II

MEDITACIÓN
DE UN INDIGNADO SOLITARIO

No puedo evitarlo. Después de esta mirada retrospectiva al 11-M me siento indignado, pero no llamo a nadie a rodear el Congreso de los Diputados, ni la Audiencia Nacional, ni el palacio del Tribunal Supremo, ni el Ministerio del Interior, ni la sede socialista de Ferraz, ni la sede del Partido Popular. No lo hago porque siempre he sido pacífico y, además, porque probablemente tan solo un puñado de víctimas supervivientes de aquella masacre acudirían a la llamada.

Pero debería oírse un grito masivo como aquel que tanto se escuchó entre el 12 y el 13 de marzo de 2004, cuando las urnas esperaban el veredicto de los españoles. ¡Queremos saber la verdad! Claro que ese grito ahora dejaría indiferente a la mayoría de los ciudadanos. Bastantes problemas tenemos como para preocuparnos de un grupo de chiflados que se empeñan en negar la evidencia, como es que aquella tragedia nos la ganamos a pulso, por creer que éramos los amos del mundo después de poner los pies en la mesa de Bush y fumarnos un puro antes de desfilar victoriosos por las calles de Bagdad. Además la Justicia, esa institución que tanto prestigio tiene entre nosotros, ya puso las cosas en su sitio. Los autores fueron unos moros cabreados por lo de Irak, que cuando se vieron acorralados por la policía se suicidaron. Discutir sobre si los explosivos fueron galgos o podencos es una solemne pérdida de tiempo. Y, por si fuera poco, hablar del 11-M no da un solo voto. Al revés, seguramente los quita. Así que vale ya.

Pues no. A estas alturas de mi vida no me importa que digan de mí lo que quieran. No será más de lo que ya han dicho los otros terroristas, los de la boina y la capucha, y sus compinches políticos. Y por eso expreso mi estado de ánimo, que no es otro que el de una profunda indignación. No puedo permanecer impasible cuando veo desfilar por el Congreso y los tribunales a personas uniformadas y sin uniformar, que presuntamente no dijeron la verdad quizás para eludir sus propias responsabilidades y que, en su gran mayoría, no solo resultaron indemnes sino que fueron ascendidas, condecoradas y puestas como ejemplo de pundonor profesional y servicio a la patria.

Vaya por delante que no discuto la verdad oficial. No tengo ningún dato que pruebe otra cosa. Ni en la Comisión de Investigación ni en mi libro 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta sostuve ninguna tesis discrepante con los puntos básicos del relato surgido de las investigaciones realizadas por los responsables de la Seguridad del Estado. Otra cosa es que pusiera énfasis en los puntos oscuros y solicitara, basándome en indicios racionales, no en meras elucubraciones fantásticas, la posibilidad de que se hubiera producido una concertación entre los islamistas y otros grupos terroristas. Y la otra gran cuestión que planteé, que sigue sin respuesta y a la que he hecho referencia en el capítulo anterior, es cómo se explica que si todos cuantos participaron en el planeamiento y ejecución de la gran masacre o eran confidentes del CNI, o de la policía, o de la Guardia Civil, o estaban estrechamente vigilados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bajo la dirección de los órganos judiciales, entre ellos el juzgado de Baltasar Garzón, al final los explosivos llegaron a poder de los terroristas que se salieron con su criminal propósito de hacer volar los trenes.

Todo ello era coherente con el objeto de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados que era, en primer término, «esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos los días 11 al 14 de marzo, así como los antecedentes y consecuentes que resulten coherentes con aquella finalidad» y, en segundo lugar, «esclarecer los acontecimientos anteriores y posteriores a los atentados del 11 de marzo vinculados con estos y las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del Estado».

Hay quien me acusó de dañar a los cuerpos policiales con mi exigencia de responsabilidades por la actuación de algunos de sus miembros. Una exigencia obligada por mi deber como diputado y como miembro de la comisión. A quienes lanzaron semejante insidia les recordaré que mi afecto y respeto por la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha expresado en numerosas ocasiones, incluso cuando nadie se preocupaba o se atrevía públicamente a defender su honor en momentos en que era mancillado por ETA y su entorno político. Debo decir que se trata, además, de un reconocimiento nacido de la gratitud personal, porque han sido mis ángeles custodios desde 1977 hasta hoy 27 y sin su desvelo y eficacia es seguro que no estaría ante el ordenador escribiendo estas líneas.

Precisamente porque tengo en la mayor consideración y estima la labor de los miles y miles de agentes anónimos que conforman los cuerpos policiales, no puedo tener el mismo respeto por quienes podrían —y lo digo en hipótesis— haber cometido negligencia inexcusable, mentido en la Comisión de Investigación del Congreso y en las diversas instancias judiciales, ocultado, manipulado o destruido pruebas y todo ello para salvar su propio pellejo o proteger los intereses políticos del gobierno que salió de las urnas el 14 de marzo.

