COMUNIDAD VALENCIANA
El arzobispado de Valencia agrupaba entonces, como en la actualidad, las diócesis de Segorbe — hoy Segorbe-Castellón de la Plana—, Orihuela —hoy Orihuela-Alicante—, Mallorca y Menorca. Ibiza en 1936 era considerada una administración apostólica; en 1949 recuperó la dignidad episcopal plena que le había sido suprimida por aplicación del Concordato de 1851.
La capital valenciana, sede del arzobispado, se encontró a los pocos días en la encrucijada de dos órganos de poder: una Junta Delegada del Gobierno central presidida por Martínez Barrio que contó con el beneplácito del Gobierno Militar, del ayuntamiento, de los comunistas y de Esquerra Republicana de Catalunya y el Comité Executiu Popular que, por su combatividad y dominio fáctico, acabó consiguiendo el 5 de agosto el reconocimiento oficial. Al igual que los organismos revolucionarios creados en Cataluña, Aragón y Asturias, el Comité de Valencia estuvo dominado desde su inicio por los sindicatos y, muy principalmente, por la CNT acompañada, ineludiblemente, por la FAI. Cabe recordar que en 1936 el sindicato confederal contaba con más de 300.000 afiliados. En el seno del Comité se crearon el Departament de Seguretat, competente para actuar sumariamente contra cualquier indicio de participación en el complot militar; la Comisaría de Orden Público, encargada del control de puertos y carreteras, de la concesión de visados y pasaportes… y la Guàrdia Popular Antifeixista —conocida como los «guapos»—, que tenía competencias de orden público al estilo de la Guàrdia Popular Antifeixista de Castellón. En el ámbito judicial pusieron en funcionamiento los Tribunales Populares y una Comissió Jurídica Revolucionaria, encargada de «fomentar» la nueva justicia revolucionaria. En el ámbito militar se constituyó en agosto la Delegació de Milícies con el objetivo de coordinar las diferentes iniciativas tomadas por las fuerzas políticas entre las que destacan la Columna Maroto de la CNT-FAI que partió el 7 de agosto para Andalucía y la Columna de Hierro, también de carácter libertario, que se dirigió hacia Aragón.
Esta última columna de milicianos, descontentos por las condiciones materiales del frente y por desacuerdos políticos con la dirección de la CNT, a finales de septiembre de 1936 decidieron abandonar la primera línea de ataque para dirigirse a la retaguardia. El paso de la Columna de Hierro especialmente por las tierras de Castellón fue motivo de saqueos y asesinatos, de una represión indiscriminada aplicada con una dureza tal que convirtió su periplo en uno de los peores episodios de terror. Los enfrentamientos de la Columna de Hierro con la Guàrdia Popular Antifeixista, controlada por los comunistas, se saldó con unos graves incidentes en la capital a primeros de octubre y se prolongó hasta primeros de diciembre, una vez ya instalado el Gobierno central republicano en la capital valenciana.
Por lo concerniente a las islas, Mallorca quedó en manos de los sublevados. Sólo dos iglesias, la de Portocristo y la de Son Carrió, sufrieron desperfectos durante el desembarco del capitán Bayo en la isla. Menorca permaneció fiel a la República durante toda la guerra. Ibiza y Formentera, que inicialmente también habían quedado bajo el control de los partidarios del alzamiento, fueron recuperadas a primeros de agosto por la República y permanecieron bajo control del Gobierno durante un mes y medio, hasta el 20 de septiembre.
Archidiócesis de Valencia[194]
Según datos de 1931 la archidiócesis de Valencia comprendía 423 parroquias y contaba en su territorio con 185 santuarios o ermitas. El censo de sacerdotes diocesanos ascendía a 1.292 y el eclesiástico se complementaba con más de 700 seminaristas, 400 religiosos y más de 3.000 religiosas.
Aproximadamente un tercio de los sacerdotes, unos 350, cayeron asesinados y muchas órdenes religiosas, especialmente la de la Compañía de Jesús, sufrieron multitud de bajas. Existen datos fiables de que un 15% de las más de tres mil víctimas de la represión en la etapa republicana entre la población civil también tuvieron un móvil religioso. Así se desprende de la filiación a la Acción Católica de casi 500 víctimas.
