Revolución en España. Bomarsund
Londres, viernes 18 de agosto de 1854
Los editoriales de Assemblée Nationale, The Times y Journal des Débats dan fe de que ni el partido ruso puro, ni el partido ruso-coburguista, ni el partido constitucional están satisfechos con el curso que toma la revolución española[57]. Podría deducirse de ello que España tiene alguna posibilidad a pesar de lo que dicen las apariencias.
El día 8 del corriente, una delegación del Club de la Unión[58] visitó a Espartero para entregarle un escrito solicitando la adopción del sufragio universal. Como el nuevo gobierno ha recibido numerosas peticiones en el mismo sentido desde todos los ámbitos, el Consejo de Ministros mantuvo un largo y acalorado debate. Pese a todo, los partidarios del sufragio universal y los partidarios de la ley electoral de 1845 han sido derrotados. La Gaceta de Madrid ha publicado el decreto de convocatoria a Cortes para el 8 de noviembre precedido de un informe dirigido a la reina. Las elecciones se celebrarán de acuerdo con la ley de 1837, con ligeras modificaciones. Las Cortes serán Asamblea Constituyente y las funciones legislativas del Senado quedarán suprimidas. Se han conservado dos párrafos de la ley de 1845, verbigracia: el procedimiento de formación de mesas electorales y el número de diputados, con un diputado por cada cinco mil almas. La Asamblea tendrá, por tanto, entre 420 y 430 miembros. Según una circular de Santa Cruz, ministro del Interior, el censo electoral debe estar terminado para el 6 de septiembre y, una vez que las diputaciones provinciales las hayan verificado, las listas electorales cerradas para el 12 de septiembre. Las elecciones se celebrarán el 3 de octubre en las principales localidades de los distritos electorales. El escrutinio se realizará hasta el 16 de octubre en todas las capitales de provincia. En caso de que se produzca alguna anomalía se procederá a unas nuevas elecciones que no podrán celebrarse después del 30 de octubre. El citado informe declara expresamente que,
al igual que las de 1837, las Cortes de 1854 salvarán la monarquía; establecerán nuevos lazos entre el trono y la nación, entidades que no se pueden poner en tela de juicio ni sobre las que cabe disputa alguna.
En otras palabras, el gobierno prohíbe la discusión de la cuestión dinástica, pero The Times deduce del informe lo contrario y supone que ahora España tendrá que decidir entre la actual dinastía o no tener ninguna dinastía en absoluto, eventualidad que, casi es innecesario decirlo, desagrada infinitamente a este periódico y frustra sus cálculos.
La Ley Electoral de 1837 limita el derecho de sufragio a los propietarios de una vivienda mayores de veinticinco años que paguen mayores cuotas[59] (impuestos cuantiosos que recauda el Estado). También tienen derecho a voto los miembros de las Academias de Historia y Artes Nobles, doctores, licenciados de las facultades de Teología, Derecho y Medicina, miembros de los capítulos eclesiásticos, curas parroquiales y su clero auxiliar, magistrados y abogados con dos años de ejercicio, oficiales del ejército de cierta graduación bien en el servicio activo o en la reserva, médicos, cirujanos y farmacéuticos con dos años de experiencia, arquitectos, pintores y escultores que tengan el honor de pertenecer a alguna academia, y profesores y maestros de cualquier institución docente sufragada con fondos públicos. La misma ley incapacita para el voto a quienes hayan defraudado a la Hacienda Pública nacional o local, a las personas que se hayan declarado en bancarrota o a las que los tribunales hayan declarado incapacitadas civil o moralmente, y, por último, a todo aquel que en ese momento sea objeto de una sentencia judicial.
Es cierto que este decreto no proclama el sufragio universal y veta la cuestión dinástica en el foro de las Cortes, pero aun así es dudoso que esta Asamblea se avenga a lo de ella se espera. Si en 1812 las Cortes españolas se abstuvieron de inmiscuirse en los asuntos de la Corona fue porque en aquel entonces el rey[60], que llevaba años fuera de España, representaba esta institución solo nominalmente. Si en 1837 volvieron a abstenerse fue porque tenían que zanjar el asunto de la monarquía absoluta antes de pensar en la monarquía constitucional. Con respecto a la situación en general, The Times tiene buenas razones para deplorar que España carezca de la centralización de Francia, porque de esa manera incluso una victoria sobre la revolución en la capital no decide nada en lo que se refiere a las provincias, ya que en ellas persiste ese estado de «anarquía» sin el que ninguna revolución puede triunfar.
