I

EL VEREDICTO DE LA JUSTICIA

La sentencia

Después de casi tres largos años de instrucción, el 15 de febrero de 2007 dio comienzo en la Audiencia Nacional el juicio seguido contra los acusados de haber participado en los atentados del 11-M. El 31 de octubre de ese mismo año, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del citado órgano judicial, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez e integrada por los magistrados Félix Alonso Guevara Marcos y Fernando García Nicolás, dictó sentencia. El ponente, es decir, el redactor de la resolución judicial, sería el propio presidente del tribunal. De los veintinueve procesados, ocho serían absueltos y el resto condenados a penas de prisión en virtud de los delitos que la sala consideró probados a lo largo del juicio oral.

De los enjuiciados, quince eran marroquíes, nueve asturianos, dos sirios, un argelino, un libanés y un egipcio. Cinco de los asturianos resultaron absueltos al igual que el único egipcio y dos de los marroquíes.

Las penas más duras se impusieron al súbdito marroquí Jamal Zougam, como responsable en concepto de autor de 191 delitos de homicidio terrorista consumados, 2 delitos de aborto y 1.856 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, y a Emilio Suárez Trashorras, como responsable en concepto de cooperador necesario de los mismos delitos que el anterior. El primero fue condenado a penas que totalizan 42.917 años de prisión. Las penas impuestas al asturiano que facilitó a la célula islamista los explosivos utilizados en los atentados sumaron 34.715 años.

El relato fáctico de la sentencia resulta coherente con las pruebas practicadas y respalda la llamada versión oficial, sustentada por el gobierno Zapatero desde su acceso al poder. Comienza su apartado de hechos probados dando por sentado que «Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan, alias el Chino, Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Asrih Rifaat Anouar, Allekema Lamari y una octava persona que no ha sido identificada, junto con otras que se dirán (Jamal Zougam), en la mañana del 11 de marzo de 2004 colocaron, en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, trece artilugios explosivos de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil».

Todos ellos, salvo Zougam, «sobre las 21.00 horas del día 3 de abril de 2004, ante la inminencia de detención por la policía, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite número 40, piso 1º A, de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 ECO que, además de causarles la muerte a ellos, mataron al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Javier Torronteras».

Asimismo, «los ocho ocupantes del piso junto con los procesados Rabei Osman Al Sayed Ahmed, Hassan el Haski, Youssef Belhajd, Abdelmajid Bouchar, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun, Otman el Gnaoui, Gnaout o Kanoui, Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachid Aglif, Mohannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit Anghar, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Hamed Ahmidad, son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».

De estos últimos, solo Jamal Zougam fue condenado como autor material de los atentados. A otro de los procesados, Otman el Gnaoui, también se le condenó como autor de los atentados pero en concepto de cooperador necesario. Los demás recibieron penas de prisión por diversos delitos tales como pertenencia o colaboración con banda armada, tráfico de explosivos, tráfico de drogas y falsificación de documento oficial, sin que se hubiera demostrado que tuvieran una participación directa en la perpetración de la masacre del 11-M.1

Para llegar a tales conclusiones, el juez Gómez Bermúdez dio por sentado que los suicidas de Leganés más Jamal Zougam habían conformado una célula terrorista de carácter islamista para cometer atentados en España como castigo a la participación de nuestro país en las guerras de Afganistán e Irak, así como por haber expulsado a los moros de Al-Andalus en el siglo XVI, secundando así el llamamiento a la yihad o guerra santa contra los infieles cristianos en todo el mundo, formulado por el líder de la organización terrorista Al Qaeda, Ben Laden.

Los integrantes de dicha célula, con la colaboración de los demás procesados de religión musulmana, decidieron atentar el 11 de marzo, tres días antes de la celebración de las elecciones generales, en el corredor ferroviario de Alcalá de Henares en dirección a la estación madrileña de Atocha.

A tal efecto, se concertaron con el asturiano Emilio Suárez Trashorras, que les proporcionó dinamita robada en la Mina Conchita, situada en la localidad de Belmonte de Miranda, en el Principado de Asturias, a 64 kilómetros de Avilés, localidad donde residía aquel.

Una vez obtenida la dinamita, la víspera del atentado, prepararon trece artefactos explosivos en la localidad de Morata de Tajuña, donde los terroristas habían arrendado una finca en la que tenían ocultos los cartuchos procedentes de Asturias. La explosión se realizaría mediante detonadores conectados a teléfonos móviles, que actuarían como temporizadores, y cuyas alarmas se activarían entre las 07.37 y las 07.40 horas del día 11 de marzo, produciendo la deflagración. Los teléfonos habían sido adquiridos en la tienda Decomisos Top, sita en la Avenida Real de Pinto número 42, de Madrid. Todos ellos habían sido «liberados», es decir, manipulados para permitir la utilización de tarjetas prepago distintas de las que portaban en el momento de su adquisición. Esta manipulación se había realizado, por encargo de Decomisos Top, en Test Ayman, establecimiento propiedad de Ayman Maussili Kalaji, un policía de origen sirio que trabajaba en la Unidad Central de Información de la Policía Nacional, encargada de la lucha contra el terrorismo islámico. Por último, las tarjetas prepago que colocaron en los teléfonos habían sido adquiridas en la tienda Jawal Mundo Telecom-Locutorio Siglo Nuevo, sito en la calle Tribulete número 17 de Madrid, del que era socio y gerente Jamal Zougam, perteneciente al grupo terrorista. Dicho comercio había adquirido las tarjetas a Sindhu Entreprise S. L., tienda regentada por los dos súbditos hindúes que, sin comerlo ni beberlo, fueron los primeros detenidos en la tarde del 12 de marzo, acusados de haber participado en el atentado.

Los terroristas encendieron los teléfonos en Morata de Tajuña entre las 02.24 horas del día 10 y las 2.24 horas del día 11 de marzo de 2004 y sincronizaron las alarmas de los teléfonos para que se activaran en torno a las 07.30, provocando la explosión de la dinamita. Después introdujeron los artefactos explosivos, de entre 10 y 15 kilos de peso, en sendas bolsas o mochilas de deporte.

El atentado

En la mañana del día 11, continúa el relato de la sentencia, los integrantes de la célula terrorista se dirigieron a Alcalá de Henares y subieron a distintos trenes. Ocho cargas explosivas fueron colocadas en los vagones que, según el sentido de marcha, ocupaban el primer, cuarto, quinto y sexto lugar de los trenes números 21431 y 17305, con salida en Alcalá de Henares a las 07.01 y 07.04 horas, respectivamente. Todas, salvo la del vagón número 1 del primer tren, explosionaron. Tres en la estación de Atocha de Madrid, a las 07.37 y 07.38 horas, dos mientras el tren 21431 estaba parado en el andén 2 y las otras cuatro a las 07.39 horas en el tren 17305, que circulaba a la altura de la calle Téllez, también de Madrid.

Otras cuatro bolsas o mochilas con explosivos fueron colocadas en el tren 21435, con salida de Alcalá a las 07.10 horas, único convoy compuesto por vagones de dos plantas. Dos, puestas en el piso superior de los vagones 4 y 5, explosionaron a las 07.38 horas en la estación de El Pozo. Las otras dos, dejadas en los pisos inferiores de los vagones segundo y tercero, no llegaron a explosionar, siendo una neutralizada en la estación y la otra desactivada en el parque Azorín de Vallecas por los especialistas de explosivos de la policía.

El último artilugio explosivo fue colocado por Jamal Zougam en el cuarto vagón del tren número 21713, que salía de Alcalá a las 07.14 y explosionó a las 07.38 horas, cuando el tren estaba parado en el andén de la vía 1 de la estación de Santa Eugenia.

A consecuencia de las explosiones fallecieron 191 personas: 34 en la estación de Atocha, 63 en la calle Téllez, 65 en la estación de El Pozo, 14 en la estación de Santa Eugenia y 15 en distintos hospitales de Madrid. Además, resultaron heridas 1.857 personas y se produjeron importantes daños materiales.

La furgoneta Renault Kangoo

Para llegar a las conclusiones anteriores, la sala analiza las pruebas que las avalan. Las investigaciones policiales se centraron inicialmente en el hallazgo de la furgoneta Renault Kangoo, aparcada por los terroristas en las proximidades de la estación de Alcalá de Henares. El portero de una finca próxima, Luis Garrudo, observa cómo del vehículo bajan tres jóvenes, con gorro de color oscuro y una especie de bufanda más clara tapándoles la cara, a pesar de que la temperatura es ya primaveral. Uno de ellos se dirige a paso ligero hacia la estación. Era alto, más de 1,80 metros de estatura, delgado, de unos veinticinco años de edad, y portaba una mochila a la espalda. Los otros dos jóvenes permanecieron en posición de espera junto a la furgoneta. El portero pensó que podrían ser extranjeros, pero no árabes, tal vez rumanos, polacos o ucranianos. Su visión le produjo un impacto brutal, se quedó helado y pensó que son atracadores. Entró en la estación detrás del joven de la mochila, al que perdió de vista. Recogió el periódico y regresó a la portería. La furgoneta seguía allí, pero los otros dos jóvenes ya no estaban. Aterrorizado, decidió no decir nada. Sin embargo, sobre las 10.30, Garrido comentó lo sucedido al presidente de la comunidad de vecinos, que decidió contar al primer policía que encontró en la estación de Alcalá lo que acababa de relatarle el portero. Los policías rodearon la furgoneta y pronto descubrieron que se trataba de un vehículo robado. Ante la posibilidad de que fuera un vehículo-trampa, algo bastante habitual en los atentados de ETA, de cuya autoría todo el mundo sospechaba en aquellos momentos, se avisó a los Tedax y se envió una unidad de guías caninos, especializada en la detección de explosivos. Los perros olisquearon la furgoneta desde el exterior sin ningún resultado. Se decidió entonces forzar el portón trasero y Hannibal, uno de los pastores alemanes, se introdujo en el interior, pero tampoco detectó nada. Los Tedax recibieron entonces la orden de trasladar la furgoneta al cuartel general de la policía en Canillas. Para ello se utilizó un coche grúa. A las 15.50 horas, se registró el ingreso de la furgoneta en el recinto policial.

