OPERACIÓN CÁLCULO

En septiembre de 2008, como parte del llamado Project Reckoning (Operación Cálculo), una acción conjunta entre Estados Unidos e Italia para combatir el narcotráfico, la División de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA, el FBI y el ICE detuvieron a 12 residentes de El Valle del Río Grande acusados de narcotráfico y lavado de dinero.

Entre ellos se encontraba Luis Ariel Rivera Rodríguez, un mexicano nacionalizado estadounidense, de 35 años de edad, quien tenía consigo más de un millón 100 mil dólares en efectivo. Según Rivera, una parte de ese dinero era el pago del condensado comercializado en Estados Unidos. Asimismo, aseguró que en México el cártel del Golfo y Los Zetas eran quienes daban la autorización para su sustracción y comercialización.

Ante las autoridades estadounidenses, Rivera describió parte del modus operandi. Explicó cuáles eran las compañías contratistas de Pemex que extraían el condensado de los campos petroleros y cómo posteriormente estas pipas transferían el producto robado a tanques donde se confinaba. Más tarde, los vehículos se llenaban con agua y continuaban su camino a las instalaciones de Pemex, donde empleados de la paraestatal que recibían sobornos registraban la entrega de agua como si fuese condensado. De esta manera el condensado sustraído se llevaba a la frontera donde se cruzaba por las aduanas hacia Estados Unidos. En ese tiempo, según refirió Rivera, las compañías pagaban a Jaime González Durán, el Hummer, hasta 600 mil dólares mensuales para que les autorizara cruzar los cargamentos. Rivera identificó a dos personajes, el Rayo y el X2, como los encargados de coordinar este negocio.

Cuando el ICE recibió información sobre el contrabando de condensado que cruzaba por la Aduana de Nuevo Laredo, la agencia asignó a sus agentes especiales en San Antonio, Jerry Robinette, y de Houston, Robert Rutt, una operación para seguir el rastro de las pipas que llegaban a Brownsville.

Para los agentes no fue tan complicado llegar hasta Continental, receptáculo de la mayoría de esos cargamentos. Confiado de que las autoridades aduanales estaban en la nómina y que muchas empresas de la zona eran parte del negocio, Crescenzi descuidó los detalles: las descargas, por ejemplo, se hacían de forma abierta a cualquier hora del día.

Cuando los agentes Robinette y Rutt llegaron hasta él, Crescenzi, conocedor de cómo funciona el sistema en ese país, se ofreció de inmediato a colaborar con el ICE a cambio de librar la cárcel. Los agentes le instruyeron grabar sus conversaciones con todos los intermediarios y compradores, para que dichos testimonios se ofrecieran como prueba en el juicio al que los agentes planeaban llevar a los empresarios.

Y sí, Crescenzi grabó sus propias instrucciones para que Maldonado negociara con los aduanales el monto de sus sobornos y para que Dappen ingresara más cargamentos con la documentación apócrifa; también grabó las entregas a BASF y Murphy; prácticamente grabó todo. Los involucrados no detectaron falsedad alguna en esa voz que les decía lo bien que iba el negocio mientras les prometía más condensado mexicano y les informaba acerca de los ambiciosos planes de expansión. Ninguna suspicacia para suponer que el chico de la Casa Blanca era una rata que se les había infiltrado.

En 2009, el ICE hizo públicos los resultados de su investigación y llevó al estrado a Jonathan Dappen, Arnaldo Maldonado, Donald Schroeder y al mismo Crescenzi. Como se vieron perdidos, todos se declararon culpables con la finalidad de negociar penas menores.

Elocuente sin duda es el interrogatorio del juez a Maldonado, una vez aceptada su culpabilidad:

De las operaciones de esta célula, el ICE detectó 149 cuentas bancarias en Texas, a través de las cuales los cárteles lavaron 49 millones de dólares. Para delitos de tal magnitud podría decirse que la justicia estadounidense fue demasiado benevolente con sus ciudadanos, sobre todo cuando sus agencias de investigación habían sido las que comprobaron la participación de los cárteles del narcotráfico en esas operaciones.

El argumento judicial para que todos libraran la cárcel —salvo el arresto domiciliario temporal que se les impuso a algunos— fue que las sustancias que introdujeron no eran materiales peligrosos, tampoco drogas ni armas y que, además, todos cooperaron en el juicio al aceptar su culpabilidad.

A Tim Brink, jefe de Crescenzi, por ejemplo, se le dictó arresto domiciliario de seis meses, aunque con la posibilidad de salir diariamente a laborar a su oficina; benevolencia del juez sugerida por los fiscales ante “su cooperación” en el caso. Durante su juicio, el abogado de Timothy Brink, presidente de Continental, argumentó que funcionarios de Pemex, a quienes no identificó, le proporcionaron a su cliente nombres y tarjetas de presentación de individuos que eventualmente lo conectaron con las personas que le entregaban el condensado, que resultó ser robado. “Pemex lo guió hacia esa dirección y ha llegado adonde está ahora”, argumentó el defensor. Los abogados de otras compañías como la Murphy y BASF argumentaron que también desconocían el origen del producto.

Al cabo de los meses, varios de los implicados establecieron nuevas compañías. Jonathan Dappen, por ejemplo, formó Multi Frontera Logística LLC y M&B Trading Corp. Por su parte, el ex Bush’s, como la prensa de Estados Unidos identificó a Crescenzi, es hoy ejecutivo de Ctc Contractors, LLC, asentaba en Houston, de acuerdo con información de Corporation Wiki, la base de datos que registra en internet a corporativos y socios que operan en territorio estadounidense.