Lo anterior no tiene nada que ver con teorías conspirativas de ningún tipo, algunas absolutamente disparatadas, sino con algo elemental. Ante el brutal asesinato de 191 personas, al igual que ocurrió en América el 11-S, es lícito preguntarse qué fue lo que falló en el funcionamiento de los poderes públicos para que al final los terroristas se salieran con la suya. Imagino el escándalo que se habría producido en Estados Unidos si se hubiera sabido que todos o gran parte de sus autores eran confidentes de la CIA o del FBI o estaban estrechamente vigilados por los servicios de inteligencia. Pero aunque no fuera así, lo que sí sabemos es que la Comisión Nacional sobre los Ataques terroristas en los Estados Unidos (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States), constituida el 27 de noviembre de 2002, que fue presidida por el exgobernador de Nueva Jersey Thomas Kean, y de la que formaban parte cinco demócratas y cinco republicanos, concluyó que los fallos de la CIA y del FBI permitieron que se perpetraran los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono y que si ambas agencias hubieran actuado más eficazmente los ataques podrían haber sido potencialmente prevenidos.28

En España, en cambio, algunos de los más notables personajes que desfilaron como testigos y que podrían haber protagonizado conductas censurables fueron condecorados, ascendidos o premiados con destinos privilegiados por el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Tampoco se quiso investigar cómo y por quién se fraguaron las grandes mentiras difundidas entre los días 12 y 13 de marzo y que nada tenían que ver con la investigación judicial sobre la autoría del atentado. Ni la vulneración del deber de acallar la campaña electoral el día de reflexión. Ni el acoso a las sedes del PP en ese mismo día previo a las elecciones.

De lo que no cabe ninguna duda es que el 11-M se concibió para provocar un terremoto político en vísperas de los comicios del 14 de marzo. Fuera quien fuera el que lo ideara, lo cierto es que consiguió su objetivo. Sabía perfectamente que el terreno estaba abonado desde que el Partido Socialista se puso a la cabeza de la agresiva oposición contra la política de José María Aznar respecto a Irak. La no muy afortunada postura de la fiscal Olga Sánchez, al pretender que la fecha elegida lo había sido mediante una fórmula «cabalística», ni siquiera fue asumida por la sentencia de la Audiencia Nacional.29 Zapatero había anunciado meses atrás que la primera decisión de su futuro gobierno, caso de resultar elegido, sería retirar nuestras tropas de Irak. Luego los terroristas sabían que un ataque brutal conmocionaría al cuerpo electoral y podría inclinar la balanza contra un gobierno al que se endosaría la responsabilidad de la masacre, como así fue. Es cierto que algunos advertimos a José María Aznar, no del riesgo del atentado, pero sí de los peligros que entrañaba una intervención al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por más que todos estuvieran convencidos de la posesión por Sadam Husein de armas de destrucción masiva. Pero las decisiones adoptadas en materia de política exterior por un gobierno legítimamente democrático, no justifican la campaña de acoso contra el Partido Popular para impedirle su normal funcionamiento. En aquellos aciagos días nuestra actividad política casi tuvo que realizarse en la clandestinidad.

Todos mis temores se expresaron en la carta que el 12 de marzo de 2003 dirigí al presidente José María Aznar y que reproduzco a continuación porque agua pasada no mueve molino:

Querido presidente:

Me refiero a la conversación que tuvimos el pasado 4 de marzo en el Congreso. Como recordarás te expuse en ella mi preocupación por el hecho de que los acontecimientos pudieran arrastrarnos a apoyar una intervención militar norteamericana al margen de las Naciones Unidas.

El anuncio del presidente Bush acerca de su intención de atacar a Irak con o sin resolución del Consejo de Seguridad y las dificultades para encontrar un acuerdo en el seno del mismo podrían situarnos ante ese escenario. La verdad que estas declaraciones, que contrastan con la sabiduría de Bush padre demostrada en 1991, no ayudan a mejorar las cosas y solo contribuyen a complicar la vida a sus propios aliados.

Pues bien, si eso ocurriera, España no puede formar parte de la «coalición de voluntarios» de Bush, por más que se compartan los argumentos de fondo sobre Irak de los Estados Unidos. Desde que la guerra se convirtió en tema de discusión, cada vez más agresiva, en la opinión pública española, nuestro discurso se ha mantenido con una coherencia intachable. Hemos apostado en todo momento por desarmar a Sadam Husein en el marco de la legalidad internacional y del Consejo de Seguridad. Y para ello hemos optado por proponer al Consejo una segunda resolución que dé a Irak una nueva oportunidad para desarmarse, mediante un ultimátum.

El partido y, de modo especial, el Grupo Parlamentario ha manifestado sin fisuras su apoyo a la posición de España mantenida hasta este momento. Sin embargo, si traspasamos el límite que nosotros mismos nos hemos marcado y, por tanto, nos embarcamos en una aventura militar unilateral sin respaldo de las Naciones Unidas nos hundiremos en el abismo y será imposible mantener la cohesión del partido y, sobre todo, del Grupo Parlamentario. Me consta que hay diputados que entienden, por razones de conciencia, que no podrían apoyar una guerra unilateral de los Estados Unidos.

En términos jurídicos puede discutirse si la resolución 1441 ampara el uso de la violencia contra Sadam Husein. En mi opinión de modesto jurista entiendo que no, pues debe ser el Consejo de Seguridad el que verifique si, a su juicio, la resolución ha sido o no incumplida, decisión que no puede quedar al arbitrio de cualquiera de los miembros de las Naciones Unidas. Por otra parte, los informes de los inspectores de la ONU han movido hasta ahora al Consejo a no pronunciarse sobre el incumplimiento de Irak por no haber consenso en su seno. Ello implica que el supuesto carácter ejecutivo de la resolución 1441 ha quedado superado por los acontecimientos posteriores, razón por la que es necesaria —y no solo políticamente conveniente— una nueva decisión. Decir que la resolución controvertida (aunque se hubiera mantenido en un principio) legitimaría el ataque a Irak es muy peligroso. Te recuerdo que la distinción entre «legalidad» y «legitimidad» fue rebatida, con gran acierto, por ti en el primer debate en el Congreso cuando saliste al paso de la infortunada declaración de Zapatero sobre la ilegitimidad del gobierno para representar a España por haberse divorciado de la opinión pública española.