Los agentes que inspeccionaron la furgoneta descubrieron debajo del asiento del conductor una bolsa de basura en cuyo interior se encontraban siete detonadores (cinco de cobre y dos de aluminio), fabricados por la empresa española Unión Española-Ensing Bickford en 2002 y 20032 y restos de un cartucho de dinamita plástica de color blanco marfil, con papel parafinado, que hasta el 15 de marzo no se supo que se trataba de Goma 2 ECO.3 Asimismo, en el interior del radiocasete del vehículo se encontraba una cinta que, según un traductor de Canillas, contenía la recitación con fines pedagógicos de una serie de versículos del Corán.4

La mochila de Vallecas

Pero todo esto era insuficiente. A pesar del descubrimiento de la furgoneta Kangoo había todavía numerosas incógnitas. Los servicios policiales trabajaban a destajo para tratar de averiguar la autoría del atentado antes de la celebración de las elecciones. La suerte acompañó a los investigadores. En la madrugada del día 12, en la comisaría del Puente de Vallecas se produjo un hecho que daría un vuelco radical a las investigaciones.

Este es el relato del juez Bermúdez sobre la rocambolesca aparición de la famosa decimotercera mochila, que permitió afianzar la tesis de que había sido un atentado islamista y detener, antes de la apertura de los colegios electorales, a Jamal Zougam, a quien mucho más tarde se acusaría de haber colocado una de las bombas que estalló en los trenes:

Entre los objetos recogidos en la estación de El Pozo había un artefacto explosivo que estaba dentro de una bolsa de lona, azul marino, con asas de cuero marrón, de 25 centímetros de ancho por 25 de alto y 45 de largo. Pasadas las 15.00 horas el policía con carné profesional número 24420, de la comisaría de Puente de Vallecas, recibió la orden del jefe de su grupo de que, junto a otros tres compañeros —números 88659, 89324 y 87750—, se dirigieran con dos furgonetas de mediano tamaño a la estación de El Pozo a recoger los efectos recuperados del tren, que habían sido metidos en grandes bolsas de plástico.

En la estación, cargaron entre 12 y 14 bolsones por furgoneta, ordenándoseles que los llevaran a la comisaría de Villa de Vallecas, que era la más cercana. Cuando llegaron a la comisaría de Villa de Vallecas el jefe de guardia se negó a hacerse cargo de los efectos por lo que, sin solución de continuidad, los dos vehículos, con los cuatro funcionarios de policía y las bolsas, reemprendieron la marcha hasta la comisaría de Puente de Vallecas. Una vez de regreso en el lugar del que habían salido, en torno a las 15.00 horas, el comisario jefe de la comisaría —número 14296— que estaba en compañía de un inspector de apellido Álvarez, les mandó que llevaran los efectos a IFEMA, hacia donde partieron ya avanzada la tarde los mismos funcionarios, salvo el número 24420, que fue relevado por el número 87843 y otro agente, que lo fue por el número 88941.

En IFEMA, los efectos fueron depositados en el pabellón 6, a la derecha de la entrada, en un lugar acotado junto a un muro, con un cartel que indicaba su procedencia, quedando bajo la custodia de la Unidad de Intervención Policial.

Esa misma tarde, el comisario de la comisaría de Puente de Vallecas se enteró de que la juez del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que estaba auxiliando en el levantamiento de cadáveres y en la recogida de vestigios y efectos al Juzgado Central de Instrucción número 6, había ordenado que los efectos se depositaran en la comisaría de Puente de Vallecas y no en IFEMA, por lo que, ya de noche, fueron recogidos los efectos de IFEMA y llevados a la comisaría. Allí se inventariaron por cuatro funcionarios divididos en dos grupos, uno de ellos formado por los policías con número 79046 y 88163.

En torno a la 01.30 horas, ya del 12 de marzo, la funcionaria 88163 extrajo de una bolsa de deportes que estaba en el fondo de uno de los bolsones de basura un teléfono móvil, viendo que de él salían unos cables, por lo que, alarmada, se lo comunicó a la subinspectora de servicio —número 66875— que suspendió inmediatamente el inventario, desalojó la comisaría y avisó a los especialistas.

Personados en el lugar los subinspectores especialistas en desactivación de explosivos de la Brigada Provincial de Información de Madrid con números profesionales 64501, 66618 y 65255 hicieron una inspección técnica de la bolsa, que contenía un dispositivo explosivo, por lo que decidieron trasladarla al parque Azorín, cercano a la comisaría, para intentar desactivarla con el mínimo riesgo.

Una vez en el parque, se hizo una radiografía que salió velada, por lo que el artificiero número 64501, que era el operador número 1, hizo una segunda. Esta no le proporcionaba información suficiente para la desactivación, pues el artilugio no tenía una estructura lógica y solo se apreciaba una maraña de cables que se perdían en una zona oscura que era la masa explosiva.

Finalmente, la bomba fue desactivada, conteniendo un mecanismo temporizado y de iniciación eléctrica proporcionado por un teléfono móvil marca Mitsubishi Trium con dos agujeros en la carcasa de los que salían dos cables de color azul y rojo que iban a un detonador de cobre que estaba introducido dentro de 10.120 gramos de dinamita plástica. Además, contenía 640 gramos de tornillos y clavos para que actuaran como metralla, y un cargador válido para el móvil Trium.

Un estudio posterior en laboratorio determinó que el artilugio no explosionó porque uno de los cables que partían del teléfono estaba desconectado.

El cable estaba pelado en su extremo y torcido, como si hubiera estado empalmado a otro.

Este artilugio explosivo era en su concepción, composición y estructura igual a los hallados en el primer vagón del tren de Atocha y en el vagón número 3 del tren de El Pozo que explosionaron ambos al intentar los técnicos desactivarlos.

Sobre la «mochila de Vallecas» se han escrito ríos de tinta y hasta se ha puesto en duda que realmente estuviera en los trenes. Si fuera cierto que alguien la «coló» en la estación de El Pozo o en la comisaría de Vallecas después del atentado, la versión judicial se derrumbaría estrepitosamente. Hay que tener muy presente que la aparición de la mochila permitió obtener una información de especial relevancia para la solución del caso. Esta es la razón por la que el juez Gómez Bermúdez hace un relato tan prolijo de todo cuanto rodea a la decimotercera mochila.

A pesar de su pretendido rigor, algunas cosas chirrían. Volvamos al lugar de los hechos. El caos se apoderó en un primer momento de la estación de Atocha y de los demás sitios donde se habían producido las explosiones. El escenario era dantesco. Viajeros que huían despavoridos, cadáveres descuartizados y heridos que necesitaban asistencia inmediata. Superada la sorpresa e indignación de esos primeros instantes, los servicios policiales y de protección civil entraron en acción y actuaron de forma ejemplar. En torno a las 10.30 los agentes descubren en los trenes siniestrados de Atocha dos mochilas sospechosas de contener explosivos. Los Tedax desalojan de inmediato a todo el mundo, incluido el ministro del Interior Ángel Acebes. Ante el temor de que se trate de bombas-trampa los artificieros proceden a su desactivación mediante explosión controlada. Solo una de las bolsas contenía dinamita. La otra había sido una falsa alarma.

Desde ese momento, los Tedax, tanto en Atocha como en los demás lugares, revisan minuciosamente los trenes en busca de mochilas que no hubieran explosionado. En la estación de El Pozo del Tío Raimundo encuentran otra mochila de similares características a las halladas en la estación de Atocha. Los artificieros intentan desactivarla, pero al final ha de hacerse mediante explosión controlada.

A los efectos de la investigación policial, estas dos mochilas no aportaron ninguna información, pues habían sido destruidas. Durante todo el día 11 de marzo se pensó que los terroristas habían colocado doce bombas, de las que diez habían explosionado en los trenes y las otras dos habían sido desactivadas por los artificieros. Lo que ignoraban los responsables de la Seguridad del Estado era que había otra mochila —la decimotercera— sin explotar. El problema reside en que nadie la vio en los trenes. En el juicio, algunos testigos declararon haberla visto recostada en una pared de la estación de El Pozo, muy cerca de la que habían desactivado los Tedax. Y de esto se hace eco la sentencia. Primero describe cómo se encontró la mochila explosionada por los artificieros en la estación de El Pozo. Resulta que un agente policial descubrió en uno de los vagones lo que parecía una bolsa de viaje que le llamó la atención y «tras sacarla y colocarla encima de los asientos vio en su interior lo que le pareció una fiambrera de forma redondeada —del tamaño de un plato— de la que salían varios cables de color rojo y negro y, encima de estos, un teléfono móvil de color oscuro. Al sospechar que fuese un artefacto explosivo la trasladó al andén y la colocó al lado de una papelera próxima al muro de la estación, tras lo que se lo comunicó a un policía nacional para que avisara a los técnicos en desactivación de explosivos».

Y sigue la sentencia: «En el andén, próxima a esta mochila, había también otra bolsa oscura, esta totalmente cerrada». Tan tajante afirmación puede ser cuestionada. No parece muy creíble que los Tedax no la hubieran visto, máxime si estaba «próxima» a la mochila desactivada, cuando tenían órdenes de revisar cualquier bulto sospechoso.

A partir de ahí el periplo de una mochila, cargada de explosivos y de unos 15 kilos de peso, es aún más sorprendente. Alguien, que no se percata de que tiene en sus manos uno de los artefactos explosivos de los terroristas, lo que hubiera verificado si la hubiese abierto para ver su contenido, la introduce sin encomendarse a Dios ni al diablo en un gran bolsón junto a otros objetos personales rescatados de los trenes. De la comisaría de la Villa de Vallecas, próxima a la estación, envían dos furgonetas policiales donde se cargan unos doce a catorce bolsones en cada uno. Al tratar de descargarlos en dicha comisaría, el inspector de guardia se niega a recibirlos. En vista de ello, las furgonetas se dirigen a la comisaría del Puente de Vallecas, donde su comisario les ordena llevarlas hasta el IFEMA, donde se hacía la autopsia de los cadáveres y se habían almacenado los objetos personales recogidos en los trenes para ponerlos a disposición de los familiares de las víctimas y de los viajeros de los trenes siniestrados.

Los bolsones permanecieron en una dependencia del IFEMA, eso sí, siempre custodiados por la policía. La sentencia hace hincapié en ello porque si se hubiera roto la cadena de custodia la prueba habría tenido que declararse nula. Por fin, se ordenó el regreso de los bolsones a la comisaría del Puente de Vallecas, con el fin de que allí se procediera a realizar un inventario de su contenido.

A la 01.30 del 12 de marzo, una agente policial extrae una mochila del fondo de uno de los bolsones. Al abrirla advierte en su interior un teléfono móvil, «viendo que de él salían unos cables». Inmediatamente da la voz de alarma. Dos agentes de los Tedax acuden de inmediato y tras una inspección técnica de la bolsa, concluyen que contiene un dispositivo explosivo, por lo que deciden trasladarla al cercano parque Azorín, para intentar desactivarla «con el mínimo riesgo».

