XVII

El nuevo realismo

Todas las revoluciones políticas de relevancia van precedidas de una transformación del panorama intelectual. Las perturbaciones sufridas por Europa durante los años ochenta no fueron una excepción. La crisis económica de comienzos de los setenta minó el optimismo que había sentido Occidente en las décadas de postguerra, fracturando los partidos políticos convencionales y lanzando temas inusitados al centro del debate público. A ambos lados de la brecha ideológica creada por la Guerra Fría, el discurso político rompía con decisión la costra de las costumbres mentales formada durante décadas, constituyendo, con inesperada rapidez, otras nuevas. Para bien o para mal, estaba naciendo un nuevo realismo.

La primera víctima del cambio de estado de ánimo fue el consenso que hasta el momento había arropado al Estado de postguerra y a la economía neokeynesiana que constituía su baluarte intelectual. A finales de la década de 1970 el Estado del bienestar europeo estaba empezando a hacer balance del coste que había tenido su propio éxito. La generación de la explosión demográfica de postguerra estaba llegando a la mitad de su ciclo vital y los estadistas de los gobiernos ya estaban advirtiendo lo que costaría sufragar su retiro: un problema que, al adelantarse la edad de la jubilación, cada vez se veía más cerca en el horizonte presupuestario. En 1960, de los varones de Alemania Occidental de entre 60 y 64 años, por ejemplo, el 72 por ciento trabajaba a tiempo completo; 20 años después, sólo el 44 por ciento de los hombres de este grupo de edad seguía trabajando. En Holanda, la cifra pasó del 81 al 58 por ciento.

En pocos años, la cohorte más numerosa de cuantas Europa tenía constancia histórica dejaría de pagar impuestos y comenzaría a sacarle grandes sumas a la hacienda pública, ya fuera en forma de pensiones estatales garantizadas o, indirectamente, pero con comparable impacto, al exigir cada vez más servicios médicos y sociales públicos. Además, al ser también la generación mejor alimentada de la historia, lo más probable es que también viviera más. Y a esta preocupación se añadía ahora el coste creciente de abonar subsidios de paro, algo que en 1980 constituía una importante consideración presupuestaria en todos los Estados de Europa occidental.

Estas generalizadas inquietudes no eran infundadas. Los Estados del bienestar de la postguerra descansaban sobre dos presupuestos tácitos: el crecimiento económico y la creación de empleo (y por tanto los ingresos del Estado) se mantendrían en los elevados niveles de los cincuenta y sesenta; y los índices de natalidad se situarían muy por encima del nivel de reemplazo, garantizando la disponibilidad de contribuyentes nuevos que abonaran las jubilaciones de sus padres y de sus abuelos. Ahora, ambos supuestos estaban en entredicho, pero el error de cálculo demográfico era el más acusado. A comienzos de la década de 1980, la ratio de reemplazo demográfica de 2,1 niños por mujer sólo se cumplía o rebasaba en Grecia e Irlanda. En la República Federal Alemana se situaba en un 1,4 por ciento. En Italia no tardaría en caer aún más bajo: mientras que en 1950 el 26,1 por ciento de los italianos —más de uno de cada cuatro— tenía menos de 14 años, en 1980 esa cifra sólo representaba el 20 por ciento, o uno de cada cinco. En 1990 se reduciría al 15 por ciento, acercándose a uno de cada siete italianos^[1].

De este modo, se pensaba que cuando transcurrieran dos décadas en la próspera Europa occidental no se dispondría de gente suficiente para pagar las facturas, y la culpa parecía de la propia prosperidad, además de la disponibilidad de medios anticonceptivos fiables y del aumento del número de mujeres que trabajaba fuera de casa^[2]. El resultado fue un aumento todavía mayor de la presión que sufrían los que estaban en posición de pagar. El coste de las pensiones y la provisión de un seguro médico nacional ya suponía en algunos lugares (especialmente en Francia) un gran peso para los empresarios, y era una consideración muy importante en una época en la que los elevados índices de paro eran endémicos. Pero la presión directa que sufría el Tesoro público constituía una preocupación más inmediata: a mediados de la década de 1980, la deuda pública en relación con el PIB estaba llegando a niveles históricos (el 85 por ciento en el caso italiano). En Suecia, en 1977, un tercio del producto interior se empleaba en gastos sociales, una carga presupuestaria a la que sólo se podía responder mediante el endeudamiento o subiendo aún más los impuestos a los mismos sectores —trabajadores con empleo, funcionarios y profesionales— de los que había dependido hasta entonces el consenso socialdemócrata.

Desde los años treinta, las políticas públicas habían descansado en un consenso keynesiano que casi nadie cuestionaba y que partía de la base de que la planificación económica, la financiación del déficit y el pleno empleo eran tan intrínsecamente deseables como mutuamente sostenibles. Los críticos del modelo ofrecían dos líneas arguméntales. La primera, simplemente, era que la gama de servicios y disposiciones sociales a la que se habían acostumbrado los europeos occidentales no era sostenible. La segunda, presente especialmente en el Reino Unido, donde la economía nacional se había venido tambaleando entre una y otra crisis durante gran parte de las décadas de postguerra, era que, sostenible o no, el Estado intervencionista era un impedimento para el crecimiento económico.

Estos críticos insistían en que el Estado debía estar lo más apartado posible de la producción de bienes y servicios. No tenía que poseer medios de producción, ni asignar recursos, ni ejercer monopolios, ni alentarlos, y tampoco había de fijar precios ni rentas. Para estos neoliberales, gran parte de los servicios que proporcionaba el Estado —seguridad social, vivienda, pensiones, sanidad y educación— podían ser suministrados de forma más eficiente por el sector privado, con unos ciudadanos que pagaran por ellos mediante ingresos que ya no pasarían a engrosar (erróneamente) las arcas públicas. Según el economista austríaco Friedrich Hayek, un destacado exponente del liberalismo defensor del libre mercado, ni siquiera los Estados mejor gestionados podían procesar datos eficientemente y transformarlos en buenas políticas públicas: al procesar la propia información económica, la distorsionaban.

No eran ideas nuevas. Eran las panaceas fundamentales de una generación de liberales prekeynesianos, instruidos en las doctrinas del liberalismo económico propugnadas por la economía clásica. En épocas posteriores los especialistas se familiarizarían con la obra de Hayek y su discípulo estadounidense Milton Friedman. Con la depresión de los años treinta y el apogeo económico de los cincuenta y los sesenta, propulsado por el consumo, estas perspectivas fueron desechadas (al menos en Europa), por considerarlas políticamente miopes y económicamente anacrónicas. Sin embargo, a partir de 1973 los teóricos del libre mercado habían reaparecido, vociferantes y seguros de sí mismos, para echar la culpa de la endémica recesión económica y de las tribulaciones que ésta conllevaba al «Estado de grandes dimensiones» y al peso muerto que, mediante los impuestos y la planificación, depositaba sobre las energías y la iniciativa nacionales. En muchos lugares esta estrategia retórica resultó bastante atractiva para votantes jóvenes que no habían experimentado directamente las funestas consecuencias que habían tenido esas ideas la última vez que tuvieron ascendente intelectual, hacía medio siglo. Pero los discípulos políticos de Hayek y de Friedman sólo llegaron a controlar las políticas públicas en el Reino Unido, e infligieron una transformación radical a la cultura política del país.

Es bastante irónico que esto ocurriera precisamente en el Reino Unido, porque la economía británica, aunque muy regulada, quizá fuera la menos «planificada» de Europa. El Gobierno manipulaba constantemente los mecanismos reguladores de los precios y las «señales» fiscales, pero en la vida económica británica la única medida de inspiración política fueron las nacionalizaciones iniciadas por el Ejecutivo laborista después de 1945. Y aunque la defensa de la «propiedad estatal de los medios de producción, distribución e intercambio» (cláusula IV de los estatutos de 1918 del Partido Laborista) se había mantenido en las políticas del partido, la mayoría de los líderes laboristas la defendía, si acaso, con la boca pequeña.

El núcleo del Estado del bienestar británico no radicaba en el «colectivismo» económico, sino en las universalizadas instituciones sociales del país, firmemente ancladas en el reformismo propugnado por los contemporáneos liberales de Keynes a comienzos del siglo XX. Lo más importante para los votantes británicos de izquierdas y de derechas no era la planificación económica, sino la gratuidad de la atención sanitaria y la educación, y el transporte público subvencionado. Estos servicios no eran muy buenos —el coste de gestionar el Estado del bienestar en el Reino Unido era en realidad menor que en otros países, gracias a la existencia de servicios infradotados, pensiones insuficientes y viviendas de mala calidad—, pero todo el mundo pensaba que eran un derecho. Por mucho que los críticos liberales censuraran esos bienes sociales por su ineficacia y su bajo rendimiento, éstos seguían siendo políticamente intocables.

El Partido Conservador contemporáneo, desde Winston Churchill hasta Edward Heath, había asumido el «contrato social» del Reino Unido, casi con el mismo entusiasmo que los «socialistas» keynesianos laboristas, y durante muchos años se había mantenido firmemente en un territorio intermedio (después de todo, fue Churchill el que observó en marzo de 1943 que «no se puede hacer mejor inversión en una comunidad que dar leche a sus bebés»). Cuando en 1970 Edward Heath reunió a un grupo de partidarios del libre mercado en Selsdon Park, cerca de Londres, con objeto de debatir estrategias económicas para un futuro gobierno conservador, su breve y absolutamente ambiguo escarceo con las propuestas bastante moderadas de los reunidos hizo que cayera sobre él una tormenta de desdeñosas críticas. Acusado de pretender el retorno al primitivismo prehistórico de la jungla económica, el «hombre de Selsdon» se batió precipitadamente en retirada.

