buena dosis de ironía, la redistribución de las tierras será más fácil de realizar en Guyana, donde el Estado posee una parte importante de las propiedades, que en las Antillas, donde buena parte de las tierras pertenece todavía a los descendientes de los esclavizadores. Francia protagonizó también un episodio sorprendente, que fue objeto de una demanda del Consejo Representativo de las Asociaciones Negras (CRAN). En 1825, Francia reconoció la soberanía de Haití a cambio del pago de 150 millones de francos oro (es decir, el equivalente del 2% del PBI francés de la época) para indemnizar a los colonos, que habían construido sus fortunas gracias a los esclavos. Este tributo fue finalmente de 90 millones, pero Haití arrastró hasta mediados del siglo XX una deuda externa colosal para «devolverle» el préstamo a Francia.
Hay que recordar que el CRAN (que ha presentado una demanda contra el banco Caisse des Dépôts, responsable de la administración de esos fondos) no pide reparaciones individuales, sino pagos que permitan poner en marcha una mayor transparencia respecto a estas cuestiones, por medio de investigaciones y museos (como el International Slavery Museum de Liverpool). El desafío sería instituir una comisión encargada de impulsar la transparencia para estas cuestiones. Un artículo de la ley de 2001, que iba en este sentido, fue modificado por la mayoría parlamentaria de esa época. Es un buen momento para reincorporarla.