Por otra parte, que la resolución 1441 no es suficiente lo demuestra que todo el mundo —empezando por los Estados Unidos— se está esforzando en conseguir otra resolución. Y en ello está empeñada España, precisamente para que todo el proceso se desenvuelva en el marco de las Naciones Unidas.

El precedente de Kosovo se puede invocar, sin duda alguna. Pero en aquel caso no existía una opinión pública activa y militante en contra de la intervención y todo el mundo veía —o, al menos, así se transmitía por televisión— la limpieza étnica y la aniquilación de los albano-kosovares. Finalmente, actuó la OTAN con el respaldo unánime de la Unión Europea.

En la crisis de Irak la opinión pública, en general, ha tomado postura a favor de la tesis de Francia, Alemania y de los demás países que se oponen a la intervención armada. Con un matiz muy importante. Mientras Zapatero rechaza la guerra en cualquier caso, las encuestas demuestran que una mayoría de españoles solo aceptaría el conflicto bélico si se produce en el marco de las Naciones Unidas. Y ahí está nuestra salida.

Sé que eres plenamente consciente de que el Partido Popular está en el peor momento de su historia en cuanto a expectativas de voto. Tenemos por delante unas elecciones que son cruciales para nuestra pervivencia en el gobierno de España. Te recuerdo que la conquista de buena parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas nos facilitó en su día el acceso a La Moncloa. Por eso, no podemos permitir el descalabro electoral y todavía estamos a tiempo de evitarlo si mantenemos la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Si Bush, además de amigo, es inteligente, comprenderá que si perdemos el gobierno España dejará de ser aliado para sumarse al «eje franco-alemán». Luego debe comprender cuanto tengamos que hacer para evitar el desastre electoral.

Por otra parte, si el PSOE alcanza el poder, la cohesión de España y el mantenimiento de los logros económicos y sociales conseguidos se vendrían abajo. Como te dije en el Congreso no puede ser que por sacar a España del rincón de la historia dejemos nuestra casa en manos de irresponsables que podrían deshacer en un cuarto de hora todo lo conseguido.

Pienso que has ejercido hasta este momento con enorme valentía y dignidad tu responsabilidad como presidente adoptando la posición que mejor convenía a los intereses de España, en una apuesta clara por la paz y la seguridad en el mundo. Ahora el interés general de España exige realizar el mayor esfuerzo para evitar la derrota del Partido Popular.

En consecuencia, si se produjera una intervención sin cobertura de las Naciones Unidas, España debería retirarse a sus cuarteles de invierno después de proclamar que ha hecho todo lo posible y lo imposible para conseguir el respeto al marco de la legalidad internacional tal y como está definida actualmente en la Carta de las Naciones Unidas. Fracasados los intentos diplomáticos, España —que no es una potencia militar— respetará la decisión que adopten los Estados Unidos, pero no podrá dar su apoyo expreso a la misma ni por tanto enviar efectivos militares al área del conflicto.

Insisto, en este momento has de pensar única y exclusivamente en el interés de España. Y desde luego, en ese interés está la continuidad en el gobierno del Partido Popular. Si se hunde el Partido Popular habrá quien te acuse de haber sido insensible a su caída y quien retuerza en tu contra el gesto ético de tu renuncia a un nuevo mandato.

Hay otras consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, la peligrosa «batasunización» de la vida pública como consecuencia de la irresponsabilidad del PSOE. Lo ocurrido a Alberto Ruiz Gallardón, a Pilar del Castillo y a Jaime Mayor significa que la estrategia es impedir al PP, e incluso, al gobierno desarrollar normalmente su actividad en la calle. Y esto es muy grave, pues podría ser el comienzo de una peligrosa etapa de extremismo político con grave riesgo para nuestra convivencia pacífica.

En segundo lugar, no podemos olvidar que a primeros de mayo nos visita el Papa, cuyo mensaje es claro en contra de la guerra. Buena parte de nuestro electorado sigue teniendo en la Iglesia el punto de referencia moral. Y planteada en términos morales la guerra, es claro que nuestra posición sería insostenible, salvo que cuente con el amparo inequívoco de la legalidad internacional.

No soy dogmático y, por lo tanto, admito la posibilidad de estar equivocado. Pero me temo que cuanto acabo de exponerte sintoniza con el sentir de la mayor parte de nuestro electorado. Por eso, con la lealtad de siempre, me siento obligado a transmitírtelo.

Que Dios te ilumine. Un fuerte abrazo.

Tres días después del envío de esta carta llegó la foto de las Azores y el ultimátum a Sadam Husein. Y aunque España no envió tropas de combate ni participó en la invasión de Irak que se inició el 20 de marzo, la imagen de los tres dirigentes juntos, Bush, Blair [que paradójicamente ha pasado recientemente por Madrid para mostrar su admiración por Rodríguez Zapatero] y Aznar, bastó para que se transmitiera —falsamente— la idea contraria.

No debemos olvidar, por otro lado, que en los comunicados de los terroristas posteriores al 11-M se justifica el atentado por nuestra participación militar no solo en Irak sino también en Afganistán, que sí contaba con el respaldo del Consejo de Seguridad (resolución de 14 de noviembre de 2001). Y no solo eso, sino que expresan su decisión de llevar a cabo nuevos atentados en España, decepcionados por el hecho de que el presidente in péctore Rodríguez Zapatero hubiera anunciado la retirada de las tropas de Irak al tiempo que anunciaba una mayor presencia militar en Afganistán, algo que consideraban como una gravísima provocación. Es evidente que para Ben Laden la aniquilación del régimen talibán, que le permitía contar con una base de operaciones amparada por el Estado afgano para vengarse de su derrota , tenía mucho más valor que la intervención en Irak, donde gobernaba un dictador laico, totalmente contrario a la pretensión de Al Qaeda de imponer la ley islámica llevada al extremo.

