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POLONIA, LA «NACIÓN-ENEMIGO»

por
ANDRZEJ PACZKOWSKI

LAS REPRESIONES SOVIÉTICAS CONTRAS LOS POLACOS. Es probable que el pueblo polaco se cuente entre los más probados (castigados) por las represiones llevadas a cabo por las autoridades soviéticas, y ello a pesar de que fue un polacopolaco, Feliks Dzerzhinsky, el organizador del aparato de terror soviético, y de la participación de numerosos compatriotas en los cuadros directivos de sus «Órganos», ya sea la Vecheka, la GPU o el NKVD. Los orígenes de este «privilegio» —esta condición de nación-enemigo— son múltiples. Por una parte están, evidentemente, los mecanismos propios del funcionamiento del aparato represivo soviético, pero igualmente entró en juego la ya tradicional hostilidad entre las dos naciones, anclada tanto en el pasado histórico como en la desconfianza de los dirigentes soviéticos —en particular de Stalin— hacia Polonia y los polacos. Entre 1777 y 1795 Polonia había sufrido tres «repartos » y cada una de las veces el imperio de los zares se había adjudicado la mejor parte. Hartos de la opresión rusa, los polacos se sublevaron en dos ocasiones, 1830 y 1863, pero cada vez fueron severamente aplastados. Desde aquel momento, la nobleza y el clero católico fueron el alma del patriotismo y la resistencia frente a la ocupación extranjera, tanto rusa como prusiana. La guerra de 1914 y el desmoronamiento casi simultáneo de los tres imperios —alemán, ruso y austro-húngaro— que la oprimían desde hacía casi un siglo, son para Polonia la ocasión histórica de renacer como nación independiente. Un ejército de voluntarios, con Jozef Pilsudski a la cabeza, se convierte en el motor y garante de esta nueva independencia, aunque tropieza inmediatamente con la voluntad revolucionaria de Moscú, para el que Varsovia es el cerrojo (de la puerta de la revolución en Alemania) que hay que descorrer si se quiere llevar la revolución a Alemania.

En el verano de 1920, Lenin lanza el Ejército Rojo sobre Varsovia en una audaz maniobra que está a punto de triunfar, pero que la respuesta nacional polaca hizo abortar, obligando a los soviéticos a firmar en 1921 la paz de Riga, favorable a Polonia. Stalin, que por su indisciplina había contribuido al fracaso del Ejército Rojo, no olvidó jamas esta afrenta, ni a quienes le criticaron en esa ocasión por ello: Trotsky, jefe del Ejército Rojo, y el mariscal Tukhatchevski, que estaba a la cabeza de las tropas. Esto explica la desconfianza que desde entonces manifiestan los dirigentes soviéticos —especialmente la de Stalin, como ya se ha dicho— contra Polonia, contra los polacos y contra todos los que habían contribuido a reconquistar la independencia: la nobleza, el ejército y la Iglesia.

Los polacos, fueran o no ciudadanos soviéticos, padecieron todas las etapas del terror estalinista: caza de espías, «deskulakización», persecución antirreligiosa y contra las minorías nacionales, «gran purga», «limpieza» de las regiones fronterizas y de la retaguardia del Ejército Rojo, «pacificaciones» destinadas a favorecer la subida al poder de los comunistas polacos y todas las otras formas que adoptó: campos de trabajos forzados, ejecuciones de prisioneros de guerra, deportaciones masivas de elementos calificados como «socialmente peligrosos»…

El asunto del POW (Organización Militar Polaca). En 1924, cuando tocaba a su fin la repatriación de los polacos llevada a cabo en aplicación de los acuerdos del Tratado de Riga de 1921, aún quedaban en la URSS entre 1.100.000 y 1.200.000 polacos. La mayoría (de 900.000 a 950.000) vivían en Ucrania o Bielorrusia; se trataba, en un 80 por 100, de campesinos instalados allí tras la colonización polaca de los siglos XVII y XVIII. Había también comunidades polacas en grandes ciudades como Kiev o Minsk. Incluso en Rusia, principalmente en Moscú y Leningrado, en Transcaucasia y en Siberia, vivían 200.000 polacos. Entre estos últimos se contaban algunos miles de comunistas exiliados y otros tantos que habían participado en la revolución y la guerra civil del lado de los rojos y no habían regresado a Polonia. El resto lo formaban personas llevadas por la emigración económica que había tenido lugar con el cambio de siglo.

A pesar de la firma del Tratado de paz de Riga y del restablecimiento de relaciones diplomáticas, persistió la tensión entre los dos países. Si se considera el peso de los recuerdos de la guerra polaco-soviética de 1920 así como la fuerza. de la teoría de la «fortaleza del proletariado» difundida por los independentistas, no extraña en absoluto la constatación de que se encontraran muchos polacos entre las víctimas de la «caza de espías». Entre los años 1924 y 1929 fueron fusilados varios cientos, aunque solo algunos habían llevado a cabo actividades de espionaje. Durante la lucha del régimen soviético contra la religión, los religiosos católicos sufrieron persecuciones en las que fueron fusilados o desaparecieron varias decenas. Comparado esto con la hecatombe que padeció la Iglesia ortodoxa rusa, esta represión parece poca cosa. No significaba menos que la desaparición de una Iglesia que estaba en la base de la vida espiritual y cultural de cientos de millares de campesinos polacos.

Estos campesinos forman parte de las víctimas de la colectivización. Según la clasificación oficial de la época, un 20 por 100 fueron designados como «kulaks», y un poco más, como «bajo kulaks». En Ucrania, la resistencia de los polacos fue muy viva y hubo de ser doblegada por la fuerza. La población de las regiones habitadas por los polacos, atendiendo siempre a informaciones aproximadas, disminuyó, solo durante el año 1933, alrededor del 25 por 100. En Bielorrusia, la colectivización de las explotaciones polacas fue menos brutal.

Sin tener en cuenta la represión de los «espías polacos», la lógica de las oleadas represivas es evidente, puesto que toman el relevo de la lucha de clases (lucha contra la religión, colectivización) tal como se concebía entonces. A la vez que la colectivización, se puso en marcha un nuevo criterio: entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 1933 las autoridades procedieron a la detención de unos 20 comunistas polacos, la mayoría emigrados, entre ellos a un miembro del Buró político del Partido Comunista Polaco (KPP). Estas detenciones llevaron a otras. Parece que su punto en común era una pretendida pertenencia a «la organización de espionaje y sabotaje POW».

El POW era una organización militar polaca, fundada en 1915 por Jozef Pilsudski para coordinar las actividades secretas dirigidas contra Austria-Hungría y Alemania. Se había encargado entre 1918 y 1920 de misiones de reconocimiento de los territorios que estaban en guerra —la guerra civil—, principalmente Ucrania. Su actividad había cesado definitivamente en 1921. Sus miembros eran mayoritariamente gente de izquierdas, muchos de ellos pertenecientes al Partido Socialista Polaco (PPS), aunque algunos habían roto con el PPS para unirse al Partido Comunista. En 1933, el POW no existía ya, y, a pesar de ello, numerosos polacos fueron detenidos, condenados a muerte y fusilados (entre otros, el conocido poeta vanguardista Witold Wandurski), y otros murieron en prisión, bajo la falsa acusación de pertenecer a él. Los que en esta ocasión fueron indultados, permanecieron presos y los fusilaron durante la «gran purga».

Con el paso de los años, el «asunto del POW» llegaría a alimentar las luchas internas del KPP. La acusación de ser un «provocador del POW» era tan funesta como la de ser «trotskista». Más importante aún: la GPU (y seguidamente el GUGB NKVD) puso en circulación durante este período listados con los nombres de polacos que trabajaban en la administración soviética, la Komintern o el aparato de seguridad. Es significativo que estos fueran completados con listas de polacos que vivían en Ucrania y Bielorrusia, donde existían dos regiones polacas: la primera, en Ucrania —bautizada «Julian Marshlewski» (uno de los fundadores del KPP, muerto en 1925)—, había sido organizada en 1925; la segunda, la de Bielorrusia, creada en 1932, llevaba el nombre de Feliks Dzerzhinsky. Dichas regiones tenían poderes locales, prensa, teatros, escuelas y editoriales propias que publicaban en polaco, formando así una «Polonia soviética» enclavada en la URSS.

En septiembre de 1935 se inició en Kiev, Minsk y Moscú una nueva oleada de detenciones destinada, oficialmente, a poner fin a una pretendida «trama del POW». Comenzaba simultáneamente la liquidación de las regiones autónomas polacas. Sin embargo, no comenzaron las detenciones de funcionarios del NKVD de origen polaco hasta el cambio de 1936-1937, en armonía con la «gran purga». La investigación afectó a la cima de la jerarquía de la Seguridad y después se extendió progresivamente hacia la base. Durante el pleno del Comité central del PCR (b), en junio de 1937, N. Yezhov afirmó que el POW «se había infiltrado en los órganos de los servicios de información y contraespionaje soviéticos» y anunció que el NKVD «había descubierto y liquidado la más importante de las redes de espionaje polaco». Ya habían sido internados centenares de polacos, y entre ellos una gran parte de los dirigentes del KPP, y las acusaciones que se lanzaban contra ellos se habían reforzado con las confesiones arrancadas por la fuerza durante los interrogatorios.

