EN MÉXICO: IMPLICACIONES POLÍTICAS
Del lado mexicano, el gobierno federal le imprimió al caso un tinte político cuando, en marzo de 2009, la PGR detuvo a Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ex dirigente del PRD en Tamaulipas, y entonces candidato a una diputación federal por ese partido; fue acusado de liderar una de las células de Los Zetas vinculada con el robo de condensado. Junto con él, aprehendieron a José Raúl Zertuche González, dirigente estatal de Nueva Izquierda, corriente política de ese mismo partido fundada por Jesús Ortega. Y como parte de la misma célula, capturaron a Jesús Óscar Ibarra Castellanos, Álvaro Jacinto Martínez Ibarra, Yolanda Carrizales Cabrera, Nora Elvira Hernández González, José Salvador Alemán Chávez, Omar Lorenzo Marín Bojórquez, Leonel Rodela Pérez, Samuel Carlos Alberto Lom Juárez, Jorge Aguilar Pérez y Mónica Isabel Pérez Sánchez, todos bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.[3]
A Almaraz Maldonado, Zertuche González, Marín Bojórquez y Pérez Sánchez se les acusó también de comercialización de objetos robados, y a Martínez Ibarra por la posesión de armas de fuego y cartuchos para uso exclusivo del Ejército.
Tras la detención de Almaraz, Jesús Ortega, entonces dirigente nacional del PRD, argumentó que se trataba de un golpe político. De alguna manera tenía razón, pues se detuvo a Almaraz cuando estaba en plena campaña por una diputación federal, pese a que desde hacía varios años, en el sector petrolero se hablaba sobre sus negocios. Por ello, a los tamaulipecos no les sorprendió que, finalmente, el gobierno mexicano reconociera lo que desde 2007 denunció Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, ex alcalde del municipio de Río Bravo.
Guajardo Anzaldúa era un político echado para adelante, abierto, franco y bastante temerario. En más de una ocasión hizo declaraciones públicas en las que identificó, con nombre y apellido, a supuestos operadores del cártel del Golfo: conocidos empresarios, sindicalistas, políticos y funcionarios públicos. A sus 49 años de edad, tenía una larga carrera política que lo llevó a ser electo en dos ocasiones como presidente municipal de Río Bravo, además de ser diputado local, diputado federal y senador por Tamaulipas.
La primera candidatura que lo llevó a la alcaldía (1993-1995) la abanderó el PAN; la de senador, de diputado federal y su segundo periodo como alcalde, el PRD. Su postulación a un tercer periodo como alcalde fue por el Partido del Trabajo (PT). Ese 2007, antes de que el PT lo postulara, buscó primero el respaldo del partido del sol azteca, pero la dirigencia política le pidió que fuera con Almaraz como compañero de fórmula. Guajardo se negó rotundamente, sin callar sus razones a la prensa:
Mi impedimento para aceptar a Miguel Ángel Almaraz Maldonado como compañero de fórmula es porque es evidente que anda implicado en negocios ilícitos como el robo de condensado de campo a Pemex, y si esto no es cierto, que lo desmienta probando el origen de sus ingresos.
En declaraciones a diversos medios de comunicación Guajardo refirió que los empleados de Almaraz con salarios bajos viajaban en camionetas de lujo Suburban, Nitro y Escalade.
En ningún momento estaría dispuesto a tomar parte en una contienda política con una persona de la que todo mundo sabe que anda metido en negocios ilegales, eso no va con mi ideología y por ende no necesito de su imagen o de sus recursos para hacer campaña, porque sería tanto como arriesgarme a que me involucren en sus turbios negocios.
En aquellas declaraciones públicas denunció que el político estaba relacionado con los cargamentos de condensado que el Ejército había asegurado en marzo y mayo de 2007. Pero en ese momento Almaraz parecía intocable. No era un miembro más del PRD, sino parte de la dirigencia estatal del partido, y promotor de la campaña de Jesús Ortega a la presidencia del sol azteca.
Almaraz regalaba juegos de geometría, cuadernos y colores a niños de las zonas marginadas de Río Bravo, en colonias como Morelos, Cuauhtémoc y Ferrocarril, donde los hijos de jornaleros y obreros de maquila se arrebataban los paquetes escolares que el licenciado Almaraz les concedía, mientras que, según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lavaba dinero producto de los hurtos a Pemex.
Guajardo, en cambio, comenzó a recibir amenazas que públicamente atribuyó a los sicarios del cártel del Golfo. El 6 de noviembre de aquel año llegaron a su casa de campaña a bordo de seis camionetas, 30 hombres armados hasta los dientes que simplemente querían que supiera que lo estaban vigilando.
Semanas después, el 29 de noviembre de 2007, la víspera de su cumpleaños número 49, Guajardo madrugó, como era su costumbre, para verificar algunos pendientes de sus negocios. Por la tarde salió de su oficina hacia su camioneta, que estaba estacionada en la calle. Iría a Reynosa, apenas de entrada por salida, pues planeaba regresar a celebrar con su familia.
Pasaban de las cinco de la tarde, caminaba con escoltas, agentes de la AFI comisionados a su seguridad. De pronto las señales de celular y Nextel quedaron bloqueadas. Enseguida se topó con varios vehículos atravesados en la calle que le obstruían el paso. Desde una Cherokee y una Suburban salieron los primeros disparos. Luego de una pick up en marcha un hombre disparó también contra Guajardo y sus escoltas. El sicario bajó de la camioneta y le asestó el tiro de gracia. Se trataba de un operativo similar al que montaron el día en que asesinaron al candidato priista por la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en 2010. Bocabajo, sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre, el cuerpo de Guajardo quedó tendido durante dos horas; también los de sus escoltas.
Dos días antes, militares de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, habían decomisado 120 mil litros de condensado en una pensión cercana al Puente Internacional Reynosa-Pharr; aseguraron 48 vehículos entre autotanques y tractocamiones.
Sobre el asesinato, el área de inteligencia de Pemex emitió un reporte interno (número 2531B) que manifiesta: “La ejecución pudo estar relacionada con el aseguramiento de vehículos que contenían condensado, en pensiones de Reynosa”.
Dos años después, en agosto de 2009, la PGR presentaría a integrantes del cártel del Golfo como supuestos autores materiales de la ejecución. En marzo de ese año habían detenido a Almaraz. En las elecciones de aquel 2009, el PRD no ganó una sola de las ocho diputaciones federales. En vano resultó que la misma semana de su detención, Jesús Ortega se deslindara del riobravense que apenas el año anterior había hecho en Tamaulipas una entusiasta campaña para apoyar su candidatura a la presidencia del partido.