Y esto me lleva a otra consideración. En el atentado del 11-M no hubo terroristas suicidas y los hechos posteriores, como el frustrado intento contra el AVE Madrid-Toledo, demostraban que no tenían la menor intención de llegar anticipadamente al paraíso. No se entiende por ello el empeño del CNI en concluir, como lo hizo en la nota informativa C/05303/16.03.2004, fechada el 16 de marzo, en la que analizaba el vídeo reivindicativo depositado junto a la mezquita de la M-30, que la imagen transmitida por el encapuchado que leyó el comunicado de los terroristas era la de un suicida.

La sentencia de la Audiencia Nacional parte, como hecho indubitado, de que la célula islamista atrapada en el piso de Leganés decidió suicidarse. Lo sorprendente es que lo hiciera sin eliminar a ningún infiel, pues el infortunado miembro de los GEOS, José Antonio Torronteras —cuya tumba sería violada por unos desconocidos que desenterraron el cadáver y después de mutilarlo le prendieron fuego— murió como consecuencia de una esquirla producida por la explosión, que le seccionó la aorta.30

Reitero, una vez más, que no pongo en duda la versión judicial del atentado, pero sí afirmo que existen numerosas sombras que afectan a aspectos fundamentales de la misma. A las dudas razonables sobre la autoría intelectual del atentado, sobre el suicidio de los terroristas o por qué no lo hicieron en los trenes, sobre la autenticidad de la mochila de Vallecas, sobre el motivo por el que se destruyeron precipitadamente los vagones siniestrados, sobre los explosivos utilizados, sobre quién adiestró a la célula islamista para montar bombas con móviles como temporizadores o sobre si los terroristas realizaron el atentado solos o en compañía de otros31 se añade la circunstancia, absolutamente insólita, de que la práctica totalidad de los miembros de la célula islamista fueran confidentes o estuvieran estrechamente vigilados. Amén de que es un hecho inexplicable que ni siquiera se haya dado respuesta clara sobre cómo es posible que la dinamita llegara a manos de los terroristas si había informaciones fidedignas y reiteradas sobre el tráfico de explosivos realizado por Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras.

Estas lagunas en la investigación son clamorosas en lo relativo a la posibilidad de una colaboración ETA-islamistas, que al día de hoy ningún informe policial ha acreditado.

Jesús Eguiguren, uno de los negociadores del gobierno de Zapatero con la banda terrorista, revela en uno de sus libros que «era evidente la obsesión de ellos [los terroristas] por desligarse del 11-M». Tiene su lógica. Si se confirmara su participación, las consecuencias para la credibilidad de la banda, sobre todo ante los suyos, quedaría totalmente arruinada. El olfato político de Arnaldo Otegui se puso de manifiesto cuando, sin tener la menor idea de si ETA iba a reivindicar o no el atentado, negó a primeras horas de la mañana la autoría etarra e insinuó que detrás estaban los islamistas.

No voy a reproducir aquí, cuanto en nombre del Grupo Popular dije en la Comisión Parlamentaria del Congreso para justificar la solicitud de una investigación rigurosa sobre este asunto. Me remito a los diarios de sesiones y a cuanto expuse en mi libro 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta. Pero no me resisto a hacer mención a un episodio que demuestra que el gobierno mintió cuando informó al Congreso de que había realizado la investigación reclamada —tardó un par de meses en hacerla— y que no había ni rastro de la colaboración entre ETA y los terroristas de Al Qaeda.

Poca gente sabe que el primero que habló en España de la posible colaboración entre ETA y los islamistas fue un diputado socialista. En una entrevista con la periodista y brillante escritora Julia Navarro, publicada en la revista Tiempo el 1 de octubre de 2001, pocos días después del 11-S, el diputado Rafael Estrella, que por aquel entonces era presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, confirmó la existencia de la conexión entre ambos terrorismos. Esta fue la pregunta: «¿ETA está conectada con el terrorismo islámico?». Y esta la respuesta: «Parece evidente que sí y que los servicios de información tienen noticia de ello».

Por otra parte, la misma revista a la que no puede tildarse de estar al servicio de los intereses cavernarios de la derecha, publicó el 4 de marzo de 2002 un reportaje firmado por el periodista Ahmad Rafat, perteneciente a la redacción del periódico italiano Il Corriere de la Sera y especializado en los asuntos árabes, en el que revelaba que tres miembros de ETA se habían entrenado en el mes de enero de 2001 en un campo de Al Qaeda en Afganistán, en esa época bajo dominio del régimen talibán. Según Ahmad Rafat, un espía árabe en Pakistán había desvelado la presencia de los etarras en un campo de Al Qaeda situado en la localidad afgana de Jalada. Los etarras habrían recibido instrucción en el manejo de misiles tierra-aire tipo SAM, de fabricación soviética, o Stinger, de fabricación norteamericana, procedentes de la guerra de los talibanes contra la ocupación militar rusa. El informante había manifestado que durante la estancia de los etarras en Jalada se habría concertado la compra de varios misiles tierra-aire a los talibanes.

Durante los trabajos de la comisión elevé una pregunta al gobierno para saber si se había realizado alguna investigación acerca de los hechos revelados en Tiempo por Ahmad Rafat. El 28 de septiembre de 2004, firmado por el comisario general de Información, Telesforo Rubio, recibimos un informe en el que se decía textualmente:

En esta Comisaría General de Información no existe constancia de ningún otro dato o información que pueda orientar en la dirección de un supuesto entrenamiento de tres miembros de ETA en territorio afgano. Finalmente, entre las múltiples incautaciones de armamento a la organización terrorista ETA no ha aparecido en ningún caso misiles tipo STINGER.