El NKVD llevó a cabo en el verano de 1937 una represión general de las minorías nacionales; primero contra los alemanes y luego contra los polacos. Ejov firmó, el 11 de agosto, la orden operativa número 00485, que preveía «la liquidación total (…) de las reservas humanas de la red de espionaje polaco en la URSS».

Una decisión del NKVD y del consejo de los comisarios del pueblo de 15 de noviembre de 1938 puso fin a «la operación polaca», que, de todos modos, conoció una prolongación con una purga entre agentes del NKVD que habían participado en la propia operación. La represión afectó tanto a dirigentes del partido (fueron fusilados 46 miembros y 24 suplentes del Comité central) como a «simples ciudadanos», obreros y, sobre todo, a campesinos. Según un informe del NKVD del lO de julio de 1938, el número de detenidos de origen polaco era de 134.519 personas, alrededor del 53 por 100 en Ucrania y Bielorrusia. Se estima que fusilaron al 40 o 50 por 100 de ellos (o sea, de 50.000 a 60.000 víctimas)^[1]. Los supervivientes fueron enviados a campos de trabajo o deportados al Kazajstán.

En el balance general de la «gran purga» los polacos representan más del 10 por 100, y en torno al 40 por 100 del contingente global de víctimas de la operación llevada a cabo contra las minorías nacionales. Y estas cifras son mínimas, puesto que miles de polacos de Ucrania y Bielorrusia fueron deportados fuera de las coordenadas del cuadro de «la operación polaca». Y no solo fueron vaciadas unas habitaciones del hotel Lux, donde se alojaban los comunistas, y las oficinas en las que trabajaban, sino sobre todo los pueblos (o koljozes) polacos.

Katyn, prisiones y deportaciones (1939-1941). El pacto de no agresión firmado el 23 de agosto entre la URSS y Alemania preveía en un protocolo secreto el reparto, en «esferas de influencia», del territorio polaco. El 14 de septiembre, se dio la orden de «pasar a la ofensiva contra Polonia» y, tres días más tarde, el Ejército Rojo invadía el país para «liberar» los territorios llamados «Bielorrusia del Oeste» y «Ucrania del Oeste» de la «ocupación fascista polaca» e incorporar estos territorios a la URSS. El proceso de anexión se desarrolló rápidamente, y fue acompañado de medidas de represión e intimidación. El 29 de noviembre de 1939, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS concedió la ciudadanía soviética a todos los residentes de los territorios anexionados. Vílnius y sus alrededores fueron cedidos a la República de Lituania, que vivía sus últimos meses de independencia. Era evidente que el sistema represivo soviético iba a llegar hasta estas regiones y estaba justificado el temor de que surgieran organizaciones de resistencia. En efecto, algunos destacamentos del ejército polaco habían eludido la captura y se habían comprometido, como autónomos, en la organización de guerrillas. El NKVD envió entonces importantes efectivos a estas regiones y planificó la implantación en ellas de sus estructuras. Numerosas unidades de las fuerzas del ministerio del Interior (así como unidades de guardias fronterizos) se concentraron allí. Era prácticamente seguro que las nuevas autoridades tendrían que resolver el problema de los prisioneros de guerra y averiguar cuál sería la actitud de la población civil.

La primera preocupación soviética eran los militares: de 240.000 a 250.000 prisioneros, de los que unos 10.000 eran oficiales. Desde el día siguiente a su agresión, la URSS tomó las primeras decisiones: el 19 de septiembre, Lavrenti Beria creó en el seno del NKVD (orden número 0308) la Dirección de Prisioneros de Guerra (Glavnoie Upravlienie po dielam WoennoPlennyj, GUWP) y una red de campos de concentración específicos. A primeros de octubre comenzó, poco a poco, la liberación de los soldados rasos, aunque 25.000 de ellos fueron enviados a construir carreteras y 12.000 puestos a disposición del comisariado de Industria pesada como trabajadores forzados. Un número aún desconocido se dispersó en pequeños grupos en los campos del inmenso Gulag. Al mismo tiempo se decidió crear dos «campos para oficiales» en Starobielsk y Kozielsk, y un campo especial para policías, vigilantes de prisión y guardias fronterizos en Ostaszkow. Beria puso pronto en marcha un grupo de operaciones especiales encargado de abrir diligencias judiciales en los mismo campos. Al final de febrero de 1940 habían sido internados 6.192 policías (y asimilados) y 8.376 oficiales.

Durante varios meses, Moscú dudó acerca de la suerte que les reservaba. Se preparaban a condenar a una parte, empezando por los del campo de Ostaszkow, siguiendo un modelo de acusación característico que remitía al artículo 58-13 del Código penal, que se refería a las personas que hubieran «combatido contra el movimiento obrero internacional». Apenas un pequeño esfuerzo de interpretación bastaba para condenar bajo este epígrafe a cada policía o vigilante de prisión polaco. Estaban previstas penas de entre cinco y ocho años de internamiento en un campo y entraban en consideración posibles deportaciones a Siberia (a Kamchatka, en particular).

La decisión final se adoptó en la segunda mitad de febrero de 1940, probablemente por el cariz que tomaba la guerra con Finlandia, que, como se puede juzgar por documentos hoy día del dominio público, fue casi inesperada. El 5 de marzo, a propuesta de Beria, el Buró político decidió «aplicar la pena máxima» a todos los prisioneros de Kozielsk, Starobielsk y Ostaszkow y a unos 11.000 prisioneros polacos internados en las cárceles de la parte occidental de Ucrania y de Bielorrusia. (véase cuadro número 4 en la 1.ª parte del texto de N. Werth.)

El veredicto fue pronunciado por un tribunal especial, «la troika», constituido por Ivan L. Basztakov, Bashczo Z. Kobulov y Vsievolod N. Merkulov. La propuesta de Beria se aprobó con las firmas personales de Stalin, Vorochilov, Molotov y Mikoyan. El oficial especifica que Kalinin y Kaganovich, ausentes aquel día, eran favorables.

Los preparativos técnicos duraron un mes. En el curso de las seis semanas siguientes (del 3 de abril al 13 de mayo), los prisioneros fueron transferidos de los campos en grupos pequeños. Se trasladó a 4.404 personas de un campo de Kozielsk a Katyn, donde fueron abatidas de un tiro en la nuca y sepultadas en fosas comunes.

Los prisioneros de Starobielsk (3.896 personas) fueron eliminados en los locales del NKVD de Jarkov y sus cuerpos enterrados en las afueras de la ciudad de Piatishatki. Los de Ostaszkow (6.287 personas) fueron ejecutados en los locales del UNKVD de Kalinin (hoy Tver) e inhumados en Miednoje. Liquidaron en total a 14.587 personas. El 9 de junio, el comandante adjunto al jefe del NKVD, Vassili V. Czernyeszev, realizó un informe según el cual los campos estabas listos para recibir nuevos prisioneros.

Los 11.000 prisioneros mencionados por Beria no constituían más que una pequeña porción del total de prisioneros polacos. Los había de otras categorías. La más numerosa fue la de los biezency, las personas detenidas que habían huido de territorios polacos bajo ocupación alemana. Unos 145.000 biezency transitaron por cárceles y prisiones; parte de ellos fueron condenados y deportados a los campos de trabajo y parte liberados. La segunda categoría, la de los pierebiezczykz, comprendía a los polacos detenidos durante las tentativas de fuga hacia Lituania, Hungría o Rumania. Algunos recobraron la libertad a las pocas semanas, pero alrededor de 10.000 pierebiezczyky, condenados por los OSO (Osoboi sovettschanie, consejo especial de policía) a penas que iban de los tres a los ocho años, fueron a parar al Gulag, al Dallag sobre todo, pero también a Kolymá. Fínalmente, otra parte fue fusilada en virtud de una decisión tomada el 5 de marzo de 1940. La tercera categoría la formaban los militantes de grupos de resistencia, oficiales que habían sido movilizados en 1939, funcionarios de la administración del Estado y autoridades locales, de diversos tipos de pomieszcziki, en suma, de «elementos socialmente peligrosos» (sotsyalnoopasny). De esta última categoría eran las 7.305 personas, sobre las 11.000 detenciones, que fueron fusiladas en aplicación de la decisión de 5 de marzo de 1940. Aún sigue sin conocerse el lugar donde fueron inhumados sus cadáveres. Solo se sabe que se fusiló a 3.405 personas en Ucrania y 3.880 en Bielorrusia.

La cifra total de «población carcelaria» en los territorios incorporados a la URSS (comprendida Lituania, que se incorporó en verano de 1940) aún no se ha establecido de manera definitiva, pero se sabe que a 10 de junio de 1941 había en las cárceles de Ucrania y Bielorrusia 39.600 presos (de ellos, ya habían sido «juzgados» alrededor de 12.300). Su número se había duplicado con respecto al del mes de marzo de 1940. Se desconoce aún la proporción entre presos comunes y presos políticos.

Tras el ataque alemán contra la URSS, todos conocieron una suerte a menudo cruel. Solo en las cárceles de Ucrania occidental fueron ejecutadas 6.000 personas, aunque lo más problable es que no todas hubieran sido previamente condenadas a muerte. En los informes del NKVD estas operaciones de liquidación son mera cuestión de «disminución del número de personas que pertenecen a la primera categoría»^[2]. Mataron a cientos de prisioneros por haber intentado huir de un convoy. En un caso, el jefe de un convoy, «bajo su responsabilidad», ordenó fusilar a 714 (17 de ellos no habían pasado por un tribunal); a algunos los ejecutó él personalmente.

