15
LA SALIDA DEL ESTALINISMO

La desaparición de Stalin señaló, en medio de siete decenios de existencia de la Unión Soviética, una etapa decisiva, el final de una época, si es que no el final de un sistema. La muerte del guía supremo reveló, como lo escribió François Furet, «la paradoja de un sistema pretendidamente inscrito en las leyes del desarrollo social, pero en el cual todo depende de tal manera de un solo hombre que, cuando este hombre ha desaparecido, el sistema ha perdido algo que resultaba esencial». Uno de los componentes de este «algo esencial» era el fuerte nivel de represión ejercida bajo las formas más diversas por el Estado contra la sociedad.

Para los principales colaboradores de Stalin —Malenkov, Molotov, Voroshilov, Mikoyán, Kaganovich, Jrushchov, Bulganin, Beria— el problema político planteado por la sucesión de Stalin era particularmente complejo. Debían, a la vez, asegurar la continuidad del sistema, repartirse las responsabilidades, encontrar un equilibrio entre la preeminencia —incluso atenuada— de uno solo y el ejercicio de la colegialidad, satisfaciendo las ambiciones de cada uno y las relaciones de fuerzas e introducir rápidamente diversos cambios sobre cuya necesidad existía un amplio consenso.

La difícil conciliación de estos objetivos explica el desarrollo, extremadamente complejo y tortuoso, del curso político entre la muerte de Stalin y la eliminación de Beria (detenido el 26 de junio de 1953).

Las minutas estenográficas, hoy en día accesibles, de los plenos del Comité central que se celebraron el 5 de marzo de 1953 (el día de la muerte de Stalin) y del 2 al 7 de julio de 1953 ^[1] (después de la eliminación de Beria) aclaran las razones que impulsaron a los dirigentes soviéticos a poner en funcionamiento esta «salida del estalinismo» que Nikita Jrushchov iba a transformar en «desestalinización» con sus puntos culminantes —primero el XX Congreso del PCUS, en febrero de 1956, y después el XXII Congreso, en octubre de 1962—.

La primera razón era el instinto de supervivencia, la autodefensa. En el curso de los últimos meses de la existencia de Stalin, casi todos los dirigentes habían sentido hasta qué punto ellos mismos se habían convertido en vulnerables. Nadie estaba a cubierto, ni Voroshilov, acusado de «agente del servicio de inteligencia», ni Molotov ni Mikoyán, expulsados por el dictador de su puesto en el Presidium del Comité central; ni Beria, amenazado por sombrías intrigas en el seno de los servicios de seguridad, manipuladas por Stalin. En los escalones intermedios, igualmente, las elites burocráticas que se habían reconstituido desde la guerra temían y rechazaban los aspectos terroristas del régimen. La omnipotencia de la policía política constituía el último obstáculo que les impedía aprovecharse de una carrera estable. Resultaba indispensable comenzar por desmantelar lo que Martín Malia ha denominado con justicia «la maquinaria puesta en funcionamiento por el dictador difunto para su propio uso», a fin de asegurar que nadie se serviría de ella para afirmar su propia preeminencia a expensas de sus colegas —y rivales— políticos. Más allá de las divergencias de fondo sobre las reformas que había que emprender, fue el temor de ver regresar al poder a un nuevo dictador lo que coaligó a los «herederos de Stalin» contra Beria, que aparecía entonces como el dirigente más poderoso, porque disponía del inmenso aparato de Seguridad y del Interior. A todos se les imponía una lección: ya no era indispensable que los aparatos represivos pudieran «escapar del control del partido» —en otras palabras, convertirse en el arma de un solo individuo— y amenazar a la oligarquía política.

La segunda razón, más fundamental, del cambio se relacionaba con la percepción compartida por todos los dirigentes principales, lo mismo Jrushchov que Malenkov, de que eran necesarias las reformas económicas y sociales. La gestión exclusivamente represiva de la economía, fundada en una requisa autoritaria de la casi totalidad de la producción agrícola, en una criminalización de los informes sociales, y en la hipertrofia del Gulag, había conducido a una grave crisis económica y a bloqueos sociales que excluían cualquier progreso de la productividad del trabajo. Había sido superado el modelo económico cuya puesta en funcionamiento, en los años treinta, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad, había desembocado en los ciclos represivos descritos con anterioridad.

