CANTABRIA

Diócesis de Santander

La diócesis de Santander, que actualmente forma parte de la provincia eclesiástica de Oviedo, en 1936 era sufragánea de la metropolitana de Burgos y formada por 423 parroquias y 65 capillas o santuarios. En 1931 contaba con 500 sacerdotes, más de 500 religiosos, casi 1.000 monjas y más de 200 seminaristas. En resumen, diez de cada mil personas eran eclesiásticos.

En la retaguardia cántabra fueron asesinados 77 sacerdotes diocesanos, un 15% del censo, y un centenar de religiosos, un 20% del total. El porcentaje de clérigos asesinados sobre el total de víctimas de la represión republicana ascendió, al igual que en Asturias, al 15%.

En las diócesis limítrofes de León, Palencia y Burgos sólo se produjeron actos de violencia anticlerical en las parroquias del norte. El número de sacerdotes diocesanos asesinados en esta zona osciló entre doce y trece en cada una, un porcentaje ligeramente superior al 1%.

La mayor parte de sacerdotes y religiosos cántabros sufrió, en las primeras semanas de revolución, registros y detenciones pero, en este período, gracias probablemente a la rápida constitución, el 29 de julio de 1936, del Comité Ejecutivo Jurídico del Frente Popular, un órgano específicamente dedicado al control del orden público, se registraron pocos episodios de persecución cruenta.

Salvo excepciones, las primeras víctimas no se produjeron hasta primeros de octubre, después de la constitución de la Comisión de Policía del Frente Popular dirigida por el anarquista Manuel Neila Martín, que dio cobertura a la actuación de grupos y personas sin escrúpulos de la CNT-FAI —el más famoso, Ángel «el Neno»—, que sembraron el terror en muchas poblaciones.

Sorprende comprobar cómo en una región donde hubo muchos más asesinatos entre las órdenes religiosas que entre los sacerdotes diocesanos fueron casi exclusivamente éstos los primeros en ser víctimas de la persecución. La única explicación plausible es que prevaleció la voluntad de eliminar el símbolo social encarnado por el cura antes que destruir las comunidades conventuales a las que sólo se obligó, en una primera instancia, a cumplir la ley de Congregaciones Religiosas. También pudo influir el rumor de que en un altercado habido el primer día, el 20 de julio, en Saro, entre milicianos y falangistas, el cura había instigado a la resistencia de los últimos.

Sea como fuere, la actividad parroquial se convirtió definitivamente en sinónimo de acción subversiva y denunciable. Así, el párroco de Frama, Ricardo Barredo, que se atrevió a celebrar misa a puerta cerrada con feligreses de Santander; fue detenido el 31 de agosto por unos milicianos que lo asesinaron quemándolo vivo en el término del Desfiladero de la Hermida, entre Presués y Prellezo.

Santa María de Cayón fue uno de los municipios donde se registraron las primeras víctimas eclesiásticas después de constituirse la Policía del Frente Popular. En esta localidad industrial, sede de la SAM y de la Nestlé, el 7 de octubre fueron asesinados al menos dos sacerdotes, Segundo Toyos Galarza y Benedicto Sandoval Prieto.

En Cantabria, en general, las poblaciones industriales sufrieron un acoso mayor que las rurales. Torrelavega constituyó una excepción. En esta población, en una clara demostración de la capacidad de impedir la represión que tuvieron las autoridades locales cuando se lo proponían, no se registró ninguna víctima eclesiástica. No obstante, incluso en este caso la voluntad iconoclasta se hizo patente dando trámite y aprobación desde el ayuntamiento a la petición de derribar la iglesia parroquial. Es importante ver las razones aducidas para ello:

En la sesión última [se apuntaba en el periódico El Cantábrico del día de Navidad de 1936] hubo una proposición de Luis Palacios, que fue aprobada y que se refiere la misma a que se derribe la torre de la iglesia nueva, basándose el proponente en dos motivos: uno, que siempre fue preocupación de los defensores de la religión católica elevar sus templos a una altura que sobresaliera sobre las casas y fábricas para imponer su poderío, y como hoy no puede tolerarse esa imposición de quienes se han puesto al lado del fascismo para aplastar las libertades del pueblo trabajador y demócrata, cree el proponente que es una medida necesaria el derribo de esa torre […].

Dos días después de esta resolución municipal, el día 27 de diciembre, el bombardeo de las tropas nacionales provocó un centenar de víctimas en el Barrio Obrero del Rey de Santander, algunas de ellas por impacto de las ráfagas de ametralladora de los cazas al disparar contra los que intentaban huir.