Las deportaciones en masa se aplicaron en los territorios anexionados a la URSS. El término «deportación» engloba cuatro grandes operaciones, pero hay que subrayar que los traslados de familias o pequeños grupos ya habían comenzado en noviembre de 1939 y que el número de personas afectadas sigue sin saberse. Lo mismo ocurre con los expulsados de Besarabia o de las regiones orientales de Bielorrusia y Ucrania en la segunda mitad de 1940. Los historiadores no han llegado aún a fijar las cifras exactas. Hasta hace muy poco, solo existían como base las estimaciones procedentes de los grupos de resistencia polacos o las ofrecidas por la embajada polaca en 1941. Tras la apertura de los archivos del NKVD, la mayoría de los investigadores considera que tales estimaciones son fiables, pero que dan una cifra mínima que habría que reevaluar al alza.

La primera campaña de deportaciones tuvo lugar el 10 de febrero de 1940, siguiendo una decisión del Consejo de Comisarios del Pueblo adoptada el 5 de diciembre de 1939. Los preparativos, especialmente el «reconocimiento del terreno», y la puesta a punto de las listas, llevaron dos meses. Los organizadores de la deportación tuvieron que sortear varios obstáculos técnicos, uno de ellos el limitado número de vías férreas adaptadas a la anchura de los trenes soviéticos. El conjunto de la operación se puso bajo el control de un adjunto de Beria, Merkulov, que se trasladó al lugar de los hechos, lo que da idea de la importancia que esta tenía a los ojos soviéticos. La deportación de febrero de 1940 afectó sobre todo a los campesinos, los habitantes de aldeas, colonos polacos instalados en aquellas regiones en el contexto de la política de «polaquización», y guardas forestales ucranianos y bielorrusos. Los convoyes partían con destino al norte de Rusia, hacia la República de Komis y hacia la Siberia occidental.

En el mismo momento en que el Kremlin decidía la ejecución de los prisioneros, el Consejo de Comisarios del Pueblo (SNK) decretó, el 2 de marzo de 1940, nuevas deportaciones. Esta vez fueron las familias de los prisioneros las afectadas —mientras sus «maridos o padres» estaban siendo ejecutados—, así como los «elementos socialmente peligrosos». Según los datos del NKVD, alrededor de 60.000 personas fueron deportadas, casi todas a Kazajstán, en condiciones dramáticas de frío y hambre, que hoy día son de sobra conocidas gracias a los testimonios actualmente disponibles.

La tercera operación, iniciada por la misma decisión del SNK, se llevó a cabo en la noche del 28 al 29 de junio de 1940 y englobó a todos los que no vivían en los territorios anexionados antes de septiembre de 1939 y que no habían vuelto a pasar por la frontera soviético-alemana establecida por los dos ocupantes. Los huidos sorprendidos en uno u otro lado tenían derecho a volver a su casa: así, 60.000 personas, entre ellas 1.500 judíos, volvieron al Gobierno general alemán. Entre los 80.000 deportados de esta operación se cuenta un 84 por 100 de judíos que, si bien escaparon de la matanza perpetrada por los Einsatzgruppen en el verano de 1941, fueron enviados al Gulag. La cuarta y última operación comenzó el 22 de mayo de 1941, en virtud de la orden del 14 de mayo del Comité central del Partido Comunista de la URSS y del Consejo de Comisarios del Pueblo. Su objetivo era «limpiar» de «elementos indeseables» la región fronteriza y las Repúblicas bálticas. Los deportados pertenecían a la categoría de los zsylposielentsy, es decir, los condenados a veinte años de residencia forzosa en las regiones designadas (sobre todo en Kazajstán). Esta ola de deportaciones, exceptuando a Letonia, Estonia y Lituania, afectó a 86.000 personas.

Sobre la base de los datos proporcionados por el NKVD, se llega, pues, a una cifra de 330.000 a 340.000 deportados. Teniendo en cuenta toda la información, el número de víctimas de la represión se eleva a 400.000 o 500.000. Hubo grupos que se encontraron en lo más recóndito de la URSS, como los más de 100.000 jóvenes que fueron condenados a trabajar en la industria soviética (sobre todo en la cuenca hullera del Donetz, en los Urales y la Siberia occidental), o los 150.000 hombres movilizados en los «batallones de trabajo» (stroibataliony) del Ejército Rojo.

A lo largo de los dos años de poder soviético en la Polonia anexionada, un millón de personas, es decir, uno de cada diez ciudadanos, sufrieron la represión bajo sus diferentes formas: ejecuciones, cárceles, campos, deportaciones, trabajo casi forzado. No menos de 30.000 personas fueron fusiladas, y a estas habría que añadir entre 90.000 y 100.000 muertos en los campos, o durante su traslado en convoyes ferroviarios, estimados entre el 8 y el 10 por 100 de los deportados.

El NKVD contra el Armia Krajowa (ejército nacional). En la noche del 4 al 5 de enero de 1944, los primeros tanques del Ejército Rojo atravesaron la frontera polaco-soviética establecida en 1921. En realidad, ni Moscú ni las potencias occidentales reconocían ya esta frontera, y tras el descubrimiento de la matanza de Katyn, la URSS había cesado toda relación diplomática con el Gobierno oficial polaco, exiliado en Londres, con el pretexto de que este último había pedido una investigación bajo los auspicios de la Cruz Roja, petición que coincidió con un trámite similar por parte de las autoridades alemanas. La resistencia polaca había previsto que, al aproximarse el frente, el Armia Krajowa (ejército nacional) —AK en adelante— movilizara a la población y combatiera a los alemanes, y que, a la llegada del Ejército Rojo, vendría a su encuentro como autoridad legítima. A la operación se le dio el nombre en clave de «Burza» (tempestad). Los primeros enfrentamientos estallaron a finales de marzo de 1944, en Volhynia, donde el comandante de la división de partisanos del ejército luchó junto a las unidades soviéticas. El 27 de mayo, el Ejército Rojo obligó a algunas unidades del AK a entregar las armas. A consecuencia de ello, el grueso de los efectivos de la división tuvo que replegarse hacia Polonia al tiempo que seguían combatiendo a los alemanes.

Esta forma de actuar de los soviéticos —primero cooperación a nivel local, desarme forzoso de los polacos después— está confirmada por otros casos. Los hechos más espectaculares tuvieron lugar en la región de Vilnius. Días después de haber terminado los combates llegaron las fuerzas de las unidades internas del NKVD y —de acuerdo con la orden número 220145 del cuartel general— llevaron a cabo una operación de desarme general de los soldados del AK. Según el informe recibido por Stalin en 20 de julio, fueron detenidos más de 6.000 partisanos, aunque 1.000 consiguieron escapar de la trampa. Todo el Estado Mayor de estas unidades fue detenido. Internaron a los oficiales en los campos del NKVD, que dio a los soldados la oportunidad de elegir entre ser enviados a estos o incorporarse al ejército polaco, formado bajo los auspicios de los soviéticos, al mando del general Zygmunt Berling. Las unidades del AK que tomaron parte en la liberación de Lvov sufrieron la misma suerte. Estos acontecimientos tenían lugar en los territorios que Moscú consideraba que pertenecían a la URSS.

Ese mismo primero de agosto de 1944, los comandantes del AK desencadenaron la insurrección de Varsovia, cuya toma había planeado el Ejército Rojo (frente de Bielorrusia) para el 8 de agosto. Stalin detuvo la ofensiva a la altura del Vístula, ya atravesado, especialmente al sur de Varsovia, y dejó que los alemanes aplastaran a los insurrectos, que resistieron hasta el 2 de octubre.

Al oeste de la línea Curzon, donde el AK había desplazado de 30.000 a 40.000 soldados y liberado muchos pueblos pequeños, unidades del NKVD, del SMERSH (el contraespionaje militar) y unidades de infiltrados procedieron del mismo modo, atendiendo la orden número 220169 del mando supremo del 1 de agosto de 1944. Según un informe de octubre que contiene el resumen de la ejecución de esta directiva, alrededor de 25.000 soldados fueron arrestados, desarmados y después encarcelados.

Las unidades del NKVD y los grupos operativos del SMERSH disponían de sus propias cárceles y campos, en los que encerraban tanto a partisanos polacos como a Volkdeutsches^[3] y a prisioneros alemanes. Los oficiales y soldados que se negaban a unirse a las tropas de Berling fueron enviados, a semejanza de sus camaradas de Vilnius y Lvov, a lo más recóndito del Gulag. Hasta hoy no se he aclarado el número exacto de prisioneros que fueron internados en los campos durante la operación «Burza». Las estimaciones varían entre 25.000 y 30.000 soldados. Pero también los territorios anexionados de nuevo por la URSS en otoño de 1944 conocieron detenciones masivas particularmente seguidas de condenas y deportaciones al Gulag o traslados a trabajos forzados, generalmente a la cuenca del Donetz. En realidad, esta vez los deportados eran mayoritariamente ucranianos, pero se estima que los diferentes tipos de represión afectaron como mínimo a algunas decenas de millares de polacos.