Finalmente, la tercera razón del cambio se relacionaba con la dinámica misma de las luchas de sucesión que alimentaban una espiral de sobrepujas políticas: fue Nikita Jrushchov el que, por diferentes razones que no analizaremos aquí —aceptar personalmente afrontar su pasado de estalinista, auténtico remordimiento, habilidad política, populismo específico, relación con una cierta forma de fe socialista en el «porvenir radiante», voluntad de regresar a lo que él consideraba como una «legalidad socialista», etc.—, acabó superando con creces a todos sus colegas en la vía de una desestalinización mesurada y parcial en el plano político, pero radical en el plano de la vida cotidiana de la población.

¿Cuáles fueron, por lo tanto, las principales etapas de desmantelamiento de la maquinaria represiva, de este movimiento que, en algunos años, contribuyó a hacer pasar a la Unión Soviética de un sistema marcado por un fuerte nivel de represión judicial y extrajudicial a un régimen autoritario y policial, en el que la memoria del terror iba a ser, durante una generación, una de las garantías más eficaces del orden posestalinista?

Menos de dos semanas después de la muerte de Stalin, el Gulag fue profundamente reorganizado. Pasó a ser competencia del ministerio de Justicia. Por lo que se refiere a sus infraestructuras económicas, fueron transferidas a los ministerios civiles competentes. Más espectacular todavía que estos cambios administrativos, que traducían claramente un debilitamiento muy obvio del todopoderoso ministerio del Interior, fue el anuncio de una amplia amnistía el 28 de marzo de 1953 en Pravda. En virtud de un decreto promulgado la víspera por el Presidium del Soviet Supremo de la URSS, y firmado por su presidente, el mariscal Voroshilov, fueron amnistiados:

1. Todos los condenados a penas inferiores a cinco años.

2. Todas las personas condenadas por prevaricación, crímenes económicos y abusos de poder.

3. Las mujeres embarazadas y las madres de niños de menos de diez años, los menores, los hombres de más de cincuenta y cinco años y las mujeres de más de cincuenta años.

Además, el decreto de amnistía preveía la disminución de la mitad de las penas que quedaban por purgar para todos los demás detenidos, salvo aquellos condenados por crímenes «contrarrevolucionarios», robo a gran escala, bandidaje y asesinato con premeditación.

En algunas semanas, alrededor de 1.200.000 detenidos, es decir, cerca de la mitad de la población de los campos de concentración y de las colonias penitenciarias, abandonaron el Gulag. La mayoría de ellos eran o pequeños delincuentes, condenados por robos de poca importancia, o, más a menudo, simples ciudadanos sobre los que había caído el peso de una de las innumerables leyes represivas que sancionaban casi cada esfera de actividad, desde «el abandono del puesto de trabajo» hasta «la infracción de la ley sobre los salvoconductos interiores». Esta amnistía parcial, que excluía fundamentalmente a los prisioneros políticos y a los «desplazados especiales», reflejaba por su misma ambigüedad las evoluciones todavía mal definidas y los pasos tortuosos que se estaban dando durante la primavera de 1953, un período de intensas luchas por el poder, durante el cual Lavrenti Beria, primer vicepresidente del Consejo de ministros y ministro del Interior, pareció convertirse en «gran reformador».

¿Cuáles fueron las razones para decretar esta amplia amnistía? Según Amy Knight^[2], la biógrafa de Lavrenti Beria, la amnistía del 27 de marzo de 1953, decidida por iniciativa del propio ministro del Interior, se inscribía en una serie de medidas políticas que daban testimonio del «cambio liberal» de Beria, implicado en las luchas de sucesión por el poder desencadenadas después de la muerte de Stalin y atrapado en una espiral de sobrepujas políticas. Para justificar esta amnistía, Beria había enviado al Presidium del Comité central, el 24 de marzo, una prolongada nota en la cual explicaba que de los 2.526.402 detenidos con que contaba el Gulag, solo 221.435 eran «criminales de Estado particularmente peligrosos», encerrados en su mayoría en «campos de concentración especiales». En su inmensa mayoría, reconocía Beria (¡una confesión notable y sobrecogedora!), los prisioneros no constituían una amenaza seria para el Estado. Resultaba deseable una amplia amnistía para descongestionar rápidamente un sistema penitenciario excesivamente pesado y poco rentable^[3].