Vicente Cárcel Ortí, en la obra citada, además de detallar el trabajo realizado por las comisiones de información de los tres procesos de beatificación iniciados en la diócesis y de presentar una reseña biográfica de cada uno de los seglares —hombres y mujeres— y de los clérigos objeto de estudio, presenta en apéndice una relación exhaustiva de los 362 sacerdotes diocesanos asesinados, incluyendo en esta cifra los que según los límites diocesanos de entonces pertenecieron a la diócesis, más siete de ellos que ejercían su ministerio en otra demarcación. También se relacionan en el libro los 120 religiosos de once órdenes distintas y las 55 religiosas correspondientes a diez órdenes femeninas que han sido objeto de postulación.
A partir del 19 de julio de 1936, el gobierno de la diócesis, en ausencia del arzobispo y del obispo auxiliar que se encontraban de viaje, quedó a manos del vicario general Miguel Payá.
Igual que en Barcelona, el asesinato de sacerdotes se produjo en la diócesis de Valencia, en términos generales, de forma dispersa e individualizada, en contraste con ejecuciones masivas de civiles cometidas mayoritariamente en la playa del Saler y en las afueras de Paterna.
Como episodio individual he escogido el de Juan Ventura, nacido en Villahermosa del Río en 1875. Después de un período de ejercicio misionero en México y de ejercer de director espiritual del seminario de Barcelona, en 1925 tomó posesión de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles del Cabanyal. Cuando estalló la sublevación hacía seis meses que se había retirado, por motivos de salud, a su casa paterna. El 18 de julio, sin embargo, se encontraba casualmente en la capital, donde un antiguo feligrés le salvó de una muerte segura. De vuelta a Villahermosa, se escondió hasta que, a finales de agosto, creyó conveniente entregarse al comité local. Desde esta fecha hasta el 17 de septiembre estuvo trabajando en el campo como huésped de una familia local. La noche del 17 una patrulla forastera lo detuvo y en un lugar alejado de la carretera de Teruel a Castellón fue asesinado con una descarga de fusil. Dos detalles coronaron el suceso. De una parte, la demostración de entereza dada por el sacerdote que, en un acto supremo de fe cristiana —como en tantos centenares de casos—, perdonó a sus verdugos dando motivo a que dudaran de su cometido. En segundo lugar, los apéndices al asesinato que, en este caso, consistieron en saquear la casa de su madre quemando todos los enseres, libros y papeles.
La ejecución más numerosa de sacerdotes tuvo lugar el 16 de agosto y afectó a seis clérigos residentes o refugiados en Benifaió d'Espioca que fueron ejecutados en la zona de La Coma, en el término de Picassent. Del grupo destaca por su notoriedad tanto en el ámbito cultural como pastoral José M. Roig, párroco de Benifaió que contaba, a su muerte, con sesenta años de edad.
Cita Antonio Montero, en su obra de referencia sobre la persecución religiosa, el caso excepcional del asesinato del capuchino Santiago Mestre, vicerrector del seminario de Massamagrell, acompañado de sus ocho hermanos. El citado religioso, al estallar la guerra y la revolución, se había dirigido a Rafelbunyol, su pueblo natal, con la intención de refugiar a los jóvenes seminaristas en algunas casas amigas confiando en la buena vecindad habitual en una población pequeña. La actuación en la zona de milicianos de la capital que querían acelerar el curso de la revolución dio lugar a numerosas detenciones, entre ellas la de los hermanos Mestre, que fueron retenidos en un edificio conocido como El Sindicato. Conocedor de esta circunstancia, el hermano religioso, que por prudencia se había escondido en una zona alejada, decidió ofrecerse como canje para que libertaran a los demás. Sólo consiguió que también lo encarcelaran a él. Juntos, pues, fueron ejecutados la madrugada del 29 de septiembre en el recinto del cementerio de Massamagrell.
La voluntad depuradora de las patrullas no se limitó en Rafelbunyol a la muerte de estos hermanos, sino que afectó además a dos religiosas, Vicenta González, agustina descalza, y Francisca Javier, terciaria capuchina.
Una familia de Algemesí, formada por José Medes y su esposa, también fue víctima de una tragedia íntimamente relacionada con la persecución religiosa. En el transcurso de los primeros meses de la sublevación,el matrimonio dio refugio en su casa a dos hermanos de José, religiosos carmelitas, y a una hermana que profesaba en la orden cisterciense. El 10 de noviembre de 1936, el comité local ordenó la detención de los religiosos y la monja. Al cabo de unas escasas veinticuatro horas también procedió a detener a José, el cabeza de familia. Aquella misma noche los cuatro fueron ejecutados cerca del cementerio de Alcudia de Carlet.
