Blanqueo de dinero

La periodista descubrió también que la política no es la que mueve a estos grupos, sino que el dinero está detrás de todo. «Siempre necesitan dinero y siempre lo están buscando, por ello decidí investigar la economía del terrorismo». «Terminar con los paraísos fiscales sería el primer paso para cortar el suministro de dinero para el terrorismo». Para esta experta, el objetivo final del terrorismo islámico no es la derrota del sistema occidental, sino el cambio «en las élites corruptas que gobiernan los países árabes» y que son apoyadas por occidente. Por ejemplo, buscan la caída de la familia real saudí que, paradójicamente, dedicó millones de dólares al bienestar de Al Qaeda, según esta experta. Remite a un informe de la ONU, publicado en 2010, que dijo que antes del 11-S el 20 por ciento del PIB de Arabia Saudí se dedicó a financiar la organización de Bin Laden. «Debemos revisar nuestra política exterior. No sostener regímenes políticos que son impopulares en sus países».

Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron un vuelco a la lucha por el saneamiento del sistema financiero, ese viraje adoptó una dirección inesperada. Habría parecido lógico que las fallas del sistema bancario y financiero occidental —que permitieron que los terroristas financiaran sus operaciones— fueran auditadas con seriedad, en especial los paraísos bancarios y fiscales utilizados por Al Qaeda o las organizaciones criminales. La ocasión parecía perfecta para instaurar reglas internacionales comunes que terminaran con las prácticas de las estructuras offshore incansablemente denunciadas y detrás de las cuales operan todas las maniobras de ocultamiento. En octubre de 2001 Estados Unidos se apresuró a votar la Patriot Act, que coloca al sistema bancario y financiero bajo su control y obliga a los bancos de todo el mundo que se relacionan con Estados Unidos a garantizar la transparencia de sus estructuras y operaciones financieras. Sin embargo, esto no sirvió para que desapareciesen los paraísos fiscales, sino para que un país, unilateralmente, pudiera tener acceso a su información y a las ventajas que ello reporta.

Según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, los paraísos fiscales ingresan al año 250.000 millones de dólares procedentes de multinacionales. Los países más pobres son los más afectados por esta situación, ya que dejan de ingresar unos 130.000 millones de euros porque el comercio de sus bienes se realiza a través de paraísos fiscales. El presidente francés Sarkozy aseguraba ante el Parlamento europeo en Estrasburgo que contaba con «el apoyo de Luxemburgo para que la arquitectura financiera sea profundamente reconsiderada en el exterior y en el interior de nuestro continente», al tiempo que instaba a Luxemburgo, afamado por su secretismo financiero, a dar ejemplo en el ámbito de reforma del sistema financiero y de transparencia de las cuentas. La Red para la Justicia de la Tasación estima que cada año los gobiernos de todo el mundo pierden más de 188.000 millones de euros por la baja o nula imposición de los fondos colocados fuera del alcance de los departamentos de Hacienda. El informe realiza un repaso detallado sobre las empresas. De Red Eléctrica Corporación dice que «aporta datos sobre ganancias en el Estado español, Perú y Bolivia, pero llama la atención que no se informe de los impuestos pagados por la filial financiera en los Países Bajos, donde se darían un importante volumen de transacciones. No constan empleados trabajando en esa sede». Sobre Abertis destaca que explota tres aeropuertos en Bolivia en régimen de concesión: «Entre la compañía que ostenta el contrato de concesión en Bolivia y la sociedad cabecera del grupo Abertis en Barcelona figuran ocho sociedades intermedias. Se trata de una cadena de propiedad en la que cada sociedad posee el 90 por ciento de la anterior. La sociedad más pequeña, la que genera la actividad, es Servicios Aeropuertos Bolivianos, después figuran cuatro empresas en el paraíso fiscal de Delaware en Estados Unidos, otras cuatro en Londres y, la última, la matriz, en Barcelona».

Como hemos dicho la elusión fiscal no es un delito, pero es fácil comprender que no es vista con agrado por las autoridades tributarias. Al fin y al cabo por culpa de esta práctica se puede perder una parte importante de la recaudación. Por ello no es de extrañar que traten de combatirla con todos los medios a su alcance. Sin embargo, aquí caemos en una cierta contradicción, ya que la complicidad con los paraísos fiscales no es solo cosa de los bancos. También los estados miembros de la UE y sus economías son cada vez más vulnerables frente a las finanzas globales incontroladas, tal y como se ha puesto de manifiesto con la crisis de las hipotecas subprime generadas por Wall Street. La creciente institucionalización europea, además de acentuar la competencia entre los socios por aminorar los impuestos sobre el capital, acarrea también pérdidas de ingresos fiscales que suponen una amenaza para el Estado del Bienestar, amén de reducir la capacidad para proteger a los pequeños ahorradores e imposibilitar el combate eficaz contra el blanqueo internacional del dinero sucio y la corrupción inmobiliaria. La mayoría de los analistas reprochan a gran parte de las políticas europeas el ofrecer amparo a los paraísos fiscales que compiten en situación muy ventajosa, con sus especialidades financieras opacas y de escasa o nula tributación, como segundos clientes de la Eurozona tras Estados Unidos.³¹

La OCDE ha abordado la cuestión de las entidades y sociedades empleadas con fines ilícitos. Son muy diversas las entidades que desempeñan actividades comerciales en las economías de mercado, incluidas las grandes corporaciones, empresas medianas y pequeñas y agrupaciones de tipo empresarial con responsabilidades limitadas específicas, fideicomisos y fundaciones. Pero, pese a su legitimidad, en determinadas circunstancias son utilizadas para fines ilícitos como el blanqueo de dinero sucio. Todo esto se lleva a cabo a través de paraísos fiscales. A día de hoy los gobiernos europeos, tanto de izquierda como de derecha, toleran de forma desganada a las sociedades offshore y los paraísos fiscales y, por si esto fuera poco, en muchos casos las medidas que se utilizan para rescatar a los bancos de la crisis contienen aspectos que defraudan a las haciendas nacionales además de amparar vías para el blanqueo de dinero.