Si el consenso político británico se derrumbó durante la década posterior no fue a causa de la confrontación ideológica sino del constante fracaso mostrado por los gobiernos de todos los colores a la hora de identificar e imponer una estrategia económica acertada. Partiendo de la idea de que las tribulaciones económicas del país procedían de un crónico déficit de inversión, de la ineficiencia en la gestión y de endémicas disputas sindicales relacionadas con los salarios y las categorías profesionales, tanto los gobiernos laboristas como los conservadores trataron de sustituir la anarquía de las relaciones laborales británicas por un consenso planificado de corte austro-escandinavo o alemán, es decir, una «política de precios y de rentas», como se conocía en el Reino Unido, con un característico minimalismo empírico.

Fracasaron. El Partido Laborista fue incapaz de imponer orden laboral porque sus «patronos», los líderes de los sindicatos, preferían la confrontación de corte decimonónico en las fábricas —donde tenían muchas posibilidades de ganar— a los convenios negociados firmados en Downing Street, que los habrían atado de pies y manos durante años. Los conservadores, sobre todo el Gobierno de Edward Heath de 1970-1974, tuvieron todavía menos éxito, en gran medida gracias al arraigado e histórico recelo que despertaba en ciertos sectores de las clases trabajadoras británicas —sobre todo de los mineros— cualquier acuerdo con ministerios tories. Así, cuando Heath sugirió el cierre de varias minas deficitarias en 1973, tratando de imponer cortapisas legales al poder que tenían los sindicatos para iniciar conflictos laborales (algo que el Partido Laborista, algunos años antes, había sido el primero en proponer, aunque luego abandonara esta pretensión), su Gobierno se vio obstaculizado por una oleada de huelgas. Cuando convocó elecciones para decidir, según sus propias palabras, «quién dirige el país», perdió por poco frente a Harold Wilson, que prudentemente declinó esgrimir el garrote.

Sólo entre 1976 y 1979, durante el Gobierno laborista de James Callaghan, el sucesor de Wilson, comenzó a surgir una nueva política. Instigados por la desesperación y por un préstamo del FMI, Callaghan y su ministro de Hacienda (el temible Denis Healey) intentaron dejar de lado las panaceas fundamentales de la práctica gubernamental de postguerra. Acometieron un programa de restructuración que reconocía el carácter inevitable de cierto grado de desempleo, reducía las transferencias sociales y los costes laborales protegiendo a los empleados cualificados, al tiempo que permitía la aparición de una periferia desfavorecida de trabajadores a tiempo parcial sin protección y sin sindicato, con el fin de controlar y reducir la inflación y el gasto público aun a costa de causar penalidades económicas y de reducir el crecimiento.

Ninguno de esos objetivos se admitía abiertamente. El Ejecutivo laborista mantuvo hasta el final la adhesión a sus valores fundamentales y la defensa de las instituciones del Estado del bienestar, incluso cuando estaba iniciando cautelosamente una ruptura bien planeada, con la intención de imponer con disimulo reformas sobre las que sus antecesores habían sido incapaces de legislar abiertamente. La estrategia no funcionó: los laboristas sólo consiguieron enemistarse con sus propios partidarios, sin que se les reconocieran sus logros. En agosto de 1977, en parte gracias a los drásticos recortes del gasto público realizados por el Gobierno laborista, el desempleo había sobrepasado la cifra de un millón seiscientos mil y seguía en aumento. Al año siguiente, durante el «invierno del descontento» de 1978-1979, los principales sindicatos británicos llevaron a cabo una serie de furiosas huelgas coordinadas contra su «propio» Gobierno: la basura no se recogía, los muertos no se enterraban^[3].

El primer ministro James Callaghan parecía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo: cuando un periodista le preguntó por el creciente malestar sindical, anunció con ligereza que no había razón para preocuparse, dando lugar a un famoso titular de prensa —«;Crisis? ¿Qué crisis?»— que le ayudó a perder las elecciones generales que se vio obligado a convocar en la primavera siguiente. Resulta bastante irónico que los laboristas tuvieran que librar la histórica batalla electoral de 1979 proclamando que no eran responsables de la crisis social con su ruptura radical de las convenciones económicas —cuando esto era exactamente lo que habían hecho—, mientras que el Partido Conservador retomaba arrolladoramente el poder bajo la enérgica dirección de una mujer que insistía en que lo que necesitaba la dolencia británica era precisamente ese tratamiento radical.

En realidad, Margaret Thatcher no era un candidato con posibilidades de desempeñar el papel revolucionario que más tarde tendría. Nacida en Grantham, una aletargada ciudad de provincias de Lincolnshire, era hija de una devota pareja metodista que regentaba una tienda de comestibles. Siempre fue conservadora: su padre fue concejal tory en su ayuntamiento; la joven Margaret Roberts (éste era su nombre de soltera) obtuvo una beca para ir a Oxford, donde estudió química y se convirtió en presidenta de la Sociedad Conservadora de la universidad. En 1950, a los veinticinco años, concurrió, sin éxito, a las elecciones generales por el Partido Conservador, siendo la candidata más joven del país. Química de profesión y, más tarde, abogada experta en cuestiones fiscales, llegó por primera vez al Parlamento en 1959, tras obtener un escaño por el distrito de Finchley, tradicionalmente conservador, al que seguiría representando hasta que entró a formar parte de la Cámara de los Lores en 1992.

Hasta que logró derrotar a conservadores de mucho más renombre y llegar a la dirección del partido en 1975, a Margaret Thatcher se la conocía en el Reino Unido como la ministra de Educación del Gobierno conservador de Heath, que, con el fin de alcanzar sus objetivos en materia de reducción del presupuesto, acabó con el suministro gratuito de leche en las escuelas británicas: una decisión (tomada a regañadientes) que generó el apodo de Margaret Thatcher Milk Snatcher (Margaret Thatcher, la que te quita la leche) y ofreció el primer indicio de su trayectoria futura. Sin embargo, esta imagen pública decididamente desfavorable no resultó un obstáculo para el progreso de Thatcher: su disposición a buscar la impopularidad y a enfrentarse a ella no sólo no le causó daño alguno entre sus colegas, sino que puede que formara parte de su atractivo.

Y no se puede negar que lo tenía. De hecho, un número sorprendentemente amplio de bien fogueados hombres de Estado europeos y estadounidenses confesaron, aunque fuera extraoficialmente, que Thatcher les parecía bastante sexy. François Mitterrand, que algo sabía de esas cosas, la describió en una ocasión como alguien que tenía «los ojos de Calígula, pero la boca de Marilyn Monroe». Podía hostigar e intimidar de forma más inmisericorde que cualquier político británico desde Churchill, pero también era seductora. Entre 1979 y 1990 Margaret Thatcher hostigó, intimidó —y sedujo— al electorado británico para llevar a cabo una revolución política.

El thatcherismo significaba varias cosas: reducción de impuestos, libre mercado, libertad empresarial, privatización de industrias y servicios, valores victorianos, patriotismo e individualismo. Algunos de esos elementos —sus políticas económicas— eran una prolongación de propuestas que ya estaban en circulación tanto en círculos conservadores como laboristas. Otros, probablemente las cuestiones «morales», tenían más aceptación entre los incondicionales del Partido Conservador de las circunscripciones rurales que entre el conjunto del electorado. Pero llegaron a lomos de la reacción violenta contra el espíritu libertario de los sesenta y atrajeron a muchos de los partidarios que tenía Thatcher en las clases obrera y media: hombres y mujeres que en realidad nunca se habían sentido cómodos en compañía de la intelectualidad progresista que dominaba la vida pública en esos años.

Pero, más que nada, lo que significaba el thatcherismo era el «bofetón de un Gobierno fuerte». A finales de los setenta se hablaba mucho y con inquietud de la supuesta «ingobernabilidad» del Reino Unido, de la percepción, ampliamente difundida, de que la clase política había perdido el control, no sólo de la política económica sino del ámbito laboral e incluso de las calles. Después del «invierno del descontento», el Partido Laborista, tradicionalmente vulnerable a la acusación de que no se podía contar con él para dirigir la economía, también fue acusado de no ser siquiera capaz de gestionar el Estado. Durante su campaña electoral de 1979, los tories no sólo hicieron hincapié en la necesidad de aplicar el rigor económico y de gestionar adecuadamente el dinero, sino en el supuesto anhelo que sentía el país por contar con dirigentes fuertes, seguros de sí mismos.

La primera victoria electoral de Margaret Thatcher no fue especialmente notable en términos históricos. En realidad, bajo su dirección, el Partido Conservador nunca ganó muchos votos. Más que ganar elecciones, observaba cómo las perdía el laborismo, ya que muchos votantes laboristas optaban por los liberales o se abstenían. Desde esta perspectiva, podría parecer que el programa radical de Thatcher y su firme voluntad de llevarlo a cabo no guardan proporción con el mandato emanado de las urnas, constituyendo una ruptura inesperada e incluso arriesgada de la consolidada tradición británica de gobernar tan cerca del centro como sea posible.