La revolución española tiene, por supuesto, características peculiares. La combinación, por ejemplo, de robo y transacciones revolucionarias, que comenzó con la guerra de guerrillas contra los invasores franceses y continuó con los «realistas» en 1823 y las guerras carlistas desde 1835. Ninguna sorpresa puede por tanto haber supuesto la noticia de los grandes desórdenes que se han producido en Tortosa, población del sur de Cataluña. La Junta Popular de la villa afirma en su proclama del 31 de julio:
Tomando como pretexto la abolición de los impuestos indirectos, una banda de asesinos miserables se ha apoderado de la población pisoteando todas las normas y leyes de la sociedad. El saqueo, el asesinato y los incendios han marcado sus pasos.
La Junta, sin embargo, no tardó en restablecer el orden armando a los ciudadanos y acudiendo al rescate de la débil guarnición de Tortosa. Se ha nombrado una comisión militar encargada de la persecución y castigo de los autores de los desórdenes del 30 de julio. Como era de esperar, la prensa reaccionaria ha utilizado los incidentes como excusa para declaraciones virtuosas. Que su actitud, sin embargo, no está justificada se puede inferir de un comentario del Messager de Bayonne que afirma que los carlistas han plantado su bandera en las provincias de Cataluña, Aragón y Valencia, precisamente en los mismos montes vecinos donde encontraron su principal refugio en las antiguas guerras carlistas. Fueron los carlistas los que dieron origen a los ladrones facciosos[61], esa combinación de bandolerismo y supuesta lealtad a un partido oprimido por el Estado. El guerrillero español típico ha tenido algo de bandolero desde tiempos de Viriato, pero es una novedad de invención carlista que un mero ladrón se bautice por su cuenta con el nombre de guerrillero. Los hombres implicados en los sucesos de Tortosa pertenecen a este grupo sin ninguna duda.
En Lérida, Zaragoza y Barcelona la situación es grave. Las dos primeras ciudades se han negado a unir fuerzas con la tercera porque en ésta los militares tienen mucho poder. Aun así parece que ni siquiera allí consigue el general Concha capear el temporal, y Dulce debe ocupar su lugar, porque da la impresión de que, gracias a su recién adquirida popularidad, es más factible que este general logre resolver las dificultades.
Las sociedades secretas han reanudado su actividad en Madrid y dominan el partido democrático como en 1823[62]. Lo primero que con urgencia han exigido al pueblo es que inste a todos los ministros nombrados desde 1843 a dar cuentas de su gestión.
El Ministerio está adquiriendo las armas de las que se apoderó el pueblo el día de las barricadas[63]. De este modo ya tiene en su poder dos mil quinientos mosquetes que antes estaban en manos de los insurgentes. Don Manuel Sagasti, jefe político de los ayacuchos de Madrid en 1843[64], ha sido restituido en su puesto. Ha dirigido a los habitantes y a la milicia nacional dos proclamas en las que anuncia su intención de reprimir enérgicamente cualquier desorden. A retirar de sus cargos a los distintos partidarios de Luis José Sartorius, antiguo presidente del Consejo de Ministros, se procede con rapidez. Quizá sea lo único a lo que se proceda con rapidez en España. Todos los partidos se muestran igualmente raudos a este respecto.
El marqués de Salamanca no está preso, como algunos aseguraban. Fue arrestado en Aranjuez, pero al poco tiempo le pusieron en libertad y ahora se encuentra en Málaga.
Que el gabinete gobierna por presión popular lo demuestra el hecho de que los ministros de la Guerra, del Interior y de Obras Públicas[65] han hecho muchos viajes y simplificado sus diversos departamentos, acontecimiento desconocido en la historia de España.
El partido unionista, o de Coburgo-Braganza, es lastimosamente débil[66]. ¿Por qué otro motivo iba a haber armado tanto revuelo a raíz del único escrito enviado por Portugal al diario Guardia Nacional de Madrid? Si examinásemos el asunto con detenimiento, descubriríamos que ese texto (que se origina en el lisboeta Jornal do Progresso) no es de una naturaleza en absoluto dinástica y solo alude a esos lazos fraternales tan frecuentes en los movimientos de 1848.