La cuestión de la gestión, cada vez más difícil, del inmenso Gulag era evocada de manera regular desde inicios de los años cincuenta. La crisis del Gulag, reconocida por la mayor parte de los dirigentes mucho antes de la muerte de Stalin, provocó la amnistía del 27 de marzo de 1953. Las razones económicas —y no solamente políticas— condujeron, en consecuencia, a los candidatos a la sucesión de Stalin, que se hallaban al corriente de las inmensas dificultades de gestión de un Gulag superpoblado y cada vez menos «rentable», a decretar una amplia, pero no obstante parcial, amnistía.

En este terreno, como en otros, no podía adoptarse ninguna medida radical mientras Stalin estuviera vivo. Según la justa fórmula del historiador Moshe Lewin, todo estaba, en los últimos años del dictador, «momificado».

No obstante, una vez que Stalin murió, «no todo era todavía posible»: así quedaron excluidos de la amnistía todos aquellos que habían sido las principales víctimas de la arbitrariedad del sistema, los «políticos» condenados por actividades contrarrevolucionarias.

La exclusión de los políticos de la amnistía del 27 de marzo de 1953 estuvo en el origen de numerosos motines y revueltas de detenidos acontecidas en los campos de régimen especial del Gulag, del Retchlag y del Steplag^[4].

El 4 de abril, Pravda anunció que los «asesinos de bata blanca» habían sido víctimas de una provocación y que sus confesiones habían sido arrancadas por «métodos ilegales de instrucción» (se sobreentiende bajo tortura). Este acontecimiento tuvo mayor relieve en virtud de la resolución que el Comité central adoptó algunos días más tarde «sobre la violación de la legalidad por los órganos de la Seguridad del Estado). De ahí se desprendía claramente que el asunto de los médicos asesinos no había sido un accidente aislado, que la Seguridad del Estado se había arrogado poderes exorbitantes y que había multiplicado los actos ilegales. El partido rechazaba estos métodos y condenaba el poder excesivo de la policía política. La esperanza engendrada por estos textos suscitó inmediatamente numerosas reacciones: los juzgados se vieron inundados por centenares de millares de demandas de rehabilitación. Por lo que se refiere a los detenidos, fundamentalmente aquellos que pertenecían a los campos especiales, exasperados por el carácter limitado y selectivo de la amnistía del 27 de marzo, y conscientes de la evolución de sus guardianes y de la crisis que atravesaba el sistema represivo, se negaron en masa a trabajar y a obedecer las directrices de los comandantes de los campos de concentración. El 14 de mayo de 1953, más de 14.000 prisioneros de diferentes secciones del conjunto penitenciario de Norilsk organizaron una huelga y pusieron en pie comités compuestos por miembros elegidos por los diferentes grupos nacionales en los que los ucranianos y los bálticos desempeñaron un papel clave. Las principales reivindicaciones de los detenidos eran: la disminución de la jornada de trabajo a nueve horas; la supresión del número de matrícula en la ropa; la abrogación de las limitaciones relativas a la correspondencia con la familia; la expulsión de todos los soplones y la extensión del beneficio de amnistía a los políticos.

El anuncio oficial, el 10 de julio de 1953, del arresto de Beria, acusado de haber sido un espía inglés, un «enemigo encarnizado del pueblo», confirmó a los detenidos en la idea de que algo importante estaba cambiando en Moscú y les llevó a ser intransigentes en sus reivindicaciones. El movimiento de negativa a trabajar se amplió. El 14 de julio, más de 12.000 detenidos del conjunto penitenciario de Vorkuta se declararon, a su vez, en huelga. Signo del cambio de los tiempos fue que, tanto en Norilsk como en Vorkuta, se entablaran negociaciones y el asalto contra los detenidos se viera retrasado en varias ocasiones.