Una vez allí, se le hizo una radiografía, «que salió velada», por lo que se repitió. Pero la segunda tampoco proporcionaba «información suficiente para la desactivación, pues el artilugio no tenía un estructura lógica y solo se apreciaba una maraña de cables que se perdían en una zona oscura que era la masa explosiva». Finalmente, en una actuación heroica, según se nos dijo en la Comisión de Investigación, un agente de los Tedax consiguió desactivarla sin necesidad de proceder a su explosión controlada. La sentencia aclara que «un estudio posterior en laboratorio determinó que el artilugio no explosionó porque uno de los cables que partían del teléfono estaba desconectado». Lo que significa que esa mochila nunca hubiera podido explotar en los trenes, pues los terroristas fueron muy torpes al preparar el artefacto. O sea, nadie la vio en el interior de los trenes, nadie ha explicado por qué los artificieros tampoco la detectaron cuando estaba apoyada en una de las paredes de la estación de El Pozo a poca distancia de la que habían desactivado y nadie puede asegurar que no se rompiera la cadena de custodia durante el trasiego de un lado a otro de los bolsones. Todo esto no impide al juez Gómez Bermúdez afirmar que «este artilugio explosivo era en su concepción, composición y estructura igual a los hallados en el primer vagón del tren de Atocha», a pesar de que no quedó ni rastro de ellos al haber sido desactivados mediante explosión controlada.

Pero si es oscuro todo lo que rodea al descubrimiento y desactivación de esta decimotercera mochila, las consecuencias del hallazgo fueron extraordinariamente luminosas. El teléfono móvil marca Mitsubishi Trium permitió llegar hasta Jamal Zougam y descubrir que las tarjetas utilizadas en los móviles que actuaron como temporizadores se habían adquirido en su locutorio. Pero así como se deja constancia en la sentencia de que siete de los teléfonos utilizados como temporizadores se activaron por los terroristas en la madrugada del 11-M en Morata de Tajuña, de la tarjeta del móvil de la decimotercera mochila solo se dice que fue activada «entre el 3 y 8 de marzo», pero no se indica dónde. Sí se aclara que la alarma del teléfono de la mochila de Vallecas estaba programada para sonar a las 07.40 horas.

La mochila no explosionó porque los cables que debían introducirse en el detonador estaban sueltos. Fue una gran suerte, porque esta supuesta incompetencia de los terroristas permitió recuperar intacto su contenido. Y en ella estaban los explosivos. Dentro de una lógica aplastante, si no existía duda alguna de la autenticidad de la mochila y si la bomba no explotó en los trenes por la torpeza de los terroristas, pues se habían dejado los cables sueltos (aunque de esto se informó mucho más tarde), la policía dedujo que el tipo de explosivo utilizado para perpetrar el atentado había sido el mismo que el encontrado en aquella, es decir «dinamita plástica», sin especificar todavía cuál era su marca. Pronto se supo que era Goma 2 ECO. Además de los 10,120 kilos de dinamita, y para reforzar el efecto destructivo del artefacto, los terroristas habían añadido 640 gramos de tornillos y clavos.5

Del descubrimiento de la mochila y de su contenido dio cuenta el ministro del Interior, Ángel Acebes, en una comparecencia ante los medios de comunicación que se celebró a las 18 horas del día 12 de marzo. Acebes dijo que el explosivo encontrado era Goma 2 ECO. Este hecho alimentó las especulaciones sobre la autoría islamista del atentado, por cuanto se decía —y era cierto— que ETA en los últimos tiempos venía utilizando Titadyn, una dinamita robada en Francia por la banda terrorista. Pero se trataba de una deducción sin demasiado fundamento. ETA ha utilizado a lo largo de su siniestra historia criminal diversos tipos de explosivos. En el pasado había realizado atentados con Goma 2. No había ninguna razón para deducir, cuando todo eran penumbras en la investigación, que la banda terrorista no hubiera podido hacerse con una partida de Goma 2 ECO. Por eso, los responsables de la investigación informaron al ministro de que era prematuro descartar a ETA en absoluto.

La investigación policial sobre la autoría

La mochila de Vallecas permitió a los investigadores policiales avanzar con extraordinaria rapidez. Ya sabían cuál era la dinamita utilizada en el atentado —Goma 2 ECO—, sabían quién la había fabricado y, por tanto, podrían averiguar dónde la habían robado los terroristas. Lo mismo ocurría con el detonador, idéntico a los encontrados en la furgoneta Kangoo. Conocían también el modus operandi de los criminales. Y sobre todo tenían el teléfono, que estaba programado para despertarse a las 07.40 horas, provocando así la deflagración. Ya he destacado que fue una suerte que estuviera tan chapuceramente confeccionado el artefacto. Porque el teléfono condujo en primer lugar hasta los dos hindúes que habían tenido la desgracia de venderlo, que fueron detenidos a primeras horas de la tarde del día 13, en plena jornada de reflexión. Pero la gran sorpresa estaba escondida en la tarjeta prepago inserta en el teléfono, que condujo a la policía hasta un locutorio telefónico, regentado por varios súbditos marroquíes, entre ellos Jamal Zougam, que fue detenido a las 14.30 horas. En el momento de su detención, no había ninguna prueba de la participación en el atentado ni de los hindúes ni del propio Zougam. Pero el hecho de que se tratara de un súbdito marroquí era suficiente para que la opinión pública absolviera a ETA de la autoría y se reforzara la hipótesis de un atentado de Al Qaeda como venganza por nuestra participación en la guerra de Irak.

El ministro del Interior volvió a comparecer ante los medios a las 20.00 horas. En ese momento el CNI seguía apuntando a ETA y los responsables policiales de la investigación acababan de informar al ministro que sobre la autoría nada había cambiado, a pesar de las detenciones. Acebes dijo la verdad, siempre lo hizo, lo que no impidió la irrupción minutos más tarde de Alfredo Pérez Rubalcaba en Televisión Española para acusar al gobierno de mentir. Aquel fue un golpe maestro contra las expectativas electorales del Partido Popular. Rubalcaba, desde la primera cadena de TVE, el día de la reflexión y en medio de una gran conmoción pública, soltó una frase que puede ser considerada como uno de los ejemplos más sobresalientes de maquiavelismo político en nuestro tiempo: «Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad». Frase que se unió a otra genialidad propia de Rubalcaba. Este reconoció ante la Comisión de Investigación del Congreso que los miembros de la cúpula socialista, con Zapatero a la cabeza, se encontraban «bloqueados».6 No dijo abrumados, compungidos, conmovidos, conmocionados, consternados, destrozados, horrorizados. No, al hablar de su bloqueo venía a reconocer que los máximos dirigentes socialistas eran incapaces de reaccionar ante un acontecimiento que truncaba sus expectativas electorales. No digo que no se dolieran por las víctimas, sino que la percepción que todos teníamos entonces de que el atentado era obra de ETA les había bloqueado y no sabían cómo evitar la debacle que se avecinaba.

Pero el desbloqueo vino pocas horas después mediante una paloma mensajera que voló desde el Centro Nacional de Inteligencia. En torno a las 16.00 horas Zapatero recibió un informe confidencial del CNI sobre la autoría del atentado. En él se expresaban las razones por las que, con toda probabilidad, nuestra inteligencia entendía que ETA estaba detrás del atentado. Para remachar el clavo finalizaba con esta frase: «Falta una de las huellas más significativas de este tipo de atentados: el terrorista suicida».

No es casualidad que un par de horas después de la recepción de la nota del CNI el secretario general del PSOE telefoneara a los principales directores de los medios de comunicación para informarles que había aparecido el cadáver de un terrorista suicida y que el gobierno lo estaba ocultando. A las 22.00 horas del mismo día 11 Iñaki Gabilondo abrió el informativo de la Cadena SER con la noticia de que se había descubierto el cadáver de un terrorista suicida: «Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la Cadena SER que en el primer vagón del tren que estalló antes de llegar a Atocha, iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma». La cadena de PRISA daba más detalles: «Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada. Una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse». La cadena nunca rectificó esta monumental falsedad ni por supuesto informó de cuáles eran las fuentes consultadas ni de dónde había sacado que la ropa interior en capas era la vestimenta habitual de los suicidas islamistas.

El ministro había informado de todo cuanto hasta ese momento podía contar. Pero en otra genial utilización de los nuevos medios, alguien —cuya identidad el PSOE se negó a investigar, pero cualquiera se lo puede imaginar— lanzó este mensaje telefónico al mediodía del día 13, en plena jornada de reflexión:

Aznar d rositas? Lo llaman jornada d reflexión y Urdaci7 trabajando? Hoy 13M 18h PP Génova. Sin partidos. Silencio x la verdad. Pásalo.

A la hora señalada, miles de «espontáneos» enviados por los partidos de izquierda comenzaron a asediar en toda España las sedes del Partido Popular. Y así se mantuvieron hasta bien entrada la noche.

Mientras tanto, en el cuartel general de la policía se trabajaba febrilmente en la traducción de una cinta de vídeo que alguien había depositado en una papelera próxima a la mezquita de la M-30. A las 19.40 horas del sábado día 13 un anónimo comunicante, con acento árabe, llamó a Telemadrid para decir que buscaran una cinta en una papelera situada en las proximidades de la mezquita de Madrid. La policía se puso en marcha y se hizo con ella. En la imagen se ve a un encapuchado leer un comunicado en árabe en el que se reivindica el atentado. Una vez traducida, a las 00.45 horas del día 14 de marzo, el ministro Acebes estaba en condiciones de informar de su contenido en una nueva rueda de prensa: «Es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado 11. Es un varón, habla en árabe con acento marroquí. Habla en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al Qaeda. Su identidad no ha sido acreditada ni por los servicios secretos españoles ni extranjeros. Ahora se está estudiando la fiabilidad que pudiese tener ese comunicado, esta cinta».8

He aquí el texto íntegro de la reivindicación de quien dice ser Abu Dujan Al Afgani, portavoz militar de Al Qaeda en Europa:

Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid, justo dos años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington.

Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados.

Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán y habrá más si Dios quiere.

Vosotros queréis la vida y nosotros queremos la muerte, lo que da un ejemplo de lo que dijo el profeta Mahoma, si no paráis vuestras injusticias la sangre irá más a más y estos atentados son muy poco con lo que podrá ocurrir con lo que llamáis el terrorismo.

