EL ABUSO DE PODER

UN suelto periodístico de mayo de 1991 fundamentado en la declaración del contable de Filesa, una pequeña empresa de Barcelona, alimentó a la prensa y a los actores políticos durante años. Trataba el asunto de lo que pudiera colegirse de unos documentos sustraídos a la empresa por su contable, un chileno llamado Carlos von Schouwen, que apuntaba a que la empresa pudiera haber financiado algunas actividades del PSOE. A los pocos días es presentada una querella por AINCO y por el constructor Cristian Jiménez, a los que se suman el Partido Popular y José María Ruiz-Mateos, contra dos empresarios y contra un diputado (Carlos Navarro) y un senador (José María Sala) socialistas. Desde el primer instante podía apreciarse la orientación política de la iniciativa, protagonizada por el partido de la oposición y por destacados miembros ultraconservadores. Al estar involucrados dos parlamentarios, aforados, la causa se residenció en el Tribunal Supremo. Este tribunal nombró magistrado instructor para la causa a Marino Barbero, quien durante años procuró que no se cerrase la instrucción, procediendo a centenares de diligencias, acumulando centenares de miles de folios escritos, solicitando documentos a numerosas entidades, procediendo a registros en sedes de empresas, proveedores habituales del PSOE, bancos, partido (PSOE) y hasta en el Banco de España. Violó la ley en repetidas ocasiones, como cuando citó a los aforados a declarar sin cumplir la obligación legal de solicitar el correspondiente suplicatorio al Parlamento. Fueron años de disparates judiciales alimentados por la continua agresividad de la mayoría de los periódicos, con especial saña de El Mundo y Diario 16, y de algunas emisoras de radio, en especial las cadenas COPE y SER.

La sola nómina de las entidades en las que practicó entradas y registros con incautación de documentación para resolver una querella montada sobre pruebas obtenidas ilegalmente (robadas), lo que invalidaría todo el proceso, da buena cuenta del dislate de la actuación del instructor jaleado por la oposición y una cierta prensa:

• Las empresas Filesa, Malesa y Time Export.
• El Banco de España.
• La sede federal del PSOE, en Madrid.
• Prácticamente todas las empresas proveedoras habituales del PSOE, como Hausser y Menet, El Viso, Mabuse, Distribuidora 2020, DOBBS, Aresbank.
• Empresas que nunca tuvieron relación con el PSOE ni con Filesa, como GPM, S.A.
• Diversas entidades bancarias como Le Crédit Lyonnais, el entonces BBV, Banco Atlántico, etc.

El magistrado solicitó también a la Agencia Tributaria las declaraciones fiscales:

• Del PSOE.
• De los querellados.
• Desde 1988 a 1993, de las entidades Banco Bilbao Vizcaya, Banco Central Hispano, ENASA, FUESA, PRYCA, Catalana de Gas, CEPSA, etc., hasta un total de 35 empresas.
• De todas las empresas suministradoras habituales del PSOE.

Para esta desproporcionada actuación que no servía más que para mantener vivo el asunto en los periódicos y en la batalla política, el magistrado solicitó —y le fue concedido— que le exonerasen de cualquier otra actuación en el tribunal y pidió —y se le otorgaron— medios materiales especiales y un grupo de inspectores de Hacienda a su servicio. El Ministerio de Hacienda eligió a tres magistrados comandados por la líder del PP entre los inspectores, Pilar Valiente, a la que encontraremos años después, con el Gobierno del PP, presidiendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, involucrada en el escándalo Gescartera.