La agitación siguió siendo endémica en los campos de régimen especial desde el verano de 1953 hasta el XX Congreso de febrero de 1956. La revuelta más importante, y la más prolongada, estalló en mayo de 1954 en la tercera sección del conjunto penitenciario de Steplag, en Kenguir, cerca de Karaganda (Kazajstán). Duró cuarenta días y no fue reducida más que después de que las tropas especiales del ministerio del Interior hubieran cercado el campo de concentración con carros de combate. Alrededor de cuatrocientos detenidos fueron juzgados y nuevamente condenados, y los seis miembros sobrevivientes de la comisión que había dirigido la resistencia fueron ejecutados.

Signo del cambio político desde la muerte de Stalin fue que algunas de las reivindicaciones expresadas en 1953-1954 por los detenidos amotinados resultaran, no obstante, satisfechas: la duración del trabajo cotidiano de los detenidos fue reducida a nueve horas, y se introdujeron algunas mejoras significativas en la vida cotidiana.

En 1954-1955 el Gobierno adoptó una serie de medidas que limitaban la omnipotencia de la Seguridad del Estado, profundamente transtornada desde la eliminación de Beria. Las troikas —tribunales especiales que juzgaban los asuntos relativos a la policía política— fueron suprimidas. La policía política fue reorganizada en un organismo autónomo que adoptó el nombre de Komitet Gossudarstvennoi Bezopasnosti (KGB, Comité de Seguridad del Estado), purgado de aproximadamente el 20 por 100 de sus efectivos anteriores a marzo de 1953 y colocado bajo la autoridad del general Serov que había supervisado fundamentalmente todas las deportaciones de pueblos durante la guerra. Considerado como un personaje cercano a Nikita Jrushchov, el general Serov encarnaba todas las ambigüedades de un período de transición en el que numerosos responsables de antaño conservaban puestos claves. El Gobierno decretó nuevas amnistías parciales, de las que la más importante fue la de septiembre de 1955 que permitió la liberación de personas que habían sido condenadas en 1945 por «colaboración con el ocupante» y la de los presos de guerra alemanes todavía detenidos en la URSS. Finalmente, se adoptaron diversas medidas en favor de los «colonos especiales». Estos recibieron fundamentalmente la autorización para desplazarse por un territorio más amplio y para presentarse con menos frecuencia en la comandancia de la que dependían. Tras la celebración de negociaciones germano-soviéticas en la cumbre, los alemanes deportados, que representaban el 40 por 100 del número total de los colonos especiales (un poco más de un millón de cerca de 2.750.000), fueron los primeros en beneficiarse, a partir de septiembre de 1955, de la supresión de restricciones que pesaban sobre esta categoría de proscritos. No obstante, los textos legales precisaban que la abrogación de las restricciones jurídicas, profesionales, de estado y de residencia no implicaban «ni la restitución de los bienes confiscados ni el derecho de regresar a los lugares de los que los colonos especiales habían sido desplazados»^[5].

Estas restricciones resultaban muy significativas en el conjunto del proceso, parcial y gradual, de lo que se llamó «desestalinización». Llevada a cabo por un estalinista, Nikita Jrushchov, que había, como todos los dirigentes de su generación, participado directamente en la represión —deskulakización, purgas, deportaciones, ejecuciones—, la desestalinización no podía más que limitarse a la denuncia de algunos excesos del «período del culto a la personalidad». El informe secreto, leído por Jrushchov en la tarde del 24 de febrero de 1956, ante los delegados soviéticos en el XX Congreso, seguía siendo muy selectivo en su condena del estalinismo, no cuestionando nunca ninguna de las grandes decisiones del partido desde 1917. Este carácter selectivo se manifestaba tanto en la cronología de la «desviación» stalinista —fechada en 1934, excluía de la misma crímenes como la colectivización y la hambruna de 1932-1933— como en la elección de las víctimas mencionadas, todos comunistas, generalmente de estricta obediencia estalinista, pero nunca los simples ciudadanos. Al circunscribir el campo de las represiones a únicamente los comunistas, víctimas de la dictadura personal de Stalin, y a episodios concretos que no comenzaban nada más que después del asesinato de Serguei Kírov, el informe secreto eludía la cuestión central: la de la responsabilidad del partido en su conjunto y desde 1917 con respecto a la sociedad.