Esto es un aviso del portavoz militar de Al Qaeda en Europa.

Nitroglicerina

Volvamos al relato judicial. Nos habíamos quedado en el momento en que la policía desactiva la mochila de Vallecas y se comprueba que contiene Goma 2 ECO. Las investigaciones posteriores revelan que los explosivos habían sido sustraídos en Mina Conchita, una explotación de carbón asturiana. Más tarde se descubrirá a los autores del robo de los explosivos. Al final, el tribunal considerará probado que varios miembros de la célula islamista, encabezados por Jamal Ahmidan, alias el Chino, llevados de la mano por Emilio Suárez Trashorras, robaron unos 300 kilos de dinamita. De ellos, según informes policiales, alrededor de 150 se utilizaron en el atentado del 11-M.

Pues bien, el tribunal concluye, tras la valoración de una prueba múltiple, de fuentes distintas y de diversa naturaleza como son las declaraciones de los procesados, los documentos y los informes periciales, que «toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés, más la hallada en el desescombro posterior, procedía de Mina Conchita».

De ahí deduce el tribunal que el explosivo utilizado fue Goma 2 ECO. Pero no es una afirmación rotunda. Porque es innegable que la Goma 2 ECO aparece en la mochila de Vallecas y en el desescombro del piso de Leganés tras la explosión del 3 de abril, pero no está tan claro que los minúsculos restos de un cartucho de dinamita encontrado en la furgoneta Kangoo fueran Goma 2 ECO, y en cuanto al análisis de los restos obtenidos por los Tedax en los focos de explosión, que debería ser la prueba determinante, los peritos judiciales no se ponen de acuerdo.

La confusión surge desde el mismo día 11 de marzo. Sobre las 12.00 horas, el subdirector general operativo de la Policía Nacional, Pedro Díaz Pintado, mientras estaba reunido con la cúpula del Ministerio del Interior, recibió desde la estación de Atocha una llamada telefónica de Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana, para informarle de que el explosivo utilizado era «Titadyn, con cordón detonante».

Esta información, transmitida sobre la marcha a los presentes en la reunión y al ministro Acebes poco después, sería determinante de la convicción expresada por el gobierno de que ETA había sido la autora del atentado. Sin embargo, a las 17.00 horas las cosas cambiaron de raíz. A esa hora Cuadro Jaén rectifica e informa a Díaz Pintado de que el explosivo utilizado no había sido Titadyn, aunque no podía precisar qué tipo de dinamita había sido. El subdirector general es consciente de que esta rectificación pone a los pies de los caballos al gobierno ante la opinión pública y a él mismo ante el gobierno. Así relató en el juicio su tensa conversación con Cuadro Jaén:

—¿Pero cómo es posible que suceda esto? Y ¿por qué sabéis que no es Titadyn? ¿Qué tipo de sustancia es?

—No, no, es una dinamita y el Titadyn está excluido porque dentro de sus componentes no incluye nitroglicerina.

—Pero bueno, no os ha dado tiempo a hacer unos análisis demasiado puntuales. Llama otra vez a ver si ha podido haber un error.

Total, que lo hace así… me llama… o sea, llama, perdón, recaba datos y me vuelve a decir que realmente queda descartado el Titadyn. Entonces, a partir de ese momento lo único que tenemos es que es una dinamita sin identificar y que no es Titadyn porque no tiene el componente de nitroglicerina.9 Pues nada más terminar esta pequeña conversación entra el director [se refiere a Agustín Díez de Mena, director general de la Policía], se lo digo:

—Mire ha ocurrido esto… son fallos humanos realmente… pero es lo que tenemos y…

—Pues bueno… ahora vamos al ministerio e informamos al ministro.

En la Comisión de Investigación del Congreso formulé una inocente pregunta al jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, cuya respuesta le traería graves quebraderos de cabeza. Solo pretendía que nos ilustrara acerca de la composición de los explosivos utilizados en el atentado. Esta fue su respuesta:

He dicho que los restos de los focos de las explosiones llegan a la unidad a las 12.30; se inicia su análisis y se obtienen los primeros resultados en torno a las 14.00 horas [del día 11 de marzo]. En algunos casos (en concreto en ocho de los diez focos), no en todos, cuando se hace el análisis de los restos del foco de la explosión logramos encontrar restos de nitroglicerina, y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas.

El jefe de los Tedax informó asimismo de que cuando conoció la composición del resto de explosivo hallado en la furgoneta de Alcalá de Henares concluyó que «había indicios más que fundados de que podía ser Goma 2, porque coincide con la que utilizamos nosotros». Lo que no dijo en la comisión es que en el informe definitivo del laboratorio de la Policía Científica [que era la dependencia a la que se debieron llevar todos los restos para su análisis] sobre la composición del culote o resto del explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá figuraba un dato desconcertante: además de la nitroglicerina y demás componentes habituales de la dinamita, aparecía una sustancia propia de explosivos militares, la metenamina. Por lo tanto, el explosivo de la mochila de Vallecas y el citado resto no eran idénticos.

Pero el jefe de los Tedax no solo no lo dijo en la comisión, sino que tampoco lo había hecho ante el juez Del Olmo. En un segundo informe fechado el 16 de marzo de 2004, que ampliaba el remitido al juzgado el día anterior, Sánchez Manzano revela al juez que los componentes del culote y los de la dinamita encontrada en la mochila de Vallecas eran idénticos. No hace la menor alusión a la metenamina. Pero otro cuerpo policial, la Guardia Civil, se daría cuenta de la omisión. El 21 de marzo de 2005, la Benemérita remite otro informe al juez en el que pone de manifiesto la presencia de la metenamina en el culote de Alcalá. Del Olmo se percata de la contradicción y pide explicaciones a Sánchez Manzano. Este se defiende como puede y comunica al juez instructor que hubo un «error de transcripción», para seguidamente tratar de minimizar el efecto de sus manifestaciones anteriores alegando que aunque no se hubiera producido tal error, la metenamina encontrada sería «una sustancia contaminante ajena y extraña a la composición originaria». Dicho en lenguaje coloquial, lo que Sánchez Manzano dijo al juez era que el laboratorio de los Tedax, cuando hicieron el análisis, se encontraba sucio, pues había restos de metenamina que contaminaron la muestra analizada.

En julio de 2006, un miembro de los Tedax, cuya identidad no ha sido revelada, informó al periodista de El Mundo Casimiro García-Abadillo que la respuesta dada por Sánchez Manzano en la Comisión de Investigación quedaba totalmente en entredicho por cuanto la Goma 2 ECO, a diferencia de la Goma 2, no contiene nitroglicerina. Este inesperado descubrimiento, del que El Mundo informó de inmediato, provocó un auténtico terremoto. Si no había nitroglicerina eso quería decir que el explosivo utilizado no era Goma 2 ECO, lo que suponía el derrumbamiento de la «verdad oficial» sobre el 11-M.

Según relata García-Abadillo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, habló aquellos días en varias ocasiones con Pedro J. Ramírez para excusar al jefe de los Tedax. «Fue una confusión —argumentó—. Mira, yo que soy químico te puedo decir que es fácil confundirse, sobre todo con un compuesto que forma parte de las dinamitas. No le deis más vueltas: Sánchez Manzano se ha equivocado. Eso es todo».

El 17 de julio El País publicó una nota del propio Sánchez Manzano en la que decía que su error «se debió a la asociación del citado término [nitroglicerina] con la palabra dinamita, ya que la nitroglicerina está exclusivamente ligada a las dinamitas en general y no a ninguna en concreto, siendo en este contexto explicitado en el que se produjo, es decir, por asociación natural». Una explicación desmentida por sus propias palabras, reflejadas en el Diario de Sesiones del Congreso, que transcribe su rotunda afirmación de que la nitroglicerina es el componente común de «todas» las dinamitas.

Para mayor confusión, Sánchez Manzano proporcionó al juez Del Olmo, ante el que hubo de prestar nueva declaración el mismo día de la publicación de sus aclaraciones en el diario El País, esta nueva explicación:

Es errónea la afirmación vertida por él en el sentido de que se identifica en los focos de las explosiones nitroglicerina y que tal expresión, en el contexto en que la estaba pronunciando, se estaba refiriendo en general a los focos de las explosiones de cualquier atentado, no en concreto a las del 11-M en las que intervino su unidad.

Es difícil de entender estas contradicciones sucesivas de Sánchez Manzano. Porque no es verdad que se estuviera refiriendo en general a cualquier atentado, sino al del objeto de su comparecencia. Y ante la comisión manifestó que la nitroglicerina había aparecido en los análisis realizados en ocho de los diez focos de explosión de los trenes.

La controversia sobre los explosivos

Estas declaraciones de Sánchez Manzano ante el juez Del Olmo, que se realizaron en una comparecencia realizada en el marco del secreto del sumario, y a la que acudieron solamente la fiscal del caso Olga Sánchez10 y los abogados de la Asociación de Víctimas del 11-M, presidida por Pilar Manjón, no se conocieron hasta el mes de enero de 2007, unas semanas antes del inicio del juicio ante la Audiencia Nacional, que dio comienzo el 15 de febrero. De modo que cuando comenzó la vista las dudas sobre el explosivo utilizado por los terroristas estaban a flor de piel.

Con tales antecedentes, fácil es de comprender que el tribunal tenía que dar respuesta indubitada a la controversia. Gómez Bermúdez pasó la maroma como un equilibrista a punto de caer al vacío. Sus conclusiones se asientan en las siguientes «premisas»:

1. El explosivo utilizado por los terroristas fue, en todos los casos, dinamita plástica, tipo goma.
2. No se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes, pero toda o gran parte de ella procedía de Mina Conchita.
3. Se sabe que la que se usó y se encontró en Leganés y en la vía del AVE era GOMA 2 ECO sustraída de Mina Conchita.
4. La falta de determinación exacta de la marca de la totalidad del explosivo no impide llegar a conclusiones jurídico-penalmente relevantes respecto de la intervención de los procesados en los hechos enjuiciados y su consiguiente responsabilidad criminal.

Esta es la conclusión unánime de todos los peritos que han actuado en la causa, incluidos los ocho que elaboraron la llamada «pericial del tribunal».

Estos afirmaron de forma clara y rotunda que descartaban las pentritas, centex, cloratitas u otros explosivos distintos de la dinamita.

