LA COMPAÑÍA ENTRA EN EL NEGOCIO

 

Con la implicación de empleados de Pemex y de sus contratistas inició la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos, que a partir de 2006 comenzó a introducirse de contrabando en territorio estadounidense, a manos de redes internacionales en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) descubrió la participación de la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas, llamada La Compañía.

La Compañía era dirigida por un “triunvirato” integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, el Doble X o Dos Equis, y Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, el Verdugo, el Licenciado, o Zeta-3, quien asumió el liderazgo de Los Zetas tras la caída de su jefe fundador Arturo Guzmán Decena, Zeta-1, ocurrida en noviembre de 2002 en Matamoros.

La incursión del cártel en el negocio de los hidrocarburos le sumó considerables ingresos para sostener la costosa estructura con la que entonces controlaba el tráfico de drogas desde Colombia y Venezuela hacia México y Estados Unidos. Administraban redes de narcomenudeo, giros negros, tráfico de indocumentados y piratería en casi la mitad del país, todos los estados del Golfo, más Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, parte de Michoacán y el Distrito Federal. E incluso, más allá del territorio mexicano, en los departamentos fronterizos de Guatemala en el sur, y en el norte, en estados como Texas y ciudades importantes como Atlanta, Georgia, la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó como epicentro de las operaciones del cártel en el vecino país del norte.

La facilidad con que La Compañía contrabandeaba el condensado era posible gracias a que desde los años en que Osiel Cárdenas lideraba el cártel del Golfo, se tenía en nómina a las corporaciones policiacas estatales y federales asignadas a Tamaulipas, incluidos los equipos de la Policía Federal que participaban en los operativos conjuntos organizados desde la ciudad de México, además de su grupo de informantes, vigías (los llamados halcones) y funcionarios aduanales, operadores clave para los negocios petroleros.

Desde 2006, cuando se registraron los primeros robos y las importaciones ilegales a Estados Unidos, el gobierno mexicano tuvo conocimiento de ello. Los directivos de Pemex fueron informados de lo que ocurría en el activo de producción más importante del noreste mexicano. El área de inteligencia de la paraestatal se los notificó, pero ellos callaron y decidieron clasificar cada uno de los hurtos como información reservada por 12 años.

Desde entonces también se supo que no se trataba de robos aislados ni cometidos por la delincuencia común, sino que los cárteles de la droga estaban detrás del negocio, un hecho que ya se había puesto de manifiesto en las primeras confrontaciones entre elementos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) y miembros del cártel del Golfo.

Así, un reporte interno emitido por la GSSF el 15 de enero de 2006 en Reynosa detalla:

En la Avenida Tecnológico, 15 sujetos armados que se dijeron pertenecer al cártel del Golfo sometieron al personal de la GSSF despojándolos de sus armas de cargo, amenazándolos de que no se metieran con ellos, y que si querían plata o plomo, dejándoles mil dólares, los cuales fueron puestos a disposición del MPF [Ministerio Público Federal].

En las pocas ocasiones que llegaron a instancias judiciales los fleteros argumentaron que sus choferes actuaban de forma individual; sin embargo, esos conductores tenían el respaldo jurídico de un abogado que los ponía en la calle en menos de 24 horas. Incluso, a veces, el defensor que representaba al chofer era el mismo que defendía a los empleados de Pemex detenidos infraganti en la sustracción ilícita. Uno de esos casos fue precisamente el del cargamento que cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006 salió en una pipa de Intertransports.

Cuando Lenin, el operador del autotanque número 2135, salió de la Estación Cuitláhuac, se internó por los caminos de terracería que lo conducirían hacia la carretera a Reynosa y después a Río Bravo, donde entregaría el cargamento. Pero cuando pasaba por la brecha El Becerro, justo en la intersección con El Charco, lo alcanzaron los especiales Édgar Ibarra y Noel Orozco. Lo habían seguido desde su salida del Activo, extrañados de que se desviara por un camino no autorizado.

—¡Párate! ¿Qué traes allí? —le gritaron obstruyéndole el paso con el vehículo compacto en que ellos se transportaban.

—¿Eh? Nada, vengo vacío.

—Vamos a hacer una revisión.

—¡No! Es que traigo agua, la llevé a la Estación Cuitláhuac, desde la Estación Torrecillas, pero no me la recibieron... no toda... quedó un poco y estoy buscando dónde tirarla.

—Enséñame los papeles.

—¿Eh? Se quedaron allá en la estación.

—¡Bájate y abre la pipa!

—Traigo agua, voy a tirarla... ya se hizo tarde, déjenme ir.

—¡Bájate y ábrela!

A regañadientes, Lenin bajó y abrió la pipa. Cuando los especiales descubrieron que era condensado, lo pusieron a disposición del Ministerio Público en Reynosa, junto con Rogelio Gutiérrez, a quien Lenin identificó como el empleado de Pemex que lo atendió en el Activo. Su abogado, el mismo para ambos, originario también de Río Bravo, logró que los liberaran en menos de 24 horas, aun cuando se reconoció que Rogelio portaba un arma de fuego (AP/PGR/TAMPS/REY-I/1068/2006). Dos mil 500 pesos de multa les permitieron estar de nuevo en la calle.

Averiguación previa contra chofer de Intertransports por sustracción ilícita de condensado.