El informe secreto fue seguido de varias medidas concretas que completaron las disposiciones limitadas que se habían adoptado hasta entonces. En marzo-abril de 1956, todos los colonos especiales que pertenecían a uno de los «pueblos castigados» por una supuesta colaboración con la Alemania nazi, y que habían sido deportados en 1943-1945, fueron «sustraídos a la vigilancia administrativa de los órganos del ministerio del Interior», sin poder, no obstante, pretender la restitución de sus bienes confiscados ni el regreso a su región. Estas medidas a medias suscitaron la cólera de los deportados, que en numerosas ocasiones se negaron a firmar el compromiso escrito que exigía de ellos la administración en el sentido de no reclamar la restitución de sus bienes y de no regresar a su región de origen. Frente a esta actitud que testificaba un notable cambio del clima político y de las mentalidades, el Gobierno soviético realizó nuevas concesiones, al restablecer el 9 de enero de 1957 las antiguas repúblicas y regiones autónomas de los pueblos deportados que habían sido disueltas inmediatamente después de la guerra. Solo la República autónoma de los tártaros de Crimea no fue restablecida.

Durante tres décadas los tártaros de Crimea iban a combatir para que les fuera reconocido el derecho al regreso. A partir de 1957, los karachais, los calmucos, los balkares, los chechenos y los ingushes emprendieron, por decenas de miles, el camino de regreso. Las autoridades no les facilitaron nada. Estallaron numerosos incidentes entre los deportados que deseaban recuperar sus antiguas viviendas y los colonos rusos que habían sido trasladados en 1945 desde las regiones vecinas y que ocupaban esos lugares. Al carecer de propiska, la inscripción ante la policía local que proporcionaba el derecho jurídico de vivir en una localidad concreta, los antiguos deportados, de regreso a su tierra, se vieron obligados una vez más a instalarse en barracas improvisadas, en ciudades de chabolas, en campos de tiendas, bajo la amenaza permanente de ser arrestados en cualquier momento por infracción del régimen de salvoconductos (castigada con dos años de prisión). En julio de 1958, la capital chechena, Grozny, fue escenario de sangrientos enfrentamientos entre rusos y chechenos. La calma precaria solo fue restablecida después de que las autoridades desbloquearon algunos fondos destinados a la construcción de viviendas para los antiguos deportados ^[6].

Oficialmente la categoría de los colonos especiales no dejó de existir hasta enero de 1960. Los últimos deportados liberados de su situación de paria fueron los nacionalistas ucranianos y bálticos. Cansados de enfrentarse una vez más con los obstáculos administrativos planteados a su regreso por las autoridades, menos de la mitad de los deportados bálticos y ucranianos regresaron a su tierra. Los otros sobrevivientes «echaron raíces» en su lugar de deportación.