Y no finalizó en absoluto la actividad del NKVD y el SMERSH con la dispersión de la mayor parte de las unidades movilizadas por el AK. El 15 de octubre de 1944, Beria firmó la orden número 0012266/44, que decidía la formación de una división especial destinada a permanecer en Polonia (la división 64, llamada de los «francotiradores»). En las regiones fronterizas, las unidades del NKVD de Bielorrusia y Ucrania echaban una mano en las operaciones llevadas a cabo del lado polaco de la frontera. A partir de la formación de esta división a finales de 1944, 17.000 personas fueron detenidas y 4.000 de ellas deportadas a los lejanos campos de prisioneros soviéticos. Las unidades soviéticas, que desde el 1 de marzo de 1945 estaban a las órdenes del consejero general del NKVD adjunto al ministro de Seguridad Pública (el general Iván Serov), permanecieron en Polonia hasta la primavera de 1947. Hasta los meses de agosto y septiembre de 1945, estas representaban la principal fuerza de «limpieza» del terreno en las zonas donde existían guerrillas independentistas. Desde enero de 1945 a agosto de 1946, 3.400 combatientes de diversos grupos de resistencia fueron detenidos —la mayoría acabaron en campos de concentración, y una parte fue entregada a las autoridades polacas— y 47.000 personas llamadas a declarar. Tras la entrada del Ejército Rojo en los territorios que Alemania se había anexionado en 1939, se procedió no solo al arresto de Volkdeutsch, sino también de polacos que, bajo la presión de los alemanes, habían firmado la pretendida III lista nacional (Eingdeutsche)^[4]. Al menos 25.000 o 30.000 civiles de Pomerania y la Alta Silesia fueron deportados a la URSS, entre ellos 15.000 mineros, que fueron enviados a los campos de prisioneros de Donbass y a la cuenca de Siberia occidental.

No obstante, el NKVD no se limitó a las represiones masivas, caza de hombres y «pacificaciones». Al final del verano de 1944, el SMERSH organizó grupos de operaciones locales que tenían en Polonia una actividad regular, en particular reclutando informadores. La operación más conocida, dirigida personalmente por el general del NKVD Iván Serov, fue la detención de 16 miembros de la dirección del clandestino Estado polaco: el comandante del AK, el viceprimer ministro del Gobierno, tres de sus adjuntos, y miembros del Consejo de la Unidad Nacional (un cuasiparlamento clandestino), puesto en marcha durante la ocupación alemana. El 22 de febrero de 1945, este consejo había protestado contra los acuerdos de Yalta al afirmar que estaba listo para negociar directamente con las autoridades soviéticas, tras lo que el general Serov había invitado a los dirigentes en la clandestinidad a darse a conocer. En el mismo momento en que estos se presentaron en el lugar acordado (Pruszkow, en los alrededores de Varsovia), fueron arrestados y enviados, el 28 de marzo de 1945, directamente a la Lubianka, en Moscú. El 19 de junio, tras una instrucción que duró semanas, comenzó un proceso público en la sala de columnas del Palacio de los Sindicatos, donde se habían llevado a cabo los grandes juicios antes de la guerra. Simultáneamente, en Moscú, se mantenían conversaciones entre las autoridades polacas prosoviéticas y representantes de las fuerzas democráticas polacas para la aprobación de las cláusulas que se referían a Polonia en los acuerdos de Yalta. Estos últimos se habían declarado también dispuestos a negociar directamente con los soviéticos. El veredicto del proceso se pronunció el mismo día que las tres grandes potencias (Estados Unidos, URSS y Gran Bretaña) ratificaron el acuerdo entre los diferentes partidos polacos para la formación de un gobierno de coalición en el que los comunistas y sus organizaciones satélites gozaban de una aplastante mayoría. Las penas dictadas, hasta diez años de cárcel, parecían moderadas; pero tres de los condenados no volvieron jamás a Polonia. El comandante general del AK, Leopold Okulicki, murió en prisión en diciembre de 1946.

Bibliografía. No se ofrecen aquí más que los trabajos generales más recientes y completos, como sucede con los documentos elegidos para su publicación, fundamentados en los recientemente abiertos archivos soviéticos. Las memorias, muy abundantes, no se citan.

POLONIA 1944-1989: EL SISTEMA DE REPRESIÓN. La amplitud de las represiones políticas en Polonia y sus formas han seguido la evolución del sistema político. «Di cuál es el sistema actual de represión y te diré a qué fase del comunismo corresponde», podría decirse parafraseando un dicho popular.

La descripción y el análisis del sistema represivo se encuentran con dos grandes problemas: 1) Se trata de un campo de máximo secreto, y en consecuencia muchos expedientes aún permanecen inaccesibles. 2) Enfocar el pasado únicamente desde el ángulo de la represión implica el riesgo de contemplar el sistema comunista de manera deformada, pues, incluso en los períodos más represivos, este disponía de otros recursos. Sin embargo, nos queda aún por comprender una cuestión de importancia capital en cualquier tentativa de evaluación del régimen y sus ramificaciones ideológicas: la centralidad del aparato de represión en este sistema. Durante los cuarenta y cinco años de monopolio de poder del Partido Comunista se distinguen cinco fases de represión. Todas ellas tienen en común el estar asentadas sobre la existencia de una policía política a disposición del centro de decisión del partido, o de algunos de sus responsables.

A la conquista del Estado o el terror masivo (1944-1947). En el plano interno, los fundamentos del Estado comunista fueron instaurados gracias a la presencia del Ejército Rojo. Y en lo que concierne a las relaciones internacionales, el protectorado de Stalin fue decisivo. El papel del aparato de seguridad soviético no se limitó a la lucha contra los adversarios del nuevo poder, y la organización del NKVD/KGB sirvió, con algunas modificaciones poco más o menos importantes, de modelo a los comunistas polacos formados en la escuela de oficiales del NKVD de Kuibyshev. Por añadidura, se organizó un cuerpo de algunos cientos de consejeros (o sovietniks, con el general Serov en el puesto de consejero general), verdadero doblete de los servicios polacos. Gracias a la red de expertos soviéticos, los jefes de la Lubianka tenían acceso a todos los datos que pudieran sedes útiles, lo que dispensaba a Moscú de tener su propio sistema de información en Polonia. Además de intereses políticos e ideológicos comunes con el aparato soviético, el aparato de seguridad polaco era, desde este punto de vista, parte integrante de aquel. Lo que es aún más evidente en lo que se refiere al sistema polaco de contraespionaje militar.

Los comunistas constituían en Polonia un grupo marginal, desprovisto de cualquier posibilidad de acceder al poder por la vía democrática. Estaban aún peor considerados, puesto que la mayoría de los polacos, tradicionalmente desconfiados, incluso hostiles con respecto a la URSS —a Rusia en particular—, habían tenido la amarga experiencia de una «liberación» por parte del Ejército Rojo. En los primeros años de posguerra, los pilares de esta resistencia estaban constituidos por guerrilleros, por la clandestinidad política y los partidos legales, entre los cuales verdaderamente no contaba nada más que el Partido Campesino Polaco (PSL). La primera tarea que se fijó el nuevo poder fue vencer la resistencia de los polacos y apoderarse del Estado. Es muy significativo que el primer representante del Comité de Liberación Nacional (fundado en Moscú el 21 de julio de 1944) que hizo una aparición pública en Polonia fuera el ministro de Seguridad Pública: Stanislaw Radkiewicz. Hubo que esperar un año antes de que el aparato de seguridad (designado desde 1945 con el nombre de ministerio de Seguridad Pública, MBP) estuviera suficientemente estructurado para que pudiera hacerse cargo de lo esencial del trabajo de consolidación del poder conquistado por el Ejército Rojo y el NKVD. En el curso del segundo semestre de 1945, el MBP ya había desarrollado una organización operativa que empleaba a más de 20.000 funcionarios (sin contar con la milicia), además de una formación militar de la que ya disponía: el Cuerpo de Seguridad Interior (KBW), de alrededor de 30.000 soldados. La guerra contra el maquis, que conoció una intensidad muy elevada hasta 1947 y no se apagó hasta principios de los años cincuenta, fue sangrienta y brutal. Los historiadores polacos no se han puesto de acuerdo a la hora de emplear el término de «guerra civil», dada la presencia de efectivos soviéticos (militares y NKVD) en Polonia.

El aparato de seguridad empleó un amplio abanico de métodos que iban desde la infiltración y la provocación a la «pacificación» de territorios enteros. Contaba con una ventaja material absoluta —medios de comunicación, armas, posibilidad de movilizar al KBW—, de la que sacó provecho sin piedad. Por ejemplo: según el departamento III, encargado de la lucha contra la resistencia anticomunista, 1.486 personas habían perecido en 1947 en enfrentamientos, mientras que las pérdidas de las fuerzas comunistas no sobrepasaban las 136 personas^[5]. Las grandes operaciones eran llevadas a cabo no solo por las unidades del KBW, sino también por las del ejército regular, allí destinadas especialmente. El número de adversarios del poder muertos durante los combates entre 1945 y 1948 se eleva a alrededor de 8.700 personas. El conjunto de las operaciones estaba dirigido por la comisión Estatal para la Seguridad, presidida por los ministros de Seguridad y de Defensa. Se organizaban deportaciones masivas cuando hacían falta. Fue así como se resolvió el problema de la resistencia ucraniana en Polonia del sureste: todos los ucranianos de Polonia (alrededor de 140.000 personas) fueron deportados, entre abril y julio de 1947, en el marco de la operación «Wisla» (Vístula) y dispersados en los antiguos territorios alemanes al oeste y al norte del país.

