Impuesto revolucionario

Moody’s, por su cuenta y riesgo, decidió afrontar la evaluación de Hannover Re de todos modos y publicar los resultados durante varios años, esperando que la empresa contratara sus servicios. Sin embargo, la aseguradora se negó a pagar. Haas recuerda: «Mi primera reacción fue pensar: “Esto es chantaje puro”». Para Moody’s era solo una cuestión de negocios. S&P ya estaba estableciéndose en Alemania y en toda Europa en la calificación de las actividades aseguradoras. Moody’s iba a la zaga. Haas pensó que Hannover Re representaba una manera rápida de que Moody’s alcanzara a su competidor. En pocas semanas Moody’s emitió una calificación no solicitada contra Hannover, dándole una calificación de Aa2, un escalón por debajo de la dada por S&P. Haas suspiró con alivio. En ninguna parte del comunicado de prensa se hacía la más mínima mención a que la calificación se había llevado a cabo sin la cooperación de Hannover Re. Sin embargo, Haas estaba relativamente satisfecho. Podría haber sido peor.

Y vaya si fue peor. En julio de 2000 Moody’s bajó la calificación de Hannover Re de estable a negativa. Seis meses después Hannover Re bajaba un tramo, a Aa3. Según iba incrementando el castigo, Moody’s seguía tratando de vender sus servicios a Hannover Re. En el invierno de 2001 rebajó la calificación de la aseguradora en dos escalones más a A2. En diciembre de 2002 la calificadora puso a Hannover Re en revisión para otra posible rebaja. Aquello ya había llegado demasiado lejos, la dignidad está bien, pero la empresa se podía permitir el gasto que suponía esa extorsión, que de cualquier forma ya sería menor que las pérdidas que estaban ocasionando esas calificaciones. Haas recomendó a sus jefes que cedieran: «Le dije: “En última instancia no se puede ganar contra una agencia de calificación. Vamos a morder la bala y pagar”. Pero para Willie [Zeller] era una cuestión de principios. Me dijo: “Yo no voy a pagar a estos tipos”».

En 2003 a los responsables de Moody’s se les acabó la paciencia y, a pesar de que otros evaluadores de crédito continuaban dando a Hannover Re un certificado de buena salud, Moody’s calificó de repente a Hannover Re en la categoría de bono basura. Accionistas en todo el mundo, alarmados por la rebaja, comenzaron a deshacerse de las acciones de la aseguradora, que perdió 175 millones de dólares de valor de mercado en cuestión de horas. Los analistas estaban justificadamente confundidos, ya que no había ninguna información de dominio público para justificar la rebaja.

Lo que pasó con Hannover Re sirvió para que los más suspicaces comenzaran a explicarse por qué muchas empresas y gobiernos comenzaron en su día a crecer casi milagrosamente al amparo de las tres grandes calificadoras de riesgo, que se han convertido en potencias mundiales sin estar sometidas a ningún tipo de supervisión formal. Si lo que nos indica este caso es cierto, estas empresas podrían haberse convertido en los matones del barrio económico, a los que hay que pagar a cambio de su «protección».

Las empresas de calificación son libres de establecer sus propias normas y prácticas, lo que a veces conduce al abuso. La base del multimillonario negocio de los evaluadores de crédito radica en convencer a la sociedad de que necesita de sus calificaciones, incluso en contra de sus deseos, como en el caso de Hannover Re. En otros casos no hay por qué dar calificaciones bajas, basta con no darlas, un movimiento que puede aumentar los pagos de interés de los bonos afectados por esta medida.

El modelo de negocio de S&P, Moody’s y Fitch se basa en el concepto de que el «emisor paga», es decir, las empresas y los gobiernos pagan por sus calificaciones, en vez de hacerlo el inversor que usa la información. Esto explica el 95 por ciento de sus ingresos anuales, que sumaron más de 6.000 millones de dólares para S&P y Moody’s entre 2002 y 2007. No obstante, no es un sistema homogéneo. S&P actualmente solo califica a países bajo demanda (actualmente califica a ciento veintiséis Estados; Moody’s a ciento diez); mientras que Moody’s, como hemos visto, ha calificado sin petición y sin pagos. Fitch, por su parte, también realiza análisis no solicitados y, según la empresa, «no hay ninguna diferencia de criterio».