También en la diócesis valenciana los Hermanos de San Juan de Dios fueron diana preferida de las milicias revolucionarias. La congregación regentaba un asilo-hospital en la Malvarrosa, muy cercano a la playa. Catorce religiosos atendían en 1936 a ciento diez niños y ofrecían asistencia médica a los vecinos del Cabañal. El 23 de julio patrullas de milicianos pertenecientes al comité comunista Radio Puerto incautaron el edificio dejando, sin embargo, que la comunidad continuara ejerciendo su trabajo. Esta situación se alargó hasta el 11 de agosto, fecha en que milicianos de Izquierda Republicana insistieron en la necesidad de proceder a un registro minucioso del recinto por las sospechas de que hubiera propaganda derechista o armas. A pesar de que los resultados fueron exiguos —unos periódicos tradicionalistas y, posiblemente, una radio Morse— se procedió a ejecutar al padre superior de la comunidad, al hermano que poseía el artilugio y a dos jesuitas que se alojaban en el asilo.
A partir de entonces, paulatinamente, se procedió a un programa de destrucción física de los elementos religiosos del edificio y a imposibilitar la vida comunitaria de los hermanos. No obstante, los comunistas preferían contener cualquier ofensiva represiva complementaria, entre otras razones para poder alardear de su objetividad. No así las milicias de la FAI que, en la noche del 4 de octubre, constituyeron un tribunal de urgencia en un cuarto de la portería. Después de un brevísimo interrogatorio limitado a preguntar por la condición de religioso y por las responsabilidades ejercidas en el hospital, los doce fueron condenados a muerte. Los comunistas no dejaron que se fusilara a uno de ellos para poder atender a los pacientes y «negociaron» la sustitución de otros dos por sendos trabajadores del asilo que, a pesar de su condición de seglares, destacaban por su fervor religioso. La ejecución de los once tuvo lugar en la playa.
Diócesis de Castellón de la Plana
La actual diócesis de Segorbe-Castellón de la Plana fue creada en 1960 a partir de una modificación de los límites de la antigua de Segorbe con las contiguas de Tortosa y Valencia.
En 1931 contaba con 69 parroquias administradas por 154 sacerdotes. El seminario contaba con unos ochenta alumnos, las órdenes masculinas con unos treinta religiosos y las femeninas con un centenar de monjas.
La furia iconoclasta produjo en esta pequeña diócesis una mortandad superior al 50% del clero diocesano. Las «sacas» de la cárcel de Castellón, protagonizadas por los anarquistas de la Columna de Hierro, fueron un episodio capital en la represión de la zona. Entre las víctimas de cada uno de los asaltos a la cárcel de los días 13 de septiembre y 2 de octubre hubo, como mínimo, unos veinte eclesiásticos. En la primera fueron asesinados nueve sacerdotes diocesanos, seis escolapios, cuatro dominicos y un carmelita. De la «saca» del 2 de octubre sobrevivió uno de los seleccionados, Francisco Torres Arnau. Su testimonio, recogido por Montero en su libro repetidamente citado, ha permitido reproducir la secuencia de los hechos que se asemeja a tantos centenares más. Los presos fueron nombrados según una lista previamente elaborada, atados de dos en dos, subidos a un camión, conducidos a un punto alejado de la población y ajecutados la mayoría de ellos cerca del cementerio de Castellón. En las tres «sacas» efectuadas el 2 de octubre las crónicas hablan de que había, en su conjunto, más de cuarenta religiosos.
En la población de Xèrica, el 23 de agosto, fueron fusilados once sacerdotes que habían estado arrestados preventivamente y obligados a presentarse diariamente al comité local. Un camión de milicianos procedente de Catarroja desató el episodio trágico. Es difícil imaginar que el comité local no cooperara como mínimo en la logística de la operación, puesto que eran sus componentes los que conocían el paradero de cada uno de los clérigos. En este caso, las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas cerca del cementerio de Soneja. La práctica de aplicar suplicios y mutilaciones en las víctimas fue muy extendida en la zona interior de la diócesis.
