Un congreso del PS que evita las preguntas molestas
7 de noviembre de 2005
A pesar de una idea ampliamente difundida, las mociones que esta semana fueron sometidas al voto de los militantes socialistas no son documentos vacíos de sentido. Más allá de las consignas huecas y la fraseología soporífera propia de este tipo de prosa, encontramos algunas propuestas de suma importancia, escondidas, es cierto, entre decenas de páginas insípidas.
Varias mociones proponen, por ejemplo, consagrar finalmente medios suplementarios concretos para las zonas de educación prioritaria (ZEP[51]). La moción Hollande, que reconoce explícitamente que la creación de las ZEP nunca se acompañó de una verdadera orientación de los recursos para favorecer a estas escuelas, llega incluso a formular un objetivo cuantitativo: «15 alumnos como máximo por clase en las ZEP». Las líneas consagradas a este tema no constituyen todavía un compromiso formalmente serio, pero se acercan.
Varias mociones proponen también la implementación de un gran impuesto progresivo que resulte de la «fusión entre el IS (impuesto al salario) y la CSG (contribución social generalizada)». Estamos frente a un verdadero debate. Conocemos los argumentos en contra, que merecen ser tomados en cuenta: la CSG hoy es en esencia una retención afectada al seguro de salud, y los actores sociales no verán con buenos ojos una reforma que diluya el dinero de la seguridad social en el marco de bases fiscales más amplias. Al mismo tiempo, si la lógica actual, de impuestos afectados a fines específicos en forma directa, permite garantizar el seguro de salud (ningún gobierno puede reducir la tasa de la CSG sin explicar cómo va a reducir los gastos de salud), tiene también entre sus consecuencias desplazar hacia el IS una vasta partida de gastos indistintos a financiar; de allí la tentación permanente de los sucesivos gobiernos, incluido el socialista, de alivianarla. Es valorable la apertura de este complejo debate, que pone en juego la arquitectura global de la intervención del Estado y su articulación con la protección social, pero los párrafos que le consagran las mociones son insuficientes para zanjarlo. Del mismo modo que la propuesta de extender la base de los aportes patronales al valor agregado —formulada nuevamente por una admirable unanimidad—, la idea de la fusión IS-CSG también se planteó antes de 1997, pero nada pasó. La idea que afirma que la fusión IS-CSG permitiría aliviar la imposición de salarios bajos y que entonces sería posible «suprimir la prima por el empleo» (PPE, creada sin embargo por la izquierda en 2000) se expresa con demasiada rapidez como para tomarla completamente en serio.
En términos generales, el punto común de todas las mociones es que se ocupan de no mencionar nunca las cuestiones molestas. Todos los temas difíciles que exigirían arbitrajes dolorosos a lo largo de una eventual mayoría socialista en el período 2007-2012 se barren cuidadosamente bajo la alfombra: futuro de las jubilaciones, reforma de la enseñanza superior y de la investigación, modernización de los servicios públicos, regulación de los gastos de salud, etc. Se contentan, por ejemplo, con anunciar la derogación de la ley Fillon[52], cuando todo el mundo sabe bien que esta ley no alcanzará siquiera para garantizar el equilibrio de las jubilaciones. Se evoca un nuevo «plan universitario 2010», fingiendo ignorar que el necesario aumento de recursos debe acompañarse imperativamente de reformas estructurales.
La razón de este mutismo es simple: el PS se encuentra, desde hace tres años, en una fase en la que ningún líder puede permitirse tomar una posición mínimamente precisa sobre los temas difíciles por miedo a verse humillado la mañana siguiente en la prensa por sus camaradas presidenciables. Y esto durará hasta la designación del candidato a fines de 2006, lo que dejará muy poco tiempo para preparar un programa digno de ese nombre. Las responsables de este desperdicio colectivo son las reglas de gobierno del PS: en muchos países, un fracaso electoral da lugar de inmediato a la elección transparente de un nuevo líder, que dispone luego de toda la legitimidad necesaria para preparar las elecciones siguientes. El jefe del Partido Conservador, Michael Howard, renunció rápidamente después de su fracaso frente a Blair en mayo de 2005, y de inmediato se aplicó un procedimiento para desempatar entre los siete candidatos previstos para su sucesión, a través del voto de los diputados del partido para elegir a los dos candidatos sometidos al voto de los militantes. El vencedor tiene todas las chances de permanecer en ese lugar cuatro años, como Blair cuando en 1994, mediante un procedimiento similar, se convirtió en el líder del Partido Laborista. Puede discutirse el procedimiento exacto, pero lo importante es que no puede discutirse al líder elegido de este modo, que por fin puede consagrarse a los temas esenciales.
En el PS se apostó a que, hablando del proyecto y no de las diferencias personales, estas últimas se superarían, pero es evidente que sucedió lo contrario. Hace falta reflexionar desde ahora sobre el procedimiento que se aplicará después de una eventual derrota en 2007, para que un candidato vencido, y sin embargo tenaz, no reproduzca entre 2007 y 2012 el clima nocivo que el PS ha conocido entre 2002 y 2007.