Solo después del XX Congreso la gran mayoría de los detenidos contrarrevolucionarios fue liberada. En 1954-1955, menos de 90.000 de ellos fueron liberados. En 1956-1957, cerca de 310.000 contrarrevolucionarios abandonaron el Gulag. El 1 de enero de 1959 quedaban 11.000 presos políticos en los campos de concentración^[7]. Para acelerar los procedimientos, se enviaron a los campos de concentración más de 200 comisiones especiales de revisión, y se decretaron varias amnistías. Sin embargo, la liberación no significaba todavía la rehabilitación. En dos años (1956-1957), menos de 60.000 personas fueron debidamente rehabilitadas. La inmensa mayoría debió esperar años y, a veces, décadas antes de obtener el precioso certificado. El año 1956 siguió siendo, no obstante, en la memoria colectiva, el año del «regreso», admirablemente descrito por Vassili Grossman en su relato Todo pasa. Este gran regreso, que se desarrollaba en el silencio oficial más absoluto, y que recordaba también que millones no regresarían jamás, solo podía engendrar un profundo desasosiego en los espíritus, un vasto trauma social y moral, un cara a cara trágico en una sociedad en la que, como escribía Lydia Chukovskaya, «a partir de ahora dos Rusias se miraban a los ojos. La que había encarcelado y la que había estado en la cárcel». Frente a esa situación, la primera preocupación de las autoridades fue la de no acceder a las demandas individuales o colectivas relacionadas con las solicitudes de incoar procedimientos contra funcionarios autores de violaciones de la legalidad socialista o referentes a los métodos ilegales de instrucción durante el período del culto a la personalidad. La única vía de recurso eran las comisiones de control del partido. En el capítulo de las rehabilitaciones, las autoridades políticas enviaron a las autoridades judiciales diversas circulares en las que se establecían las prioridades: miembros del partido y militares. No se produjo ninguna depuración.

Con la liberación de los políticos, el Gulag posestalinista vio como se mermaban sus efectivos, antes de estabilizarse, a finales de los años cincuenta y a inicios de los años sesenta, hasta llegar a la cifra de 900.000 detenidos, es decir, un núcleo duro de 300.000 detenidos y reincidentes de derecho común purgando largas condenas y 600.000 pequeños delincuentes condenados en función de leyes represivas todavía en vigor a penas que a menudo resultaban desproporcionadas en relación con el delito. Poco a poco desapareció el papel precursor del Gulag en la colonización y explotación de las riquezas naturales del gran Norte y del Extremo Oriente soviético. Los inmensos complejos penitenciarios del período estalinista se fragmentaron en unidades más pequeñas. La geografía del Gulag también se modificó: los campos volvieron a instalarse mayoritariamente en la parte europea de la Unión Soviética. El confinamiento volvió a adquirir poco a poco la función reguladora que tiene en cada sociedad, conservando, no obstante, en la URSS posestalinista especificidades propias de un sistema que no era el del Estado de derecho. A los crimínales se añadían en efecto ciudadanos «corrientes» en virtud de campañas que reprimían esporádicamente tal o cual comportamiento repentinamente juzgado intolerable —alcoholismo, gamberrismo, «parasitismo»—, así como una minoría de personas (algunos centenares por año) condenadas en su mayoría en base a los artículos 70 y 190 del nuevo Código penal promulgado en 1960.

Las diferentes medidas de liberación y las amnistías se vieron completadas por modificaciones capitales de la legislación penal. Entre las primeras medidas que reformaron la legislación estalinista figuraba un decreto de 25 de abril de 1956 que abolía la ley antiobrera de 1940 que prohibía a los obreros abandonar su empresa. Este primer paso hacia la descriminalización de las relaciones laborales fue seguido por otras varias disposiciones. Todas estas medidas parciales fueron sistematizadas por la adopción, el 25 de diciembre de 1958, de los nuevos «fundamentos del derecho penal». Estos textos hicieron desaparecer las disposiciones centrales de la legislación penal de los códigos precedentes, fundamentalmente la noción de «enemigo del pueblo» y la de «crimen contrarrevolucionario». Además, se elevó la edad de responsabilidad penal de catorce a dieciséis años; no se podían utilizar la violencia y las torturas para arrancar confesiones; el acusado debía estar obligatoriamente presente en la audiencia, defendido por un abogado informado del sumario; y salvo excepciones, las vistas debían ser públicas. El Código penal de 1960 conservaba, no obstante, diversos artículos que permitían castigar cualquier forma de desviación política o ideológica. En virtud del artículo 70, todo individuo «que realizara propaganda y que pretendiera debilitar el poder soviético… mediante afirmaciones calumniosas que denigraran al Estado y a la sociedad» podía ser objeto de una pena de campo de concentración de seis meses a siete años, seguida de destierro interior por un período de dos a cinco años. El artículo 190 condenaba cualquier «no denuncia» del delito de antisovietismo con una pena de uno a tres años de campo de concentración o una pena equivalente de trabajos de interés colectivo. En los años sesenta y setenta, estos dos artículos fueron ampliamente utilizados contra las formas de «desviacionismo» político o ideológico. El 90 por 100 de algunos centenares de personas condenadas cada año por «antisovietismo» lo fueron en virtud de estos dos artículos.

