El brazo armado del dinero

Allá por la década de 1980 el BCCI defraudó a sus clientes por un monto de 13.000 millones de dólares en lo que el abogado de Manhattan, Robert Morgenthay, denominó en su día el «mayor fraude bancario en la historia financiera mundial». Eran otros tiempos, más inocentes, y que un banco estafara 13.000 millones a sus clientes parecía una gran cosa. ¡Qué lejos estábamos de las hipotecas subprime! La posterior investigación sacó a la luz que el BCCI también actuó como el principal conducto para lavar dinero de las actividades clandestinas de la CIA, un dinero que se destinaba para fines que iban desde apoyar a los muyahidines afganos hasta la financiación de los intermediarios en el asunto Irán-Contra.

Los programas de privatización impulsados por el FMI ofrecen excelentes oportunidades para tales manejos. Según Joseph Stiglitz, execonomista jefe del Banco Mundial, se convenció en su día a varios líderes nacionales para que privatizasen el suministro de agua y las compañías de electricidad de sus países a cambio de comisiones pagadas en cuentas bancarias en Suiza: «Cuando se dieron cuenta de la magnitud de la oportunidad que tenían enfrente, las objeciones a la venta de industrias estatales se quedaron en nada».

Pero ¿qué sucede con los líderes que quieren mantener una política populista, aquellos cuyas agendas incluyen el control de los recursos, aquellos que no sucumben a la corrupción o al atractivo de los lujos del Primer Mundo? Pues no sucede nada: el plan tiene que cumplirse, tanto si quieren como si no. Y los organismos internacionales disponen de recursos para hacer que así sea.

La subversión del proceso político es una manera de controlar un país díscolo. El gobierno estadounidense y otros poderes establecen relaciones con políticos, militares, hombres de negocios, medios de comunicación, académicos y sindicatos, a los que se financia y acerca a las propias posturas, de forma que, si el país no coopera, pueden comenzar a producirse tensiones crecientes. Los medios de comunicación se ocupan de azuzar el estado de alarma entre la población. Si el gobierno recibe el mensaje y agacha la cabeza, sale el sol de nuevo: el dinero empieza a circular y las diversas fuerzas sociales comienzan a cooperar en amor y concordia. Venezuela ofrece un caso de estudio interesante a este respecto. Fracasado el golpe de Estado, la oposición —con el respaldo del Departamento de Estado y del National Endowment for Democracy (NED) o Fondo Nacional para la Democracia— diseñó un nuevo plan, de dos fases, para derrocar al presidente Chávez, esta vez por la vía electoral:

• En una primera fase presionaron para que se adelantaran las elecciones, a sabiendas de que violaban la Constitución. También fracasaron.
• A continuación, pretendieron que se realizara un referéndum revocatorio presidencial.

El National Endowment for Democracy fue creado en noviembre de 1983 mediante la Ley Pública 98-164 del Congreso de los Estados Unidos con la finalidad de «promover la democracia en el mundo». La ley prevé que sus programas sean financiados por el Congreso de los Estados Unidos. No obstante, desde sus inicios el NED comenzó a desnaturalizar sus propósitos. A raíz del escándalo originado en 1984, cuando utilizó parte de su dinero para financiar la campaña electoral del candidato a la presidencia de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, el Congreso aprobó el 16 de agosto de 1985 una enmienda a esta ley, en la cual se estableció que «ningún fondo podrá ser utilizado, ni por el NED ni por ninguno de sus beneficiarios, para financiar las campañas de candidatos a cargos públicos».

En Venezuela, a su vez, está prohibida la financiación de procedencia foránea en organizaciones que participen en el debate político. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil que reciban dinero extranjero para realizar actividades políticas en Venezuela actúan al margen de la ley. Sin embargo, el NED está apoyando a partidos políticos de la oposición en Venezuela: Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, Movimiento al Socialismo (MAS) y Proyecto Venezuela.

En 2002 el NED aportó más de un millón de dólares a varios empresarios, medios de comunicación y grupos de trabajo para que llevaran a cabo una ruidosa campaña contra Hugo Chávez en los meses que precedieron el fracasado golpe de 2002 contra el presidente venezolano.