En los anales de la Seguridad no faltan operaciones cuidadosamente preparadas: el fraude completo tras el referéndum de junio de 1947, la «preparación » de las elecciones de enero de 1947, es decir, la intensa campaña que las precedió, los millares de detenciones, especialmente durante dichas campañas, un permanente y sistemático recurso al fraude, o la organización de una red de colaboradores (a primeros de enero de 1946 ya eran casi 17.500). A veces, su actividad se caracteriza ante todo por una fuerza brutal, aunque aún faltan datos fijos y precisos sobre el número de detenidos. En 1947, alrededor de 32.800 personas fueron arrestadas por el departamento III (gran parte eran delincuentes comunes). El departamento IV, encargado de la vigilancia de las industrias, arrestó a cerca de 4.500 personas y, en las semanas anteriores a las elecciones, de 50.000 a 60.000 militantes del Partido Campesino Polaco (PSL) fueron detenidas por los distintos departamentos del MBP, la milicia, el KBW y el ejército. Se conocen diversos casos de asesinatos, algunos directamente ordenados por los comités locales del Partido Comunista.

Los interrogatorios se llevaban a cabo de modo extraordinariamente brutal: la tortura era moneda corriente y las condiciones en las cárceles, inhumanas.

En numerosos casos, las autoridades no se contentaban con una condena sumaria, sino que montaban juicios «abiertos» en el curso de los cuales un público, cuidadosamente escogido, humillaba a los condenados y mostraba el pretendido «odio del pueblo» hacia ellos. La fecha de determinados juicios fue fijada en función del final de un mandato, a fin de reforzar la influencia de la propaganda. Este el caso, entre otros, del proceso más importante contra grupos clandestinos («WiN», Libertad e Independencia). Los acusados asistieron a su juicio de noviembre de 1945 a enero de 1947, o sea, una semana antes de las elecciones. Otro procedimiento: los combatientes de la resistencia antialemana eran condenados como colaboracionistas. El razonamiento de los comunistas se basaba en la lógica de «quien no está conmigo está contra mí». En consecuencia, la fuerza principal de la resistencia organizada contra los alemanes, el AK (ejército nacional), que no había luchado junto a los soviéticos contra los alemanes, eran considerados aliados de Hitler. Para acreditar tal iniquidad, los funcionarios de la Gestapo detenidos daban falsos testimonios que servían para justificar las condenas. Uno de los más escandalosos «crímenes jurídicos» tuvo lugar en el juicio contra Witold Pilecki (véase recuadro) en 1948. El punto principal de la acusación se apoyaba en la acusación de «espionaje para una potencia extranjera»: en aquel entonces, el ejército polaco en Occidente.

La propia dirección del partido decidió el grado de las penas pronunciadas en los principales procesos. También se ocupaba de los nombramientos relacionados con los puestos clave del aparato de seguridad.

Cualquier resistencia organizada y coordinada fue quebrada en el otoño de 1947. Tras la huida de varios de los dirigentes del PSL y la detención del cuarto comandante del WiN, las estructuras de la resistencia desaparecieron a escala nacional. La situación política comenzaba a estabilizarse: exangüe y agotada por los años de guerra, la sociedad había perdido cualquier esperanza en los gobiernos occidentales. La necesidad de adaptarse a la realidad, aunque impuesta y sin honra, se dejaba sentir más y más. El golpe de Estado comunista en Checoslovaquia en febrero de 1948 había reforzado el dominio de Moscú sobre la Europa central y oriental. El Partido Comunista y su principal aliado, el Partido Socialista, preparaban su fusión. A la mejora de la situación económica y a los progresos de la reconstrucción venía a añadirse la colonización de los territorios antiguamente alemanes que absorbían el interés de la opinión pública. Todos estos factores permitieron al Partido Comunista pasar a la etapa siguiente: la sovietización de Polonia y el sometimiento de la sociedad. Lógicamente, el MBP pensó entonces en reducir su personal, y el número de sus agentes y colaboradores secretos (45.000 en aquella época) comenzó a disminuir.

La sociedad como objetivo de conquista o el terror generalizado ( 1948-1956). Después del «golpe de Praga», y tras poner a Tito al margen del movimiento comunista internacional, los países del bloque del Este conocieron transformaciones análogas, tales como la absorción de los partidos socialistas por los partidos comunistas y la formación (de jure o de facto) de un sistema de partido único; una centralización total de la gestión económica; una industrialización acelerada según el modelo de los planes quinquenales estalinistas; un comienzo de colectivización agrícola; una intensificación de la lucha contra la Iglesia, etc. El terror masivo se banalizó al generalizarse.

En los años 1945-1947, millares de personas que no habían realizado actividades de oposición, fuera legal o clandestina, fueron víctimas de «pacificaciones » o de «operaciones preventivas», pero, en principio, la máquina represiva se había vuelto contra los adversarios concretos y realmente activos del PPR (Partido Obrero Polaco). Después de 1948, el objetivo principal del aparato de seguridad fue aterrorizar y poner bajo su dominio al conjunto de la sociedad, incluidos en ella los grupos o medios que sostenían con más o menos celo al régimen. Entramos en un terror global: cualquiera puede acabar siendo «objeto de interés activo» de la seguridad, o sea, su víctima. Como rasgo principal, la represión podía afectar igualmente a un dirigente del Partido Comunista o del Estado. Aunque algunos altos funcionarios del MBP ya en 1947 llamaban a «intensificar la vigilancia revolucionaria», hasta el verano de 1948 esta consigna no pasó a ser el eje de las actividades de la seguridad, con la evocación de la tesis estalinista sobre «la intensificación de la lucha de clases».

El punto de partida fue el conflicto con Tito que, para Europa central y oriental, desempeñaba un papel similar al que había tenido la lucha contra el trotskismo en la URSS. En Polonia, esta cuestión aparece con la «crítica de la desviación nacionalista de derechas», personalizada, entre los meses de septiembre y agosto de 1948, por el secretario general del PPR, Wladyslaw Gomulka. Las primeras detenciones, a mediados de octubre, no afectaron aún al entorno directo de Gomulka, pero cualquiera que conociera el Proceso de Moscú de los años treinta era perfectamente consciente de que los arrestos en cadena llegaban incluso a lo más alto del aparato.

En un sistema represivo generalizado, las «acciones» relacionadas con los propios comunistas no constituyen más que una parte insignificante del conjunto de la política represiva, pero no son desdeñables. En el caso polaco, dichas acciones no afectaron más que a un pequeño número de víctimas. Buscando una red de «espionaje y diversión», la seguridad fijó su atención en los mandos del ejército anterior a la guerra. En este caso preciso, el efecto de la acción conjunta del MBP y de las oficinas de información militar (Dirección General de Información, GZI) condujo al arresto de cientos de oficiales, seguido de numerosos juicios y condenas, y de la ejecución de veinte personas. La desaparición de Gomulka de la escena pública, detenido junto con algunos cientos de mandos del partido de diferentes niveles, fue una señal clara: el momento. de la total sumisión de todo el aparato del partido había llegado, incluida la Seguridad, algunos de cuyos altos funcionarios estaban en la cárcel. Como el juicio de Gomulka, al igual que el de algunos otros, no se celebró^[7], la sovietización de Polonia no está marcada por un proceso judicial espectacular, similar a los de Rajk en Budapest o Slansky en Praga.

Solo un ínfima parte del aparato de seguridad, que, muy desarrollado después de 1949, contaba con casi 34.000 funcionarios en 1952, se vio comprometida en el asunto de «la provocación en el seno del movimiento obrero ». Se trataba en este caso del departamento X, que contaba con alrededor de 100 personas. Se constituyó ante el Buró político una comisión para la Seguridad, encabezada por Boleslaw Bierut (1892-1956). Esta se encargaba de las investigaciones más importantes, así como de los problemas de organización del MBP y el GZI, y formulaba directrices generales.

La omnipresencia de la «Bezpieka» (nombre popular para designar a la Seguridad) en todos los sectores de la sociedad se convirtió en uno de los rasgos más característicos de la época. Como su red de informadores (74.000 personas) no era suficiente para cubrir las necesidades, se decidió, en verano de 1949, organizar en las empresas células del aparato de seguridad llamadas servicios de protección (Referat Oshrony, RO). Años más tarde, había células RO en seiscientas empresas. En el seno del MBP se vigilaba con especial cuidado al servicio de la protección de la economía, dividido en varios departamentos. En los años 1951-1953, la mayoría de las personas detenidas (de 5.000 a 6.000 por año) lo era por este servicio, que disponía de una de las redes de informadores más desarrollada (26.000 personas). Cualquier avería o incendio ocurridos en una empresa eran considerados el resultado de un sabotaje, o incluso de una acción de diversión. En algunos casos se encarcelaba a varias decenas de trabajadores de una sola empresa. En el marco de la «protección a las instituciones del Estado», este servicio daba, además de otras cosas, su opinión sobre los candidatos para realizar estudios politécnicos. En 1952, la opinión del servicio impidió iniciar la carrera a 1.500 estudiantes.