Los ocho peritos que realizaron el estudio e informe ordenado por el tribunal estuvieron de acuerdo en la calidad de los análisis y de los métodos utilizados y en la validez científica de los resultados, discrepando sobre el significado de la aparición de restos de dinitrotolueno, nitroglicerina, dibutilftalato y nitroglicol en varios focos.

Expusieron que la relevancia de que en los focos hubiera unos u otros componentes químicos estaba en que cada marca o clase de dinamita tiene una composición concreta, de modo que la presencia o ausencia de determinados elementos supone descartar o no esa marca o clase.

Los componentes diferenciales entre una y otra dinamita, según dijeron, son el DNT —dinitrotolueno— y la NG —nitroglicerina—, que forman parte de la GOMA 2 ECO y del TITADYNE, y no están en la composición de la GOMA 2 ECO. Y, a la inversa, el nitroglicol —EDGN— y el ftalato de dibutilo o dibutilftalato, que son componentes de la GOMA 2 ECO y no los tienen ni el TITADYNE ni la GOMA 2 EC.

Los análisis detectaron en los focos de las explosiones producidas en los trenes los siguientes compuestos químicos a los que, entre corchetes, asociamos una marca de dinamita plástica.

En todas las muestras, dibutilftalato o ftalato de dibutilo en un porcentaje muy superior al 1 por ciento [GOMA 2 ECO] Nitroglicol —EDGN— en porcentajes superiores al 1 por ciento en todos los focos [GOMA 2 ECO], Dinitrotolueno —DNT— en varios focos en porcentajes muy inferiores al 1 por ciento [GOMA 2 EC y TITADYNE], Nitroglicerina —NG— en un foco de explosión en porcentaje muy inferior al 1 por ciento [GOMA 2 EC y TITADYNE].

El tribunal, siguiendo un razonamiento lógico concluye que está probada la presencia de GOMA 2 ECO en todos los trenes donde explosionaron artilugios, pues un componente exclusivo de este tipo de dinamita plástica en un porcentaje relevante —más del 1 por ciento—, el dibutilftalato, está en todos ellos y otro, el nitroglicol —también en porcentaje superior al 1 por ciento—, aparece también en todos los focos, aunque este no sea exclusivo de la GOMA 2 ECO y forme parte de algunas variantes de Titadyne que no llevan nitroglicerina.

Por el contrario, la presencia irregular y en porcentajes menores de nitroglicerina y dinitrotolueno impide descartar la presencia de pequeñas cantidades de otras marcas o clases de dinamitas.

La discrepancia esencial de los peritos se produce en relación a la aparición de nitroglicerina en la muestra M-1 procedente del foco 3 de la estación de El Pozo.

Esta muestra, que era el polvo de un extintor usado en la estación de El Pozo, también tiene DNT y ftalato de dibutilo, además de nitroglicol.

Para explicar la presencia de la nitroglicerina cuatro peritos sostuvieron que esas sustancias se incorporaron a las muestras en el laboratorio y no formaban originariamente parte de ellas; es decir, que la nitroglicerina es consecuencia de una contaminación posterior de la muestra producida en el laboratorio. Otros cuatro negaron que esta pueda ser la causa.

Sin embargo, todos, los ocho, estuvieron de acuerdo en que, de tratarse de una contaminación, esta no pudo ser intencional, humana, voluntaria.

Tras el amplio debate producido en el plenario, en el que cada perito expuso las bases para explicar su postura, el tribunal no puede dar por probada una u otra teoría.

Es cierto, como señalaron diversas partes, que en el caso de que se trate de una contaminación pondría de manifiesto una falla en el protocolo o procedimiento de custodia de restos de explosivos o, para ser más exactos, en la forma en que se conservan. También que toda esta discusión estaría en gran parte resuelta si el primer análisis que se hace en la misma mañana del día 11 de marzo por la perito química de los TEDAX con número 17632, se hubiera incorporado a los autos, defecto que se subsanó parcialmente con la incorporación, durante la declaración de esta en la vista, de las notas manuscritas que tomó durante esos análisis —notas «pasadas a limpio»—. Pero, ninguna de estas cuestiones compete analizar a este tribunal, más allá de su repercusión sobre el objeto del proceso.

Los órganos judiciales valoran las pruebas aportadas en su conjunto, no de forma aislada o unitaria, y de ellas extraen consecuencias jurídicas favorables o adversas a los procesados —sujetos pasivos del proceso— conforme a las reglas y principios que rigen el Derecho Penal, entre ellos, no por menos conocido más importante, que en caso de duda la solución que dé el tribunal debe ser la más favorable al reo.

El tribunal, tras apreciar en su conjunto todas la pruebas periciales practicadas sobre la materia a partir del 27 de mayo da por probado que en todos los casos aparecen componentes de la GOMA 2 ECO, lo que indica que esta dinamita estuvo presente en todos los focos de los trenes, si bien no se puede descartar la presencia de otra u otras marcas de dinamita (hipótesis más favorable a las defensas).

Sin embargo, este dato, en relación con las declaraciones de los procesados y testigos que acreditan la existencia de tráfico y transporte de explosivo desde Mina Conchita y las periciales sobre los restos hallados en el vehículo Volkswagen Golf 0500 CHB, detonadores y restos de explosivo de la Renault Kangoo 0576 BRX y sobre el que componía el artilugio desactivado en Vallecas, lleva al tribunal a afirmar, más allá de toda duda razonable, que la procedencia de todo o gran parte del explosivo utilizado proviene de la explotación minera conocida como Mina Conchita.

He considerado oportuno transcribir el contenido de la mayor parte del hecho probado número 5 de la sentencia porque en él se encuentra la respuesta judicial a la gran pregunta de si en efecto fue Goma 2 ECO la dinamita utilizada por los terroristas del 11-M. Pero el juez Gómez Bermúdez no las tiene todas consigo y ante las dudas suscitadas en el curso del juicio oral sobre el explosivo utilizado concluye que la Goma 2 ECO estuvo presente en todos los focos de los trenes, si bien no se puede descartar la presencia de otra u otras marcas de dinamita.

Pues bien, hay dudas razonables que ponen en cuestión las conclusiones del tribunal.

De nuevo ha de salir a escena el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano. El día 11 de marzo, en torno a las 17.00 horas, el responsable de la unidad policial que se ocupó de recoger los restos de los focos de las explosiones remitió al laboratorio de la Policía Científica tres muestras para analizar: la M-1, que contenía polvo de un extintor; la M-2, con el culote o restos del explosivo encontrado en la furgoneta Kangoo, y la M-3, una muestra patrón de Goma 2 ECO que no guardaba relación con el atentado. Sin embargo, en el laboratorio de los Tedax se conservaron, sin remitirlas a la Policía Científica, numerosas muestras de restos recogidas por los Tedax en los focos de las explosiones no solo el día 11 de marzo sino en fechas posteriores.

Recordemos que en el laboratorio de los Tedax, donde se había analizado el culote de la furgoneta Kangoo, la única conclusión ofrecida en torno a las 14.00 horas del día 11 de marzo, había sido que el explosivo era dinamita, aunque no se podía precisar de qué tipo. Lo que se descartaba, según se informó a Díez Pintado sobre las 17.00 horas, era Titadyn, porque la dinamita francesa no contenía nitroglicerina.

Lo que llama poderosamente la atención es que Sánchez Manzano hubiera enviado el mismo día 11 una muestra patrón de Goma 2 ECO para que en el laboratorio pudieran comparar su composición con la de las otras dos muestras remitidas al laboratorio de la Policía Científica. ¿Acaso tuvo la intuición de que el explosivo utilizado era Goma 2 ECO? ¿Por qué no remitió muestra de otros explosivos, como por ejemplo la Titadyn?

La Policía Científica, que cuenta con uno de los más avanzados laboratorios de Europa, daría un paso más. El explosivo era Goma 2 ECO, de fabricación española. Pero nadie, en aquellos momentos, como ya relatamos anteriormente, se percató de que este tipo de explosivo no contiene nitroglicerina. Y además la Guardia Civil tardaría un par de años en advertir al juez Del Olmo que la Policía Científica había detectado otro componente, la metenamina, aunque —según Sánchez Manzano— la causa de esta anomalía había sido la «contaminación» de su laboratorio.

La macropericia —o mejor, micropericia— judicial

Así las cosas, poco antes de que diera comienzo el juicio oral las acusaciones particulares solicitaron la realización de una macropericia sobre los explosivos, a la que accedió el tribunal, ordenando que su realización se efectuara en el laboratorio de la Policía Científica. Se nombraron ocho peritos, dos de la Policía Científica, dos de la Guardia Civil y cuatro independientes. De estos, tres fueron nombrados a propuesta de las acusaciones particulares (la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo, la de Pilar Manjón y la asociación presidida por Ángeles Pedraza). De modo que tres años después del atentado se iba a practicar una prueba crucial para el desenlace del proceso.

José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, refiere cómo, según se puso de manifiesto en la declaración del responsable de la Brigada Provincial de Madrid de los Tedax, Cáceres Vadillo, los artificieros bajo sus órdenes recogieron «de todo: piedras del andén, se recogió acetona y agua, se recogió todo lo que estuvo en contacto con los focos». Sin embargo, el material entregado al laboratorio para la macropericia tan solo pudo analizar «veintitrés ridículos vestigios». Algo que sorprendió a los propios peritos, que, en su informe, expresarían su extrañeza por el hecho de que «dada la magnitud del atentado, las evidencias de los focos parecen escasas».

Y continúa el demoledor relato de De Pablo:

En cambio, ni los trozos de teléfono, ni las piedras del andén, ni los algodones impregnados en agua y acetona utilizados por los Tedax para tomar muestras de los trenes llegó a los peritos. Tampoco les llegaron los restos de tierra de los cráteres de la explosión que varios Tedax aseguraron haber recogido. Unos cuantos clavos (menos de dos por foco), un par de pequeños trozos de chapa doblados, una pila de petaca chamuscada y unos restos de polvo de extintor: eso es todo lo que se entregó a los peritos. ¿Y la tonelada de vestigios que faltan? A saber qué ha sido de ellas. ¿Cómo puede ser que en el atentado de ETA contra la T-4, en el que hubo un solo foco de explosión, se entregasen a la Policía Científica más de doscientos vestigios para analizar, y en el 11-M , con doce focos —dos de ellos controlados—, los vestigios no lleguen a dos por foco?