En el curso de estos años de «deshielo» político y de mejora global del nivel de vida, pero en el que la memoria de la represión seguía siendo viva, las formas activas de desacuerdo o de contestación continuaron siendo extremadamente minoritarias: durante la primera mitad de los años sesenta los informes del KGB reconocían 1.300 «opositores» en 1961,2.500 en 1962, 4.500 en 1964 y 1.300 en 1965^[8]. En los años sesenta-setenta tres categoría de ciudadanos fueron objeto de una vigilancia «estrecha» por parte de los servicios del KGB: las minorías religiosas (católicos, bautistas^[9], pentecostales, adventistas), las minorías nacionales más afectadas por la represión en el curso del período estalinista (bálticos, tártaros de Crimea, alemanes, ucranianos de las regiones occidentales, donde la resistencia a la sovietización había sido particularmente fuerte), y la intelligentsia creadora que se adheriría al movimiento «disidente» aparecido a inicios de los años sesenta^[10].

Después de una última campaña anticlerical, que se inició en 1957 y que, en su mayor parte, se limitó a la clausura de numerosas iglesias que habían vuelto a ser abiertas durante la guerra, la confrontación entre el Estado y la Iglesia ortodoxa fue sucedida por la cohabitación. La atención de los servicios especializados del KGB se dirigió más particularmente a las minorías religiosas sospechosas no tanto por sus convicciones religiosas como por el apoyo que se sospechaba que recibían del extranjero. Algunos datos dispersos testifican del aspecto marginal de este fenómeno: en 1973-1975 fueron arrestados 116 bautistas; en 1984, 200 bautistas purgaban una pena de prisión o de campo de concentración siendo la duración media de las condenas de un año.

En Ucrania occidental, que había sido durante mucho tiempo una de las regiones más reticentes a la sovietización, una decena de «grupúsculos nacionalistas», herederos del OUN, fueron desmantelados en Ternopol, Zaporozhie, Ivano Frankovsk y Lviv, en los años 1961-1973. Las penas aplicadas a los miembros de estos grupúsculos se escalonaban generalmente entre los cinco y los diez años de campos de concentración. En Lituania, otra región sometida brutalmente durante los años cuarenta, las fuentes locales señalan un número muy limitado de arrestos en los años sesenta-setenta. El asesinato de tres sacerdotes católicos en 1981 en circunstancias sospechosas que implicaban probablemente a los servicios del KGB, fue considerado como una provocación intolerable.

Hasta la desaparición de la Unión Soviética, el problema de los tártaros de Crimea, deportados en 1944 y cuya república autónoma no había sido restablecida, siguió siendo una pesada herencia del período estalinista. Desde finales de los años cincuenta, los tártaros de Crimea, instalados mayoritariamente en Asia central, entablaron —señal de que los tiempos habían cambiado mucho— una campaña de peticiones que pretendían su rehabilitación colectiva y que se les autorizara a regresar a su tierra. En 1966 una petición de 130.000 firmas fue depositada por una delegación tártara en el XXIII Congreso del partido. En septiembre de 1967, un decreto del Presidium del Soviet Supremo anuló la acusación de «traición colectiva». Tres meses más tarde, un nuevo decreto autorizó a los tártaros a instalarse en la localidad de su elección, a condición de que respetaran la legislación sobre los salvoconductos, lo que implicaba un contrato de trabajo en regla. De 1967 a 1978, menos de 15.000 personas —es decir, un 2 por 100 de la población tártara— llegaron a arreglar su situación en relación con la ley de salvoconductos. El movimiento de los tártaros de Crimea se valió del compromiso en favor de la causa tártara del general Grigorenko, detenido en mayo de 1969 en Tashkent y transferido a un hospital psiquiátrico, una forma de confinamiento que afectó en los años setenta a varias decenas de personas cada año.

