EL INGENIERO VARGAS
Omar Vargas López, un veracruzano avecindado en Tabasco, se convirtió en proveedor de Pemex durante el sexenio de Vicente Fox, ofreciendo servicios de mantenimiento de automóviles, maquinaria, equipos de perforación y pozos. Desde Villahermosa, Vargas comenzó a coordinar la operación de una veintena de compañías que sin tener infraestructura ni cumplir con los requisitos básicos para participar en las licitaciones de Pemex, y mucho menos para su contratación, en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón le facturaron a Pemex por medio de su subsidiaria más importante, Pemex Exploración y Producción (PEP), más de mil millones de pesos por supuestos trabajos de mantenimiento y servicios diversos a instalaciones y equipo en Tabasco, Veracruz y Ciudad del Carmen.
En las actas constitutivas de las compañías aparecen socios mexicanos y estadounidenses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó como prestanombres. Los funcionarios de Pemex les adjudicaron los millonarios contratos respaldados con documentación fiscal y financiera apócrifa, donde se consignaba que estaban al corriente en sus declaraciones y pagos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —requisito indispensable para licitar los contratos gubernamentales—, con domicilios inexistentes y hasta recibos telefónicos clonados. Los domicilios físicos de las compañías eran en realidad casas particulares, terrenos baldíos, giros empresariales distintos y hasta una guardería.
El modus operandi consistió en instalar un despacho en el número 401 del Periférico Carlos Pellicer Cámara, en la colonia Tamulté, una zona popular de Villahermosa, Tabasco. Desde allí se creó una especie de empresas satélite que ganaron licitaciones de alcance internacional, según los funcionarios de Pemex que les otorgaron los contratos.
Las compañías licitaban cada una de manera individual o en propuestas conjuntas, e incluso competían entre sí en algunos concursos. Sin embargo, en la revisión más elemental de sus propuestas técnicas y económicas cualquiera de los funcionarios de los que participaron en la asignación de los contratos habría podido sospechar que existían irregularidades en el hecho de que 20 empresas de Villahermosa que ofrecían los mismos servicios declararan el mismo domicilio. Más aún, debió resultar extraño que en sus actas constitutivas aparecieran socios comunes.
Una vez adjudicados los contratos, las compañías los respaldaron con pólizas que aparentemente les expidieron prestigiadas compañías afianzadoras, pero que a la postre resultaron falsas. Es significativo, por lo demás, que los funcionarios de Pemex encargados de cada contratación les dieran el visto bueno a esos documentos. Por otra parte, para cobrar cada estimación de sus dudosos servicios emitieron facturas con sellos y registros de Hacienda donde aparecían los domicilios que no correspondían a sus supuestas instalaciones, pero que Pemex avaló y pagó puntualmente. Según la SFP tampoco hay evidencia clara de que tales servicios se hayan efectuado, pues las compañías eran “simuladoras”. Cada factura con la que dichas empresas cobraron sus “servicios” incluye dos y hasta tres sellos y firmas, y el visto bueno de empleados de Pemex de distintos niveles.