Pues bien, antes se coge al mentiroso que al cojo. El 3 de octubre de 2004, cinco días después de la recepción del informe, en una brillante operación policial realizada por la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil, se detuvo en Francia al máximo dirigente político de la banda criminal, Mikel Albizu, alias Mikel Antza. El ministro Alonso calificó de «histórica» una detención que había permitido el hallazgo de cientos de kilos de explosivo y decenas de armas de ETA. La información policial decía que, en uno de los zulos —¡oh casualidad!— se habían encontrado dos misiles tipo SAM. El ministerio se percató del ridículo en el que había quedado el informe del comisario general de Información y sin que nadie se lo preguntara aclaró que los citados misiles habían sido adquiridos por ETA en el mercado negro del Este.

Años después, resulta que un tal Peio Olano, autor de las amenazas de muerte contra la valerosa alcaldesa de Lizarza Regina Otaola, condenado por este delito a dos años de cárcel, fue detenido de nuevo el 8 de enero de 2010. Olano hizo una sorprendente revelación. ETA había intentado por tres veces, en la primavera de 2001, asesinar a José María Aznar con un misil tierra-aire, tipo SAM, de fabricación soviética. Más tarde, Olano negaría los hechos y denunciaría haber sido torturado.32

En cualquier caso, al menos una de las informaciones publicadas por el periodista italiano era cierta. En 2001 ETA se había hecho con misiles tierra-aire, como se demostró al descubrirse el arsenal de Mikel Antza. ¿Podremos creer que los misiles los consiguió ETA en el mercado clandestino del Este si cinco días antes, después de su rigurosísima investigación, había concluido que la banda terrorista no tenía este tipo de armamento en sus arsenales?

La reciente muerte de Manuel Leguineche, maestro de periodistas, me recuerda el artículo que publicó tras el atentado del 11-M, haciéndose eco de otro firmado el 12 de marzo de 2004 por Magdi Allam, subdirector de Il Corriere de la Sera. Recordaba el periodista italiano las andanzas, en vísperas de la invasión anglo-americana de Irak, de la autodenominada Brigada de Euskal Herria [Euskal Herriko Brigada Irakera/ Brigada de Solidaridad de Euskal Herria en Irak]. Allam señalaba que entre los miembros de la Brigada se encontraban los dos etarras detenidos en Cuenca diez días antes de la masacre, Gorka Vidal e Irkus Badillo, cuando trataban de introducir en Madrid una furgoneta cargada con 500 kilos de explosivos. La Brigada estaba compuesta por un grupo de miembros de la izquierda abertzale que se habían ofrecido como escudos humanos ante la inminencia de la invasión. De que la Brigada existió no cabe duda alguna, pues emitió diversos comunicados desde Irak. En cuanto a si entre sus miembros estaban los dos etarras citados no hay verificación posible. En la Comisión de Investigación se nos dijo que no había constancia ninguna.

Me parece oportuno asimismo reflejar el diálogo que mantuvo en la Comisión de Investigación del Congreso Rafael Gómez Menor,33 jefe de una de las dos brigadas de la Unidad Central de Información Exterior encargada, como ya sabemos, de la lucha contra el terrorismo islamista, con el diputado nacionalista Emilio Olabarría. Se habían publicado antes de la comparecencia de Gómez Menor diversas informaciones acerca de la coincidencia en las cárceles de etarras e islamistas, que en algunos casos podrían haber generado relaciones de amistad. Interrogué a Gómez Menor el 25 de octubre de 2004 y en una de sus respuestas dijo que debía investigarse la posible conexión ETA-islamistas. El diputado del PNV Emilio Olabarría, en su turno de preguntas, intentó desvirtuar lo dicho por el compareciente. Y así se produjo este interesante diálogo tal como quedó reflejado en el Diario de Sesiones:

Olabarría: ¿Usted piensa que ETA, o Al Qaeda alternativamente, visto desde el otro prisma, encontrarían algún tipo de plusvalía operativa vinculándose entre ellas o creando de alguna manera sinergias entre ellas? Le hago esta pregunta desde su punto de vista de experto policial.

Gómez Menor: Entiendo que sí. Todas las organizaciones terroristas se han unido siempre. Entiendo que, hipotéticamente, cabe la posibilidad.

Olabarría: ¿Sería entonces factible que el IRA o el Ejército Corso de Liberación impulsaran vinculaciones con una organización de corte islamista transnacional como Al Qaeda? ¿Usted no lo considera inverosímil?

Gómez Menor: No lo considero inverosímil y, mucho menos, si coinciden en las cárceles.

Pero hay más. El CNI también se pronunció sobre la conveniencia de investigar las relaciones etarras-islamistas en las cárceles. Lo hizo en su nota informativa C/ 035430/16.03.2004, remitida por el gobierno a la comisión:

Asunto: ANÁLISIS SOBRE POSIBLES RELACIONES ENTRE PRESOS DE ETA Y TERRORISMOS ISLÁMICOS.

Tras los atentados ocurridos en Madrid el pasado 11 de marzo se sigue investigando diversas líneas de trabajo para determinar la identidad de los autores.

Para ello se están siguiendo con detenimiento los contactos que en el interior de las cárceles se han encontrado entre miembros de ETA y radicales islámicos, principalmente de origen marroquí y argelino.