Al compás de la magnificación política del asunto, los protagonistas de la persecución del PSOE fueron ampliando la querella, crecidos ante el volumen de las acusaciones en la prensa. Así, el abogado Rodríguez Menéndez interpuso querella contra Felipe González, y el otro connotado abogado Marcos García Montes contra José María Benegas, Francisco Fernández Marugán y Alfonso Guerra. Filesa se convirtió en una fiesta para los enemigos de los socialistas, en un verdadero aquelarre judicial bajo la batuta del juez Marino Barbero, que demostró no ser ni marino, ni barbero, ni juez. Mi convicción es que el magistrado sufrió un trastorno de personalidad. No pertenecía a la carrera judicial, fue llevado al Supremo por la vía del llamado «cuarto turno», como jurista de prestigio. Él era catedrático en la Universidad Complutense apoyado por el sector progresista de los profesores, que fueron los que le auparon hacia la magistratura en el Supremo. Pero, llegado a lo más alto, el hombre debió de sentir la prevalencia de Zeus sobre los mortales y encontró la ocasión de mostrar la espada del adalid seráfico en un caso que le permitía exhibir su resolución de enfrentamiento con los poderes superiores, en aquel momento el Gobierno socialista. El desconocido profesor universitario se encontró investido de un poder sin límite que le condujo a una práctica errática del derecho, sin ronzal que pudiera sujetarlo. Sus desbocadas actuaciones y sus amenazantes declaraciones me hicieron temer, a la vista de su intento de involucrarme por haber sido coordinador electoral, que me llamaría a declarar inculpándome y tal vez llegaría, en su paroxismo, a enviarme a prisión, puesto que la acusación que pretendía era manifiestamente inventada, dado que la ley establece la responsabilidad de mano directa en el administrador de la campaña.

El hombre se sintió elevado a los altares por prensa y políticos de derecha, y no veía final para sus hazañas. El fiscal del Supremo solicitó el archivo de la causa e inmediatamente se puso en marcha la campaña de su linchamiento, lo que le hizo cambiar posteriormente.

Tras seis años de desatino y temeridad se celebró la vista para la que fuimos convocados Felipe González y yo mismo como testigos. A mi llegada al Tribunal Supremo para declarar me hicieron pasar a una sala en la que conversaban dos personas que al verme entrar escaparon despavoridas como si las hubiesen descubierto en delito flagrante. Me dijeron que eran el abogado del Partido Popular y su ayudante. Ya en la sala fue éste el único en preguntarme y su azoramiento y mi ironía hicieron que fuese breve. Su curiosidad estaba dirigida a conocer si en la sede electoral habíame yo percatado de la presencia de algún representante de la empresa Filesa, pero lo preguntó tan estúpidamente que me facilitó una respuesta que sirvió de freno. «¿No vio usted a ninguno de esos señores en el buzón de las cartas?» Respuesta: «Hombre, tendrían que ser muy pequeñitos para estar en el buzón. No cabrían». Las risas en la sala le inhibieron y dejó de interrogarme. Me marché, salí a la calle, donde me esperaban un ejército de periodistas y fotógrafos que quedaron decepcionados ante lo escaso de la información que podría suministrarles.

El tribunal condenó a los parlamentarios, que fueron años más tarde indultados por el Gobierno del PP. Extraordinario recorrido, la querella la presentó el Partido Popular y, una vez en el Gobierno, los indultó. ¿Se puede obtener más beneficio político?

Además de los dos parlamentarios condenados, Sala y Navarro, otro más entró en el victimario de Filesa, Guillermo Galeote, una de las personas más sacrificadas que he conocido en mi vida política, sin ambición personal, honrado hasta la ingenuidad, siempre dispuesto a anteponer el servicio a los demás a su propia comodidad. Él era el responsable de la administración en el PSOE y a él le pedirían que pagase para exonerar a la dirección máxima.

En una de las embestidas del presunto juez Barbero contra Guillermo Galeote y el consiguiente repicar de los periódicos contra él, un grupo de diputados y senadores socialistas redactó una carta personal dirigida a Galeote sin otro fin que el de manifestar el aprecio que sus compañeros sentían hacia él. El texto literal de la carta decía:

En una rápida petición de firmas la estamparon bajo el texto la inmensa mayoría de los diputados y senadores socialistas. Faltaron poco más de media docena porque no fueron localizados en el tiempo, escaso, que se dedicó a recolectar las adhesiones. Pero ocho diputados y dos senadores se manifestaron contrarios a signar el texto de solidaridad: Fernando Gimeno, José Luis Rodríguez Zapatero, Alejandro Cercas, Luis Pérez, Rafael Martín de la Vega, Ciprià Císcar, Carmen Romero, Rita Moraga Ferrándiz y Juan Pablo Herranz Martínez. Cada cual ejerció su libertad de manifestar o no apoyo a Guillermo Galeote, por lo que la constancia histórica de la actitud de cada uno sólo refleja una opción personal, respetable siempre, pero también sujeto de juicio y opinión.