De Pablo refiere cómo en el tren que estalló a su paso por la calle de Téllez, en las proximidades de Atocha, donde los trenes siniestrados fueron cuatro, las muestras entregadas se redujeron a tres: ocho clavos doblados, un trocito de chapa metálica retorcida (de unos 20 centímetros) y un clavo oxidado, lo que significa que de uno de los focos no se entregó ninguna muestra. A la vista de todo ello, se pregunta el abogado:

¿Y dónde están las muestras de tierra que se recogieron en el cráter que produjo la explosión en ese foco? ¿Dónde están los algodones impregnados con acetona que se utilizaron para tomar muestras en aquel vagón? ¿Qué ha sido de los cables, restos de plancha, muestras de ropa de las víctimas, recogidas en ese foco? ¿O tenemos que creernos que después de varios días buscando evidencias en aquel vagón, los Tedax solo fueron capaces de reconocer un mísero clavo? ¿A quién pretenden engañar? ¿Quién —y por qué, sobre todo por qué— tenía interés en que los peritos no pudiesen analizar el resto de vestigios?

La respuesta a esta última pregunta, a juzgar por lo que vino después, está bien clara. El gobierno de Zapatero, dirigido en este turbio asunto por el ministro Pérez Rubalcaba, no tenía la menor intención de llevarse ningún sobresalto como consecuencia de los análisis.

Para más inri, de los trenes siniestrados ya no quedaba ni rastro. Esta había sido otra gran revelación del diario El Mundo, obra de Antonio Rubio. El prolongado secreto del sumario, en algunas de sus partes esenciales, había impedido conocer que entre la inmensidad de los legajos judiciales, estaba la prueba de que el juez Del Olmo había autorizado la destrucción de los trenes siniestrados, a petición de la policía, tan solo dos días después de cometido el atentado. Y el secretario judicial ilustrará a la sala el 12 de junio de 2112 que, en el folio 24.549 al 24.653 del sumario 20/04, consta un oficio de RENFE del 29 de septiembre de 2004 en el que informa al juez Del Olmo con todo detalle del destino de los vagones. Unos fueron desguazados y los que resultaron dañados —pero no destruidos— fueron reparados. El desguace se produjo entre los días 13 y 14 de marzo de 2004. La conclusión es que una de las principales pruebas del delito había sido eliminada cuarenta y ocho horas después de cometido el atentado. Se trata de un hecho insólito e inusual. Hasta el propio Tribunal Supremo calificará el desguace de los vagones de «apresurada destrucción». Un lenguaje mesurado de nuestro alto tribunal para definir lo que los ciudadanos de a pie podemos definir con calificativos más gruesos.

Otro ejemplo revelador de la torticera actuación de algunos elementos policiales. Los restos entregados al laboratorio de la Policía Científica para la macropericia habían sido previamente lavados en el laboratorio de los Tedax con agua y acetona. Esto del lavado dio lugar a falsas interpretaciones. Al parecer es lo que se hace habitualmente. Pero lo que resulta inaudito es que no se conservara el agua y la acetona utilizadas para el lavado, porque en ellas se encontrarían disueltos los componentes de los explosivos.

En suma, más que de una macropericia lo procedente sería hablar de una micropericia. Eso sí, con la bendición del tribunal.

Para cuando el juicio dio sus primeros pasos el 15 de febrero de 2007 en la sala habilitada en la Casa de Campo de Madrid, los ocho peritos designados ya llevaban varios días encerrados en el laboratorio para tratar de desentrañar el misterio del explosivo. Y a pesar de las limitaciones expuestas, confiaban en poder conseguirlo.

Astracanada en el laboratorio

Pero nadie imaginaba que a lo largo de la pericia se producirían escenas más propias de una gran astracanada que de un trabajo serio y riguroso. He dicho astracanada porque no encuentro otro término mejor para definir lo que ocurrió.

Acto primero:

La acción se desarrolla en el laboratorio de la Policía Científica el día 6 de febrero de 2007, donde una cámara instalada por orden del presidente del tribunal Gómez Bermúdez graba todo cuanto ocurre en su interior. En escena se encuentran dos de los peritos designados, Andrés de la Rosa, de la Guardia Civil, y Antonio Iglesias, independiente. Analizan una muestra procedente de uno de los focos de las explosiones del tren siniestrado en la estación de El Pozo. De pronto surge algo inesperado. En la muestra aparece DNT. Los peritos no dan crédito a lo que ven sus ojos. Saben muy bien que el dinitrotolueno o DNT no está en la dinamita Goma 2 ECO, pero sí en la Titadyn. Ante la transcendencia del descubrimiento deciden analizar las muestras de los demás restos procedentes de los focos de explosión. No hay duda, en todos ellos aparece DNT. Informan de lo ocurrido a Alfonso Vega, el director de la pericia. Este, visiblemente nervioso y contrariado, ordena repetir los análisis. El resultado es el mismo.

Acto segundo:

Miguel Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica,11 recibe la llamada de Alfonso Vega que le informa de la aparición de DNT. Santano lo comunica de inmediato a sus superiores jerárquicos. El pánico se apodera del gobierno y de la Fiscalía, pues el descubrimiento del DNT pulveriza la versión oficial. Pero es en los momentos de peligro cuando surgen cerebros brillantes que dan la solución. Esa noche, Zapatero y Pérez Rubalcaba pueden dormir tranquilos.

Acto tercero:

La acción se desarrolla al anochecer del día 6 de febrero y en la madrugada del día 7. A las 20.00 horas el laboratorio de la Policía Científica sufre un corte de luz. Pura casualidad. Las cámaras de televisión dejan de funcionar. Unos desconocidos irrumpen en el lugar y, presuntamente, manipulan las muestras de los cartuchos de dinamita Goma 2 ECO que no habían estallado en los trenes (furgoneta Kangoo, mochila de Vallecas, la encontrada en las vías del AVE con ocasión del atentado frustrado por la Guardia Civil el 2 de abril de 200412 y la del piso de Leganés).

Acto cuarto:

En el laboratorio se ha restablecido el suministro de energía eléctrica y los peritos vuelven al trabajo el día 7 por la mañana. El director de la pericia ordena entonces analizar las muestras de los cartuchos intactos de Goma 2 ECO. El resultado es que en todas ellas aparece DNT. Los análisis realizados por los Tedax en los días del atentado no habían detectado la existencia de dinitrotolueno. Pero en el laboratorio de la Policía Científica se había producido el milagro. La versión oficial había quedado confirmada. La presencia del DNT permitía mantener el «vale ya» de la fiscal Olga Sánchez. El apagón del laboratorio había vuelto a poner las cosas en su sitio y el tribunal podía concluir que, valoradas las pruebas en su conjunto, la Goma 2 ECO había sido el explosivo detectado en todos los focos de la explosión de los trenes.

Obligados a dar una explicación, los peritos policiales volvieron a recurrir a la teoría de la contaminación. Esta se habría producido durante el proceso de fabricación de la Goma 2 ECO en las instalaciones de la fábrica MAXAM Europe S. A., en Burgos, de donde procedían los cartuchos analizados. En dicha empresa se venía fabricando Goma 2 EC, que sí contenía DNT, hasta enero de 2002, fecha en que comenzó a producirse la Goma 2 ECO eliminando dicha sustancia. Pero con toda probabilidad en el inicio del nuevo proceso de fabricación de la nueva dinamita habrían permanecido restos del DNT utilizado en la Goma 2 EC.

Pero MAXAM reaccionó contra esta hipótesis y certificó a los peritos y al tribunal que nunca, en ningún control de calidad, se había detectado la presencia de DNT en las muestras de Goma 2 ECO, de forma que era imposible que se hubiera producido semejante contaminación.

Por otra parte, incluso en la cocaína detectada en uno de los focos de explosión había aparecido DNT en este nuevo análisis, lo que constituía una burla a la inteligencia.

Ante la inconsistencia de su argumentación, los inventores de la teoría de la contaminación no cejaron en su empeño. Resulta, dijeron, que en Mina Conchita la Goma 2 EC había sido sustituida por la Goma 2 ECO, pero eso no quiere decir que los terroristas no hubieran robado cartuchos sobrantes del explosivo anterior. Prueba de ello es que la Guardia Civil había encontrado bolsas abandonadas de Goma 2 EC en una inspección ocular realizada en la mina en junio de 2004. Pero esta nueva argumentación se daba de bruces con la circunstancia de que en los análisis realizados por la propia Policía Científica a raíz del atentado de los explosivos de la Kangoo, de la mochila de Vallecas y de Leganés no había ni rastro de DNT, lo que demostraba que no habían sido objeto de ninguna contaminación.

Finalmente, los peritos de Sánchez Manzano dieron con la solución definitiva. La contaminación tuvo que producirse en Morata de Tajuña, donde en la madrugada del 11 de marzo de 2004 los terroristas procedieron a montar parte de los artefactos con los explosivos robados en Mina Conchita. Y es ahí donde se habrían mezclado cartuchos de Goma 2 EC y de Goma 2 ECO, motivo por el que se había detectado DNT en los restos procedentes de los focos de explosión. Ahora bien, los cartuchos intactos procedían del piso de Leganés. Y eran todos de Goma 2 ECO, sin el menor rastro de Goma 2 EC.

A pesar de las contradicciones expuestas, los peritos policiales habían vuelto a sonreír. Estaban seguros de que el tribunal compraría su mercancía. Pero la astracanada no había terminado, porque antes de bajar el telón quiso el azar que la nitroglicerina volviera a convertirse en protagonista destacada.

Resulta que mientras los medios de comunicación debatían apasionadamente sobre la irrupción del dinitrotolueno, uno de los peritos de la Guardia Civil, Carlos Atocha, y otro independiente, Carlos Romero Batallán, volvieron la mirada hacia una muestra enviada por Sánchez Manzano y que procedía de uno de los focos del tren que estalló en la estación de El Pozo. Muestra que no había sido objeto de los análisis derivados del descubrimiento del DNT, porque al examinarla en el laboratorio se concluyó que solo era polvo de un extintor utilizado para apagar el fuego el día del atentado. Y hete aquí que en el nuevo análisis se detectó la presencia de nitroglicerina, sustancia que no forma parte de la Goma 2 ECO, pero sí de la tristemente célebre Titadyn.

Esta vez Alfonso Vega, ante las cámaras de vídeo de Gómez Bermúdez, estalló en cólera: «¡Es imposible! ¡No puede ser nitroglicerina!». Pero era. Hasta ocho nuevos análisis lo confirmaron. Y con la nitroglicerina llegó el escándalo.