Pero, con la perspectiva de los años, parece claro que esto fue precisamente lo que explicó el éxito de Margaret Thatcher. Su negativa a dejarse impresionar ni siquiera cuando sus políticas monetaristas parecían estar fallando (a los conservadores que en octubre de 1980 le rogaron que cambiara de táctica y que diera un giro de 180 grados a sus políticas les respondió: «Daos la vuelta si queréis. La dama no va a cambiar de rumbo»), el hecho de que aceptara encantada el apodo de Dama de Hierro con el que la describían los soviéticos, el patente placer que sentía al enfrentarse y derrotar a una reata de oponentes (que iban desde la Junta militar argentina en la guerra de las Malvinas hasta al líder del sindicato minero Arthur Scargill), el bolso que blandió con agresividad contra la reunión de líderes de la Comunidad Europea mientras exigía «que nos devuelvan el dinero»: todo ello sugiere que claramente consideraba que su principal baza política era precisamente su testarudez, esa negativa contumaz a cualquier cesión, que tanto escandalizaba a sus críticos. Como indicaban todas las encuestas, hasta aquellos que no gustaban de las políticas thatcherianas solían reconocer cierta admiración por la figura de esta mujer. Una vez más, los británicos eran gobernados.

De hecho, a pesar de lo mucho que hablaba del individuo y del mercado, Margaret Thatcher presidió una notable y en cierto modo desconcertante recuperación del Estado británico. Desde el punto de vista administrativo, era centralizadora por instinto. Para asegurarse de que sus órdenes llegaban a todas partes, redujo las competencias y presupuestos de los entes locales (al mismo tiempo que el resto de Europa llevaba a cabo una descentralización del poder a gran escala). La Ley de Bases Locales de 1986 desmantelaba los organismos metropolitanos británicos, haciendo que Londres volviera a controlarlos. La dirección de la política educativa y la planificación económica regional volvió a departamentos del Gobierno central sometidos a un estricto control político, mientras que los propios ministros veían que su margen de maniobra estaba cada vez más mermado por una primera ministra que dependía mucho más de un pequeño círculo de amigos y asesores que de la élite funcionarial tradicional.

Por instinto (y con razón), Margaret Thatcher sospechaba que éstos, al igual que el funcionariado de los sistemas educativo y judicial, preferían el viejo paternalismo de las subvenciones estatales. En las complejas convenciones de la clasista política británica, Thatcher, una arribista de clase media baja con debilidad por los nuevos ricos, no era muy querida por la venerable élite gobernante del país, y ella se aplicó en devolverles ese sentimiento con creces. A los antiguos tories les horrorizaba el desprecio tan poco sentimental que mostraba por la tradición por las prácticas del pasado: en plena fiebre privatizadora, el ex primer ministro Harold Macmillan la acusó de vender la «plata de la familia». Su predecesor, Edward Heath, que en una ocasión había calificado airadamente las bien conocidas actividades de un corrupto empresario británico de «rostro inaceptable del capitalismo», aborrecía tanto a Thatcher como sus políticas. A ella no le importaba en absoluto.

La revolución thatcheriana fortaleció el Estado, fomentó el mercado y se propuso desmantelar los vínculos que en su día habían unido a ambos. La primera ministra acabó para siempre con la influencia pública que habían ejercido los sindicatos británicos, al aprobar leyes que limitaban la capacidad de sus dirigentes para convocar huelgas, y al hacer después que se aplicaran por vía judicial. Entre 1984 y 1985, durante una confrontación enormemente simbólica que lanzó al Estado armado contra una comunidad condenada de proletarios industriales, aplastó el violento y emotivo esfuerzo que realizaba el Sindicato Nacional de Mineros para impedir el cierre de minas ineficientes y la cancelación de las subvenciones al sector carbonífero propugnada por el Gobierno.

La dirección minera era deficiente, su causa no tenía futuro y su huelga se prolongó más por desesperación que por cálculo. Pero el hecho de que Margaret Thatcher ganara una batalla que Edward Heath había perdido (y que los sucesivos líderes laboristas habían eludido) la fortaleció enormemente, al igual que el atentado fallido que perpetró el IRA Provisional en plena huelga para asesinarla. Thatcher, como los mejores revolucionarios, tuvo suerte con sus enemigos. Le permitieron proclamar que ella era la única que defendía a esa pobre gente frustrada y víctima de excesivas reglamentaciones, a la que estaba liberando de décadas de dominación a manos de intereses creados y de los parasitarios y subvencionados beneficiarios de décadas de generosidad a costa del contribuyente.

No hay duda de que la situación de la economía británica mejoró durante los años de Thatcher, después de un periodo de declive inicial entre 1979 y 1981. Gracias a una drástica reducción del número de empresas ineficientes, al aumento de la competencia y al silenciamiento de los sindicatos, la productividad y los beneficios empresariales aumentaron de forma considerable. La Hacienda pública volvió a llenarse (por una sola vez) con los ingresos generados por la venta de propiedades estatales. Estas medidas no formaban parte del programa original de Thatcher en 1979 y la privatización, en sí misma, tampoco tenía el componente ideológico que tendría posteriormente: después de todo, fue el Partido Laborista el que (instigado por el FMI) vendió la parte de British Petroleum que poseía el Estado en 1976. Pero en 1983 tanto el beneficio político como el económico de liquidar los activos propiedad del Estado o gestionados por él hicieron que la primera ministra inaugurara una subasta nacional que se prolongó durante una década, «liberando» tanto a los productores como a los consumidores.

Todo o casi todo se puso en almoneda. La primera ronda afectó a las empresas y servicios más pequeños, sobre todo manufactureros, en los que el Estado tenía intereses parciales o decisivos. Después vinieron monopolios hasta entonces considerados «naturales», como las infraestructuras de telecomunicaciones, las empresas energéticas y el transporte aéreo, comenzando por la venta de British Telecom en 1984. El Gobierno vendió también gran parte de las viviendas de titularidad pública construidas en la postguerra: al principio a sus inquilinos, finalmente a cualquiera. Entre 1984 y 1991, un tercio del valor de los activos privatizados en el mundo correspondía a ventas realizadas por el Reino Unido.

A pesar de este aparente desmantelamiento del sector público, en 1988 el porcentaje del PIB británico absorbido por el gasto de las administraciones se mantuvo prácticamente igual (41,7 por ciento) al de diez años antes (42,5 por ciento), aunque Thatcher había prometido «descargar al pueblo de esta carga». Esto se debía a que el Gobierno conservador tuvo que abonar una cifra sin precedentes en concepto de subsidios de paro. La cifra «escandalosamente» elevada de un millón seiscientos mil desempleados que tanto había perjudicado al gabinete de Callaghan en 1977 llegó a tres millones doscientos cincuenta mil en 1985, y se mantuvo entre las más altas de Europa durante el resto del periodo que Thatcher ocupó el poder.

Muchos de los que perdieron su empleo en industrias ineficientes (y antes subvencionadas por el Estado), como la siderurgia, la minería, los textiles y los astilleros, no volverían a encontrar trabajo nunca más, pasando a una situación de dependencia total y vitalicia respecto al Estado, que sin embargo no se expresaba en esos términos. Si sus antiguas empresas se convirtieron en algunos casos (especialmente el del acero) en rentables compañías privadas, no fue tanto por el milagro de la propiedad privada como porque los gobiernos de Margaret Thatcher las libraron de unos elevados costes laborales fijos, «socializando» el gasto en trabajadores superfluos mediante los seguros de desempleo estatales.

Era preciso romper una lanza en defensa de la privatización de ciertos sectores públicos. Durante muchos años, algunos activos económicos vitales habían estado en manos del sector público, que apenas se preocupó de invertir en ellos o de modernizarlos. Estaban escasos de fondos, funcionaban protegidos de las presiones de la competencia y los consumidores, y sus gestores se veían atados de pies y manos por las inercias burocráticas y las injerencias políticas^[4]. Gracias a Thatcher apareció en el Reino Unido un mercado mucho mayor de bienes, servicios y, finalmente, de trabajo. Había más capacidad de elección y más competencia en los precios (aunque esto costó más tiempo y mantuvo importantes imperfecciones). Cuando su sucesor, John Major, mantuvo el país fuera del capítulo social de la Unión Europea. Jacques Delors le acusó de convertir el Reino Unido en un «paraíso para la inversión extranjera»: una culpa que los thatcherianos, con razón y por fortuna, podían hacer suya.

En consecuencia, como economía, el Reino Unido de Thatcher era un lugar más eficiente. Pero, como sociedad, sufrió un cataclismo de desastrosas consecuencias a largo plazo. Al desdeñar y desmantelar todos los recursos que estaban en manos colectivas, al insistir a gritos en una ética individualista que prescindía de cualquier valor no cuantificable, Margaret Thatcher causó un grave daño al tejido que sustentaba la vida pública británica. Los ciudadanos se transformaron en accionistas, o partes interesadas, cuyas relaciones interpersonales y con el colectivo se calibraban en función de activos y títulos de créditos, sin tener en cuenta ni servicios ni obligaciones. Cuando todo, desde las empresas de autobuses hasta las eléctricas, estuvo en manos privadas que competían entre sí, el espacio público se convirtió en un mercado.