Tras seis años de arrastre por un campo de ignominia, Galeote salió absuelto de todos los procedimientos, sin que sus acosadores tuviesen un gesto mínimo de reposición de su honor afrentado.

Pero vayamos a considerar qué hubo en realidad reprobable en la conducta del PSOE en el caso Filesa. Debo advertir que mi relato a partir de aquí está engarzado más en conjeturas que en datos fehacientes, pero tengo la certeza por lo que he podido conocer y comprobar de que es un relato veraz.

Para aclarar bien las circunstancias es preciso centrar la atención en dos elementos separados que en un momento concreto se unirán facilitando la conflagración final. ¿Qué era Filesa? ¿Qué conocíamos nosotros de Filesa? Muchos años antes me visitó Joan Reventós, dirigente del PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña, para exponerme las actividades, todas ellas legales, que realizaban con un conjunto de empresas mercantiles creadas para obtener algunos beneficios que destinar a los gastos que generaba la actividad política del partido en Cataluña. Extendió en mi mesa un desplegable con un esquema de las pequeñas empresas que habían creado, con el objetivo de que conociera qué actividades tenían esas empresas por si el partido, en el ámbito nacional, tenía necesidades que pudieran ser cubiertas, encargos para las empresas legales. Le contesté con mi teoría general. A mi parecer los partidos políticos no deberían tener otras actividades que las que la Constitución les asigna en su articulado 6, instrumento para la participación política. Mi creencia es que las actividades mercantiles no les son propias, y además no acostumbran a hacerlo con eficiencia. Plegué el esquema y se lo devolví sin siquiera detenerme a contemplarlo. Resultará difícil de entender para algunos que estallado el asunto en la prensa el presidente del Gobierno declarase que no sabía de Filesa más que lo que había leído en los periódicos. Pero decía la verdad. La mitología del poder ha promocionado la creencia de que los Gobiernos están enterados de todo lo que ocurre, y tal aseveración es manifiestamente huera. La ignorancia de algo que pasa cerca de un Gobierno —de cualquier Gobierno— es más frecuente de lo que la gente cree. Particularmente, yo no había oído siquiera hablar de Filesa, ignoraba absolutamente su existencia y por lo tanto no podía tener constancia alguna de que estuviese relacionada con el PSOE. ¿Cuál fue esa relación?

Hemos de retroceder al año 1986, cuando se convocó y celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE había cambiado su posición, de contrario a ingresar en la Alianza pasó a ser partidario de permanecer en ella. Los datos de la realidad —la perestroika de Gorbachov anulaba la confrontación OTAN-Pacto de Varsovia, los requisitos de compromiso con la defensa europea que sutilmente expresaban los Gobiernos europeos para confirmar la presencia de España en la Comunidad Económica Europea…— habían hecho meditar a los socialistas y madurar en la idea de que los intereses de la nación aconsejaban la permanencia en la estructura de defensa. Por otra parte, el Gobierno estaba comprometido a que esa decisión fuese adoptada por los ciudadanos. Se convocó un referéndum y el PSOE se encontró solo contra todos: comunistas, izquierda extraparlamentaria y un numeroso grupo de intelectuales irrumpieron con agresividad en la campaña promocionando el NO en la consulta; y la derecha, el Partido Popular (entonces Alianza Popular) de Fraga Iribarne, olisqueando su última y peculiar forma de llegar al Gobierno (el fracaso en el referéndum obligaría al Gobierno a retirarse), hizo campaña para que sus seguidores se abstuviesen en el referéndum. Así pues, a favor de la permanencia quedó solitario el PSOE. Esa soledad nos conducía inexorablemente a hacer una intensa campaña, pero carecíamos de recursos económicos para ella. El problema se agravaba en cuanto la legislación no preveía subvenciones públicas para las consultas referendarias. Recurrimos a préstamos bancarios, lo que nos endeudó fuertemente. Cuando se conocieron los resultados, los responsables de los bancos prestatarios comentaron reiteradamente que no era justo que el único partido que había arriesgado políticamente por defender los intereses generales quedase además en situación económica onerosa. Estos repetidos comentarios inducían a pensar que los bancos estarían dispuestos a compartir los gastos del referéndum, pero nunca plantearon la condonación de nuestras deudas ni cualquier otra alternativa. Hasta —pienso yo— que llegó el 14 de diciembre de 1988, y los responsables financieros y empresariales se asustaron del resultado de la huelga general que paralizó el país.

