EL COSTO HUMANO DE LA GUERRA

Intentar concretar el costo humano de la guerra es, aun en la actualidad, un tema difícil y resbaladizo. Sin embargo, a pesar de no ser el objetivo principal del libro, creo importante para el lector aportar un conjunto de datos que le permitan una valoración cuantitativa de las víctimas que ocasionó con el fin de complementar la reflexión sobre la tragedia vivida en la retaguardia contenida en este ensayo histórico. Es oportuno advertir, en todo caso, de que las cifras son, siempre, el resultado de los aspectos más tangibles y clasificables. Sirven para contextualizar y ponderar un fenómeno histórico. No obstante, en el caso de una guerra fratricida que, como mínimo en los primeros nueve meses, fue simultánea a un proceso revolucionario, nunca podrá calcularse el grado de sufrimiento, ni el número de heridos, ni la cifra exacta de detenidos y de represaliados que provocó.

Hecha esta advertencia, cabe desestimar, ante todo, todas las cifras relacionadas con la Causa General emprendida por el franquismo con la pretensión de constituir un sumario de referencia que recogiera el testimonio de la represión ejercida en la retaguardia republicana. Los cuatrocientos mil muertos pregonados en aquella iniciativa deben ser considerados el resultado de una maliciosa maniobra propagandística destinada simplemente a contaminar la memoria de la guerra. El primer estudio con trazos de seriedad que se publicó sobre el tema fue el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el general Salas Larrazábal en la obra Pérdidas de la guerra, publicada en 1977. Sin embargo, numerosos estudios posteriores han relegado las cifras expuestas en aquella obra que ya rebajaba en setenta mil las víctimas de la represión republicana. En la actualidad, una de las obras de referencia a la hora de cuantificar las consecuencias de la guerra es la colectiva, coordinada por Santos Juliá, aparecida en 1999 y reeditada en el año 2006 con el título Víctimas de la guerra civil. En el apéndice dedicado a «Las cifras. Estado de la cuestión» puede leerse:

La línea de investigación histórica parece claramente definida: los datos de la historiografía franquista o tardofranquista son casi siempre corregidos al alza en cuanto a la represión efectuada por los golpistas en 1936, y corregida a la baja en cuanto a la represión republicana. Esta última, cifrada por los historiadores del régimen en unas 70.000 víctimas, no debió superar las 50.000, según las revisiones recientes. Y la represión franquista, cifrada antes de la democracia en unos 57.000 fusilados, se ha revelado en las últimas décadas mucho más cuantiosa. Las investigaciones […] con datos totales para 25 provincias y parciales para otras 11, proporcionan un cómputo fiable de 94.669 fusilados por los militares sublevados y las autoridades franquistas durante la guerra y la postguerra. […] El número de asesinados y pasados por las armas aumentará, sin duda, con nuevos estudios […].

Actualmente se estima que la cifra definitiva oscilará alrededor de los ciento veinte mil.