Si, tal como señaló Thatcher, no existe «eso que se llama sociedad», a su debido tiempo la gente debía perder el respeto por los bienes definidos socialmente. Y así ocurrió, a medida que el Reino Unido de los últimos tiempos del thatcherismo comenzaba a hacer suyos algunos de los rasgos más indeseables del modelo estadounidense que tanto admiraba la Dama de Hierro. Los servicios que se mantuvieron en manos del Estado sufrían escasez de recursos, mientras que gran cantidad de riqueza se acumulaba en los sectores económicos emancipados, especialmente en la City de Londres, donde los bancos de inversión y los corredores de bolsa se beneficiaron tremendamente del big bang de 1986, año en el que los mercados financieros británicos se desregularon y abrieron a la competencia internacional. Los espacios públicos cayeron en el abandono. La pequeña delincuencia y la criminalidad aumentaron al incrementarse la parte de la población que se veía atrapada en una pobreza permanente. La prosperidad privada se vio acompañada, como ocurre con tanta frecuencia, de la miseria pública^[5].

Pero Margaret Thatcher no pudo llegar a todas partes. Puede que el típico votante thatcheriano —caricaturizado como un agente inmobiliario de unos treinta años, residente en los suburbios del este de Londres, con poca preparación, pero bien remunerado, comprador de unos bienes materiales que sus padres sólo podían soñar (casa, coche, vacaciones en el extranjero, un puñado de acciones en sociedades de inversión y un plan de pensiones privado)— hubiera entrado en el mundo del individualismo de Thatcher, pero tanto él como su familia seguían dependiendo por completo del Estado para la provisión de ciertos servicios vitales: la educación gratuita, una sanidad prácticamente regalada y un transporte subvencionado. De manera que cuando Thatcher y su sucesor John Major insinuaron la posibilidad de comenzar a privatizar el Servicio Nacional de Salud o a cobrar por la educación pública, su apoyo popular se evaporó, precisamente entre los sectores de la población que, después de acceder a la prosperidad pero siendo aún enormemente vulnerables, habían sido los primeros en verse atraídos por el thatcherismo.

Cinco años después de la partida de Thatcher, John Mayor consiguió llevar a cabo la privatización del ferrocarril. Aunque a los conservadores les animaban las perspectivas de lograr más beneficios mediante la venta de bienes públicos a empresas privadas, su principal motivación era la necesidad que tenía Major de que se le viera como privatizador de «algo»: para entonces, Thatcher había vendido prácticamente todo y la privatización constituía el único y exclusivo programa del Partido Conservador. Pero la incompetencia y la malversación que conllevó todo el proceso, y los desastres posteriores —que culminaron en una serie de trágicos choques de trenes, evidentemente evitables— coadyuvaron no sólo a la caída del Gobierno conservador dos años después, sino al final de un ciclo de privatizaciones y al descrédito retrospectivo de las más extremas manifestaciones del propio thatcherismo.

Entre las principales víctimas de Margaret Thatcher se encontró el propio Partido Conservador. Cuando la Dama de Hierro terminó con él, los tories —el partido «natural» de gobierno en Gran Bretaña durante casi un siglo— carecían de programa, de líderes y, en opinión de muchos, de alma. Podría parecer que ésta es una evaluación severa de una mujer que condujo a su partido a tres victorias electorales consecutivas y que gobernó prácticamente sola durante casi doce años. Pero ésa es precisamente la cuestión: Margaret Thatcher gobernó sola. En palabras de Federico el Grande: «El pueblo dice lo que le gusta y después, yo hago lo que quiero». Cualquier colega que discrepara en cualquier asunto de relevancia y que no fuera, por tanto, «uno de los nuestros», era arrojado a las tinieblas exteriores.

Gran parte de los contemporáneos tories de Thatcher, por no hablar de la cohorte de hombres de Estado del partido, a los que dejó de lado tan pronto como se atrevió a hacerlo, eran auténticos conservadores, en muchos casos con edad suficiente para recordar las enconadas pugnas políticas del periodo de entreguerras y recelosos ante la perspectiva de despertar los demonios de la lucha de clases. Thatcher, que era una radical, empeñada en destruir e innovar, despreciaba el acuerdo. Para ella, la lucha de clases, convenientemente actualizada, era el material del que estaba hecha la política. Sus políticas, con frecuencia concebidas a la carrera, eran secundarias en comparación con sus objetivos, que, a su vez, estaban en gran medida supeditados a su estilo. El thatcherismo era más una cuestión de «cómo» se gobernaba que de lo que hacía realmente al gobernar. Sus desventurados sucesores conservadores, náufragos en el desolado paisaje post-thatcheriano, carecían de políticas, de objetivos, y también de estilo^[6].

Puede que Margaret Thatcher destruyera el Partido Conservador, pero hay que reconocer que salvó y resucitó el laborismo. Evidentemente, a corto plazo aplastó a sus oponentes: de hecho, no podría haber llevado a cabo los cambios que hizo si no hubiera sido por la asombrosa incompetencia de los laboristas. Aunque en 1979 algunos líderes laboristas comprendían los problemas a los que se enfrentaban, no podían hacerlo ni con convicción ni con partidarios. Una vez que Thatcher llegó al poder, el movimiento laborista británico entró en una década de confusión. El núcleo radical y sindicalista del partido veía el mundo de forma muy similar a Thatcher, pero desde el otro lado del espejo: el Reino Unido tenía que elegir entre un Estado proteccionista, colectivista, igualitario y regulador, y los mercados abiertos, la competencia desaforada, la privatización de los recursos y un mínimo de bienes y servicios compartidos. Una vez más, la elección, gracias a la Dama de Hierro, estaba clara: o socialismo o capitalismo.

Los laboristas tradicionalmente moderados, al igual que sus homólogos en el conservadurismo, estaban desesperados. Algunos de ellos —sobre todo Roy Jenkins, ex presidente de la Comisión Europea— abandonaron el laborismo y constituyeron un efímero Partido Socialdemócrata que en su momento se fusionaría con los liberales, el eterno tercer partido británico. Pero la mayoría se quedaron, aunque fuera con temor. Tenían buenas razones para ser pesimistas. El partido, dirigido por Michael Foot, un líder intelectualmente sugerente, pero inútil desde el punto de vista político, libró la batalla electoral de 1983 con un programa descaradamente anacrónico que no sólo se comprometía a deshacer el thatcherismo sino muchos de los compromisos contraídos por los gobiernos laboristas anteriores. El Reino Unido se retiraría del escenario económico internacional (y de su inquebrantable alianza con Estados Unidos). No habría trato alguno ni con la privatización, ni con los mercados abiertos, ni con Europa, ni con ningún otro proyecto ajeno. Los aislacionistas de la izquierda británica, seguros tras los muros protectores de una economía cerrada, erigirían por fin desafiantes la Nueva Jerusalén tantas veces vilipendiada por sus colegas.

Según uno de los desanimados diputados laboristas, el manifiesto electoral de su partido en 1983 constituía «la nota más larga que haya dejado suicida alguno en la historia». Fortalecida por su reciente victoria en la guerra de las Malvinas, en la que había logrado que su partido se alzara con el monopolio del patriotismo, haciendo alarde una vez más de su inusual gusto por la confrontación^[7], Thatcher ganó las elecciones de junio de 1983 por una diferencia casi récord. El Partido Laborista perdió unos tres millones de sufragios y 160 escaños parlamentarios. Su porcentaje de voto cayó hasta el 27,6, el peor resultado laborista desde la Primera Guerra Mundial. Sigue sin estar claro si el pueblo británico quería lo que Thatcher vendía (el voto conservador no aumentó); pero no había duda de que no quería la alternativa que se le ofrecía.

Al Partido Laborista le costó catorce años y tres líderes diferentes recuperarse de la catástrofe de 1983. Políticamente, el partido tuvo que aislar y destruir la influencia de los trotskistas y de otros militantes de la vieja izquierda en algunos de sus baluartes regionales (en concreto en Liverpool). Sociológicamente, tuvo que aceptar su fracaso para mantenerse al día de las preocupaciones y aspiraciones de una nueva clase media, sin cuyo apoyo nunca podría volver a ser elegido para ocupar el poder y que superaba en número al núcleo, cada vez menor, de proletarios industriales y empleados del sector público en los que los laboristas (al igual que todos los partidos socialdemócratas) se habían apoyado tradicionalmente. Intelectualmente, los dirigentes laboristas debían identificar un nuevo conjunto de objetivos políticos y un nuevo lenguaje para presentarlos.

A mediados de los noventa se habían encontrado esos objetivos, aunque fuera con un simple lavado de cara. El partido cambió su nombre para convertirse en el «nuevo laborismo» en 1996, un año después de que su recién llegado líder, Tony Blair, convenciera a sus colegas de que abandonaran por fin la polémica cláusula IV que comprometía al partido con la nacionalización. Cuando los laboristas regresaron por fin al poder en 1997, derrotando de manera aplastante a un exhausto Partido Conservador, ya no se hablaba de deshacer la revolución thatcheriana. Por el contrario, la campaña del nuevo laborismo, dirigida casi por completo a los votantes conservadores marginales y «blandos», arremetió contra los impuestos elevados, la corrupción y la ineficacia: asuntos contra los que la propia Thatcher había arremetido una generación antes.

No fue casual que Tony Blair y sus colegas corrieran un ligero velo sobre la época anterior. Los éxitos de Blair descansaban directamente sobre tres elementos heredados de Thatcher (ahora lady). En primer lugar, la primera ministra normalizó el desmantelamiento radical del sector público industrial y de servicios y lo sustituyó por la Gran Bretaña privatizada y empresarial que con tanto entusiasmo elogiaba Blair. En segundo lugar, y de paso, destrozó el antiguo Partido Laborista y facilitó la tarea de quienes luchaban por reformarlo: Blair se limitó a recoger los frutos de su trabajo. Y en tercer lugar, como hemos visto, su aspereza e intolerancia con el disentimiento y el desacuerdo habían fracturado a su propio partido, alejándolo de los votos.