Hicieron sus cuentas: cuando están en juego los intereses de la nación (salida de la OTAN y sus consecuencias europeas) y cuando el país queda paralizado, sólo el PSOE aguanta el envite. La derecha promociona la derrota en el referéndum y alienta y jalea la huelga general. No queda otro sostén que garantice la estabilidad del país que el Partido Socialista. Ergo, lo tenemos que ayudar, al menos para paliar el estrangulamiento ocasionado por las deudas contraídas en las actividades que exigía la defensa del beneficio general de los españoles. Expresaron su voluntad de apoyo económico, pero no tenían instrumento para hacerlo, dado que no podían informar a sus accionistas de que ayudaban a los socialistas; sí lo habían hecho y reiteradamente y con cifras astronómicas a los intentos de la derecha para desbancar al PSOE.

La propuesta, encabezada por Alfonso Escámez, fue: proporciónenme una empresa con la que podamos contratar algunas actividades que les reporten unos beneficios. El PSOE no contaba con empresa alguna. Alguien, tal vez Carlos Navarro, que se ocupaba de los asuntos económicos del Grupo Parlamentario, debió de susurrar: el PSOE no, pero el PSC sí. Y así aparece Filesa en escena, a la que se encargan unos estudios dudosamente necesarios para el contratante, que se elaboran, se entregan y a veces se los hace desaparecer por inaplicables. Así, los banqueros hacen pagar proyectos y análisis por valor de 400 millones de pesetas, una bagatela en comparación con las ayudas entregadas a la derecha.

De hechos como éstos nada queda en documentos que uno pueda consultar, pero haber hablado con muchos de los que podían conocer el asunto, más la experiencia y la intuición, me hacen asegurar que fue así como sucedieron aquellos hechos.

Y tal operación dio lugar a centenares de miles de páginas que acusaban al PSOE de grave corrupción, lo que influyó en la organización interna del partido hasta provocar una división que tendría graves consecuencias. Ésta es la falsaria historia de Filesa, la reiterada «trama empresarial corrupta de financiación socialista». Pertenecer a la izquierda exige conocer que sus errores y sus delitos serán magnificados hasta el enardecimiento, y que ello será compatible con una ocultación de los actos de los grupos políticos con los que compite, que se aseguran la impunidad de sus pútridos actos.

La triste constatación es que si en todo el proceso democrático los socialistas han tenido la gran mayoría del tiempo un alto apoyo de los ciudadanos, si han ocupado la responsabilidad de Gobierno durante mucho más tiempo que la derecha, en cuanto a influencia en las instituciones ésta domina absolutamente, entiéndase en la judicatura, la fiscalía, los ejércitos y hasta las entidades deportivas del balompié. La sociedad se ha manifestado repetidamente progresista en las tres décadas de democracia, pero los responsables de las instituciones son marcadamente conservadores. Esta discordancia es el origen de injusticias y desconcierto que impiden el progreso de la nación, pues es un obstáculo grave para la construcción de una sociedad verdaderamente libre y justa, sobre la evidencia de la igualdad de todos ante la ley y en la distribución del bienestar.