SEGURIDAD NACIONAL, VULNERADA

La Yaxche-Bravo es una de las plataformas que comprenden los activos integrales Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco, los campos con mayor producción de crudo ligero y superligero de la industria mexicana, con 212 mil barriles de petróleo crudo por día y un volumen promedio diario de 531 millones de pies cúbicos de gas, administrados por la Región Marina Suroeste de PEP.

A diferencia de la mayoría de las plataformas que operan en la Sonda de Campeche, las de esta zona sí son propiedad de Pemex. En 2007 se pactó con diversas compañías la compra de varios equipos, una multimillonaria inversión para aumentar la producción de los llamados campos maduros. Se trata de sofisticados dispositivos de primer nivel con tecnología de punta, construidos en patios portuarios de Tampico, Pueblo Viejo y Tuxpan, o adquiridos en el extranjero, de manera que el robo o daño representa un fuerte descalabro para las arcas públicas.

Al área de plataformas, que comienza 20 kilómetros mar adentro del Puerto Marítimo de Dos Bocas, sólo pueden acceder el personal adscrito a su operación y los elementos de las corporaciones encargadas de su vigilancia: Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex —integrada básicamente por militares—, Armada de México y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ingresan vía helicóptero o barco, en traslados estrictamente controlados por Pemex y la Capitanía de Puerto.

Desde tierra se le inspecciona mediante el sistema Supervisión, Control y Adquisición de Datos, unidades de monitoreo remotas y de vigilancia que opera la GSSF. Para prevenir robos, ataques, atentados o cualquier situación que vulnere la zona —clasificada como una región estratégica en seguridad nacional— participan también inteligencia militar y, desde 2007, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) a través de Plataforma México.

En suma, el despojo a la Yaxche, inédito en la industria, significaba que la delincuencia había llegado a las plataformas, las áreas más protegidas de Pemex, burlando el resguardo militar y los sofisticados sistemas de vigilancia de la Armada de México, la Plataforma México de la SSP y el trabajo de inteligencia del Cisen. Así se evidenció el nivel de infiltración de la delincuencia organizada en la paraestatal.

Por ello, el hecho generó una reunión urgente entre agentes de la GSSF y la Quinta Región Naval Militar, destacamentada en Centla, Tabasco. En ésta, los directivos de PEP buscaron deslindar complicidades y plantearon que personal del área había visto una lancha pesquera cerca de la zona. “Nadie pareció creer en la tesis —explica uno de los asistentes a la reunión—. No hay lancha que aguante el peso de esos equipos, y era imposible desmontarlos sin grúa”. Se acordó “reforzar” la vigilancia.

Tres semanas después, el 11 de octubre de 2008, un robo similar se registró en la plataforma Kab-A, una Sea Pony a 24 tirantes de agua, también comprada a Industria del Hierro por 126 millones. Además de llevarse los mismos equipos que en la Yaxche, sustrajeron lo sistemas de cómputo y tableros de control, lo que dañó toda la instalación. Los partes informativos sobre el hecho, emitidos por la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE), registran además “actos de vandalismo”.

El 14 de octubre el atraco fue a la Kix-2, plataforma tipo hexápodo, ubicada a 20 tirantes de agua hacia la Sonda de Campeche. De igual manera se sustrajeron equipos similares que en los casos anteriores, pero también el panel solar, el banco de baterías y las luces de ayuda para la navegación.

Al siguiente día, en calidad de urgente, los directivos del área se reunieron en las instalaciones de Pemex en la Terminal Marítima de Dos Bocas con mandos de la Zona Naval. La conclusión, relata un asistente a este encuentro, “fue que ni la Marina ni la Gerencia de Seguridad de Pemex sabían de qué manera detener estos hurtos, porque no existen procedimientos para emergencia de robo en plataformas, pues jamás habían ocurrido situaciones así”.

Minimizando un acontecimiento que implicaba un caso de quebrantamiento de la seguridad nacional, la labor del jurídico de Pemex se circunscribió a presentar las denuncias para hacer válidas las pólizas de los seguros.

Ante la falta de investigación de los robos, personal administrativo de PEP en el área creyó que quizá en las oficinas centrales que se ubican en la avenida Marina Nacional, en el Distrito Federal, no se tenía conocimiento pleno de lo que ocurría en las plataformas, de manera que enviaron relatorías de cada asunto al director general de aquella subsidiaria, Carlos Morales Gil, así como a su abogado general, José Néstor García Reza. Se les ordenó limitarse a tramitar los seguros y preparar contratos por adjudicación directa para sustituir los equipos robados.