La «protección de la organización de las cooperativas agrícolas» (es decir, de la colectivización) y el control de la aplicación de los decretos sobre las cantidades de trigo y de carne constituían un capítulo aparte. En este último caso, la institución más activa no fue el aparato de seguridad sino la milicia y la comisión extraordinaria para la lucha contra los abusos y el sabotaje, formada en 1945. Solo su nombre, que recuerda al de la Cheka, sembraba el terror. Sucedió que miles de campesinos de cada una de las quince regiones fueron encarcelados por no haber entregado su cupo. La Seguridad y la milicia procedían a la detención, según un plan político pensado para el caso: los campesinos más desahogados (kulaks) eran arrestados los primeros, aunque hubieran entregado sus cupos. Detenidos durante semanas enteras sin comparecer ante el juez, se les condenaba enseguida y su trigo y rebaños, lo mismo que sus propiedades, eran confiscados. La comisión extraordinaria también se ocupaba de la población urbana. La mayoría de las condenas eran casos de especulación o de mercado negro; y en los años 1952-1954, casos de vandalismo en grupos. Las decisiones de la comisión se iban haciendo, con el paso del tiempo, más represivas: en los años 1945-1948 ya había condenado a 10.900 personas a campos de trabajo; entre 1949-1952 lo fueron 46.700 personas; en 1954, 84.200 habían sido enviadas a campos de trabajo. Estos veredictos no incluían «delitos políticos» en el estricto sentido de la palabra, delitos que en Polonia juzgaban los tribunales, sino que el tipo de medidas que afectaban a la población rural y a los «especuladores» eran resultado de la naturaleza misma del sistema represivo, que privilegiaba la violencia.

En cuanto al aparato de seguridad, su objetivo principal era la persecución de los clandestinos —tanto en el período de ocupación como de posguerra—, los exmilitantes del PSM, los soldados que habían regresado de Occidente, y funcionarios, cuadros políticos y oficiales de antes de la guerra. A principios de 194 9, se uniformaron «los registros de elementos sospechosos» de varias categorías. El 1 de enero de 1953, las fichas de la Seguridad registraban a 5.200.000 personas, un tercio de la población adulta. A pesar de la eliminación de las organizaciones ilegales, los procesos políticos continuaban. El número de prisioneros aumentaba a medida que lo hacían las diversas «operaciones de prevención». Así, en octubre de 1950, en el marco de la operación K, se detuvo a 5.000 personas en una sola noche. Después de la ralentización que siguió a los años 1948-1949, las cárceles volvieron a llenarse: en 1952 fueron arrestadas 21.000 personas. Según los datos oficiales, en el segundo semestre del mismo 1952 había ya 49.500 presos políticos. Incluso se había abierto una prisión especial para «delincuentes políticos menores» (2.500 en 1953).

Tras la liquidación de la oposición, la Iglesia católica era la única institución que seguía siendo independiente. Cada vez más vigilada a partir de 1948, era objeto de continuos ataques. En 1950 se comenzó a encarcelar a los obispos. En septiembre de 1953 se celebró el juicio contra el obispo Kacmareck (condenado a doce años de cárcel) y fue enviado a prisión el primado de Polonia, cardenal Wyszynski. En total conocieron la cárcel más de 100 sacerdotes. Los testigos de Jehová, considerados «espías americanos», fueron especialmente buscados: en 1951 detuvieron a más de 2.500.

Era una época en que todo el mundo iba a la cárcel: los miembros del Buró político, los altos funcionarios anteriores a la guerra (incluido el Primer ministro), los generales, los mandos del AK, los obispos, los partisanos, que, tras haberse enfrentado a los alemanes, habían vuelto sus armas contra los comunistas, los campesinos que se negaban a inscribirse en los koljozes, los mineros de un pozo donde se hubiera declarado un incendio, incluso los jóvenes detenidos por haber roto el cristal de una vitrina publicitaria o que habían escrito eslogans en los muros. Se trataba de separar de la vida pública a cualquier oponente potencial y de prohibir cualquier libertad de acción. Los fines principales del sistema de terror generalizado eran extender en la sociedad un sentimiento de miedo permanente, favorecer la delación y dividirla hasta la atomización.

El sistema empezó a cambiar a partir de finales de 1953: el desarrollo de la red de informadores fue interrumpido, mejoraron las condiciones de las cárceles y parte de los presos fueron puestos en libertad «por razones de salud»; los juicios se hicieron cada vez más raros y las sentencias cada vez más clementes; de hecho, se dejó de pegar y maltratar a los prisioneros. Los oficiales de mala reputación fueron destituidos, se disolvió el departamento X y se redujo el personal de servicios. Una bomba estalló el 28 de septiembre de 1954 cuando Radio Europa libre comenzó a difundir una serie de informes de ]ozef Swiatlo, vicedirector del departamento X, que en diciembre de 1953 había «elegido la libertad». En pocas semanas, el MBP fue reorganizado y reemplazado por el ministerio de Asuntos Interiores (MSW) y un comité de Seguridad Pública (KBP) diferente. El ministro y tres viceministros del MBP tuvieron que dimitir y, en diciembre, fue liberado Gomulka, a la vez que era encarcelado el jefe del departamento de investigación, Jozef Rozanski. La comisión especial de lucha contra los abusos fue suprimida. En enero de 1955, el comité denunció «las faltas y los errores», negando su responsabilidad sobre el aparato de seguridad que, según él, «se había colocado por encima del partido». Algunos verdugos del MBP fueron detenidos y siguieron disminuyendo los efectivos de la Seguridad.

Pero estos cambios eran pura apariencia. En 1955 todavía quedaban alrededor de 30.000 presos políticos, y en la segunda mitad del año tuvo lugar el juicio del exministro Wlodimierz Leshowizc^[8], el mismo que había sido detenido en 1948 por el grupo especial de Swiatlo. Miembro del Buró político hasta 1949, Marian Spychalski, detenido en 1950, permaneció encarcelado sin proceso hasta abril de 1956. En lo que se refiere a la represión bajo todas sus formas, el verdadero «deshielo» no comenzó hasta después del XX Congreso del PCUS en febrero de 1956 y la muerte de Bierut. Entonces se decretó una amnistía, pero aún quedaron 1.500 presos políticos. Algunos condenados fueron rehabilitados y el procurador general y el ministro de Justicia fueron destituidos. Arrestaron al antiguo viceministro de Seguridad y al director del departamento X, y se confiaron las cárceles, gestionadas hasta entonces por el ministerio del Interior, al ministerio de Justicia. La lucha de las distintas facciones en el seno del poder tuvo el efecto de hacer «perder el norte» al aparato de seguridad. Algunos colaboradores secretos se negaron a cooperar. No era cosa de cambiar la estrategia: el aparato seguía interesado en las mismas categorías de individuos. Las cárceles solo se habían vaciado a medias; se llevaron a cabo miles de investigaciones; y aunque reducida, la red de informadores seguía contando con 34.000 colaboradores. El sistema de terror general funcionaba, pero a menor escala. Había logrado sus objetivos: los adversarios más activos del régimen habían muerto por millares, y la sociedad, aprendida la lección, sabía en lo sucesivo a qué atenerse por parte de los «defensores de la democracia popular».

El socialismo real o el sistema de represión selectivo (1956-1981). El cataclismo del socialismo «de hierro» fue en Polonia de una relativamente corta duración y, con el «deshielo», la estrategia de los servicios de seguridad evolucionó. Se consagró a un control de la población, más discreto, pero siempre muy próximo, con vigilancia reforzada en los medios de la oposición legal e ilegal, la Iglesia católica y los círculos intelectuales. Los políticos esperaban del aparato que estuviera siempre listo para dispersar manifestaciones callejeras, nueva tarea aparecida con la segunda gran revolución obrera en el bloque del Este, que tuvo lugar en Poznan en junio de 1956. El aparato de seguridad, la milicia e incluso el KBW se habían dejado sorprender, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista técnico, por la huelga, seguida de una manifestación que reunió a decenas de millares de personas y del asalto a los edificios públicos después. Se puede afirmar que la revolución de Poznan fue, en cierto modo, el último capitulo de la «guerra civil» de los años 1945-1947. Se vio incluso abrir fuego a los manifestantes, lo que no debía volver a producirse. El partido reaccionó con brutalidad: el Primer ministro declaró que la mano que se hubiera «levantado contra el poder sería cortada»; el ejército entró en combate con tanques. Hubo alrededor de 70 muertos, centenares de detenidos y decenas de manifestantes pasaron por los tribunales. No obstante, las sentencias pronunciadas durante el período de «deshielo», iniciado después de octubre de 1956, fueron moderadas.

Poco tiempo después del VIII pleno del Comité central (19-21 de octubre de 1956), el KBP fue disuelto y el servicio de seguridad integrado en el MSW. El número de funcionarios disminuyó en un 40 por 100 —quedaron 9.000— y, al mismo tiempo, los informadores fueron despedidos. Se suprimieron los servicios de protección de las empresas y la mitad de las investigaciones en curso se suspendieron. Los últimos consejeros soviéticos volvieron a Moscú y una misión oficial del KGB los reemplazó. Se procedió a una reorganización de la dirección de Seguridad por medio de la destitución paulatina de la mayoría de sus cuadros, la mayor parte de origen judío, abriendo con ello camino a nuevos «jóvenes mandos». Los efectivos del aparato de represión fueron reducidos radicalmente. Pero la dirección del partido y, en particular, Gomulka, de vuelta en el poder, se opusieron a que los funcionarios tuvieran que rendir cuentas. Solo se celebraron algunos procesos judiciales discretos. La preocupación era no desmovilizar un aparato llamado a prestar aún algún servicio.

