LA BANDA MIXTA

LA sospecha sobre la existencia de una asociación integrada por policías, ex policías, delincuentes comunes y custodios que prestaban servicios en Pinamar fue la primera hipótesis de investigación que manejó el equipo del comisario Víctor Fogelman.

El hecho que determinó que los pesquisas se inclinaran por esta alternativa fue el modo como habían operado los individuos que participaron en el seguimiento, secuestro y posterior homicidio de José Luis Cabezas.

A fines de enero, en el programa de radio de Juan Alberto Badía, se presentó Diana Solana, la vecina de Oscar Andreani, quien aportó los primeros datos concretos que desembocaron en la confección de los identikits de los merodeadores de la fiesta. A partir de los testimonios de Diana Solana, de una amiga suya y de los dos vigilantes contratados para la fiesta de cumpleaños del empresario la investigación tomó una dirección.

Este cuarteto confirmó ante los instructores y el magistrado que en la madrugada del 25 de enero observaron que grupos de sospechosos merodeaban en los alrededores de la residencia de Andreani en Pinamar, al mejor estilo de los grupos de tareas que actuaron durante la última dictadura militar. Esta presunción surgía de los movimientos que los individuos efectuaron y los entredichos que mantuvieron con vecinos y custodios.

"Volvía a casa, con mamá y una amiga. Vi muchos movimientos extraños", contó la mujer ante el atónito conductor radial. "Había dos automóviles. Uno era un Fiat Uno color blanco. El otro un utilitario, creo que una Ducato, con varios sujetos con cara de maleantes. Cuando me acerqué al Fiat, le pregunté a uno de ellos qué hacían en ese lugar. Me dijeron que eran custodios y que ya me iba a enterar de quién."

"Cada vez que alguno decidía acercarse hasta el portón, retiraba del asiento trasero del Fiat Uno blanco una campera de color oscuro y luego, cuando regresaba, volvía a depositarla en el mismo lugar". Y, cuando ella se acercaba a protestar o a averiguar qué pasaba, el que contestaba siempre era el supuesto jefe del grupo, que se encontraba mejor vestido.

Uno de los custodios de Andreani, Horacio Sonetti, contó que había mantenido un altercado con dos personas —uno de ellos simulaba estar ebrio— cuando le preguntaron si podían ingresar a la fiesta. Cuando les negó la entrada, los individuos aseguraron que ésa era la casa de Yabrán, por lo que el vocero de Andreani, Gabriel Lorenzo, les explicó que se habían equivocado de casa.

El subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rampoldi, que había asistido a la fiesta en compañía de su esposa, también declaró que esa noche percibió movimientos extraños alrededor del chalet. Cuando se retiraron, vio un automóvil importado modelo 80, con cinco personas sospechosas a bordo, que los siguieron unos metros, con las luces altas muy próximas a su vehículo.

Casualmente, la investigación comprobó que Gregorio Ríos posee un automóvil marca Honda de aquel modelo y que permanece guardado, con el parabrisas roto, en la mansión situada en Alvear 1495, de la localidad de Martínez. Ese inmueble figura a nombre de una empresa panameña que no opera en el país, aunque todos los vecinos aseguran que pertenece al empresario Alfredo Yabrán. Él lo niega.

Los primeros identikits obtenidos mostraron un asombroso parecido entre los dictados de rostro realizados a partir de los testimonios con los de varios oficiales y suboficiales de la Policía Bonaerense. A partir de lo cual, los pesquisas encabezados por el comisario Fogelman decidieron seguir los pasos de los camaradas que habían cometido irregularidades durante su permanencia en los destinos que tenían asignados la noche del 24.

Así, los primeros en caer en la mira de los detectives fueron los policías designados para llevar adelante la primera etapa de la instrucción del homicidio.

El 5 de febrero de 1997 los comisarios Carlos Rossi, Alberto Pedro Gómez y Mario Aragón fueron relevados de sus cargos por hallarlos responsables de las irregularidades detectadas hasta ese momento en la marcha de la investigación. Con ellos también fueron puestos en disponibilidad otros uniformados de la costa, como los oficiales Juan Carlos Salvá, José Luis Dorgan, Héctor Colo, Sergio Camaratta y Gustavo Zosi. Estas medidas constituyeron el primer indicio que marcaba la dirección en que se desarrollaría la investigación. Ahora estaban seguros de que se trataba de una banda mixta compuesta por efectivos que habían prestado servicios en la costa atlántica y delincuentes que operaban en la zona.

Más tarde, la detención de Margarita Di Tullio y los Pepitos reforzaría esa línea, ya que, más allá de la responsabilidad que pudo haber tenido el quinteto marplatense en este caso puntual, son reconocidas las relaciones que Pepita la Pistolera ha mantenido con efectivos de la Policía Bonaerense. Inclusive, los investigadores nunca desecharon las sospechas que ya tenían sobre las vinculaciones de Di Tullio con otro oficial de la costa, Jorge Cabezas.

Según esa presunción, este policía, que también estuvo detenido por el crimen del fotógrafo, negociaba automóviles robados a cambio de estupefacientes, y uno de sus contactos sería la misma Pepita.