El descubrimiento se produjo el día 20 de marzo de 2007. Pocos días después llegó la Semana Santa y los peritos se tomaron unos días de descanso. Todos menos el jefe de la pericia, Alfonso Vela, que trabajó incansablemente en el laboratorio. ¿Y qué descubrió? Pues que en todas las muestras del explosivo intacto —Goma 2 ECO— se había detectado la presencia de nitroglicerina. Pero no porque esta fuera componente de dicha dinamita, sino porque se había producido una «contaminación ambiental». Resulta que las muestras habían estado embaladas desde 2004 en bolsas de plástico en el almacén de los Tedax. En consecuencia, según la explicación de Vela, «han podido incorporar a su composición sustancias explosivas y no explosivas presentes en el ambiente en que han estado almacenadas». Esto ponía en una situación comprometida a Sánchez Manzano, por cuanto el almacenamiento de los restos de un atentado gravísimo como el del 11-M no se había realizado con todas las garantías exigibles de conservación. Pero lo importante era salvar a cualquier precio la versión oficial. La contaminación eliminaba la posibilidad de que el explosivo utilizado por los terroristas fuera Titadyn. La versión oficial quedaba «blindada» con esta explicación.

Pero el juicio oral traería consigo una nueva catástrofe. Fue el día en 28 de mayo de 2007, fecha en que compareció como testigo ante el tribunal la perito del laboratorio de los Tedax, con carné profesional 17632, que había realizado los primeros análisis del día 11 y era la persona encargada de guardar y custodiar las muestras recogidas en los focos de explosión. La testigo demostró que la teoría de la contaminación ambiental era radicalmente falsa al informar que los restos del 11-M se conservaron en un armario, en condiciones de humedad y temperatura estables, sin paso de gente, ventilado, pero cerrado mediante una puerta de acceso. Las muestras se guardaban en bolsas metidas en cajas de cartón, en sobres cerrados, dos o tres por cada uno de ellos, apiladas, encintadas con cinta adhesiva. Por último, las cajas se introducían en una bolsa final, también cerrada.

Cuando el presidente Gómez Bermúdez preguntó si «con estas características es posible que se traslade o traspase alguna sustancia de una bolsa final a otra final, es decir, la bolsa con la que está en contacto la muestra», la testigo contestó sin vacilar: «Yo encierro en todo ese tipo de bolsas precisamente para evitarlo».

La teoría de la contaminación ambiental se había volatilizado. Sostener que las partículas voladoras de nitroglicerina hubieran traspasado el armario destinado exclusivamente a guardar las muestras de los explosivos del 11-M y la barrera infranqueable de bolsas de plástico, sobres y cajas de cartón que la responsable del laboratorio de los Tedax había establecido para evitar cualquier contaminación, era un nuevo insulto a la inteligencia.

Los cuatro peritos independientes rechazaron, por tratarse de un fenómeno científico imposible, la última ocurrencia del director de la pericia.

Solo por motivaciones extrajudiciales puede entenderse que el tribunal no hubiera decretado la nulidad de la macropericia. Pero sin explosivo no hay autoría y sin autoría no hay condena. El juicio del 11-M hubiera sido un auténtico fiasco.

El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en su escrito de conclusiones, consciente de la inconsistencia de la pericia practicada sobre los explosivos, afirmó:

En definitiva, da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos.

Pero no es cierto que dé igual. Si el explosivo utilizado no se conoce y, por tanto, no existe la seguridad de que fuera Goma 2 ECO, en tal caso las dudas sobre la autenticidad de las pruebas adquieren mayor relevancia. Porque si no fue Goma 2 ECO habría que concluir que las pruebas que condujeron al descubrimiento de la llamada «trama asturiana», a la que después nos referiremos, carecen de valor. En la furgoneta Kangoo, la mochila de Vallecas, el frustrado atentado del AVE y la voladura del piso de Leganés estuvo presente la Goma 2 ECO procedente de Asturias, cuya autoría corresponde a la banda de narcotraficantes de el Chino y sus secuaces. Pero si la dinamita asturiana no se utilizó para provocar la matanza del 11-M, la prueba de indicios para atribuir el atentado a la célula islamista ha de ser extraordinariamente sólida y en este caso no lo es. A Jamal Zougam se le condena a 40.000 años de cárcel por el testimonio de dos súbditas rumanas que meses más tarde dicen haberle visto en los trenes. Un testimonio que se encuentra ahora judicialmente en entredicho. Su toma en consideración como elemento esencial para pronunciar esta condena no puede tener un fundamento más endeble. Porque resulta sorprendente que no apareciera ni un solo testigo que hubiera reconocido, aunque fuera bastantes meses después, como en el caso de Zougam, a ni uno solo de los miembros de la célula islamista que saltaron por los aires en el piso de Leganés. Si la Justicia acaba por condenar a las dos rumanas por falso testimonio, otro de los pilares de la sentencia se vendría abajo. Sería demasiado.

Tirando del hilo telefónico

Ya expusimos el razonamiento de la sentencia acerca del origen de los explosivos. El teléfono de la mochila de Vallecas condujo hasta Jamal Zougam, aunque en el momento de su detención tan solo se conocía que en su locutorio se habían vendido la tarjeta prepago inserta en aquel. Puesto que no había ningún motivo en aquellos momentos para dudar de que se tratara de una bomba que no había hecho explosión pese a haber sido colocada por los terroristas en el tren siniestrado en la estación de El Pozo, el análisis de los explosivos que se hallaban en su interior demostró que eran cartuchos de Goma 2 ECO, de fabricación nacional. Además, el culote o restos del cartucho de dinamita de la furgoneta Kangoo, tenía adheridas las etiquetas del fabricante, Unión Española de Explosivos (que más tarde adoptaría la denominación de MAXAM). El jefe de los Tedax entró en contacto con la empresa y así se pudo averiguar que la dinamita procedía de Mina Conchita, situada en el concejo asturiano de Belmonte de Miranda, a 56 kilómetros de Oviedo, al igual que los detonadores que habían sido adquiridos a un distribuidor asturiano por la empresa Caolines de Merilles, titular de varias explotaciones mineras, entre ellas Mina Conchita.

Este descubrimiento produjo una gran inquietud en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, así como en la policía y en la Guardia Civil de Asturias. El motivo era que en el año 2003 un confidente de la UCO, Rafá Zouhier, súbdito marroquí residente en Madrid, pero que había sido captado en 2002 para colaborar con dicha unidad de la Benemérita en la prisión de Villabona, había informado a sus controladores que Antonio Toro y su cuñado Emilio Sánchez Trashorras, cuya actividad principal era el narcotráfico, tenían en su poder grandes cantidades de dinamita robada que se proponían vender en el mercado clandestino de explosivos así como a la banda terrorista ETA. El confidente llegó a proporcionar a sus controladores una muestra de la dinamita en poder de los asturianos, pero la investigación realizada no había dado resultado porque, según informaron los controladores de Zouhier, se encontraba en mal estado por lo que los agentes de la UCO procedieron a su destrucción.

Pero los encargados de la investigación desconocían lo anterior. Cuando Sánchez Manzano remitió una nota informativa a la Comisaría General de Información con el resultado de sus pesquisas sobre los explosivos y los detonadores, el comisario general, en aquellos momentos Jesús de la Moneda, ordenó que el inspector de policía Antonio Jesús Parrilla, de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), especializada en el terrorismo islamista, y Miguel Ángel Gamonal, comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), encargada de combatir a ETA, se trasladaran a Asturias para contactar con los responsables de la empresa explotadora de Mina Conchita. Así lo hicieron y el 16 de marzo ya estaban en el Principado, donde lo primero que hicieron fue trasladarse desde Oviedo al concejo de Belmonte para entrevistarse con los responsables de la mina.

Mientras tanto, en la Comisaría General de Información continuaban tras las pistas que arrojaba el teléfono de mochilas. Les llama la atención que desde unas tarjetas prepago adquiridas en el locutorio de Jamal Zougam se había contactado en numerosas ocasiones con teléfonos que operaban en la zona de Avilés. Desde Madrid informaron al inspector Parrilla que la persona titular de uno de ellos era una tal Carmen Toro. Asimismo se verificó que dos antiguos trabajadores de Mina Conchita residían en Avilés. En cuanto a los explosivos los encargados de la mina presumieron de llevar un control exhaustivo y manifestaron que no habían detectado ninguna sustracción de explosivos. Los enviados de la Comisaría General de Información decidieron entonces trasladarse a dicha localidad asturiana.

Al día siguiente, 17 de marzo, acudieron a la comisaría de Policía de Avilés. Allí les recibió el inspector jefe de la sección de Estupefacientes, Manuel García, al que sus compañeros llaman Manolón. Este les confirmó que de los dos antiguos trabajadores de Mina Conchita, uno de ellos, Emilio Suárez Trashorras, era confidente suyo en asuntos relacionados con el tráfico de hachís. Les dijo asimismo que, poco después de producido el atentado, su confidente le había expresado su convicción de que los autores de los atentados habían sido unos «moritos» que traficaban hachís con él y cuya existencia corroboraba el inspector. Pero como Emilio era un fantasioso, él no le había hecho caso. A petición de sus interlocutores, Manolón llamó a Suárez Trashorras y le pidió que acudiera a la comisaría. El confidente llegó en torno a las 12.00 horas acompañado de su mujer. La primera sorpresa de los investigadores madrileños se produjo al comprobar que se trataba de Carmen Toro, la esposa de Suárez Trashorras, la titular del móvil receptor de llamadas producidas mediante la tarjeta prepago del locutorio de Zougam.

Pero la conversación —que no interrogatorio policial, pues el asturiano no había sido detenido todavía— ofrecería otras informaciones de extraordinario interés. Al preguntársele por qué sospechaba de los «moritos», contestó que porque el cabecilla de todos ellos, al que él llamaba Mowgli [que no era otro que Jamal Ahmidan, alias el Chino], había mantenido una discusión con Carmen en Madrid, cuando le visitaron el 26 de febrero en Morata de Tajuña al regreso de Canarias, donde habían pasado su luna de miel, pues habían contraído matrimonio el 14 de febrero. La discusión, en tono airado, se había producido porque Mowgli había defendido el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, lo que reveló su adhesión al radicalismo islamista. Además, Mowgli había hablado por teléfono poco antes del 11-M para decirle, en tono misterioso, que «si no nos vemos en la tierra, nos veremos en el cielo». A la pregunta sobre cómo había conocido a Mowgli, Suárez Trashorras contestó que porque se lo había presentado Rafá, «otro moro», que había coincidido en la prisión de Villabona con su cuñado Antonio Toro.

