Terrorismo y banqueros
Los propios banqueros «serios» han tenido sus más y sus menos con el fisco. El primer banco alemán, el Deutsche Bank, y diez mil de sus clientes fueron condenados en 2003 por el Tribunal de Fráncfort a pagar más de 200 millones de euros por impago de impuestos.
En España hay dos casos célebres de los últimos tiempos. En 2006 la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), perteneciente a la Agencia Tributaria, han cifrado en 1.800 millones de euros la cantidad defraudada por la trama empresarial desarticulada en el marco de la llamada «Operación Suéter», dirigida contra una organización creada para ocultar el origen y pertenencia de grandes fondos de dinero depositados en entidades bancarias españolas en cuentas de no residentes. Los fondos eran sacados de España a través de un entramado de cuentas creadas en la isla portuguesa de Madeira y en otros países. Posteriormente el dinero era enviado a través de Luxemburgo para volver a entrar en entidades bancarias españolas, pero a nombre de sociedades no residentes en nuestro país.
En 2007 el expresidente del BBVA, Emilio Ybarra, y otros cuatro exdirectivos de la entidad fueron llevados ante los tribunales por un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales por las denominadas «cuentas secretas» que la entidad tenía en varios paraísos. Estas cuentas se utilizaron para realizar operaciones de ingeniería financiera para comprar acciones propias del banco. El Vizcaya mantuvo la autocartera y tras su fusión con el Banco de Bilbao, el 1 de octubre de 1988, se informó de su existencia a los miembros del consejo del BBV, que acordaron vender las acciones adquiridas y regularizar la situación, con lo que tuvieron lugar varias ventas de acciones. Entre 1992 y 1999 estas cuentas se utilizaron para cancelar deudas por operaciones especulativas fracasadas realizando pagos que quedaron sin rastro en la contabilidad oficial del banco. El dinero se utilizó para la compra del 5 por ciento de Argentaria en 1998, antes de la fusión, y para el pago de comisiones al partido del actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Cinco de los seis principales bancos españoles —Santander, BBVA, Popular, Banco Sabadell y Banesto— contaban al cierre de 2007 con participaciones en sociedades que tienen su domicilio en territorios considerados como paraísos fiscales. En el mundo de la política, la especulación urbanística ha dado mucho trabajo a los bancos de los paraísos fiscales.
El dinero blanqueado solo en Marbella podría ascender a 250 millones de euros. La cantidad procede de actividades delictivas de varios grupos de delincuencia organizada, nacionales y extranjeros, que presuntamente utilizaban los servicios de un despacho de abogados de Marbella. Fue la Operación Ballena Blanca, investigación de la que derivó la caída de toda la cúpula de poder marbellí al ser encarcelados en la Operación Malaya por presuntos delitos de corrupción.
Aunque los efectos perniciosos de los paraísos fiscales son cada vez más notorios sobre el sistema financiero mundial, los avances en el control internacional de estos lugares son más bien escasos, entre otras cosas porque pugnan contra la doctrina imperante aún del fundamentalismo del libre mercado. En 1987 la OCDE comenzó a interesarse por la cuestión al iniciar un análisis de «las prácticas fiscales perjudiciales» generadas por la competencia entre sistemas fiscales estatales, pero tardó once años hasta fijar en 1998 unos criterios que identificasen los casos extremos, esto es, los denominados paraísos fiscales; una identificación que no ha tenido mayores consecuencias hasta la fecha.
Por otro lado, el terrorismo es un problema que plantean los paraísos fiscales. ETA ha utilizado a estos países para blanquear dinero. Son muchas las organizaciones que participan de estas redes financieras, desde el integrismo islámico de Al Qaeda al narcotráfico de las FARC y los cárteles sudamericanos. Todo se realiza a golpe de ratón, sin que el dinero físico tenga que ser transportado en ningún momento, siempre lejos de los ojos de la policía. Si algo caracteriza a Internet es la capacidad de anonimato que ofrece al internauta. En este sentido no es de extrañar la proliferación de actividades delictivas tradicionales a través de los nuevos medios tecnológicos. Amparándose en la nula o escasa regulación específica y en la dificultad de asociar una actividad online a una situación física concreta, la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero a través de la red se han convertido en actividades sumamente lucrativas y, lo que es peor, sencillas de realizar.
La economista y periodista italiana Loretta Napoleoni ha estudiado la financiación de los grupos terroristas. Ha dedicado los últimos diez años a comprobar algo que provoca un escalofrío, que «todo el mundo» en realidad hace negocio con el terrorismo. Que el fenómeno no lo inventó Bin Laden en una tarde mística de oración: «La primera fase, que surgió en plena Guerra Fría, fue la del terrorismo financiado por el Estado. Estados Unidos y la Unión Soviética pagaban a estos grupos armados. La segunda, que se desarrolló en los años setenta y ochenta, fue la privatización del terrorismo, su autofinanciación, cuyos ejemplos más claros son ETA y el IRA». Tras éstas, la etapa actual, la que «ahora vivimos con la globalización del terrorismo». En la década de 1990 aparece en escena Al Qaeda, «una organización terrorista transnacional con células en diferentes lugares y capacidad para financiarse en más de un país».