La ponderación a la baja de las víctimas de la represión en la retaguardia republicana no resta gravedad a los hechos, simplemente los objetiva. Es obvio que no se trata tampoco de establecer un simulacro de competición macabra entre las víctimas de un bando y de otro. Siempre podrían surgir las recurrentes elucubraciones en torno a lo que hubiera podido suceder en el caso de una derrota franquista o las inoperantes proyecciones sobre los porcentajes de víctimas en relación con el total de población o de territorio dominado por un régimen o por otro. Se trata de cuantificar sin establecer mecanismos de ofensiva ni de contraofensiva que no serían más que el reflejo de no haber superado la confrontación bélica. No obstante, dejando a un lado la cuestión numérica, es preciso subrayar que existieron unas diferencias notables entre las represiones ejercidas contra la población civil en uno u otro bando: 1) En la zona republicana la represión fue obra de grupos extremistas con la participación, en algunos casos, de delincuentes comunes, mientras que en la zona insurrecta fue impulsada, dirigida o tolerada por las autoridades militares. 2) El gobierno republicano —y el de la Generalitat, en Cataluña—, después de un primer período de confusión y de pasividad alarmante, atenuó en lo posible el impacto de la violencia represiva recuperando una relativa normalidad procesal. En Cataluña, por ejemplo, a mediados de 1937 el Tribunal de Casación inició una investigación sobre los asesinatos cometidos por las milicias que culminó con la detención de ciento setenta y cinco personas. 3) Las autoridades republicanas gestionaron la expatriación de miles de personas que corrían peligro, mientras que en la zona ocupada por el ejército golpista no se tienen noticias de iniciativas semejantes. 4) La gran mayoría de los dirigentes políticos de centro y de derecha pudieron salvarse. Contrariamente, en la «zona nacional» fueron asesinados o ejecutados cuarenta diputados de los partidos del Frente Popular. En el ámbito municipal las diferencias son máximas: mientras que en Barcelona sólo fue asesinado un concejal de la Lliga, en Granada, por ejemplo, los sediciosos ordenaron la ejecución del alcalde y de los doce representantes de Izquierda Republicana y del PSOE.

Con el fin de llegar a tener una visión global del costo humano de la guerra, las cifras de víctimas de la represión deben situarse en el contexto del resto de las muertes que produjo: 1) Se calcula que fueron unos diez mil los civiles muertos a causa de bombardeos. 2) Se estima en noventa y cinco mil los soldados que murieron en el frente. 3) La mortandad indirecta causada por el hambre y las enfermedades se cifra en cincuenta mil durante el período bélico. La suma de estos tres conceptos da un saldo de ciento cincuenta y cinco mil muertos imputables directamente al desarrollo de la guerra, una cifra equiparable o algo inferior a las muertes violentas producidas por la represión que, según los datos especificados en los párrafos anteriores, superó los ciento sesenta mil.

Otros datos relevantes: 1) Se calcula que los exiliados ascendieron inicialmente a quinientos mil, de los cuales un 10% fue repatriado, otro 10% murió a causa de la segunda guerra mundial en los frentes de batalla o en los campos de concentración y un 50% retornó con el paso de los años. 2) A causa del hambre, las enfermedades y los encarcelamientos se calcula que murieron en la posguerra una cifra superior a las ciento cincuenta mil personas. 3) Las cárceles franquistas llegaron a alojar más de doscientos cincuenta mil reclusos en la inmediata postguerra. 4) La depuración franquista afectó a unos doscientos mil funcionarios y a una cifra similar de civiles o propietarios.^[141]

La recopilación de estas cifras da como resultado medio millón de muertes violentas o directamente imputables a la guerra y a la derrota junto a una cifra equivalente de personas exiliadas, presas o represaliadas. Más de un millón de damnificados de un censo de población que en 1931 ascendía a veintitrés millones de personas.

En relación con la cifra de las cincuenta mil personas que, de forma estimativa, fueron víctimas de la represión en la retaguardia republicana, cabe destacar que cerca de siete mil formaban parte del censo eclesiástico, un 14% del total. Este porcentaje aumentaría de forma muy considerable en el caso de agrupar a los clérigos con los laicos asesinados o ejecutados por razón principal o exclusiva de su adscripción religiosa. En el caso de Cataluña, donde la proporción fue de 2.441 víctimas eclesiásticas frente a un total de 8.360 muertos, el profesor Josep Termes considera que «De los otros seis mil muertos violentamente […] también una parte importante eran gente de misa, laicos, personas de militancia católica o «beatas», en una proporción más alta que la de «burgueses» asesinados».^[142] Las familias adineradas vieron favorecida la huida no sólo por su facilidad para viajar, sino también por hallarse con sus familias disfrutando del período vacacional, habitualmente en una residencia alejada de las zonas fabriles y de las ciudades.