Tony Blair, que se aprovechó de la estela dejada por Thatcher, compartía muchos de sus prejuicios, aunque no era tan brusco. Al igual que a ella, le desagradaba profundamente el antiguo vocabulario político. En su caso, esto significaba evitar cualquier mención a la clase, una anticuada categoría social desplazada en el caldero retórico del nuevo laborismo por conceptos como raza o género. Como Thatcher, Blair apenas toleraba la toma de decisiones descentralizada o la discrepancia interna, y, también como ella, prefería rodearse de empresarios del sector privado^[8]. Y aunque el nuevo laborismo siguió vagamente comprometido con la sociedad, el grupo dirigente blairiano sospechaba tan visceralmente del Estado como el más doctrinario de los thatcherianos.

Aquí se mide, por tanto, el éxito de Margaret Thatcher. No sólo destruyó el consenso de postguerra, sino que forjó otro nuevo. Antes de su llegada al poder, la política pública británica consideraba por defecto que la fuente natural de legitimidad y de iniciativas era el Estado. Cuando ella abandonó el escenario político, esta idea estaba convirtiéndose en minoritaria incluso en un partido tan estatalista como el laborista británico. Por primera vez en dos generaciones se había cuestionado el papel del Estado y cada vez se escuchaban menos voces en su defensa, al menos dentro de las corrientes mayoritarias. Sin duda había quienes continuaban creyendo que la revolución thatcheriana había sembrado el caos y que todavía era deseable retomar la gestión pública directa de los servicios (cuando no la propiedad estatal de los medios de producción). Pero después de Thatcher, ésta era una causa que había que defender, y, salvo en lo tocante a bienes sociales clave como la educación y la sanidad, ya no se podía contar con el favor del público.

A veces se dice que se ha exagerado el papel de Thatcher en este cambio y que de todas formas las circunstancias habrían empujado al Reino Unido en una dirección thatcheriana, es decir, que el pacto social de la postguerra ya estaba quedándose sin aliento. Es posible. Pero, incluso con la perspectiva del tiempo, resulta difícil imaginarse quién, salvo Thatcher, podría haber hecho de sepulturero. Para bien o para mal, lo que hay que reconocer es la propia escala de la transformación que obró. A alguien que se hubiera quedado dormido en Inglaterra en 1978 para despertarse veinte años después, el país le habría parecido un desconocido: muy diferente a su yo anterior, y enormemente distinto del resto de Europa.

También Francia cambió drásticamente durante esos años y en parte con iguales consecuencias. Pero mientras que en el Reino Unido fue una revolución derechista la que hizo añicos los presupuestos esenciales del consenso de postguerra, en Francia lo que rompió los moldes políticos fue la revitalización y transformación de la izquierda no comunista. Durante muchos años la política francesa había sido esclava de dos atracciones paralelas y opuestas, la del Partido Comunista a la izquierda y la del gaullismo a la derecha. Junto con sus respectivos alevines, comunistas y gaullistas encarnaban y ampliaban fielmente una tradición de lealtad política típicamente francesa, determinada por la región, la profesión y la religión.

Estas rigideces de la sociología política francesa, incólumes desde mediados del siglo XIX, ya se encontraban, como hemos visto, en estado de sitio desde que se registraron las transformaciones sociales y culturales de los años sesenta. La izquierda ya no podía contar con el voto en bloque del proletariado. La derecha no estaba unida en torno a la persona y el halo de De Gaulle, muerto en 1970; y el elemento fundamental del conservadurismo francés —la propensión de sus votantes a ser católicos practicantes— estaba siendo minado por la decadencia de la práctica religiosa, a medida que las iglesias de los pueblos y ciudades de provincias francesas perdían a sus fieles, y especialmente a los hijos de éstos, que se trasladaban a los centros urbanos.

Pero también se estaba produciendo un cambio más profundo. Durante los años setenta y comienzos de los ochenta, a los franceses les pareció que su sociedad tradicional y su antigua forma de vida —descrita afectuosamente con diversas expresiones como la France profonde, la douce France, la bonne vieille France, la France éternelle— estaban desapareciendo ante sus ojos. La modernización agrícola de los cincuenta y los sesenta y la migración de los hijos e hijas de los campesinos a las ciudades habían ido drenando y despoblando paulatinamente el campo francés. La revitalizada economía nacional estaba produciendo una transformación del empleo, de las pautas de desplazamiento y del tiempo de ocio en una nueva clase de residentes urbanos. Carreteras y ferrocarriles que durante décadas habían acumulado hierbajos y mugre fueron reconstruidos, remodelados o sustituidos por una red prácticamente nueva de comunicaciones nacionales. Los propios municipios de todos los tamaños, conservados durante tanto tiempo en la insulsa gelatina de la decadencia y la falta de inversiones, se estaban convirtiendo ahora en localidades populosas y llenas de energía.

Los franceses no siempre estuvieron cómodos con el ritmo del cambio. Surgieron movimientos políticos para protestar contra la aceleración y la urbanización de la vida social, el crecimiento de las ciudades y la despoblación del campo. Uno de los legados de los sesenta —el renovado interés por las lenguas y la cultura locales y regionales— parecía poner en peligro la propia integridad territorial y la unidad de Francia. Para algunos temerosos contemporáneos, el país parecía modernizarse y fragmentarse al mismo tiempo. Pero el Estado se mantuvo al margen de la refriega. En el Reino Unido, muchos creían que la relación entre un Estado todopoderoso y una economía ineficiente, sobre la que Margaret Thatcher puso un énfasis tan peyorativo, saltaba a la vista. Pero en Francia era el propio Estado el que parecía tener la llave del resurgimiento económico del país. Sus gestores eran la élite intelectual francesa; sus planificadores se consideraban una clase de funcionarios desinteresados, situados por encima de las efímeras pasiones políticas y sobresaltos sociales del país. En Francia, la política dividía implacablemente a la nación en torno a la cuestión de quién lograba el poder y qué fines sociales pretendía alcanzar, pero existía un sorprendente consenso práctico sobre cómo ejercer dicho poder.

Entre 1958 y 1969 Charles de Gaulle había dominado el Estado francés. El estilo conscientemente tradicional del presidente y su supuesto desinterés por los detalles de la planificación económica no habían sido impedimentos para el cambio. Más bien al contrario: Francia, camuflada bajo una Constitución semiautoritaria, confeccionada según los designios de un carismático autócrata militar, había comenzado la perturbadora modernización que ayudó a desatar los acontecimientos de 1968; de hecho, lo que condujo a esas protestas fue la inquietante combinación de una autoridad paterna de cuño tradicional con unos desestabilizadores cambios sociales.

Los adversarios y críticos de De Gaulle ponían mucho énfasis en los métodos antidemocráticos con los que el general había tomado y ejercido el poder —le coup d’État permanent (el golpe de Estado permanente), tal como François Mitterrand lo denominó en un panfleto publicado en 1965—, pero los recursos y aditamentos de un poder presidencial prácticamente ilimitado no resultaron menos atractivos para sus sucesores, de todos los colores políticos. Y el característico sistema de elección presidencial directa arrojaba una sombra sobre las elecciones parlamentarias que cada cinco años se celebraban en el país, recompensando la destreza y la personalidad políticas de unos candidatos en torno a los cuales los partidos tenían por fuerza que reagruparse. En este entorno sería en el que sobresaldría el imponente Mitterrand.

François Mitterrand, al igual que Margaret Thatcher, era un candidato inverosímil para el papel que iba a desempeñar en los asuntos de su país. Nacido en el seno de una familia de católicos practicantes en el conservador suroeste francés, durante los años treinta fue un estudiante de leyes derechista y militante de algunos de los movimientos más antidemocráticos de la época. Se pasó gran parte de la Segunda Guerra Mundial como funcionario de rango inferior del régimen colaboracionista de Vichy, cambiando de filiación justo a tiempo para poder presentar credenciales de resistente en la postguerra. Su carrera parlamentaria y ministerial durante la Cuarta República la realizó en diversos partidos menores de centro izquierda, ninguno de ellos vinculado a las principales corrientes marxistas.

Aunque se presentó sin éxito a presidente en 1965, con el apoyo de partidos de la izquierda oficial, Mitterrand no era en modo alguno su candidato y se preocupó mucho de guardar las distancias con ellos. Hasta 1969, cuando se produjo la implosión del antiguo Partido Socialista, después de la humillación electoral de 1968, Mitterrand no comenzó a tramar cuál iba a ser su papel en el renacimiento del partido: un asalto, lanzado en 1971, con la indumentaria de un nuevo Partido Socialista dirigido por él mismo junto a una nueva generación de ambiciosos jóvenes reclutados para servirle.

La relación entre Mitterrand y los restos del orgulloso legado del socialismo francés era instrumental por ambas partes. El partido necesitaba a Mitterrand: sus buenos resultados en las elecciones presidenciales de 1965, cuando logró el 27 por ciento de los votos emitidos (entre ellos el de muchos bastiones conservadores del este y el oeste) y obligó a De Gaulle a someterse a una segunda vuelta, demostraron que era una buena apuesta para ganar votos (ya en 1967, durante unas elecciones legislativas, las insignias y fotos de Mitterrand se vendieron bien). El país estaba entrando en una nueva época de política televisiva y personalista; como apuntó con tristeza en 1971 Michel Durafour, alcalde de Saint Étienne: «Francia sólo vive a la espera de las siguientes elecciones presidenciales». Mitterrand sería una baza para la izquierda.