Este trágico acontecimiento indignó a la población santanderina y provocó que una multitud exigiera represalias contra los presos custodiados en el barco Alfonso Pérez, habilitado como cárcel. Grupos de milicianos tiraron granadas dentro de las escotillas provocando los primeros muertos. Sin embargo, el mayor número de víctimas se produjo a la llegada del delegado del Gobierno acompañado del consejero de Justicia y del jefe de Policía, el citado Manuel Neila. Con ánimo de camuflar un ajuste de cuentas, constituyeron un Tribunal Popular que en cinco horas dictó 156 penas capitales que se ejecutaban al momento. Tener cara o manos de cura fue motivo suficiente y prueba definitiva para ser condenado al instante. Varios sacerdotes murieron por esta razón. Ezequiel López, organista de la catedral de Toledo, que en un principio había salvado la vida alegando, sin mentir, que era músico, fue finalmente ajusticiado al confesar voluntariamente ser sacerdote y organista.

A partir de aquel día se desencadenó una persecución sistemática de todos los religiosos que, de una forma u otra, mantenían una vida en comunidad.

Los maristas de Cabezón de la Sal y de Carrejo, siete en total, que se alojaban en una casa amiga de esta última localidad, fueron detenidos a las pocas horas del bombardeo y asesinados al cabo de 72 horas. Cuatro de los cuerpos aparecieron carbonizados en la carretera de Novales.

Los jesuitas de Comillas, nueve en total, ya habían sido desalojados con otros tantos seminaristas de la Pontificia en el mes de agosto, después de que en el seminario se hubiera refugiado un grupo de falangistas. Trasladados a la sede del Comité Ejecutivo Jurídico del Frente Popular la mayoría de ellos desapareció a los pocos días. La tradición oral recoge que fueron arrojados desde el acantilado al mar. Otros, como el padre Olegario Corral, profesor de Filosofía, fue asesinado a golpes al ser descubierto en un refugio antiaéreo el día del bombardeo sobre la ciudad.

También tres dominicos encontraron la muerte después de pasar por la comisaría de Neila en la noche del 27 de diciembre.

La razia anticlerical posterior al bombardeo también afectó a los escolapios de Villacarriedo, que sufrieron bajas violentas en aquellos días. De las cinco víctimas de esta comunidad, cuando menos uno, el padre Alfredo Parte, fue asesinado el 27 de diciembre.

Un caso singular que demuestra el grado de obcecación en reprimir cualquier manifestación religiosa lo constituye la detención y posterior asesinato en la playa de Bernia, en la noche del 29 de diciembre, de dos capuchinos procedentes de Montehano —el doctor en filosofía Miguel de Gramal y fray Diego de Guadilla— por haber descubierto que decían misa y rezaban el rosario en una habitación de la casa donde se habían refugiado después de ser expulsados, el 7 de agosto de 1936, de su recinto conventual.

Ya en 1937, la comunidad franciscana de San Pantaleón de Aras, reducida por entonces a tres religiosos, recibió la visita, el día 11, de las milicias de la FM que procedieron a eliminarlos en la madrugada siguiente.

A pesar de que la mayoría de víctimas se produjo después del bombardeo del 27 de diciembre, excepcionalmente la orden religiosa con más víctimas, la cisterciense de Cóbreles, vivió su martirio con antelación. En julio de 1936, la comunidad, entre padres, hermanos y estudiantes, contaba con 60 personas. El día S de septiembre todos fueron detenidos y trasladados a Santander donde, después de un breve presidio, pudieron refugiarse en casas amigas hasta que el comisario Neila ordenó de nuevo su detención. La desaparición de once de ellos, posterior al interrogatorio al que fueron sometidos, se asimiló con razón a su asesinato; probablemente los tiraron desde el faro contra las rocas del acantilado, un procedimiento usado con demasiada frecuencia por los milicianos anarquistas de la zona.

También los claretianos del Colegio Barquín de Castro Urdiales fueron víctimas de la represión antirreligiosa en el período previo al bombardeo. En total fueron siete los religiosos de esta orden que encontraron la muerte violenta entre el 2 de octubre y el 3 de noviembre de 1936.

Asimismo, el 22 de diciembre de 1936 fueron detenidos, bajo la acusación de esconder a un capitán de los nacionales, los diez miembros de la comunidad de los dominicos de Las Caldas de Besaya. Se les arrojó aquella misma noche al mar, con adoquines atados en las manos, cerca de la isla de Mouro. Sus cuerpos aparecieron posteriormente en la playa de Somo. Otros cuatro dominicos residentes en el santuario de Montesclaros también fueron asesinados en el Monte Saja durante el mes de octubre de 1936.

Ante todos estos acontecimientos cabe concluir que si bien es cierto en términos generales que en Cantabria existió una cierta paz religiosa hasta las represalias del bombardeo de diciembre, esta afirmación se contradice con gravísimos, aunque puntuales, acontecimientos que demuestran, una vez más, cómo, especialmente por parte de las células anarquistas, decapitar a la Iglesia constituyó una exigencia de «salud pública» que ejecutaron sin escrúpulos ni consideraciones de ningún tipo, escudándose en la perversidad intrínseca del sacerdocio y en el derecho a vengarse por la opresión secular a la que habían sometido al pueblo.