La conclusión es evidente: la cuestión religiosa fue una de las principales causas de represión. A menudo se ha querido desvirtuar este análisis alegando que las víctimas de la persecución no lo habían sido en función de una ofensiva antirreligiosa sino por las actitudes filofascistas de las víctimas. Este argumento, devaluado por sí mismo a causa de su carácter generalista y maximalista, queda, además, desmentido por la realidad de una gran mayoría de los episodios. Recordemos que las zonas rurales sufrieron con más fuerza que las urbanas el envite de la persecución religiosa. Es un dato significativo, puesto que difícilmente puede achacarse a un sacerdote aislado ninguna capacidad conspirativa.

También es importante analizar con detalle el calendario de los acontecimientos represivos. La secuencia de los hechos da como resultado un diagrama de la violencia represiva en la zona republicana en el que se constata que el 80% de las víctimas fueron producto de las acciones cometidas en los primeros seis meses de confrontación bélica y de revolución social. Los meses que registran un índice más alto de violencia son los de julio, agosto y septiembre de 1936. Por ejemplo, en Cataluña el número de víctimas registradas hasta el 30 de septiembre ya ascendía a 4.682, un 56% del total. El sacerdote Josep Sanabre fue el primero que, ya en 1943, hizo públicas, referidas a Barcelona, estas curvas estadísticas extrapolables, en términos generales, al resto de España por lo que se refiere a las víctimas religiosas.

Hechas estas anotaciones y consideraciones previas de carácter general, es el momento de analizar los episodios que dieron como resultado la cifra de 6.818 religiosos asesinados, según datos documentados por Antonio Montero en la obra ya citada La persecución religiosa en España, 1936-1939, una cifra que, con leves variaciones, puede ser considerada definitiva.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la composición interna. El total es la suma de 12 obispos, 4.158 presbíteros, 2.365 religiosos y 283 monjas. Estas cifras deben contrastarse con un censo que en 1931, según datos del Anuario eclesiástico 1931, era de 111.092 clérigos distribuidos del siguiente modo: 34.176 sacerdotes diocesanos, 14.035 seminaristas, 12.903 religiosos y 47.942 religiosas. La administración eclesiástica estaba formada por 62 diócesis que reunían en su conjunto 20.771 parroquias, contando las filiales. Las capillas y santuarios ascendían a 18.118. Los trece mil religiosos, pertenecientes a 42 órdenes distintas, disponían de 1.067 conventos, mientras que las cerca de cincuenta mil monjas residían en 3.764 casas.^[143]

Los porcentajes son fáciles de establecer: a) Cinco de cada mil ciudadanos españoles habían optado en 1931 por la vida eclesiástica. b) El número de religiosos asesinados en el período 1936-1939 superó el 6% del censo total. c) Uno de cada cinco obispos fue víctima de la persecución.

d) Más del 12% de sacerdotes fueron asesinados. e) Este porcentaje asciende casi al 20% en el caso de los miembros de órdenes religiosas masculinas y, en cambio, no llega al 1% en el caso de las órdenes religiosas femeninas.

Estadísticamente, de las 36 diócesis en que hubo episodios de persecución religiosa las que registraron porcentualmente más víctimas eclesiásticas entre los sacerdotes diocesanos y seminaristas fueron las de Barbastro (87,8%), Lérida (65,8%), Tortosa (61,9%), Segorbe (55,4%) y Toledo (47,6%). En cifras absolutas destacan las de Madrid-Alcalá (334), Valencia (327), Tortosa (316), Toledo (286) y Barcelona (279).

Las órdenes religiosas masculinas más castigadas por la persecución fueron los claretianos con 259 víctimas, los franciscanos con 226, los escolapios con 204, los hermanos maristas con 176 y los agustinos con 155. Entre las órdenes femeninas destacan las 30 monjas asesinadas pertenecientes a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las 26 adoratrices, las también 26 carmelitas de la Caridad, otras 20 capuchinas y 17 doctrineras.^[144]