CADEREYTA, PARAÍSO DE ORDEÑADORES
No fue casual que Francisco Guízar eligiera Guadalupe, Nuevo León, como su principal residencia y base de operación: la Refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa, en el vecino municipio de Cadereyta Jiménez, a sólo 28 kilómetros, y sus dos terminales de almacenamiento y reparto —Cadereyta y Santa Catarina—, son las instalaciones con mayor incidencia en sustracción directa de refinados; es decir, robados de las tres instalaciones de Pemex directamente por sus empleados, ello de acuerdo con reportes y expedientes integrados durante más de una década por la contraloría interna de Pemex Refinación a los que la autora tuvo acceso.
Así como Reynosa es el mayor centro de abasto del condensado comercializado en el mercado negro internacional, en Nuevo León todos los caminos del mercado ilegal de refinados (gasolina, diesel y turbosina) que abastecen gran parte del país llevan a Cadereyta.
Le llaman La tierra de los locos, porque dicen que para perpetuar la especie, el incesto era recurrente entre las familias. El imaginario popular la ubica también como La ciudad de los columpios, porque en Cadereyta había un psiquiátrico en donde uno de los médicos mantenía a sus pacientes relajados meciéndose en esos asientos colgantes. Y quién no enloquecería cuando la realidad en Cadereyta se muestra delirante, como la desaparición de 38 petroleros cuando la contraloría interna desahogaba una de tantas indagatorias en torno al robo de hidrocarburos.
En Cadereyta los expendios clandestinos operan a cielo abierto las 24 horas del día. Las bodegas donde se almacenan yacen entre caminos tapiados con fosas ilegales y calles en disputa por el trasiego del polvo blanco, la hierba y el oro negro. “Combustible ecológico” o “combustible alterno” es como se ofertan en el mercado negro estos refinados. Y los vendedores se identifican como “distribuidores genéricos” de Pemex.
Desde mediados de la década de 1990, en la TAR de Santa Catarina comenzó a detectarse una fuerte sustracción de combustible y el desplome de las ventas oficiales a las franquicias gasolineras de la región. Entonces no existían Los Zetas y el cártel del Golfo aún no se vinculaba con el robo de hidrocarburos. El mercado negro lo controlaban directivos y empleados de Pemex.
Ante el crecimiento exponencial del robo, un grupo de auditores adscritos a la contraloría interna de Pemex Refinación, al mando de Severino Piña, proyectó una forma de identificar el volumen, funcionarios y destinatarios de los hurtos. La estrategia fue registrar y cruzar los números entre los refinados —gasolina, diesel y turbosina— que llegaban de la refinería, los que se almacenaban, los que se facturaban diariamente y que salían de la terminal, y los que se entregaban al comprador.
Durante un mes los auditores registraron cada movimiento, desde que un autotanque ingresaba hasta el volumen que se entregaba a cada cliente. La fórmula era: volúmenes de compra de cada cliente versus facturación versus volumen de entrega.
Desde la segunda semana los auditores recibieron ofrecimientos económicos para “quedarse dormidos”, y como rechazaron la oferta, la siguiente semana personal directivo del área de ventas y facturación de la terminal fue secuestrado por quienes coordinaban el trasiego de combustible robado, y quienes les hicieron saber lo incómodos que los empresarios gasolineros estaban por no recibir sus embarques “especiales”, a saber, los robados. Los auditores permanecían las 24 horas y el ejecutivo de ventas fue asaltado y golpeado.
Al siguiente mes los auditores salieron de la terminal, tal como lo proyectaba la auditoría; regresaron 30 días después y retomaron la misma mecánica. La evaluación estadística registró un crecimiento exponencial de las ventas oficiales durante el periodo de la auditoría y la confirmación llegó después. Los auditores refieren que las ventas se desplomaron 70 por ciento cuando ellos dejaron de controlar el manejo de la producción en la terminal; es decir, 70 por ciento del producto que esas gasolineras comercializaban era robado.
Por cada factura “legal” se sacaban tres embarques más, uno para los funcionarios, otro para la dirigencia sindical y otro para policías y empresarios implicados. La mecánica era simple: con una sola factura, los choferes se formaban tantas veces eran los embarques ilegales que iban a sustraer.
Esta dinámica, que aún se aplica no sólo en Santa Catarina, sino en muchas de las TAR del país, requiere la complicidad de todo el personal de una planta, desde el portero checador que verifica el ingreso de cada pipa, el que le suministra el hidrocarburo en el área de llenaderas, hasta los vigilantes que avalan cada salida.
Desde aquellos años en que por primera vez los contralores se ocuparon de indagar el modo de ejecutar estos hurtos, detectaron también que la sustracción de gasolina de las terminales marítimas de Pemex pasaba desapercibida debido a los márgenes de tolerancia establecidos por la paraestatal para la medición de volumen de hasta 10 por ciento por cada buque tanque, y era ese margen el que se sustraía mediante pipas, siendo que la tolerancia real es de 0.1 por ciento.
Una parte del botín era para los policías judiciales y estatales de cada zona. En Veracruz se dio el caso de un superintendente de seguridad industrial de la terminal que llegó a la contraloría a autodenunciarse a cambio de tener protección de la PGR por las amenazas de muerte de los agentes a quienes ya no les podía cubrir la cuota: primero le pedían una pipa por embarque semanal, luego una por día.
“Como ya no pudo pagar la cuota lo tenían en la mira, agobiado por la presión y el miedo. Llegó a la contraloría de Refinación y suplicó que lo resguardáramos hasta la PGR. Así lo hicimos”, recuerda uno de esos contralores.