A su vez, él necesitaba a los socialistas. Carente de una organización propia, más que salpicado por los compromisos y escándalos de la Cuarta República, de cuyos gobiernos había formado parte, este consumado oportunista utilizó al Partido Socialista para reciclarse en hombre progresista comprometido, librándose al mismo tiempo del gravoso bagaje doctrinal que sobrellevaba la propia izquierda. En una ocasión describió de la siguiente forma sus creencias religiosas: «Je suis né chrétien, et je mourrai sans doute en cet état. Dans l’intervalle…» (Nací cristiano y sin duda moriré en ese estado. Pero entre tanto…). Con el mismo cinismo podría haber añadido que había nacido conservador y que así moriría, pero que entre tanto se las había arreglado para hacerse socialista.

Este matrimonio de conveniencia funcionó mejor de lo que cualquiera de las partes podría haberse imaginado. A lo largo de la década de 1970, mientras el Partido Laborista británico entraba en una fase de decadencia terminal, los socialistas franceses estaban a punto de alcanzar sus principales éxitos. Los dos impedimentos para el resurgimiento de una mayoría de izquierdas en Francia habían sido el atractivo personal de De Gaulle y el miedo de muchos votantes a que un gobierno de izquierdas estuviera dominado por los comunistas. Mitterrand no podía atribuirse directamente la superación del primer obstáculo, pero es incuestionable que fue quien salvó el segundo.

Al principio, Mitterrand, al reconocer la lógica de la necesidad y carecer de la sutileza ideológica de sus antecesores auténticamente socialistas, alineó a su nuevo partido con los comunistas; en 1972 formó con ellos una coalición electoral, amparándose en un vago programa común anticapitalista. En las elecciones de 1977 los comunistas, partido de izquierdas dominante desde 1945, estaban diez puntos por debajo de los socialistas de Mitterrand. Sólo entonces comenzó a darse cuenta Georges Marchais, el deslucido secretario general del PCF, del error que había cometido su partido al uncir su suerte a la joven y enérgica formación de Mitterrand, una decisión tomada en parte bajo la optimista y ecuménica influencia del eurocomunismo; pero ya era demasiado tarde.

Después de mejorar sus resultados de 1965 en las presidenciales de 1974, año en el que fue derrotado por un escaso margen por Giscard d’Estaing, después de presentarse al frente de una candidatura unitaria de izquierdas, Mitterrand forjó una formidable maquinaria electoral, y convirtió el Partido Socialista en un cajón de sastre cuyo movimiento atraía a todo el abanico social francés, incluidos a católicos, mujeres, agricultores y tenderos, todos ellos hostiles a los socialistas hasta ese momento^[9]. Su propia imagen se había suavizado con la edad: durante la primavera de 1981, enormes carteles diseminados por toda Francia le presentaban, ligeramente desenfocado y prometiendo la force tranquille (la fuerza tranquila), sobre el mismo paisaje rural, intemporal y bucólico, que en su día le había gustado mostrar, en esos mismos soportes, a la propaganda pétainista.

Entre tanto, los comunistas eran débiles: la invasión soviética de Afganistán en 1979 fue tan enormemente bochornosa como su propio descenso en los sondeos. Durante los años setenta el Partido Comunista Francés dejó de ser una estrella sólida en el firmamento ideológico: su prestigio se había derrumbado junto con sus votos, hasta en el «cinturón rojo» de París, que venía dominando desde mediados de la década de 1920. No obstante, Marchais estaba decidido a presentarse a las siguientes elecciones presidenciales; en parte por costumbre, en parte por arrogancia, pero sobre todo porque cada vez estaba más seguro de que era necesario liberar al PCF del abrazo emponzoñado de sus camaradas socialistas.

En la primera vuelta de los comicios presidenciales de 1981 los votos sumados de los dos candidatos conservadores, Giscard d’Estaing y el joven Jacques Chirac, superaron los de Mitterrand y Marchais (este último sólo había logrado el 12,2 por ciento de los sufragios). Pero dos semanas después, en la segunda vuelta que había de enfrentar a los dos candidatos mejor situados, Mitterrand logró el apoyo de los socialistas, los comunistas, los ecologistas e incluso de los trotskistas, normalmente poco dispuestos a colaborar; duplicó con creces los sufragios obtenidos en la primera vuelta y derrotó a Giscard, con lo que se convirtió así en el primer jefe de Estado socialista elegido directamente en Europa. No tardó en disolver el Parlamento y en convocar elecciones legislativas en las que su propio partido aplastó tanto a los comunistas como a la derecha y consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Los socialistas controlaban por completo Francia.

Las celebraciones espontáneas que acogieron las victorias socialistas no tenían precedentes. Para las decenas de miles de partidarios de Mitterrand (sobre todo jóvenes) que bailaban en las calles, ésta fue la grand soir (la gran noche), la víspera de la revolución, el umbral de una ruptura radical con el pasado. Si nos fijamos únicamente en los datos electorales, esta pretensión era bastante curiosa. Al igual que en anteriores terremotos electorales —la victoria del Frente Popular en abril de 1936, con la que el éxito de Mitterrand se comparó inmediatamente, o la elección de Margaret Thatcher en 1979—, los sufragios emitidos en la Francia de 1981 no experimentaron una redistribución radical. De hecho, en la primera vuelta, a Mitterrand le fue peor que en sus anteriores tentativas de lograr la presidencia en 1965 y 1974.

Los factores determinantes fueron la disciplina que mostraron los votantes de izquierda en esta ocasión, al arropar a Mitterrand en la segunda vuelta en lugar de abstenerse para mostrar su obstinado sectarismo, y la división de opiniones de la derecha. El 16 por ciento de los que votaron por Chirac en la primera vuelta de las presidenciales de 1981 apoyó a Mitterrand dos semanas después, en lugar de reelegir al presidente saliente Giscard d’Estaing, un hombre que desagradaba profundamente a los gaullistas de Chirac. Si la derecha no se hubiera dividido de este modo, no habría habido presidente Mitterrand, los socialistas no habrían arrasado en las posteriores elecciones legislativas y tampoco habría tenido lugar una grand soir de expectativas radicales.

Merecen subrayarse las enormes expectativas que parecía suscitar el resultado de las elecciones de 1981. Con la perspectiva de los años, está claro que el éxito de Mitterrand, tal como él mismo comprendió, fue el de normalizar el proceso de alternancia dentro de la República Francesa, el de hacer posible que se considerara a los socialistas un partido de gobierno normal. Pero en 1981 los partidarios de Mitterrand veían un panorama muy diferente. Su objetivo no era normalizar la alternancia de poder futura, sino tomar éste y utilizarlo, aquí y ahora. Se tragaron las promesas de transformación radical de sus líderes, su intención de acabar no sólo con la corrupción y el ennui (hastío) de los años de Giscard, sino con el propio sistema capitalista. Apartados del poder durante tanto tiempo, los socialistas radicales de Francia habían tenido libertad para soñar con la revolución.

Porque, en Francia, la izquierda no ocupaba el poder desde hacía décadas; de hecho, nunca lo había ejercido sin verse condicionada por sus compañeros de coalición, por banqueros poco dados a cooperar, por crisis monetarias externas, por emergencias internacionales o por una letanía de excusas de otra índole en las que ampararse para justificar el hecho de no poner en práctica el socialismo. Parecía que en 1981 no existía ninguno de esos condicionantes y que no había excusas para sufrir una recaída. Además, el vínculo entre el control del Estado y la puesta en marcha de un cambio revolucionario era algo tan arraigado en la cultura política radical de Francia, que se consideró que el simple hecho de ganar las elecciones significaba el advenimiento de la confrontación social.

Como el mismo Marx, la izquierda francesa identificaba cualquier cambio real con la revolución política en general y, en concreto, con la gran Revolución Francesa. Nada de lo dicho por Mitterrand durante la campaña había llevado a los más comprometidos de sus seguidores a pensar lo contrario. Para «despachar» a los comunistas y al ala izquierda de su propio partido, Mitterrand les había robado su indumentaria revolucionaria. Su campaña electoral había generado expectativas que ahora se esperaba que cumpliera.

En consecuencia, los años de Mitterrand comenzaron con un programa ambicioso y radical: una mezcla de reformas sociales, moralmente edificantes y largo tiempo esperadas (de las cuales la abolición de la pena capital fue la más significativa), y de fantasmagóricas medidas anticapitalistas. Se aumentaron los salarios, se anticipó la edad de jubilación y se redujo la jornada laboral. Pero la clave del programa era un plan de nacionalizaciones sin precedentes. Durante su primer año en el poder, el nuevo Gobierno socialista del primer ministro Pierre Mauroy puso bajo el control estatal, entre otras cosas, 36 bancos, dos importantes empresas financieras, cinco de las principales corporaciones industriales de Francia (entre ellas Thomson-Brandt, el mayor fabricante de productos eléctricos y electrónicos del país) y Usinor y Sacilor, los gigantescos grupos franceses dedicados a la producción de hierro y acero.