El poder de estas empresas es tal que Moody’s a veces ha utilizado su influencia para fijarse ella misma sus honorarios sin llegar siquiera a negociar con sus clientes. Compuware Corp. es un fabricante de software al que le sucedió esto a finales de 1999. Compuware solicitó en su día dos calificaciones. Standard & Poor’s cobraba un monto inicial de 90.000 dólares, más una cuota anual de 25.000, según Laura Fournier, directora financiera de Compuware. Pero Moody’s cobró 225.000 dólares por la evaluación inicial, aunque en principio no añadió cuota anual. Menos de un año después Moody’s comunicó unilateralmente a su cliente que tendría que pagar una cuota anual de 5.000 dólares, que se triplicaría si la compañía no emitía valores adicionales que generasen nuevos pagos a Moody’s. ¿Cuál era el servicio que la empresa prestaba a través de esta cuota anual? Ninguno. La compañía pagó de todos modos. Las empresas de calificación siempre están a la búsqueda de nuevos pretextos para extraer honorarios. Con frecuencia cobran a los clientes por cada uno de los valores que emiten, aunque todas las calificaciones vienen a ser lo mismo: una evaluación de las finanzas de la empresa.

El exjefe de finanzas de una importante firma de telecomunicaciones declaró en su día al Washington Post que se quedó atónito cuando Moody’s y S&P le enviaron sus facturas iniciales de seis cifras cada una, sin contar la cuota de mantenimiento anual: «Recuerdo haber pensado que sus honorarios eran una barbaridad», dijo el exejecutivo al periódico, con el que habló bajo la condición de mantener el anonimato por temor a la ira de las empresas de calificación. Escamado, se fue con las facturas a su banco en busca de consejo. El banquero estudió las facturas, miró a su cliente con cierta condescendencia y le dijo escuetamente: «Tienes que pagar». Y pagó, como tantos otros: «Sí, es caro para un par de llamadas y un pequeño análisis», pero en realidad tampoco es que tuviera otra opción.

Existe otro motivo de preocupación. Los evaluadores de crédito tienen un privilegio que les da acceso a la información confidencial de la compañía clasificada. Las compañías de calificación afirman que necesitan esos datos. Pero cuando se producen crisis financieras como la actual, o los desastres anteriores de Enron, WorldCom o Parmalat, los evaluadores afirman que, a pesar de haber tenido acceso a información privilegiada, no pueden ser culpados por las pérdidas de los inversores, ya que una cosa es analizar los datos que les dan y otra detectar el fraude: «La tarea de asegurar la exactitud de la información de origen entra dentro del campo de los auditores y los reguladores», dijo en su momento Frances G. Laserson, portavoz de Moody’s.

Claro que ese acceso a la información privilegiada no siempre es imprescindible. Cuando la calificación de una empresa se produce sin su cooperación, los calificadores de crédito dicen que no necesitan la información no pública. Ellos llaman a estas calificaciones «no solicitadas», aunque es un eufemismo para calificar algo que en el mundo financiero se conoce como «calificación hostil». Según las estimaciones de Moody’s, tan solo un 1 por ciento de sus calificaciones pertenecen a esta categoría, mientras que James Jockle, un portavoz de Fitch, afirmaba que más del 95 por ciento de las empresas «acordó pagar nuestros honorarios».

Al parecer existe un temor reverencial a las posibles consecuencias de no acceder al pago: las empresas a las que se acercan los evaluadores de crédito por lo general prefieren pagar una cuota en lugar de que les adjudiquen clasificaciones de riesgo en su contra hechas sin su cooperación. Un ejecutivo de S&P, que habló anónimamente con el Washington Post, reveló que estas empresas tienen sus propios comerciales —lo que llaman en su jerga un «equipo de origen»—, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de sus empresas buscando nuevos clientes a los que cobrar una tarifa. Son «ventas en frío», esto es, nadie solicita la visita de los comerciales, la empresa visitada no ha requerido sus servicios. Cuando llega el comercial, en muchas de las empresas se le recibe con la sensación de que es alguien que ha llegado a cobrar una especie de «impuesto revolucionario».

A veces se llega más lejos en el afán recaudatorio. Northern Trust Corp. denunció que «se han enviado facturas por parte de las agencias de calificación que no fueron solicitadas y que no se había acordado previamente pagar… En ocasiones hemos pagado las facturas con el fin de preservar la buena relación con la agencia de calificación, pero creemos que esta práctica es propensa a abusos».