Fruto de esa revisión administrativa que de forma encubierta hacían en Santa Catarina, los contralores reunían la información de aquellas franquicias que presentaban variaciones de compra antes y después de la auditoría; es decir, las destinatarias de los hurtos. Esto sin duda representaba un gran avance para desentrañar las redes de contrabando, pero entonces a las presiones de los funcionarios locales de Pemex se sumó la del director general de la subsidiaria: Jaime Mario Willards Andrade.
En 1995, el polémico directivo relacionado con múltiples casos de malversación de recursos públicos, logró disolver el equipo de auditores del llamado Plan Piloto Santa Catarina, reinstalados todos en distintas áreas, y que el proyecto de auditoría, en vías de aplicarse a todas las terminales, fuera cancelado. Willards Andrade hizo valer el poder y las influencias que le daba su estrecha amistad con el entonces presidente Ernesto Zedillo.
Los años subsecuentes, en Cadereyta la sustracción ilegal de combustibles fue en ascenso. Un caso representativo, que quedó documentado en los archivos internos de Pemex, es el que ocurrió entre la noche del 12 de noviembre y la madrugada del 13 de noviembre de 2001:
Gregorio Ortiz, vigilante de la TAR Santa Catarina, levantó la pluma de la puerta principal y dio acceso a los autotanques PR2765, PR2397 y PR2251, pero en su bitácora no registró la entrada. En dicha bitácora debía anotar los datos precisos de cada vehículo que ingresaba, identificando procedencia y destino.
Los tres conductores se dirigieron al área de estacionamiento, bajaron y hablaron con el vigilante. Luego intercambiaron algunas palabras con el facturista, éste tampoco les expidió factura alguna; sin embargo, sin factura llevaron los autotanques al área de llenado, allí Juan Pedro Fortuna dio entrada y supervisó el procedimiento de carga de los autotanques con aproximadamente 43 mil litros de gasolina magna cada uno. No verificó documentación alguna, tampoco asentó en su registro que dichas pipas habían sido llenadas. La portera checadora Alicia Asenet Salazar les dio salida sin pedir documentos, facturas o remisiones que acreditaran la cantidad de hidrocarburos contenida ni las autorizaciones para retirarse. Pero las pipas no salieron por la puerta principal de la TAR, sino que al interior se desplazaron hasta la salida a una de las dos calles que comunican la terminal con la refinería Héctor Lara Sosa.
Los empleados de la TAR ignoraban que aquella noche personal de inteligencia de Pemex efectuaba un operativo para detectar la manera en que se sustraía ilegalmente los refinados.
En el exterior de la terminal, en una glorieta frente a la puerta de acceso de vehículos y peatonal número 2 de la refinería, a bordo de un vehículo estaban dos agentes que observaban el extraño movimiento.
Cuando la pipa PR2765 se iba, uno de los vigilantes la detuvo.
—Estamos haciendo una revisión. ¿Me puede mostrar los papeles?
—Mmm... no, no traigo, se quedaron allá adentro.
—Su autorización de salida.
—No, no. ¡Hable usted con el señor Óscar o con el ingeniero Salinas... Roberto Salinas!
El agente ingresó en la TAR y buscó a los aludidos. Salinas lo llevó a su oficina; cerraron la puerta. Ahí estaba Óscar Alberto Vázquez, un garrotero de la TAR que, sin preámbulo alguno, soltó:
—¿Cómo?
—¿Cuánto quieres? —repitió.
—¿De qué me estás hablando?
—Dime cuánto quieres para que arreglemos esto aquí mismo.
—No, yo sólo quiero que me muestren las autorizaciones de esa pipa.
—¡Oh! Tú dime cuánto —exclamó Óscar enfadado, mientras extendía la mano al agente.
Ante la incertidumbre del agente, Roberto Alejandro Salinas, ingeniero de Operación, sugirió:
—Dale lo que va a ser de la pipa.
—¿Ciento cincuenta mil pesos? —le consultó Óscar.
—¿Ciento cincuenta mil? —secundó Salinas dirigiéndose al agente, quien seguía sin responder.
—¿Cuánto quieres? —insistió Óscar con impaciencia.
—¿En cuánto la venden?
—En 150 mil. ¿Quieres 200 mil? ¿Trescientos mil pesos? Mira, para el asunto, aquí mismo te doy 50 mil y afuera el resto.
—¿El ingeniero de turno sabe?
—¡Claro que sabe! ¿Cómo crees que se hace esto? ¡Cuánto! ¿Cien mil? ¿Nos vas a ayudar?
—¿Cada cuándo sacan?
—¿Quieres entrarle?
—¿Quiénes participan?
—Todos, ¿entiendes? ¡Todos!
—¿Desde cuándo?
—Desde febrero estamos sacando. Dos o tres veces por semana.
—¿Cuántas pipas cargan?
—Cinco.
—¿Cuántas han sacado hoy? ¿Cuántas llevan hoy?
—¿Dónde está las otras? Sólo detuvimos una.
—Dos ya se las llevaron y aquí adentro hay otras dos.
—¿A cómo las venden?
—Ya te dije, 150 mil cada pipa de 43 mil litros. ¿Nos vas a ayudar?, te vamos a dar 350 mil pesos.
Las tres pipas que esa noche se cargaron ilegalmente con gasolina y diesel en Santa Catarina, eran de la compañía transportista Javier Cantú Barragán, propiedad del empresario tamaulipeco del mismo nombre.