Detrás de estas iniciativas no había una estrategia económica premeditada. Se hablaba de revitalizar la débil economía francesa mediante la inyección de capital estatal; pero esta idea no era nueva, ni tampoco especialmente socialista: el primer ministro Chirac, a mediados de los setenta, también había barajado brevemente proyectos de crecimiento orientados a la demanda. El objetivo principal de las nacionalizaciones de 1981-1982, al igual que el del control de divisas que conllevaba, era simbolizar las intenciones anticapitalistas del nuevo régimen, confirmar que las elecciones de 1981 habían cambiado realmente algo más que a los miembros del Gobierno.

En realidad, desde el principio todos los afectados tuvieron claro que, por ejemplo, los bancos de propiedad estatal sólo podrían funcionar si se les concedía «autonomía total para decidir y actuar», lo cual eliminaba los objetivos reguladores y socialmente redistributivos aducidos para justificar inicialmente su nacionalización. Esta concesión pragmática pone de manifiesto el principal impedimento al que se enfrentaba la «revolución» de Mitterrand. Durante un año, el nuevo régimen se empeñó con audacia en mostrar una imagen radical ante Francia y ante el mundo. Al principio fue convincente: Jacques Attali, el asesor más cercano a Mitterrand, hizo constar que los funcionarios estadounidenses (siempre en busca de esa clase de deslizamientos) decían que veían poca diferencia entre la política económica francesa y la de la Unión Soviética.

Pero para que Francia tomara una senda «socialista» en 1982 no sólo habría sido necesario imponer controles sobre las divisas, sino toda una gama de medidas que separaran el país de sus socios comerciales y situaran la economía prácticamente en la autarquía. Quizá sacar a Francia de los mercados financieros internacionales no fuera entonces algo tan inimaginable como lo sería posteriormente: en 1977, sólo el valor de mercado de IBM representaba más del doble que toda la Bolsa de París. Pero sobre todo, esta medida habría desatado el alejamiento y quizá la salida de Francia de la Comunidad Europea, cuyos acuerdos arancelarios, mercantiles y monetarios —por no hablar de los planes de constitución inminente de un mercado único— ya restringían enormemente las opciones de que disponían los Estados miembros.

Parece que estas consideraciones dominaban el pensamiento de Mitterrand, avaladas sin duda por las pruebas de la escalada de pánico en los ciclos económicos y de los indicios de que las divisas, los objetos de valor y las personas estaban abandonando el país cada vez con más premura, precipitando una crisis económica. El 12 de junio de 1982 el presidente decidió dar un giro de ciento ochenta grados. Desoyendo los consejos de sus asesores más radicales, Mitterrand autorizó a su Gobierno a congelar los precios y los salarios durante cuatro meses, redujo el gasto público (que se había incrementado generosamente el año anterior), aumentó los impuestos, dio prioridad a la lucha contra la inflación (en lugar de emitir moneda, como se le había instado a hacer), y de este modo adoptó realmente la estrategia del economista conservador Raymond Barre, cuyo plan de 1977, nunca aplicado, habría supuesto para Francia una dosis de thatcherismo avant l’heure; abandonando inmediatamente cualquier referencia a una «vía francesa al socialismo».

Sus aliados comunistas y algunos de sus colegas socialistas sufrieron una profunda conmoción. Pero no deberían haberse sorprendido. Mitterrand, pragmático por antonomasia, captó con rapidez que para Francia era inconcebible siquiera contemplar la posibilidad de elegir entre mantenerse dentro de la órbita económica (y política) occidental y arrojarse en brazos de una opción intermedia, dudosamente sostenible, entre el capitalismo y el comunismo. Como era de esperar, haciendo de una necesidad pasajera una virtud permanente, se transformó en un destacado europeista. En Francia se constituiría una sociedad mejor a través de la unificación europea que oponiéndose a ella. En lugar de enfrentarse al capitalismo, Francia inventaría una versión superior del mismo.

En 1984 Mitterrand ya había prescindido de los cuatro ministros comunistas de su Gobierno, defendía públicamente las virtudes de la economía mixta, había nombrado a un primer ministro joven y tecnócrata (Laurent Fabius), había entregado la gestión de los asuntos económicos, financieros y presupuestarios a Jacques Delors, dándole instrucciones de estabilizar la economía francesa^[10], e incluso, en un llamativo discurso pronunciado en abril del mismo año, había abogado por una modernización de Francia à l’américaine.

Mitterrand tenía a Francia de su lado: en 1983, sólo el 23 por ciento de los propios votantes socialistas lamentaba que no hubiera logrado poner en marcha el socialismo. Menos claro era su deseo de que «modernizara» con tanto entusiasmo, pero eso fue precisamente lo que hizo: modernizar. Sin abandonar abiertamente las reformas menos polémicas del inicio de su mandato —la descentralización administrativa, la puesta a punto de la seguridad social, la consolidación de la igualdad de derechos para las mujeres en el ámbito laboral y la reforma de la justicia, tan largamente esperada—, durante el resto de su largo periodo en el poder (se retiró en 1995, tras dos legislaturas presidenciales de siete años; murió al año siguiente, a los ochenta años) Mitterrand se dedicó a realizar costosas obras públicas de estética y utilidad dudosas, a recuperar la iniciativa internacional de Francia^[11]… y a supervisar el retorno a manos privadas de los muchos servicios e industrias que hacía poco tiempo él mismo había puesto bajo control estatal.

El impulso privatizador inicial del enorme sector público francés corrió a cargo de la mayoría parlamentaria conservadora surgida de las elecciones de 1986. Pero sucesivos gobiernos de todas las tendencias políticas participaron del mismo objetivo: de hecho, los gabinetes socialistas de los últimos años del periodo Mitterrand fueron, con mucho, los más enérgicos privatizadores. Los primeros bienes en venderse, siguiendo el modelo británico de oferta pública, fueron los principales bancos y TF1, uno de los tres canales de televisión nacionales. Después vinieron sociedades de cartera, compañías de seguros, corporaciones químicas y farmacéuticas, y gigantescos conglomerados petrolíferos como Total y Elf.

Sin embargo, al contrario que Thatcher y sus herederos, los franceses tuvieron cuidado de no desprenderse de servicios públicos o de empresas estratégicas, como la fábrica de coches Renault (que acababa de ser salvada de la quiebra por una enorme infusión de capital estatal en 1985). En los mercados, al igual que en los jardines, los franceses recelaban de los frutos no planificados. Preferían conservar cierta capacidad de intervención, generalmente manteniendo en manos del Estado una parte de las empresas privatizadas. De este modo, la privatización fue un proceso claramente regulado: los cupos de control se dirigían de manera cuidadosa a empresas y sectores en los que el Estado podía confiar, de forma que era comprensible que durante muchos años los inversores extranjeros tuvieran recelos. No obstante, en términos franceses, los cambios fueron trascendentales y situaron de nuevo el país, con brusquedad, en línea con la evolución de Europa y del mundo.

Quizá sea éste el momento adecuado para hacer un comentario sobre la oleada de privatizaciones que chocó contra las costas de Europa occidental durante los años ochenta y que recorrería el continente durante la siguiente década. No surgió totalmente de la nada. Como hemos visto, British Petroleum comenzó a venderse paulatinamente en 1977; el Gobierno de Alemania Occidental se había librado del grupo químico Preussag mediante una oferta pública de acciones ya en 1959, y vendió sus activos en Volkswagen unos años después; hasta el Estado austríaco había vendido el 40 por ciento de sus acciones en dos bancos nacionalizados durante la década de 1950, y había renunciado a su considerable porción de Siemens en 1972.

Pero estas privatizaciones habían sido esporádicas y, por así decirlo, pragmáticas. Lo que ocurrió durante los ochenta fue algo bastante diferente, fruto de la presión que los gobiernos sufrían desde dos frentes distintos. En primer lugar, la aceleración del desarrollo tecnológico —sobre todo en el campo de las telecomunicaciones y los mercados financieros— estaba minando los antiguos monopolios naturales. Si el poder ejecutivo ya no podía aprovecharse ni de las ondas ni de los movimientos monetarios para su beneficio exclusivo, ya no tenía mucho sentido «poseer» ambas cosas. El Estado seguía teniendo importantes razones políticas o sociales para conservar parte de determinados sectores —por ejemplo, un canal de televisión público o el servicio de correos—, pero ahora la competencia era inevitable.

En segundo lugar, los gobiernos se vieron obligados a vender bienes públicos por necesidad económica a corto plazo. Para los ministros de Hacienda, presionados por la inflación, la crisis del petróleo de 1979-1980, los enormes déficits anuales y el creciente endeudamiento público, la venta de bienes públicos era doblemente beneficiosa. El Estado se libraría de industrias o servicios deficitarios, y conseguiría así un dinero que le serviría para equilibrar el presupuesto, aunque sólo fuera una vez. La inyección de dinero procedente de la venta de acciones podría servir para futuras inversiones, aunque alguna industria o algún servicio se mantuvieran parcialmente en manos públicas (el Estado solía quedarse con las partes no rentables que los compradores privados no querían). Esta es la razón por la que había incluso muchos gestores del sector público que ahora, después de haberse quejado durante mucho tiempo del desvío de beneficios para compensar los déficits presupuestarios nacionales, eran partidarios acérrimos de las ventas parciales.

Las características y la magnitud de los bienes públicos europeos y del control estatal variaban enormemente de un país a otro. En Holanda, Dinamarca y Suecia el sector industrial público era menor; mientras que su tamaño era superior en Italia, Francia, España y Austria. Aparte de la sanidad y de los servicios sociales, a comienzos de los años ochenta el porcentaje de mano de obra directamente empleada por el Estado iba del 15 por ciento de Alemania Occidental al 28 por ciento de Italia y a casi uno de cada tres trabajadores en Austria. En algunos países —Austria, España e Italia— el sector público se organizaba en enormes conglomerados industriales, de los cuales el IRI italiano alcanzaba las mayores dimensiones^[12].