Ya en febrero de 1957, tras la primera reunión general del MSW, el ministro Wicha, afirmando que la intensificación de la lucha de clases era una tesis errónea, pretendió que esta misma lucha ¡se radicalizase!^[9]. Desde ese momento y hasta el final del sistema, el áparato de seguridad y los otros —el del partido, el de propaganda, el del ejército— se movieron dentro de esta contradicción.

Veinte años de trabajo silencioso, tranquilo y sistemático, a veces interrumpidos por huelgas y revueltas, se abrían ante el aparato de represión. Un trabajo que consistía en reforzar el sistema de control, tanto con ayudas al «factor humano» —la red de informadores— como técnicas: escuchas y control de correspondencia, que se fueron progresivamente perfeccionando. En los años setenta, la SB (el Servicio de Seguridad) prestó especial atención a la economía, pero su interés, al contrario que el de los antiguos servicios de protección, se centraba en la tecnología, la rentabilidad de la producción, etc. Las averías ya no traían consigo la detención de los obreros, sino una discreta presión del partido para conseguir el cese del director «por una mala gestión ». El MSW disponía de un instrumento de presión que de inútil en los tiempos estalinistas había pasado a ser valioso: la autorización para extender un pasaporte (siempre de un solo uso). Por este retorcido medio podía obtener información de lo que ocurría en instituciones, empresas y universidades, pues, para conseguir el pasaporte, muchos estaban dispuestos a cooperar. Lenta, pero sistemáticamente, la SB aumentó sus efectivos, en particular en las esferas neurálgicas desde el punto de vista de la línea general del Partido Comunista. La lucha contra la Iglesia obligó al MSW a crear, en junio de 1962, un nuevo departamento especializado, y a engrosar sus efectivos hasta algunos centenares de funcionarios.

En 1967, con la guerra de los Seis Días entre israelíes y árabes como telón de fondo, la lucha contra el «sionismo» se puso a la orden del día. Esta consigna tenía una triple función, política, social e internacional: el poder buscaba una nueva legitimidad por medio de la reactivación del nacionalismo. Una facción de los mandos del PZPR instrumentalizó el antisemitismo para dejar atrás a la «Vieja guardia» y que su carrera tuviera mejores perspectivas; y, finalmente, la campaña antisemita sirvió para desacreditar al movimiento estudiantil de marzo de 1968. Se puso en pie un servicio especial que ocupó a decenas de funcionarios. El aparato del MSW proporcionó entonces información a los grupos locales del partido para poder atacar a quien estos designaran. Tanto en Polonia como en la URSS, el Servicio de Seguridad fue el gran inspirador del «antisemitismo sin judíos» del partido y el Estado.

La penetración en muchos medios sociales favorecida por la SB provocó que las tentativas, en otros tiempos raras, de formar organizaciones ilegales se revelaran efímeras. Sus miembros, a menudo muy jóvenes, constituían la mayor parte de los presos políticos, que no sobrepasaban más de varias decenas de personas cada vez. Los intelectuales eran vigilados de cerca. En caso de necesidad, con un requerimiento, la Seguridad aún podía fichar a un colaborador de Radio Europa Libre o de la prensa de emigración. Se practicaron algunas detenciones aisladas, sobre todo a principios de los años sesenta. El caso que hizo más ruido fue el de Melchior Wankowicz, anciano escritor que gozaba de gran popularidad. La SB prestaba especial atención a los «herejes» del campo comunista. Hubo casos de encarcelamiento de maoístas o trotskistas, lo que la opinión pública acogió con indiferencia, a excepción del caso de Jacek Kuron y de Karol Modzelewski. En 1970, 48 personas del grupo ilegal «Rush» fueron arrestadas. Sus dirigentes fueron condenados a penas de siete y ocho años de cárcel, altas para un período de relativa clemencia.

El aparato de seguridad fue muy activo un año después de la vuelta al poder de Gomulka, cuando los jóvenes se manifestaron para protestar por el cierre del semanario Po Prostu, periódico que en 1956 había desempeñado un papel considerable en favor del cambio. Decenas de personas recibieron palizas y decenas fueron condenadas. Las huelgas y las manifestaciones de marzo de 1968 tuvieron una amplitud aún mayor. Los manifestantes fueron dispersados brutalmente: se practicaron 2.700 detenciones y 1.000 personas pasaron por tribunales de diferentes tipos. Muchos fueron condenados a penas de varios años de cárcel y centenares de ellos, llamados al ejército por algunos meses, para ser «formados». En la primera mitad de los años sesenta, hubo numerosos casos de cargas de la milicia contra fieles reunidos para defender capillas o cruces erigidos ilegalmente. Y aun cuando las penas eran bastante benignas, centenares de personas sufrieron malos tratos y muchos fueron condenados a pagar multas.

Las manifestaciones obreras tuvieron otro alcance. Las de diciembre de 1970 adquirieron un giro dramático en todas las ciudades del litoral del Báltico. A pesar de la existencia de unidades especiales de la milicia, las autoridades llamaron al ejército, que hizo uso de sus armas, como en Poznan catorce años antes. Según los datos oficiales, hubo alrededor de 40 muertos. Millares de personas fueron golpeadas por la milicia, a menudo en las comisarías. Los obreros eran obligados a pasar por los llamados «caminos de salud», es decir, entre dos filas de policías que les golpeaban con sus porras. No obstante, y esto es característico, tras los acontecimientos de diciembre, el poder no llevó a cabo ningún proceso judicial. Los detenidos fueron liberados tras la partida de Gomulka, y, en las empresas, los dirigentes de la huelga fueron sometidos a vejaciones.

Durante las huelgas cortas que estallaron en algunas ciudades en junio de 1976, las autoridades emplearon, ahora sí, las unidades especiales de la milicia, que no hicieron uso de sus armas, pero esto no impidió que murieran algunas personas, Hubo alrededor de 1.000 detenidos, de los que algunos centenares fueron condenados a pagar multas, y algunas decenas a penas de cárcel.

Los procesos, en el curso de los cuales se estableció contacto entre las familias de los obreros en huelga, los jóvenes y los intelectuales de la oposición, fueron el punto de partida de la lucha de la intelligentsia por los derechos del hombre, y de la constitución —por primera vez después de la prohibición del PSL en 1947— de grupos de oposición organizados (KOR, ROPCIO). Ante esta nueva situación, las autoridades tuvieron que elegir una táctica. Por diversas razones, la primera de ellas el miedo a las repercusiones internacionales a la vista de la dependencia financiera creciente de Occidente que tenía el régimen, el poder optó por una táctica de hostigamiento: arrestos preventivos de cuarenta y ocho horas prorrogables (autorizadas por el Código penal), licenciamientos, presiones psicológicas, denegaciones de pasaportes, confiscación de material de reproducción, etc. La SB desarrolló rápidamente una red de agentes ampliada. En 1979, el departamento especial de «defensa de la economía» fue reactivado ante el temor de que la influencia de la oposición se extendiera por las empresas.

Esto no resultó nada eficaz cuando en 1980 comenzó una nueva oleada de huelgas. En la dirección del partido, los defensores de la línea «dura» dominaban, pero nadie tomó la decisión de acabar con las huelgas por la fuerza. Por otra parte, como se pudo constatar durante una de las reuniones del Buró político, las fuerzas necesarias no eran ni suficientemente numerosas ni estaban preparadas para hacer frente a cientos de miles de huelguistas, parapetados en centenares de fábricas. Esta vez, los huelguistas —al contrario que en 1956, 1970 y 1976— actuaron según la consigna de Jacek Kuron: «No queméis los comités [del partido], organizad los vuestros».

El poder siguió la táctica de los años precedentes con el sindicato Solidaridad (Solidarnosc), animado por Lech Walesa. Se trataba de debilitar el sindicato, provocar divisiones internas para hacer posible su absorción por parte de las estructuras controladas por el PC (PZPR), como el Frente de Unidad Nacional. Desde octubre de 1980, el MSW y el Estado Mayor iniciaron los preparativos del estado de guerra. El MSW comenzó a infiltrarse en Solidaridad sistemáticamente (en verano, solo en Varsovia había ya 2.400 informadores) y optó por enfrentamientos puntuales, tales como la detención de militantes durante 48 horas o el envío de la milicia para hacer evacuar los edificios públicos ocupados, destinados a tantear la reacción del sindicato. Desde febrero de 1981, la lista de militantes que había que detener estaba preparada (así como las cárceles destinadas a acogerlos), pero la dirección del PZPR prefirió seguir su táctica de hostigamiento y provocaciones, como en marzo de 1981 en Bydgoszcz, donde la milicia machacó a los sindicalistas. El aparato polaco de seguridad, que mantenía una actitud más bien pasiva, recibió refuerzos. Después de las huelgas de 1980, la Stasi, policía política de la RDA (República Democrática Alemana), estableció uno de sus grupos operativos en Varsovia^[10]. Un acontecimiento en sí mismo, aunque ya años antes hubiera funcionado, coordinada por el KGB, la colaboración de los servicios de seguridad contra la oposición democrática.

Esta situación duró hasta los primeros días de diciembre de 1981, momento en el que, para «probar» las posibilidades de movilización de Solidaridad, la unidad antiterrorista de la milicia puso fin a la huelga de alumnos de la Escuela de bomberos de Varsovia. Diez días más tarde, en la noche del 12 al 13 de diciembre, fue decretada la ley marcial en toda Polonia.