La muerte de Miguel Serra i Sucarrats, que veinte días antes había tomado posesión del obispado de la diócesis (antes había sido obispo de Canarias), merece una mención especial. Había realizado sus estudios en el seminario de Gerona, era doctor en teología y licenciado en derecho civil. El martes, 21 de julio, las milicias tomaron la decisión de expulsar al obispo del palacio episcopal. Amparado en casa de los canónigos Luis y Pedro Morro, no fue hasta el día 27, una semana después, cuando, al paso de las primeras columnas de milicianos, fue detenido y trasladado a la denominada Prisión Preventiva situada en la calle de Colón. La estancia en la cárcel la compartió con otros siete clérigos en un ambiente, por la bondad del carcelero, discretamente aceptable. No obstante, la obsesión de los milicianos por dar con el paradero de un supuesto escondrijo de joyas y caudales provenientes del palacio episcopal fue enrareciendo el ambiente. Con la llegada de tres individuos procedentes de una checa de Castellón denominada La Desesperada, la actitud de tolerancia dio paso a los interrogatorios y a las torturas del obispo y del vicario general. Ante la ineficacia de los careos, los dos fueron asesinados en la madrugada del 9 de agosto a unos cuatro kilómetros del cementerio de la Vall d'Uixó. La tradición indica que el obispo, antes de ser ejecutado, perdonó a sus verdugos apelando a la libertad espiritual ante la imposibilidad de evitar su muerte.
Diócesis de Orihuela-Alicante[195]
La denominación actual fue decidida por una bula de Juan XXIII en 1959. Antes de la guerra civil, la diócesis tomaba el nombre exclusivamente de la capital de la Vega Baja del Segura. En 1931, contaba con 78 parroquias y una cifra doblada de santuarios o ermitas. Atendían a los feligreses 325 sacerdotes diocesanos. Estudiaban en el seminario 116 jóvenes. El censo eclesiástico se completaba con unos 200 religiosos y unas 500 monjas.
En este obispado fueron asesinados 54 sacerdotes, un 16% del total, y numerosos religiosos. Ante todo, cabe destacar la figura del franciscano Antoni Torró, humanista y pedagogo de reconocimiento internacional. El estallido bélico lo sorprendió en Ontinyent. Expulsada la comunidad del recinto docente se dirigió a casa de su hermano y su madre, ubicada en la misma ciudad, hasta que, por prevención, se trasladó a Alcoi. En esta localidad, una vez descubierto por los milicianos, encontró la muerte a manos de la Guardia Popular el 7 de marzo de 1937.
Como episodio colectivo destaca la ejecución de cuatro sacerdotes diocesanos y un lego franciscano del municipio de Pego. Encarcelados desde primeros de septiembre, el 18 fueron fusilados en un pasaje de Gandia. Se da la circunstancia de que uno de ellos, Fernando García Sendra, habiendo quedado malherido, fue rematado sin ninguna compasión después de ser delatado por los inquilinos de la casa donde acudió para pedir ayuda.
En la cárcel Modelo de Alicante estaba recluido, desde el mes de marzo de 1936, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador y fundador de Falange Española. El 19 de julio un grupo de falangistas intentó rescatarlo, pero fueron apresados y el 12 de septiembre, después de un juicio sumarísimo, ejecutados. Dos meses después, el 20 de noviembre, también soportará la pena capital el líder de ultraderecha. Estos acontecimientos, ajenos a la persecución religiosa, fueron profusamente manipulados por el franquismo para blindar el binomio Iglesia-Estado como núcleo del nacionalcatolicismo. Creo oportuno recordar que los principios de la Falange nunca tuvieron el evangelio como guía ni la Iglesia como norte. En sus puntos programáticos —ya mencionados— sólo uno afirma la voluntad de incorporar «el sentido católico a la reconstrucción nacional», advirtiendo de que no se tolerará ninguna intromisión de la Iglesia «que menoscabe la dignidad del Estado».
Al cabo de poco más de una semana, el 29 de noviembre, un bombardeo sobre la ciudad comportará como represalia la ejecución, posiblemente ordenada por el Comité Popular Provincial de Defensa, de cincuenta y dos presos.
En general, la represión en la retaguardia republicana de las tierras alicantinas se demoró en relación con la súbita espontaneidad con que se desató en la mayoría de ciudades y poblaciones. Leyendo las crónicas de las víctimas se tiene la sensación de que las depuraciones fueron más elaboradas, como en el caso del administrador apostólico de la diócesis, Juan de Dios Ponce y Pozo.