Análisis

Los etarras no se relacionan con presos comunes o de otros grupos con el objetivo de ser considerados presos políticos.

Los únicos contactos conocidos hasta el momento son los que a título individual realizó en la prisión de Villabona (Asturias) Albdelkrim Benesmail con Juan Igarataundi Peñagaricano y Juan Luis Camarero López. Con ninguno de estos contactos pudo aprender técnicas apropiadas para la realización del atentado en Madrid.

El primero ingresó en prisión en 1987 y solo tenía conocimientos sobre artefactos explosivos de la época sin móvil. Camarero no ha realizado ningún cursillo de los impartidos por ETA a sus comandos.

Siguen tachaduras de ocho líneas.

Conclusiones

Si bien la línea de investigación se dirige al terrorismo islámico se siguen analizando pormenorizadamente las estancias de presos de ETA y de islamitas radicales en las cárceles españolas. Por el momento no se han encontrado elemento que permitan afirmar que ha habido relación directa o indirecta entre ambos grupos en relación con los atentados de Madrid.

A finales de julio de 2004, tanto el comisario general de Información, Telesforo Rubio, como el ministro del Interior, José Antonio Alonso, habían declarado ante la comisión que la investigación sobre las relaciones entre etarras e islamistas estaba totalmente descartada por innecesaria. Por este motivo, la declaración de Gómez Menor del 25 de octubre les dejaba fuera de juego. Así que reaccionaron de inmediato. El 4 de diciembre de 2004 Telesforo Rubio remitió un informe dando cuenta de que tras la investigación realizada —¡en un mes!— estaba en condiciones de afirmar que de las investigaciones efectuadas no había aparecido conexión alguna «de carácter operativo» entre ETA y los islamistas. Se acreditaba que no existía ninguna relación entre ETA y el terrorismo islamista. El propio presidente Zapatero prestaría su voz a este informe en su comparecencia ante la comisión, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2004.

Dejo al lector que saque sus propias conclusiones, no sin antes decir que todo cuanto he relatado sobre ETA no conduce a nada más que a una conclusión. No existe ninguna prueba sobre la participación de la banda etarra en la masacre de Madrid. Pero los indicios de que etarras e islamistas no son «como el agua y el aceite que nunca se mezclan», como declaró en la comisión el que fuera director del CNI Jorge Dezcallar, que no son fruto de ninguna imaginación calenturienta sino que se apoyan en testimonios de toda solvencia, demuestran que no era temerario solicitar se investigaran a fondo.

Pero en el 11-M hubo que creer a ETA. A las 18.30 horas del día 12, un anónimo comunicante, que dijo hablar en nombre de la banda terrorista, contactó con Euskal Telebista y el diario Gara en San Sebastián y aseguró que ETA no tenía nada que ver con los atentados de Madrid. La televisión vasca informó de que la voz del comunicante era la misma que la del encapuchado que el 18 de febrero de 2004 había anunciado la tregua para Cataluña. El 14 de marzo, Gara publicó un curioso comunicado en el que se vinculaba el apoyo de Aznar a Bush a la pretensión de acabar con el «conflicto vasco»:

A cambio de la subordinación y colaboración leal con Bush, entre los beneficios que esperaba Aznar se encuentra terminar definitivamente con el «conflicto vasco». Para obtener los consejos, el servicio y los recursos de los estadounidenses, [Aznar] ha sido un aliado de primera fila con la política internacional criminal de Bush. La política exterior llevada con el objetivo de internacionalizar el problema que considera «interno» respecto a Euskal Herria ha tenido un duro efecto boomerang. Aznar ha fracasado en su política de opresión contra Euskal Herria… Esperamos que quienes vayan a gobernar ahora en España actúen con más sentido, para que logremos una paz sustentada en los derechos, por medio del diálogo, para Euskal Herria.

Lo dijo Pérez Rubalcaba el 12 de marzo: «ETA mata, pero nunca miente».

Y el 13 de marzo, jornada de reflexión, Paco González, del programa Carrusel deportivo, dio comienzo al mismo con estas palabras: «No suele jugar ETA con la verdad y la mentira en sus comunicados. No juega con el doble lenguaje. No juega con la infamia en beneficio propio».

De modo que a ETA hay que creerla a pie juntillas. Así que si dijo que no tenía nada que ver con el atentado del 11-M, no hay más que hablar. Y por haber mentido, el gobierno merecía un castigo en las urnas.34

Quizás se entienda ahora por qué insistí una y otra vez en la necesidad de realizar una auditoría sobre la investigación policial. Fui diputado hasta 2008, momento en que no volví a presentarme a las elecciones por voluntad propia. Hasta el fin de mi último mandato más de una vez declaré, con el respaldo de quien podía dármelo, que si algún día regresábamos al poder descenderíamos hasta las cloacas de Interior para tratar de esclarecer cómo y por qué ocurrieron las cosas. Desde 2012 el Partido Popular gobierna y, que yo sepa, nadie se ha puesto la mascarilla para descender a los infiernos. Es cierto que este compromiso no figuraba en el programa electoral, pero nada impide al Partido Popular, y menos con su mayoría absoluta, llevarla a cabo.

Y lo que son las cosas. El último en apuntarse a las abracadabrantes teorías conspirativas sería el propio diario El País, que tantas veces las había denunciado por fantasiosas. En un editorial publicado el 14 de abril de 2007, bajo el título «¿Estado responsable?», se hacía eco de la demanda planteada al tribunal del 11-M por una de las acusaciones particulares personadas para que se condenara al Estado como responsable civil subsidiario por mal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad, al no haber sabido prever el atentado y cometer graves fallos burocráticos o negligentes.