En otros países, los intereses del Estado se filtraban a través de un banco nacional de inversiones y de un fondo industrial de garantía, como en Holanda, o de un organismo similar, como la Sociedad Nacional de Inversiones de Bélgica. La industria siderúrgica, por ejemplo, se gestionaba de muy diferentes maneras: en el Reino Unido, el Tesoro consideraba pérdidas las deudas de las empresas públicas; en Francia, el Gobierno concedía préstamos a bajo interés e intervenía políticamente para favorecer los productores locales frente a la competencia exterior; en Alemania Occidental, los productores de acero privados recibían subvenciones directas en metálico.

Dadas esas disparidades nacionales, era natural que en Europa las formas de privatización divergieran enormemente. Sin embargo, en cualquier caso, siempre conllevaron cierto grado de desregulación, liberalización de los mercados e introducción de nuevos instrumentos financieros para facilitar la venta y la reventa de acciones en empresas parcial o totalmente privatizadas. En la República Federal Alemana, donde los principales sectores exportadores (automoción, ingeniería mecánica, química y electrónica) ya estaban en manos privadas, los impedimentos para la eficiencia y la competencia no procedían del control estatal sino de los elevados costes fijos y de la regulación del mercado laboral. En Alemania, la privatización, cuando llegó, fue sobre todo responsabilidad de la Treuhandgesellschaft, la corporación pública instituida en 1990 para la venta de empresas que antes estaban en manos del Estado germano oriental^[13].

En Italia, el principal escollo en el camino a la privatización no eran los intereses creados del Estado sino los partidos políticos. En concreto, los democristianos y los socialistas utilizaban el sector público y sus compañías de cartera para recompensar a colegas o sobornar a partidarios, concediéndoles con frecuencia un trato de favor en los concursos públicos y absorbiéndolos en un sottogoverno o estructura de poder subterránea que respaldaba su dominio. Sin embargo, pese a este poderoso elemento disuasorio, el sector privado italiano creció constantemente durante el periodo, sobre todo en forma de empresas manufactureras con menos de cien empleados, mucho más numerosas en Italia que en el Reino Unido, Francia o Alemania.

Ya en 1976 el Tribunal Constitucional había terminado con el monopolio de la RAI, la cadena de radio y televisión estatal. Unos años después, Alfa Romeo, que en ese momento todavía estaba bajo la égida de un consorcio público, fue «cedida» a FIAT. A los seis años, los propios consorcios públicos —IRI, INA, ENI y ENEL^[14]— se habían convertido en sociedades anónimas públicas. Pero carecían de valor: en 1984, el IRI perdía 4.500.000 liras anuales por cada uno de sus 500.000 empleados. Sin embargo, lograron emitir bonos convertibles en acciones de las compañías que controlaban y que ahora se planeaba privatizar.

La situación en los países que acababan de salir de regímenes autoritarios era bastante diferente. En realidad, en la España postfranquista, por ejemplo, el sector público se expandió. El gasto público en relación con el PIB aumentó constantemente, mientras los gobiernos centristas del periodo 1976-1982 continuaban practicando la misma política del antiguo régimen: evitar la confrontación social limitándose a transferir al Estado compañías privadas ruinosas. Prácticamente no podían hacer otra cosa: por diversas razones, este tipo de nacionalización era lo que preferían los trabajadores, los propietarios, los políticos nacionales y las autoridades regionales. En cualquier caso, uno de los principales argumentos para reducir el sector público —que el Estado del bienestar que representaba era demasiado costoso de mantener— no se aplicaba en España, Portugal o Grecia. No había Estado del bienestar que desmantelar.

No obstante, aun careciendo de servicios sociales y de medidas de protección de corte europeo, el sector público —cargado con los residuos abandonados e inútiles de la acelerada y mimada adolescencia del capitalismo español— estaba lastimosamente saturado. Ya en 1976, sólo el Instituto Nacional de Industria (INI) tenía intereses en setecientas cuarenta y siete compañías industriales, en gran medida deficitarias, y participaciones de control en otras trescientas setenta y nueve. Para que España llegara en algún momento a ser solvente era inevitable tomar alguna iniciativa privatizadora o desreguladora. Al igual que en Francia, fue un gobierno socialista el que inició este proceso, introduciendo fondos de pensiones privados en 1987 y acabando con el monopolio televisivo estatal dos años después.

En el Portugal de después de la revolución el artículo 85 de la Constitución y una ley posterior de 1977 prohibían expresamente la presencia privada en la banca, los seguros, el transporte, el correo y las telecomunicaciones, así como en la producción y distribución de electricidad, el refinado de petróleo y la industria armamentística. En 1983 la administración socialista de Mário Soares trató de introducir cierta flexibilidad al permitir que el sector privado compitiera con el Estado en la banca y los seguros, y autorizando la formación de sociedades anónimas en los sectores siderúrgico, petrolífero, químico y armamentístico. Pero se tardaría algún tiempo antes de que los demás sectores protegidos se abrieran siquiera a una competencia limitada.

Probablemente, la Europa mediterránea —al igual que la Europa central postcomunista unos años después— habría tardado aún más en renunciar a los controles estatales si no hubiera sido por el impacto de la Comunidad (Unión) Europea. Después de 1979, los tipos de cambio fijos de las divisas según el sistema monetario europeo (SME) fueron un primer condicionante: una de las razones por las que los gobiernos de Mitterrand comenzaron a vender bienes públicos fue el deseo de tranquilizar a los mercados de divisas y mantener así el franco en los niveles acordados en el SME. Pero el principal mecanismo de control de Bruselas era la normativa que se estaba redactando para el funcionamiento de un mercado único que obligaría a las empresas, tanto públicas como privadas, a cumplir ciertas normas relativas a la apertura a la competencia dentro de cada país y, finalmente, entre unos y otros. No se podría favorecer a los «paladines» nacionales, no podría haber subvenciones encubiertas ni ninguna otra ventaja para empresas de propiedad estatal o controladas por entes públicos que optaran a contratos públicos, ni tampoco podría haber aranceles.

Por mucho que se sortearan estas reglas en la práctica, su mera existencia obligaba a las empresas de titularidad estatal a comportarse de la misma forma que las privadas en el mercado; en este punto, apenas había ya razones para mantener la implicación estatal en sus asuntos. La respuesta italiana fue la típica de otros muchos Estados miembros de la Comunidad Europea: en 1990 Italia aprobó nuevas normativas que, haciéndose eco de las cláusulas pertinentes del Acta Única Europea, exigían a las empresas estatales que aplicaran a todas sus actividades el principio de competencia abierta e igualitaria, salvo en el caso de empresas y sectores donde el monopolio del Estado fuera «vital para su funcionamiento», una cláusula cuya flexibilidad y vaguedad permitió a los gobiernos adaptarse a la normativa europea sin dejar de ser sensibles a las presiones locales.

Pese al entusiasmo con que en Bruselas (y Londres) se hablaba del incremento de la apertura y la competitividad, es probable que la fiebre privatizadora europea de esos años generara menos cambios de los que sus partidarios prometían o esperaban. Los críticos habían advertido que el resultado no sería un aumento de la competencia, sino un mero traslado de poder económico concentrado desde la esfera pública a la privada, y eso es lo que ocurrió. Gracias a complicados acuerdos de intercambio de acciones, muchas grandes empresas privadas de Francia, por ejemplo, remedaron el comportamiento de las antiguas compañías públicas. Monopolizaron sectores enteros y no fueron más sensibles con sus pequeños accionistas de lo que lo habían sido con los contribuyentes o los consumidores cuando las administraban gestores públicos.

Irónicamente, la privatización y el aumento de la competencia tampoco tuvieron un gran impacto inmediato en el tamaño del propio sector público. Ya hemos visto que en el Reino Unido de Thatcher la magnitud del Estado en realidad aumentó. Lo mismo ocurrió en los demás países. Entre 1974 y 1990 (gracias en cierto modo al endémico desempleo que padecían las empresas privadas), la población activa empleada en el sector público se elevó: pasó del 13 al 15,1 por ciento en Alemania; del 13,4 al 15,5 en Italia y del 22,2 al 30,5 en Dinamarca. Sin embargo, gran parte de estos empleados públicos se encontraban ahora en el sector terciario y no en el industrial: daban y gestionaban servicios (financieros, educativos, médicos y de transporte) en lugar de fabricar cosas.

Pese a las esperanzas de sus teóricos, la liberalización económica no supuso la caída del Estado del bienestar, ni siquiera su declive terminal. No obstante, sí puso de manifiesto un trasvase monumental de recursos y de iniciativa desde el sector público al privado. Este cambio iba mucho más allá de la cuestión técnica de quién poseía las fábricas o de qué grado de regulación tenía que haber en cada sector. Durante casi medio siglo los europeos habían asistido a un constante fortalecimiento del papel del Estado y de las autoridades públicas en sus asuntos. El proceso se había hecho tan habitual que, en general, la premisa que lo justificaba —que la presencia de un Estado activo era condición necesaria para el crecimiento económico y la mejora de las condiciones sociales— ya no se cuestionaba. Sin el paulatino desgaste de este presupuesto a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, ni el thatcherismo ni el cambio radical de Mitterrand habrían sido posibles.