130   La sesión de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002 tenía por objeto debatir una serie de proposiciones no de ley presentadas por diversos grupos políticos, entre ellos Izquierda Unida y el PSOE, sobre diversos asuntos relacionados con la Guerra Civil. El diputado José Antonio Bermúdez de Castro ejercía de portavoz del Grupo Popular en la comisión. En mi condición de presidente mantenía con Alfonso Guerra, que ejercía la vicepresidencia, una fluida relación. Al reunirme con Bermúdez de Castro para fijar la posición de nuestro grupo sobre las referidas proposiciones, convinimos que debíamos intentar una fórmula transaccional que pusiera fin, de una manera definitiva, a los debates recurrentes sobre cuestiones relacionadas con la Guerra Civil. Después de obtener el visto bueno de nuestro portavoz en el Congreso, Luis de Grandes, hablamos con Alfonso Guerra, que se mostró de acuerdo. Quedé encargado de redactar la propuesta de resolución y al atardecer del 19 de noviembre conseguimos la conformidad de todos los grupos, comenzando por la del Partido Socialista, representado por Guerra. Al día siguiente, abierta la sesión, di lectura a la fórmula transaccional unánimemente aprobada. En honor a la verdad, debo decir que previamente habíamos tenido que vencer alguna reticencia —aunque mínima— de algunos diputados de nuestro grupo.