La iniciativa había sido promovida por el letrado Gonzalo Boyé y a ella se había sumado la Asociación de Víctimas, presidida por Pilar Manjón. El primero ejercía la acusación particular en nombre de la familia de una víctima de nacionalidad chilena y sostenía que el Estado falló por «una errónea dirección política» en la «investigación y prevención de los actos terroristas que, tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar».

La señora Manjón, por su parte, desde un principio viene cargando al expresidente Aznar la responsabilidad de lo ocurrido por nuestra implicación en la guerra de Irak, lo que constituye a mi juicio una tremenda perversión jurídica y moral.35 Por este motivo, es evidente que la petición formulada por Boyé al tribunal del 11-M no estaba orientada solo a la defensa de los intereses económicos de sus representados. Soñaba con que una hipotética condena civil del Estado le proporcionaría la munición necesaria para tratar de exigir responsabilidades civiles e incluso penales, según informaba El País, al expresidente José María Aznar y a los responsables políticos del Ministerio del Interior de su segundo gobierno.

Pues bien, a juicio del rotativo, la pretensión de Boyé y Manjón no era «del todo descabellada». Y lo argumentaba así:

En el caso del 11-M son numerosos los fallos susceptibles de ser valorados por un tribunal como efectos del mal funcionamiento del aparato de Seguridad del Estado, tanto en su dimensión profesional como política. Y van desde dejar sin concluir seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M, algunos de los cuales participaron en ella, hasta la increíble pasividad policial y judicial frente a la trama asturiana de los explosivos, el descontrol en la custodia de las minas donde se obtenían y la desatención por parte de los máximos responsables políticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en España.

Salvo la conclusión de que hubo «desatención» por parte de los máximos responsables políticos de las alertas de los servicios de inteligencia, todo lo demás se refiere al funcionamiento de los cuerpos policiales. El País considera probado que hubo numerosos fallos en su actuación. Y esto no deja de ser algo sorprendente. Porque en la Comisión de Investigación del 11-M los socialistas, con el respaldo incondicional del periódico, se negaron a realizar una investigación a fondo de lo ocurrido en Asturias y sobre la actuación de otros cuerpos de la Seguridad del Estado. Asunto este que sí entraba de lleno en las competencias de control al gobierno que constitucionalmente corresponde al Congreso de los Diputados.

Es evidente que una comisión parlamentaria de investigación no tiene por objeto hacer un juicio paralelo cuando un asunto está sometido a la acción de la Justicia. Tuve claro desde un principio que carecíamos de instrumentos para indagar sobre la autoría intelectual y material de los atentados de Madrid. Pero nuestro deber era examinar cómo habían funcionado los servicios de seguridad. Por las declaraciones de ciertos mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil llegamos a la conclusión de que algunos de ellos podrían ser responsables de conducta cuando menos negligente. Y esta es la razón por la que formulamos en la comisión la gran pregunta que no tuvo respuesta entonces ni la tiene ahora. ¿Cómo es posible que los terroristas lograran cometer el atentado si todos sus autores materiales y colaboradores o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por los Servicios de Seguridad del Estado bajo la dirección en algún caso del juez Baltasar Garzón?

El diario El País me reprochó en alguna ocasión el ser paladín parlamentario de la ridícula «teoría de la conspiración», según la cual el 11-M habría sido fruto de una conjura de islamistas, etarras, servicios secretos marroquíes, agentes del CNI y antiguos colaboradores del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Todo por haberme atrevido a poner en duda la profesionalidad y, en algún caso, la veracidad de los testimonios de ciertos funcionarios de la Seguridad del Estado y haber preguntado sobre la posible conexión entre islamistas y etarras. Pero nunca he llegado tan lejos como el editorialista de El País, que declaraba taxativamente que hubo increíbles fallos en el funcionamiento de los aparatos de seguridad. Más aún, El País ponía de chupa dómine a los miembros de la UCO y al célebre Manolón, al que en su día glorificaron porque, según informaron faltando a la verdad, mi interrogatorio había sido tan agresivo que provocó el llanto del policía ante la comisión.

En cualquier caso, lo que sí resulta rotundamente descabellado es acusar de imprevisión al presidente Aznar y a la cúpula política del Ministerio del Interior y tratar de articular sobre ello nada menos que la exigencia de responsabilidades penales. Los informes de los servicios de inteligencia demuestran que los responsables de la lucha contra el terrorismo islamista se encontraban en estado de máxima alerta. Por otra parte, España tenía un bien ganado prestigio internacional en el combate contra esta lacra universal. Ahí están como prueba las numerosas detenciones, de las que tanto se enorgullecía —y con razón— el juez Garzón, de elementos vinculados a la organización terrorista Al Qaeda. Ningún responsable de los cuerpos de seguridad declaró que la falta de medios hubiera frustrado ninguna operación policial. Y al menos hasta finales de diciembre de 2003, casualmente tres meses antes del atentado,36 la coordinación entre el CNI y la UCIE funcionaba a la perfección. Por último, ¿cómo puede achacarse imprevisión al gobierno, si todos los acusados de perpetrar la espantosa masacre o eran confidentes o estaban controlados y además los servicios encargados de la lucha contra el terrorismo islamista eran plenamente conscientes de los riesgos que se cernían sobre España?