Un año antes de la guerra, el obispo titular, alegando razones de salud, había obtenido de la Santa Sede una dispensa de residencia por dos años. En su sustitución fue nombrado el citado doctor Ponce, hasta entonces canónigo de Guadix. Persona de un alto nivel académico, pensó que en Orihuela —que, por contraste con Alicante, era considerada la Navarra de Levante— no correría peligro. Como medida preventiva abandonó el palacio episcopal, posteriormente destruido y saqueado, y se refugió en domicilios de feligreses. Unos tres meses después, temiendo por la seguridad de sus protectores, optó por intentar trasladarse a Barcelona, pero fue reconocido por un guardia de asalto, devuelto a la ciudad y encerrado en la cárcel preventiva. Semejante situación se alargó hasta el 30 de noviembre, fecha en que excusando tener que ser interrogado fue conducido en camión, juntamente con otros nueve sacerdotes, hasta el cementerio de Elche, junto a cuyas tapias fueron fusilados.
Diócesis de Menorca y Administración Apostólica de Ibiza[196]
Dieciocho parroquias componían, en 1931, la diócesis de Menorca. Ocho santuarios o ermitas polarizaban la devoción popular. Un centenar de sacerdotes, unos sesenta seminaristas, veinte religiosos y más de un centenar de monjas, formaban el censo eclesiástico de la isla.
Cerca de la mitad de los diocesanos fueron asesinados.
La diócesis de Ibiza contaba sólo con 22 parroquias y nueve santuarios. Un número proporcionalmente muy elevado de sacerdotes, un centenar, ejercían en ella su ministerio. En el seminario cursaban estudios eclesiásticos sesenta jóvenes. Ibiza no contaba con órdenes masculinas, mientras que las femeninas sumaban 34 monjas. Entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre —período republicano de la isla— murieron asesinados 21 sacerdotes, casi un 40% de los que permanecían en ella.
El brigadista Pedro Marqués Barber, que se erigió como máxima autoridad de la isla después de conseguir controlar los planes sediciosos del ejército, protagonizó uno de los primeros episodios de violencia anticlerical. Según testigos oculares se enfrentó con un joven sacerdote, Joan Huguet, detenido en Ferreries el jueves 23 de julio. La narración de los hechos explica que todo empezó al exigirle que se quitara la sotana y que escupiera sobre un rosario. La negativa, contundente, estuvo acompañada de vítores a Cristo Rey. Tal circunstancia irritó de tal forma al suboficial que reaccionó disparándole.
Los peores episodios de represión acontecieron en noviembre. El día 18, aviones nacionales bombardearon Mahón causando seis víctimas en la base naval. En represalia, grupos de civiles y de milicianos se acercaron al barco prisión Atlante, fondeado en la cala Figuera, dentro del puerto, y procedieron a ejecutar a cincuenta detenidos, veintidós de ellos sacerdotes. Al día siguiente, lista en mano, completaron la depuración ejecutando a otros quince sacerdotes. Cabe subrayar que uno de ellos, el canónigo José Planells, a pesar de no ser nombrado, se presentó espontáneamente para unirse al grupo.
El obispo de Menorca, Juan Torres Ribas, que contaba con noventa y dos años de edad y treinta y cuatro al frente de la diócesis, fue respetado durante toda la guerra por el comité militar local.
Si en Menorca el número de víctimas de la represión republicana ascendió a 114, en Ibiza, a pesar de contar con una población algo menor, hubo 126. La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el castillo de Ibiza el 13 de septiembre. La gran mayoría de sacerdotes habían sido detenidos y trasladados a dicha fortificación. La represión en la isla estuvo a cargo de milicianos de la FAI pertenecientes a la columna del capitán Bayo que había ocupado la isla a primeros de agosto de 1936.
El 13 de septiembre las tropas nacionales perpetraron un bombardeo sobre la isla. En represalia, una vez más, las milicias y familiares de los afectados exigieron la muerte de los detenidos. Como resultado se procedió a fusilar a la mayoría de los doscientos presos que había, y entre ellos a veintiún sacerdotes.
El obispo de Ibiza, Antonio Cardona, quien habló enérgicamente contra las ejecuciones de rojos de su diócesis, salvó la vida a causa de su amistad con un amigo republicano.