Generalmente, los historiadores establecen los inicios de la disidencia en el primer proceso político público de la época posestalinista, el proceso de los escritores Andrey Siniavski y Yuri Daniel en febrero de 1966. El 5 de diciembre de 1965, poco tiempo después del arresto de los escritores, tuvo lugar en la plaza Pushkin de Moscú una manifestación de apoyo que reunió a una cincuentena de personas. Los disidentes —algunos centenares de intelectuales a mediados de los años sesenta, entre 1.000 y 2.000 en el apogeo del movimiento una década más tarde— inauguraban una vía radicalmente diferente de oposición. En lugar de negar la legitimidad del régimen, exigían el estricto respeto de las leyes soviéticas, de la constitución y de los acuerdos internacionales firmados por la Unión Soviética. Las modalidades de la acción disidente se llevaban a cabo de conformidad con este nuevo principio: rechazo de la clandestinidad, transparencia del movimiento y amplia publicidad de las acciones emprendidas gracias al recurso, tan frecuente como posible, a la conferencia de prensa con invitación de corresponsales extranjeros.

En la relación de fuerzas, desproporcionadas, entre algunos centenares de disidentes y el Estado soviético, el peso de la opinión internacional se convirtió en determinante, especialmente después de la aparición en Occidente a finales de 1973 del libro de Aleksandr Solzhenitsyn Archipiélago Gulag, seguido de la expulsión de la URSS del escritor. En algunos años, gracias a la acción de una ínfima minoría, la cuestión de los derechos humanos en la URSS se convirtió en un asunto de importancia internacional y en un tema central de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa que se inició en 1973 en Helsinki. El acta final de la conferencia, firmada por la URSS, reforzó la posición de los disidentes, que organizaron en aquellas ciudades donde estaban implantados (Moscú, Leningrado, Kiev, Vilnius, etc.), «comités de vigilancia de los acuerdos del Helsinki» encargados de transmitir cualquier información sobre las violaciones de derechos humanos. Este trabajo de información había sido emprendido, en condiciones más difíciles, desde 1968, con la aparición, cada dos o tres meses, de un boletín clandestino, la Crónica de los sucesos corrientes, que señalaba las formas más diversas de atentado contra las libertades. En el nuevo contexto de internacionalización de la cuestión de los derechos humanos en la URSS, la maquinaria política se vio en parte frenada. Puesto que el opositor era conocido, su arresto ya no pasaba inadvertido, y las informaciones sobre su suerte circulaban rápidamente por el extranjero. De manera significativa, el ciclo policial evolucionaba, por añadidura, estrechamente relacionado con los altibajos de la «distensión»: los arrestos fueron más numerosos en 1968-1972 y en 1979-1982 que en los años 1973-1976. Es imposible, en el estado de la documentación actual, elaborar un balance preciso del número de personas detenidas por motivos políticos en los años 1960-1985. Las fuentes disidentes señalan algunos centenares de arrestos en los años más duros. En 1970, la Crónica de los sucesos corrientes hizo referencia a seiscientas condenas, de las cuales veinte fueron de «reclusión profiláctica» en un hospital psiquiátrico. Para 1971, las cifras citadas por la Crónica fueron, respectivamente, de 85 y 24. En el curso de los años 1979-1981, años de confrontación internacional, fueron detenidas unas quinientas personas.

En un país en el que el poder siempre había sido ajeno a la expresión libre de opiniones disconformes que pusieran de manifiesto su desacuerdo con la naturaleza misma de este mismo poder, el fenómeno de la disidencia, expresión de una oposición radical y de otra concepción política que defendía, frente a los derechos de la colectividad, los del individuo, no podía tener un influjo directo sobre el cuerpo social. El verdadero cambio dependía de otro ámbito: de las múltiples esferas de autonomía social y cultural que se habían desarrollado a partir de los años sesenta-setenta y, más todavía, a mediados de los años ochenta, con la toma de conciencia, por una parte de las elites políticas, de la necesidad de un cambio tan radical como el que se había producido en 1953.