Pero no era la primera vez que El País denunciaba negligencias policiales. Del editorial publicado el 8 de septiembre de 1988 extraigo el siguiente párrafo:

Se ha puesto de relieve, por otra parte, la existencia de una amplia zona de penumbra en la parte más sensible de todo aparato de poder: su policía... Algunas de las revelaciones producidas en torno al caso suscitan muy serias preocupaciones. Así, la existencia de una auténtica mafia policial, con redes que interrelacionaban a delincuentes, confidentes y agentes, sospechosa de haber eliminado a varios testigos incómodos; la aplicación arbitraria de la inconstitucional legislación antiterrorista; la pasividad, como mínimo, del poder político ante las razonables sospechas existentes y públicamente conocidas...

Esta era la conclusión del periódico sobre el juicio celebrado por la desaparición de Santiago Corella, alias el Nani.37 Y tenía toda la razón, porque aquel fue uno de los episodios más negros de la democracia. Gobernaba por entonces Felipe González.

Dicho lo cual, comprobar que el diario El País se sumaba al club de los alocados conspiranoicos fue muy gratificante.

*   *   *

La exigencia de investigación sobre el comportamiento de ciertos mandos y responsables de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado no empaña en modo alguno la labor abnegada y sacrificada de la inmensa mayoría de sus integrantes en defensa de la libertad y de la seguridad de los españoles.

A dicha labor y a defender su honor colectivo dediqué mi última intervención parlamentaria, que tuvo lugar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados celebrada el 11 de enero de 2008.38 Transcribo este discurso en defensa del honor de la Guardia Civil para poner punto final a estas reflexiones sobre el 11-M de un solitario indignado:

Cualquiera que haya sido nuestra discrepancia con el gobierno en la lucha contra ETA, el Grupo Popular ha expresado siempre su pleno apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde la instauración de la democracia tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han sido objeto permanente de la furia criminal de la banda terrorista. El gran número de asesinados por ETA pertenecientes a ambos cuerpos policiales demuestra hasta qué punto se han cebado contra ellos las alimañas que se creen con derecho a eliminar a cuantos rechazan sus objetivos políticos y condenan de raíz sus métodos liberticidas.

Esta actitud de afecto y admiración sin límites hacia quienes —como los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno, últimos asesinados por ETA— perdieron su vida para garantizar la integridad física y la libertad de los demás nos lleva a proclamar que jamás nos encontrarán en el camino cuantos, en una actitud de cínica e hipócrita equidistancia, dicen condenar toda actuación violenta, venga de donde venga, para al final prestarse a servir de instrumento propagandístico de la banda terrorista.

No hay ninguna equidistancia entre la actuación de los asesinos y la de los garantes de la libertad. Entre otras cosas porque no existe ningún conflicto vasco. El único conflicto es el provocado por una banda de asesinos que ha declarado la guerra a la sociedad democrática y de forma totalitaria se atribuye la representación del pueblo vasco para mancillar su buen nombre. ETA es el único déficit democrático del País Vasco, la única torturadora de nuestra sociedad.

La violencia en el País Vasco acabará de un plumazo si los terroristas aceptan las reglas del juego democrático y reconocen que nadie les ha dado licencia para matar a sus semejantes. Y mientras eso no ocurra o, mejor dicho, para que eso ocurra cuanto antes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben continuar su infatigable y abnegada labor y contar con el respaldo de la sociedad.

Dicho lo anterior debo hacer una precisión. La lucha contra el terrorismo ha de ajustarse en todo momento a las exigencias del Estado de Derecho. No hay atajos en la lucha contra el terrorismo. Por eso la actuación de los cuerpos policiales ha de respetar siempre los derechos fundamentales de todos por mucha que sea la chulería provocadora de los terroristas que, en el colmo del sarcasmo, no dudan en aplastar los derechos de sus víctimas para después ser los primeros en reclamar respeto para sus propios derechos. Quede claro que en España no puede haber lugar para la tortura. Pero si hubiera alguna extralimitación los tribunales de justicia son los únicos encargados de juzgarla y, en su caso, condenarla. Mientras eso no ocurra la presunción de inocencia —que es un derecho fundamental de nuestra Constitución— ampara a quienes arriesgaron su vida en una acción policial como la llevada a cabo el día de Reyes, que —no lo olvidemos— ha permitido evitar una nueva masacre en Madrid.

Es bien sabido que el manual de instrucciones de los etarras incluye la obligación de denunciar sistemáticamente torturas físicas o psíquicas en caso de ser detenidos. Y lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos las denuncias han sido rechazadas por la Justicia. Por eso, en este episodio de la lucha contra ETA que tanto preocupa a los grupos que han propuesto la iniciativa que debatimos hay que ser muy prudentes y esperar al pronunciamiento de los tribunales. Entre tanto, no estamos dispuestos a secundar el linchamiento de ningún agente policial ni vamos a permitir, al menos con nuestro voto, que el Congreso de los Diputados sirva de plataforma propagandística para los terroristas, entre otras cosas por el respeto que nos merecen las víctimas de sus crímenes horrendos.

Termino. No me gusta alardear de ello, pero en esta ocasión me siento impulsado a hacerlo. Desde el día 22 de diciembre de 1977 el gobierno me puso escolta por haber tenido la osadía de defender el derecho de Navarra a conservar su identidad en el seno de la nueva España libre y democrática. Gracias a mis ángeles custodios he podido representar a Navarra y ejercer a lo largo de estos últimos 30 años el derecho a combatir sin otras armas que las de la palabra y la razón, el terrorismo de ETA, aunque a veces haya tenido la sensación de vivir en régimen de libertad vigilada, que no deja de ser una forma de tortura. En todo este tiempo he sostenido el buen nombre de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su lucha contra ETA incluso en épocas donde muy pocos lo hacían. Por eso, me siento muy gratificado por el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular me haya permitido poner punto final a mi vida parlamentaria con una intervención en defensa del honor de la Guardia Civil.