EL GOBERNADOR DUHALDE

EL 26 de enero, al enterarse del asesinato de "un fotógrafo de la revista Noticias", el gobernador de la provincia de Buenos Aires concurrió al lugar. La imagen de Duhalde dando un paso atrás con sus dos manos en el rostro dio cuenta de que por primera vez, en su territorio y en un año electoral, algo seriamente lo comprometía.

"Me tiraron un muerto", fue la primera frase que disparó cuando vio el cadáver calcinado de José Luis Cabezas.

Duhalde, el candidato más firme del justicialismo para suceder a Menem en la Presidencia, sabía que el homicidio daba lugar a que la oposición se lanzara a especular sobre la falta de garantías en el principal distrito de la República.

Empeñado en que nada se interpusiera en su camino y con reflejos rápidos, comenzó a movilizar de inmediato el aparato de la Gobernación. Sabía que no podía demorarse en dar respuestas a una sociedad que se mostraba exigente, y sobre todo a los medios de comunicación que como un aluvión invadieron Pinamar.

Las críticas llovían desde todos los sectores y una evidencia muy inquietante se comentó desde el primer momento: el secuestro se había producido a pocos metros de su residencia veraniega, y la cava donde había sido asesinado y quemado José Luis Cabezas era el paso obligado de todas las mañanas del gobernador en sus excursiones de pesca.

Existían fuertes indicios de que los principales sospechosos podían formar parte de la Policía Bonaerense. La certeza acerca de la existencia de una banda mixta comenzaba a tomar cuerpo y la policía de la provincia tenía que ser la primera en dar a conocer los avances de la investigación.

Abogados pertenecientes a la Secretaría de Seguridad iban y venían por el balneario en busca de información para acercársela a Duhalde, quien tuvo que acudir a la agudeza de sus reflejos y colocar al frente de la investigación a sus hombres de confianza.

—Tiene que ser la policía de la provincia la que investigue.

—Pero, gobernador, ¿cómo la policía va a investigar a la propia policía?

—La fuerza tiene sus propios anticuerpos, está en condiciones de investigarse a sí misma y vamos a llegar al esclarecimiento total del homicidio de este pobre muchacho, caiga quien caiga.

Duhalde apostó fuerte al esclarecimiento del caso. Primero, ofreciendo recompensas que oscilaron de los 100 mil a los 300 mil dólares para el partícipe secundario que brindara datos sobre el asesinato. Luego, firmando decretos por los cuales más de trescientos policías fueron separados de la fuerza e iniciando sumarios internos para blanquear su imagen.

No obstante las medidas adoptadas, el gobernador era consciente de que todavía debía jugar el partido más difícil: la interna del justicialismo, porque desde el gobierno nacional de inmediato comenzaron a criticar su gestión en materia de seguridad.

"Es un problema de la provincia de Buenos Aires, el Estado nacional no tiene nada que ver, se trata de un homicidio y lo debe investigar, como lo está haciendo, un juez de ese territorio", declaraba ante los medios de comunicación el ministro del Interior Carlos Corach.

Sin embargo, este ministro olvidó sus dichos cuando así le convino y en oportunidad del hallazgo del arma homicida fue a la ciudad de Dolores para anunciar en conferencia de prensa que se había encontrado el revólver asesino entre la Banda de los Pepitos: "Debo anunciarles que el juez Macchi me acaba de decir que durante los procedimientos de detención de esta banda se logró secuestrar el arma con que asesinaron a José Luis Cabezas".

La prisa del ministro ponía de manifiesto la interna en el Partido Justicialista: desde el gobierno nacional no iban a permitir que, si había una primicia y finalmente el caso se esclarecía, fuera Duhalde quien se llevara los laureles.

Mientras tanto la oposición participaba de todos los actos organizados por la UTPBA y la ARGRA. El blanco predilecto era la Policía bonaerense. Para ello utilizaban como información propia los despachos provistos por los corresponsales. En este escenario, nadie se perdía la oportunidad de recordarle a Duhalde la inseguridad en que viven los habitantes de la provincia que él gobierna.

La investigación avanzaba lentamente y las pistas falsas brindadas por los testigos que sólo iban detrás de la recompensa le jugaban una mala pasada al gobernador. Las presiones sobre los investigadores se hacían notar y los llamados del secretario de Seguridad, Eduardo De Lázzari, al Bunker de Pinamar eran permanentes.

La cobertura periodística provocaba escozor en los hombres del gobernador cuando la detención de Cortez y Franul llegó para darle cierto respiro. "Según declaraciones de testigos, se trabaja sobre pistas firmes. Hay dos detenidos y se presume que en las próximas horas podrían producirse más detenciones", anunció Duhalde orgulloso.

Sin embargo, el ánimo de los investigadores contrastaba con la euforia de los hombres del gobernador. Sabían que la recompensa no era un buen incentivo y que las capturas realizadas eran apenas fuegos de artificio.

Pero todavía faltaba la peor parte.

En la provincia estaban más preocupados por la candidatura de Chiche que por los avances del caso Cabezas y algunos asesores de Duhalde estaban convencidos de que el homicidio era un mensaje para su jefe. Tal como lo muestra la frase de Luis Verdi, secretario de Cultura del gobierno bonaerense, que luego repitieron varios miembros del entorno del gobernador: "Este es un mensaje para nosotros, estoy seguro de que nos tiraron el María Soledad, nos quieren cagar porque saben que si ganamos en Buenos Aires la proyección del Cabezón se les hace imparable".

Los hechos posteriores demostraron que no estaban tan desacertados.

A pesar de la pista que investiga a Alfredo Yabrán, los pesquisas trabajaron sobre una combinación de móviles que dejó la sensación de que ciertos policías podrían haberse vengado del gobernador.

Sin lugar a dudas, la detención de los Pepitos cayó en el momento más álgido de la interna y ayudó a ganar tiempo cuando no aparecían otras pistas.

Carlos Corach, al dirigirse a la ciudad de Dolores para anunciar con estridencia que estaba detenido el autor material del homicidio y que se había secuestrado el arma asesina, estaba vulnerando el secreto de sumario impuesto por el juez Macchi. El ministro, como abogado que es, no podía ignorar lo que estaba haciendo, pero había que sumar para su costal y restarle al contrincante.

Enseguida los Pepitos quedaron en libertad y se sumó una nueva frustración para la pesquisa y para el gobierno nacional.

Otra frustración, que esta vez afectaría los intereses de Duhalde, produjo la detención de Carlos Alberto Redruello por su presunta participación en el homicidio. Desde la Gobernación habían aportado todos los elementos para que este personaje se infiltrara en la banda de Margarita Di Tullio.

Pero el gobernador tenía escondido un as bajo la manga y lo puso sobre la mesa en el momento más comprometido de la investigación, sobre todo porque su mujer estaba en plena campaña política.

Mientras los testigos no dudaban en reconocer a Redruello como uno de los merodeadores de la fiesta de Andreani, Duhalde concurrió a Dolores para participar de la Fiesta de la Guitarra. Se alojó en la estancia Dos Talas, a pocos kilómetros de la ciudad, y allí se reunió con el juez Macchi.

Este diálogo entre el gobernador y el magistrado fue mantenido en absoluta reserva, y sólo trascendió que le había entregado las pruebas sobre los nuevos presuntos autores del homicidio.

A esa altura, el protagonismo de Duhalde en la causa era absoluto. Tenía en sus manos la llave para resolver el caso y se encargó de que tomara estado público.