La situación de las finanzas españolas, y en particular el decreto de Sartorius, que obligaba al pago de seis meses de impuestos por adelantado, es la causa principal de la revolución española. Las arcas públicas estaban vacías cuando estalló la revolución a pesar de que no se había pagado ningún servicio público de ningún tipo y en varios meses no había llegado a su destino ninguna de las sumas asignadas. Las cantidades recaudadas por portazgos, por ejemplo, nunca se destinaron al mantenimiento y reparación de caminos. Con el dinero reservado a obras públicas sucedió exactamente lo mismo. Cuando se han revisado las arcas de las obras públicas, en lugar de recibos por los trabajos ejecutados se han encontrado recibos dejados por los favoritos de la corte. Es sabido que el negocio financiero es desde hace mucho el más rentable de Madrid. El presupuesto español de 1853 se repartió del siguiente modo:
A pesar de este presupuesto, España es el país europeo que paga menos impuestos y donde son más sencillas las cuestiones económicas. La reducción y simplificación hacen que la maquinaria burocrática de España sea la menos complicada y, tradicionalmente, las municipalidades administran sus propios asuntos; y lo mismo ocurre con la reforma de los aranceles y la consciente valoración de los bienes nacionales que todavía no han sido enajenados. La cuestión social en el sentido moderno de la palabra carece de fundamento en un país que todavía no ha desarrollado sus recursos y tiene una población tan escasa: apenas quince millones de habitantes.
Conocerá el lector por la prensa inglesa los primeros avances del ejército británico en Bomarsund[67]. Los pobres diarios británicos, que nunca tienen nada brillante que decir, acogen con gran entusiasmo los triunfos de diez mil soldados franceses contra dos mil rusos. Paso por alto semejantes glorias y prefiero ocuparme en considerar el resultado de la captura de esa isla en el faubourg[68] de Estocolmo, y no de San Petersburgo. El Siècle francés ha anunciado, y muchos periódicos se han hecho eco de ello, que Suecia se sumará a las medidas activas que las potencias occidentales han adoptado contra Rusia. Las probabilidades de que tal anuncio se concrete se pueden calibrar por el hecho de que Suecia haya suscrito un tratado de neutralidad armada en el mismo instante en que podría haber intervenido con éxito frente a los bosques y las marismas de Finlandia. ¿Modificará su política ahora que ha pasado el momento de emprender operaciones? Inglaterra y Francia han negado al rey Óscar las garantías pecuniarias y territoriales que pedía para su adhesión. Además, ¿cómo explicar que el gobierno sueco haya ordenado el desarme de todo un escuadrón basándose en la suposición de que Suecia está a punto de entrar en liza? El desarme se amplía a los navíos de línea Charles XII y Prince Oscar, a la fragata Désiré y a las corvetas Gefle y Thor.
En esas latitudes, las aguas se cubrirán de hielo muy pronto, así que la captura de Bomarsund no puede tener demasiada importancia. En Hamburgo prevalece la idea de que se tiene que ver acompañada de la toma de Riga, una opinión basada en una carta del capitán Heathcote, patrón del Archer, al señor Hartslet, cónsul inglés de Memel, en la que manifiesta que todos los buques extranjeros deben abandonar el puerto de Riga antes del 10 del corriente.
Se dice que Prusia favorece el contrabando de mercancías de guerra en su frontera con Rusia y que al mismo tiempo se prepara para romper con las potencias occidentales. Los comandantes de los puertos de Köningsberg, Danzig, Colberg y Swinemunde han recibido órdenes de armarse.
Los diarios más influyentes de Suecia y Noruega declaran que «sería más que una locura unirse a los aliados y hacer enormes sacrificios salvo con la inamovible y bien entendida condición de hacer pedazos Rusia y de restaurar Polonia[69]. Otro resultado, incluso la entrega de Finlandia a Suecia, sería un error y un engaño».
Hay que recordar que todos los gobiernos del norte de Europa mantienen conflictos con sus pueblos. En Copenhague, por ejemplo, la situación está así: los ciudadanos de Schleswig-Holstein han tomado la determinación de abstenerse de todas las elecciones al Rigsråd[70], mientras que, al mismo tiempo, los electores de Copenhague han enviado una carta al doctor Madvig, diputado del Landsting[71], para pedirle que no acepte un puesto en el Rigsråd porque cierto decreto del rey infringía la constitución danesa e iba contra los derechos del pueblo de Dinamarca.