LAS PRIMERAS PISTAS

"LO único que puedo anunciarles es que interviene el juez José Luis Macchi, de la ciudad de Dolores, y que la causa está caratulada como homicidio calificado", anunciaba el director de la investigación, comisario mayor Víctor Fogelman, a los periodistas que aguardaban expectantes frente a la comisaría de Pinamar.

La llegada de los investigadores del comisario mayor Víctor Fogelman se produjo el 26 de enero. Las primeras medidas procesales habían sido cumplidas por el personal policial que prestaba servicios en las comisarías de Madariaga y de Pinamar. Desde su llegada, los investigadores advirtieron que existían severas irregularidades en los procedimientos. Compartían con los efectivos locales la misma dependencia y, aunque todos participaban de la instrucción, la desconfianza mutua se hacía cada vez más evidente.

"Hasta el momento hay varias hipótesis y ninguna pista firme, confiamos en que a partir del testimonio de los vecinos y los invitados a la fiesta de Andreani podamos reconstruir las últimas horas de José Luis Cabezas", anunciaba el 27 de enero Fogelman en su calidad de director de las actividades.

Nadie en Pinamar estaba ajeno al crimen. Los veraneantes aún no salían de su asombro ni comprendían cómo a escasos 50 metros de la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires habían podido secuestrar al fotógrafo de la revista Noticias.

Las primeras declaraciones recogidas prenunciaban que iba a costar mucho llegar a la verdad. Todos los invitados a la fiesta de Andreani prestaron declaración testimonial y a esa altura de las circunstancias, resultaba prácticamente imposible establecer en qué condiciones Cabezas se había retirado de la fiesta, si lo hizo solo o acompañado. Los investigadores intentaban establecer, por todos los medios a su alcance, si lo habían secuestrado ni bien abandonó la residencia de Andreani o si la agresión se produjo en otro lugar.

Mientras desfilaban los testigos que habían participado del ágape, el juez ordenaba la realización de una pericia planimétrica en el lugar donde José Luis Cabezas supuestamente había estacionado el automóvil.

El periodista Gabriel Michi, compañero de la víctima, aportó datos sobre horarios, contactos y notas que habían realizado durante la temporada en Pinamar.

Por su parte, el gobernador Eduardo Duhalde ya conocía las instancias del homicidio. Había estado en la cava pocas horas después de cometido el hecho y tenía su propia hipótesis: "Quieren que ésta sea mi María Soledad. Estos hijos de puta me lo tiraron a mí para cagarme las elecciones de este año", le confesó a uno de sus más estrechos colaboradores.

En la Gobernación nadie ocultaba su desesperación. Duhalde se comunicaba constantemente con el, por entonces, secretario de Seguridad Eduardo de Lázzari para exigirle resultados inmediatos.

Hasta ese momento nadie tenía certeza de lo que se trataba, pero el hallazgo de un par de esposas al lado del cadáver hacían presumir que podría haber participado del hecho algún policía o bien los asesinos habían pensado en todos los detalles y las habían dejado allí para despistar. El desconcierto y la perplejidad eran totales.

—¿Cómo la ves? —inquirió ansioso Fogelman a uno de los oficiales de Inteligencia que acababa de llegar a la cava.

Y la respuesta no se hizo esperar:

—Fuimos nosotros, Jefe —respondió.

Tiempo después, la intuición de aquel efectivo se convertiría en la primera certeza: había policías involucrados.

"Cuando vi el cuerpo carbonizado y esposado, con las manos hacia adelante, no tuve dudas de que había polis en el medio", sentenció el oficial Marco di Julio apenas llegó a Pinamar.

Pero los días transcurrían y nada acercaba alguna pista sobre quién o quiénes podían ser los autores materiales del crimen, mucho menos sobre el móvil, aunque los rumores que corrían por el balneario ya apuntaban a un hombre poderoso en connivencia con una banda mixta de policías y ladrones.

Esta primera hipótesis se fue reforzando con el tiempo.

"¿Qué siguen buscando ustedes, si saben perfectamente que detrás de esto está la revista Noticias para vender más?", fue la poco feliz frase del comisario Alberto Pedro Gómez, que en un intento por convertirse en interlocutor válido se reunió con los periodistas Santiago O'Donnell y Gabriel Viñals. El comentario despertó indignación entre los corresponsales y realimentó en los investigadores las sospechas que tenían sobre sus circunstanciales compañeros de tareas.

Entre el 29 y el 30 de enero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo pública su intención de recompensar a los eventuales "colaboradores":

—Estoy en condiciones de ofrecer 100 mil dólares a la persona que aporte datos o pruebas que permitan esclarecer el caso —anunció Duhalde.

Y fue aún más lejos:

—Este dinero alcanzará a todo aquel partícipe necesario o secundario del crimen que se arrepienta y se presente a la Justicia dispuesto a confesar.

La propuesta le permitiría a Duhalde impulsar la "ley del arrepentido" que ya cuenta con media sanción del Congreso Nacional. Sin embargo, ambas iniciativas levantaron fuertes críticas desde diversos sectores de la comunidad y en un principio causaron el efecto contrario al buscado.

A partir de ese momento, decenas de presuntos testigos, arrepentidos y fabuladores de toda clase se presentaron ante la instrucción o el magistrado y hasta golpearon las mismas puertas de la Casa de Gobierno bonaerense.