Estado de guerra: una tentativa de represión generalizada. Se trató de una gran operación policial y militar preparada con suprema precisión. 70.000 soldados, 30.000 funcionarios de la milicia, con 1.750 tanques, 1.900 transportes blindados, 9.000 camiones y coches y escuadrones de helicópteros y aviones de transporte entraron en acción. Las fuerzas estaban concentradas en las ciudades más grandes y los centros industriales. Tenían como misión acabar con las huelgas, paralizar la vida cotidiana de modo que aterrorizara a la población y obstaculizar cualquier respuesta por parte de Solidaridad. Fueron desconectados los teléfonos (causa de la muerte de numerosas personas, que no pudieron llamar a los servicios de urgencia), se cerraron las fronteras y las estaciones de gasolina; eran necesarios salvoconductos para salir de cualquier localidad, y se instituyeron el toque de queda y la censura de la correspondencia. Diez días más tarde habían terminado las huelgas y los manifestantes se habían dispersado, prueba de la eficacia del plan. Se contabilizaron 14 muertos, algunos cientos de heridos, alrededor de 4.000 huelguistas fueron detenidos y los primeros juicios, que se celebraron en Navidad, pronunciaron sentencias con penas que iban de tres a cinco años de cárcel (la más alta, de diez años). Todos los inculpados fueron juzgados por tribunales militares, competentes para los «delitos contra la ley marcial». Las tropas soviéticas, de Alemania del Este y checoslovacas, que habían sido movilizadas, pudieron renunciar a una intervención programada en caso de que las huelgas y los manifestantes se hubieran transformado en un movimiento de insurrección, o en caso de que las fuerzas polacas se vieran incapaces de reprimirlo.

La segunda parte de la represión fue el encarcelamiento de los militantes de la oposición y de Solidaridad comenzado el 12 de diciembre antes de media noche. En pocos días, en virtud de una disposición administrativa, 5.000 personas fueron encerradas en 49 «centros de aislamiento», situados fuera de las grandes ciudades. El objetivo era paralizar al sindicato, pero también dejar libres puestos de responsabilidad para situar allí a militantes de la SB. El sistema de internamiento, que duró doce meses, representaba una forma aparentemente «menos rigurosa» de encarcelamiento, fácil de aplicar, puesto que no requería la intervención de un procurador o un juicio. En principio, la SB no utilizó contra las personas internadas, encarceladas o condenadas, ningún medio prohibido, y se sirvió únicamente de «técnicas de persuasión», garantizadas por su fuerza. Al mismo tiempo, la SB intensificó el reclutamiento de colaboradores e incitó a los militantes a emigrar, haciendo chantaje a sus familias.

El general Jaruzelski, que estaba en el poder desde el 18 de octubre, tuvo que enfrentarse con los dirigentes del partido, numerosos entre los cuadros de mando del partido en las empresas, los funcionarios retirados del MSW, el aparato del partido y el ejército. Se crearon grupos de autodefensa (aunque nadie les atacaba), y se repartieron pistolas. Reclamaban la celebración de juicios contra los internados y pedían veredictos severos, penas de muerte. En otras palabras, la utilización del terror generalizado en lugar de la represión generalizada, demasiado clemente a sus ojos. A pesar de una agresiva campaña de propaganda contra Solidaridad, la dirección del partido no se decidió a utilizar los medios propuestos por estos radicales. Más que terminar con la resistencia social por métodos estalinistas, se prefirió «reducir las tensiones». Las repetidas manifestaciones de Solidaridad cada 1 y 3 de mayo —fecha del aniversario de la Constitución de 1791 y antigua fiesta nacional— y el 31 de agosto —aniversario de los acuerdos de Gdansk de 1980— eran en cualquier caso brutalmente disueltas. Millares de personas fueron citadas para ser interrogadas y cientos de ellas comparecieron ante los tribunales. Hubo también algunos muertos (seis en total). De tarde en tarde, al final de un proceso público, los dirigentes clandestinos de Solidaridad eran condenados a penas de hasta cinco años de cárcel. Tras el cierre de los centros de internamiento en diciembre de 1982 y la revocación formal del estado de sitio el 22 de julio de 1983 aún quedaban cientos de personas en las cárceles y hasta casi un millar de presos políticos, detenidos por actividades sindicales clandestinas, impresión o reparto clandestinos de prensa y libros, a veces incluso por una simple colecta en favor de los detenidos. Las autoridades recurrieron también a los despidos. Miles de huelguistas de diciembre de 1981 fueron víctimas de ellos, y se sometió a los periodistas a procesos de «comprobación», que también condujeron a miles de despidos.

A excepción de las primeras semanas que siguieron al 13 de diciembre, Polonia no ha vuelto a conocer un terror comparable al de los años 1949-1956. El aparato de seguridad practicaba una amplia gama de métodos, denominados en el lenguaje de los servicios secretos «desinformación y desintegración», ya utilizados en los años setenta, cuando el ministerio de Asuntos del Interior creó el grupo autónomo D y sus filiales locales. Hasta 1981, este nuevo departamento se concentró en la Iglesia y medios próximos a ella. Tras la instauración de la ley marcial, el radio de acción del grupo D se extendió al sindicato Solidaridad: atentados repetidos contra sus bienes (incendio de apartamentos, destrucción de vehículos), agresión a sus militantes por parte de «desconocidos», amenazas de muerte y distribución de falsas octavillas y falsos periódicos clandestinos. Hubo igualmente algunos secuestros, y las víctimas fueron abandonadas en un camino después de haberles hecho tomar barbitúricos o estupefacientes. Las palizas también produjeron víctimas, entre otros, el alumno de instituto Grzegorz Przemyk, en un puesto de policía en 1983.

La más conocida de las acciones de este género, cometida por los funcionarios de la sección D del departamento IV del MSW, fue el asesinato del padre Jerzy Popieluszko, el 19 de octubre de 1984. Según la versión oficial, los asesinos habían actuado por su cuenta, a espaldas de sus superiores. Esta versión suscita aún muchas dudas, pues la actividad del aparato de seguridad estaba estrictamente controlada en todas las acciones importantes, que necesitaban el visto bueno ministerial. Si, en este caso particular, el propio MSW entregó a los responsables, que fueron condenados acto seguido, en otros casos de asesinatos de sacerdotes o de personas ligadas a Solidaridad, el nombre de los culpables no se supo nunca. A juzgar por la reacción de la población, la actividad de tipo D no llegaba a alcanzar sus objetivos, que consistían en extender el miedo en los medios elegidos. Parece que el efecto fue exactamente el contrario: se reforzó la determinación de los disidentes. Tras las confrontaciones violentas de los primeros días de la ley marcial y la importante represión de las manifestaciones de 1982-1983, el período siguiente estuvo marcado por una limitada represión. Los militantes clandestinos eran conscientes del hecho de que no se arriesgaban más que a algunos años de cárcel, regularmente vaciada por las amnistías, por otra parte. En este punto de su evolución, el sistema estaba ya muy lejos de sus orígenes estalinistas.

Del alto el fuego a la capitulación o el desarrollo del poder (1986-1989). La situación al final del verano de 1986 era de tal naturaleza, que, bajo la influencia de la perestroika y la glasnost y el estancamiento de la economía polaca, el equipo del general Jaruzelski intentó encontrar en la oposición polaca grupos con los que poder llegar a un compromiso. Cualquier tentativa en esta línea debía estar precedida de un notable descenso del nivel de represión. El 11 de septiembre de 1986, el ministerio de Asuntos del Interior anunció la liberación de todos los presos políticos: 225 personas en total. Para conservar un mínimo de rigor, se decidió que la participación en una organización prohibida o cualquier publicación clandestina sería castigada con una multa o con la detención en una comisaría y no en una cárcel como anteriormente. Se volvía, pues, al nivel de represión de los años 1976-1980. Con esta diferencia: al poder se enfrentaban no ya a cientos, sino a decenas de miles de militantes. Durante los primeros meses de 1988, tras varias oleadas de huelgas, la represión se recrudeció de nuevo, pero el 26 de agosto un comunicado anunció el inicio de las negociaciones con Solidaridad.

Aunque frustradas, las gentes del aparato de seguridad se portaron en conjunto con disciplina, si bien es probable que algunos de ellos intentaran impedir el futuro acuerdo. Testimonio de ello es el hecho de que en enero de 1987 fueran asesinados dos sacerdotes encargados del servicio pastoral de las estructuras locales de Solidaridad. Hasta hoy nadie sabe si se trató de atentados de la célula D o de actos criminales comunes.

Después de las elecciones de 1989 y tras la formación del Gobierno de Tadeusz Mazowiecki, el control de los «ministerios de la fuerza» (Interior y Defensa) quedó en manos de sus antiguos jefes. El 6 de abril de 1990, la SB fue disuelta y reemplazada por el Buró de protección del Gobierno (UOP).

En Polonia, el sistema comunista nunca estuvo conforme a la legalidad, pues no respetaba ni el derecho internacional ni su propia constitución. Criminal desde su nacimiento (1944-1956), el sistema siempre estuvo dispuesto a recurrir a la fuerza (comprendida la militar) a gran escala.

Bibliografía. El presente texto está basado en mi propia investigación en archivos. Como experto de la comisión de responsabilidades constitucional he tenido acceso a muchos informes de los años 1980-1982, aún secretos. La literatura más abundante se refiere al período de 1944-1948. Para los períodos posteriores no contamos nada más que con trabajos generales y documentos escogidos sobre los conflictos sociales. Esta bibliografía no recoge numerosos testimonios y recuerdos.