En una espiral de corrupción y complicidades, los robos se hicieron cada día más frecuentes y a cualquier hora del día. En sólo unos meses el mercado exigía tanto producto, que no era suficiente el personal de Pemex que surtía los pedidos. Entonces comenzaron a asaltar las pipas propiedad de la paraestatal y las que esta dependencia contrataba con terceros, para llevar el condensado de los tanques de almacenamiento a las terminales y centros de producción.

Desde la llamada frontera chica o ribereña, en Tamaulipas, y hasta Piedras Negras, en Coahuila, a lo largo de caminos y brechas de toda la Cuenca de Burgos los comandos armados, vestidos de negro y encapuchados, permanecían apostados, prestos al atraco, en cuanto el halcón les notificara que el cargamento iba en camino. Los informantes usaban la red de comunicación interna de Pemex, que funciona vía radio trunking, un sistema móvil para un grupo privado de usuarios, quienes pueden compartir datos de forma automática y organizada. Para conectarse a esa red interna no basta con tener los aparatos, sino que se requieren los códigos de llamada; los comandos criminales los obtuvieron.

No había nada que interfiriera el negocio, la coordinación perfecta les permitía solucionar cualquier imprevisto, como el que ocurrió el 27 de abril de 2007, en la estación de gas La Sierra Cuervito, donde empleados de Pemex abastecieron ilegalmente 46 mil 600 litros de condensado en un tractocamión, que sacaron del pozo Cuervito 404. Cuando el chofer se enfilaba hacia afuera del área fue descubierto por los especiales. Lo detuvieron junto con la carga, pero cuando lo conducían al Ministerio Público de China, Nuevo León, los interceptó una camioneta negra en la que viajaban tres hombres vestidos de negro, encapuchados y armados.

—Si no nos entregan el camión aquí mismo se mueren. Aquí traemos granadas —advirtió el jefe del comando.

En otra ocasión, el 17 de julio de ese mismo año, empleados de contratistas de Pemex fueron sorprendidos con ocho autotanques cargados con 101 mil 500 litros de condensado robado. Cuando transitaban por el libramiento Reynosa-Monterrey, fueron detenidos por militares del Décimo Regimiento de Caballería Motorizada; pagaron una fianza de 20 mil pesos y fueron liberados.

Asimismo, resulta ilustrativo el hallazgo de un autotanque que iba cargado con más de 30 mil litros de condensado sustraído ilegalmente. Un chofer lo transportaba sobre la carretera Reynosa-San Fernando la noche del 23 de julio. Tenía la instrucción de trasladarlo a la ranchería Palo Blanco, en el municipio de Nuevo Laredo. Lo delató la estela de condensado que dejaba a su paso sobre el pavimento, pues la válvula no iba bien cerrada. Los especiales que vigilaban el área avistaron el chorreadero y le ordenaron al conductor que se detuviera. El reloj marcaba las 20:55 horas. En unos segundos, como de la nada aparecieron ocho camionetas tipo pick up que rodearon el camión y el vehículo de los vigilantes.

—Somos del cártel del Golfo; todo está controlado —dijo el jefe del comando—. Cincuenta mil es lo que damos a los vigilantes —explicó.

Los especiales reportaron que rechazaron el dinero, pero que “para evitar una confrontación por superioridad numérica” se retiraron. El autotanque continuó su camino hacia Nuevo Laredo, custodiado ahora por las ocho camionetas.

Cada detención de sus cargamentos generaba la molestia del cártel. Por aquellos días, el Ejército y la Marina incautaron varias bodegas en Reynosa y Río Bravo, municipios donde guardaban el condensado para después llevarlo a Estados Unidos. En consecuencia hubo represalias.

La noche del 26 de julio, dos supervisores del Activo Reynosa fueron interceptados por un comando cuando salían de las oficinas administrativas: cien hombres armados a bordo de diversos vehículos los encapucharon, los esposaron y los levantaron durante siete horas. Al interior de uno de los vehículos los interrogaron para que revelaran quién había dado el pitazo para la detención de las pipas intervenidas. Les pedían también detalles sobre las condiciones operativas de las instalaciones de Pemex y el nombre de los directivos.

A partir de entonces, los comandos armaron operativos para recuperar los cargamentos incautados. El 1° y 11 de agosto dos choferes fueron detenidos con 43 mil litros de condensado robado. Las pipas incautadas permanecieron en el corralón de Grúas Monterrey, en el municipio de Guadalupe, pero la noche del 21 de agosto, un comando del cártel del Golfo entró a recuperarlas. Esa práctica se volvió recurrente: los pocos embarques incautados eran fácilmente rescatados. El 18 de septiembre, por ejemplo, un grupo armado entró en el mismo corralón de Grúas Monterrey para sacar otro cargamento decomisado. En ese antiguo yonke el Ejército encontraría una fosa clandestina en 2010.

A partir de que comenzaran las primeras sustracciones y envíos a Estados Unidos, el contrabando de condensado creció rápidamente. Alcanzó tal nivel, que ya en 2007, según cifras internas de Pemex, 40 por ciento de todo el hidrocarburo que producía la Cuenca de Burgos se sustraía ilegalmente y se vendía en el mercado negro, básicamente en territorio estadounidense.

 

El cártel negro
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