VACUNA MEXICANA

El gobierno de Felipe Calderón no pudo ocultar por mucho tiempo los peligros que asechan a la industria petrolera mexicana. Los corporativos europeos y estadounidenses alertaron a sus ejecutivos, y muchos salieron de México rehusándose a arriesgar su vida o a negociar el monto de las extorsiones, conocedores algunos de la experiencia colombiana, donde las empresas petroleras se convirtieron en uno de los blancos principales para secuestros o el pago de derecho de piso, allá denominado vacuna.

En Colombia sólo la vacuna les daba la posibilidad de trabajar de manera regular en áreas controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La vacuna significaba la inmunidad a secuestros de sus ejecutivos y personal. Al mismo tiempo, se trataba de pagos hechos con antelación, como los dirigidos a guardias blancas o paramilitares, de los que regularmente echan mano las compañías petroleras, sobre todo en áreas donde sus proyectos son susceptibles de generar conflictos sociales.

Bajo la lógica del les affaires sont les affaires, para algunas de las empresas que tienen transacciones con Pemex el derecho de piso es similar a los acostumbrados sobornos que a diestra y siniestra reparten para cerrar sus tratos. Regularmente es un gasto que recuperan con sobrecostos en las obras o servicios que habrán de facturarle a la paraestatal, tal y como lo hacen con el dinero que invierten en viajes, autos, obsequios o efectivo para los funcionarios.

Ante el riesgo de secuestros o de algún “inconveniente” en el pago del impuesto mafioso, algunas compañías facilitaron a sus ejecutivos vehículos blindados y personal para su seguridad, se les incentivó también con salarios más altos y seguros. A cuenta de la empresa también van las facturas de ropa blindada que hoy en día se consigue fácilmente en las boutiques de la colonia Polanco, idea por cierto colombiana.

Gracias al blindaje de su camioneta, la ingeniera ruso-canadiense Paulina Zelitsky evitó su secuestro en noviembre de 2008, en Cunduacán, Tabasco. Durante la Guerra Fría Zelitsky se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y en Pemex representa a un corporativo canadiense que realiza trabajos de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico.

Aquel día de noviembre se dirigía al activo petrolero en el poblado Gregorio Méndez, cuando una camioneta blanca le cerró el paso y de ella descendió un hombre armado. Cuando su chofer intentó evadirlo, el sujeto disparó en tres ocasiones, sin dañarlos gracias al blindaje. Otra camioneta los siguió, pero cuando lograron ingresar en las instalaciones de Pemex, los agresores huyeron; así lo relató en la denuncia Cu-l-996/2008.

Zelitsky es la excepción entre los ejecutivos que no denuncia este tipo de agravios. El tema queda a nivel de directivos en el anecdotario de lo conflictivo que se ha vuelto hacer negocios con la petrolera mexicana.

“Porque no confiamos en la policía mexicana y tampoco queremos problemas con Pemex”, explica el ejecutivo de una de las contratistas con sede en Texas. En cambio, muchos han recurrido a compañías privadas de seguridad para que garanticen el cuidado de sus ejecutivos de mayor rango.

Pero tampoco denuncian porque aniquilarían a sus empresas. Muchos de ellos cotizan sus acciones en los grandes mercados internacionales, y ante un asunto de esta naturaleza los accionistas sin duda retirarían su capital de inmediato; a la compañía le repercutiría además en sus créditos en la banca internacional que a su vez le sirven para respaldar sus contratos petroleros.

Para octubre de 2010, los diferentes activos de producción comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se les informó la tarifa a pagar por cada centro de trabajo: dos mil 500 dólares a cambio de no levantar trabajadores.

El 16 de noviembre de 2010, la víctima fue un gerente de Weatherford, la cuarta empresa de servicios petroleros más grande del mundo, y una de las principales beneficiadas con los contratos públicos de la explotación del paleocanal de Chicontepec, por cuyos cruces y veredas que conectan entre Veracruz, Hidalgo y Puebla se trasiegan cargamentos de droga y armas hacia la zona centro del país y el Estado de México. Se trata del colombiano Francisco Alberto Ruiz Palacios, de 36 años de edad, quien recibió cinco impactos de bala al salir de las instalaciones de la compañía, encargada de la perforación de 500 pozos, a bordo de su lujosa Titán blanca, en los límites de Tihuatlán y Puebla.

Desde mediados de ese año Weatherford había recibido la exigencia de que tenía que pagar cuotas para poder trabajar. No los salvó ni el hecho de que los directivos tenían derecho de audiencia con el gobernador Fidel Herrera.

El mafioso recaudo se impuso rápidamente a lo largo y ancho de todas las regiones petroleras, de la Cuenca de Burgos a la Sonda de Campeche, en los campos y las zonas marinas, en las refinerías y terminales de almacenamiento. Proveedores y prestadores de servicios están sujetos a pagar tributo en los territorios conquistados.

Pagar el piso a la mafia puede significar para algunas empresas una inversión en “otros servicios”; desde luego protección frente al cártel enemigo, pero también poseer créditos bancarios en ciertas instituciones financieras, y que Pemex les adjudique contratos sin restricciones, a veces sin la necesidad de concursar. Algunas organizaciones se ofrecen asimismo como cobradores de aquellas facturas que parecen incobrables y, además, se comprometen a eliminar a la competencia.