Durante la conversación de esa mañana, Parrilla recibió de Madrid otra impactante información. Resultaba que el titular del teléfono que operaba con la tarjeta prepago vendida en el locutorio de Zougam estaba en Asturias y había realizado y recibido numerosas llamadas durante la tarde y la noche del día 28 al 29 de febrero. Llamadas que tenían como destinatario o procedían del teléfono de Carmen Toro. Por otra parte, la compañía Amena había registrado hasta 18 llamadas producidas en el mismo periodo entre dicho teléfono y el de Emilio Suárez Trashorras.

A partir de ahí, las cosas se precipitaron. Abrumada por las preguntas del inspector Gamonal, Carmen pidió a Emilio que contara todo, pero que a ella la dejara al margen. Y así lo hizo su esposo, aunque ocultó muchas cosas que más tarde confesaría. Dijo que meses atrás había mostrado a Mowgli dónde se encontraba Mina Conchita. Identificó el lugar exacto donde estaba la finca del marroquí en Morata de Tajuña. Informó de cómo a Rafá y Mowgli les había estallado tiempo atrás un detonador, que probablemente procedía de Mina Conchita. Habló de las dos reuniones que había mantenido con los «moritos» en un McDonald’s de Madrid. Y confirmó que Mowgli había estado en Asturias los días 28 y 29 de febrero. Fue entonces cuando el comisario general de información, De la Morena, informado por Parrilla y Gamonal del relato de Suárez Trashorras, ordenó su detención e inmediato traslado a Madrid.

A su regreso a la capital, el inspector Parrilla elaboró un detallado informe con destino a la UCIE sobre el resultado de su fructífero viaje a Asturias. El informe contenía un punto que no podemos pasar por alto. Suárez Trashorras había manifestado que a primeros de marzo, poco antes del atentado, el Chino estaba en Ibiza, desde donde le llamó por teléfono. En el curso de la conversación, el marroquí le comentó que traficaba con hachís también en el País Vasco y que tenía varios amigos pertenecientes a ETA, entre ellos Gorka Vidal e Irkus Badillo. Ambos acababan de ser detenidos el 29 de febrero con una furgoneta cargada de explosivos en Cañaveras (Cuenca). Emilio le preguntó si eran los que habían salido en la tele, a lo que el Chino asintió.13

Pues bien, en el juicio oral Suárez Trashorras no negó lo dicho en la comisaría de Avilés, pero manifestó que no volvió a hablar de ello en sus declaraciones posteriores porque tal vez habría sido «un malentendido», ya que los policías presentes «le explicaron que ETA no se relacionaba con traficantes y que ETA hasta había atentado incluso en épocas anteriores contra traficantes, y que era imposible esa relación». Sin embargo, en unas declaraciones realizadas al diario El Mundo el 5 de septiembre de 2006, Suárez Trashorras confirmó, sin ninguna vacilación, su declaración inicial. Por su parte, los terroristas de Cañaveras afirmaron en el juicio ante la Audiencia Nacional, celebrado en abril de 2007, que no tenían ninguna relación ni con el 11-M ni con los islamistas. Declaración de dudosa credibilidad, pues si lo hubieran admitido se habrían enfrentado a un nuevo proceso.

Pero lo más destacable de este episodio lo constituye el hecho de que el informe del inspector Parrilla, redactado a su regreso de Asturias y que entregó a la UCIE, no fue remitido al juez Del Olmo. En su lugar, se le envió un informe, sin firma, sobre la declaración de Avilés. En él no se hacía ninguna referencia a los etarras de Cañaveras. Parrilla negó haber sido el autor de semejante informe.

El episodio Manzano

Relacionado con Suárez Trashorras hubo otro episodio reseñable. Tras su detención, la policía registró su domicilio y encontró una agenda telefónica. En ella aparecía un nombre, Manzano, debajo de un número de teléfono fijo perteneciente a Madrid. En el juzgado de instrucción se pensó que podía referirse a Sánchez Manzano, el jefe de los Tedax. Este negó al juez que dicho número fuera suyo. Entonces Del Olmo, en presencia de Sánchez Manzano, marcó el número misterioso. Al otro lado del hilo telefónico se escuchó la voz de un agente de la UCIE (contraterrorismo islamista). El desconocido explicó a Del Olmo que Manzano era el alias que él utilizaba cuando se relacionaba con sus confidentes. El juez se dio por satisfecho con esta explicación. Mucho más tarde sabríamos que el teléfono anotado en la agenda de Carmen Toro era el del inspector Parrilla, que se lo había dado en Asturias, según manifiesta en su último libro el propio Sánchez Manzano.

En su relato de hechos en primera persona, Sánchez Manzano se refiere a su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso, en la que me correspondió interrogarle.

Fue en el curso de mi interrogatorio cuando el jefe de los Tedax afirmó que la nitroglicerina era la componente de todas las dinamitas, sin tener en cuenta que la Goma 2 ECO no contiene tal sustancia, respuesta que como ya he expuesto anteriormente le trajo muchos quebraderos de cabeza.

Sánchez Manzano dice en su libro que desde primeras horas de la mañana del 11-M ya habían descartado que ETA fuera la autora del atentado, porque la Titadyn, según sus distintas versiones, tiene color rojizo o anaranjado y los cartuchos que los Tedax habían visto en las mochilas que desactivaron en la estación de Atocha y en la de El Pozo eran de color marfil. Sin embargo, en la comparecencia ante la comisión declaró que no supieron que el explosivo utilizado era Goma 2 (todavía no se había concretado que se trataba de Goma 2 ECO) hasta que analizaron el contenido de la decimotercera mochila, aparecida en la comisaría de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo. Más aún, reconoció que este descubrimiento les había inducido a descartar la autoría de ETA, porque ni por las mochilas explosionadas por los Tedax ni en los focos de la explosión de los trenes se pudo determinar el tipo de explosivo, pues una vez producida la deflagración no hay manera de saberlo. No pudo ser más contundente:

—Después de la explosión es imposible poder saber ni siquiera qué tipo de explosivo es.

No contento con esto, a mi pregunta acerca de si el hecho de que la dinamita no fuera Titadyn, algo que no se sabía en el inicio de las investigaciones, podía excluir a priori la autoría de ETA, respondió:

—Policialmente no podemos excluir ninguna hipótesis. Tenemos que tener abierta la mente a cualquier premisa para formular cualquier hipótesis que se vaya dando.

Volví a insistir sobre esta cuestión:

—Le voy a hacer otra pregunta que se me ocurre sobre la marcha. Aunque ustedes hubieran sabido desde el primer momento que era Goma 2, ¿eso les conducía al terrorismo islámico? Es que da la impresión de que si era Titadyn, era ETA, y si era Goma 2, eran los terroristas árabes. ¿Eso se puede afirmar? ¿Se puede decir que porque no fuera Titadyn y fuera Goma 2 esto nos conducía necesariamente al terrorismo islámico?

Esta fue su respuesta:

—Ya le he dicho antes que, como investigador, hay que tener la mente abierta a todas las hipótesis hasta que no se contrastan los datos, y con mayor motivo en mi unidad, porque solamente manejamos datos contrastados. No podemos trabajar algo que no sea cierto, sino sobre hechos que se vayan asentando. —Y apostilló—: Ya le he dicho que es imposible del resto de una explosión obtener qué clase comercial de dinamita se ha utilizado. Solamente se puede conocer que es dinamita.

Mis preguntas eran pertinentes, porque la acusación al ministro Acebes de haber mentido al anunciar que se había abierto la investigación de la vía islamista sin descartar la de ETA, cuando ya sabía que el explosivo utilizado no era Titadyn, carece de fundamento.

En el turno de repreguntas volví sobre esta cuestión fundamental. A lo largo de su comparecencia había quedado meridianamente claro que la conclusión de que el explosivo utilizado por los terroristas había sido Goma 2 era fruto de una deducción lógica: porque era este tipo de dinamita el que se hallaba en el interior de la mochila de Vallecas. Por este motivo, quise saber cuándo habían determinado que era Goma 2 tras la realización del análisis de las muestras obtenidas en el lugar de los atentados.

Su respuesta no pudo ser más contundente:

—Eso nunca lo hemos determinado.

Perplejo ante tan sorprendente respuesta insistí. Este fue el diálogo que mantuvimos:

—Es decir, que si no llega a ser por esa decimotercera mochila, lo único que sabemos es que es dinamita, pero no sabemos el tipo de dinamita.

—No sabemos el tipo de dinamita. [Se refiere al análisis realizado en el laboratorio de los Tedax que a las 14.00 horas del día 11 de marzo informó que el explosivo era «dinamita», pero sin especificar de qué marca se trataba]. Lo hubiéramos sabido con los restos del cartucho que se encuentran en la furgoneta.

—Ah, después.

—Pero en la furgoneta.

—En la furgoneta. Tampoco en el lugar de los atentados.

—Tampoco en el lugar de los atentados.

—Es decir, que en este momento [7 de julio de 2004] tampoco se puede afirmar ni negar que lo utilizado en las mochilas que explotan es Goma 2.

—No.

Hay algo que conviene tener muy presente. Nadie sabe con certeza qué estalló en los trenes. La sentencia utiliza el método deductivo. Si en la mochila de Vallecas había Goma 2 ECO; si en la furgoneta Kangoo se encontraron restos de un cartucho de dinamita Goma 2 ECO; si en el piso de Leganés, que saltó por los aires el 3 de abril, se encontraron entre los escombros cartuchos de dinamita Goma 2 ECO, la conclusión es que este fue el explosivo que los terroristas hicieron estallar en los trenes. Pero no hay una sola prueba de laboratorio realizada sobre las raquíticas muestras analizadas de los restos recogidos en los focos de las explosiones de los trenes que acredite que fue Goma 2 ECO. Digo raquíticas muestras porque los trenes siniestrados se destruyeron a las cuarenta y ocho horas del atentado y la contaminación de las escasísimas muestras que se conservaban en el laboratorio de los Tedax impidieron llegar a una conclusión unánime e indiscutible. De modo que al día de hoy no se puede asegurar que el explosivo de la masacre de Madrid fuera Goma 2 ECO. Más aún, lo más probable es que no lo fuera.

Pues bien, como ya he dicho al comienzo de este epígrafe, la víspera de la comparecencia de Sánchez Manzano ante la Comisión de Investigación, el periodista del diario El Mundo, Manuel Cerdán había publicado un artículo en el que decía: «Sánchez Manzano tendrá también que aclarar por qué Carmen Toro, esposa de Suárez Trashorras —el exminero asturiano acusado de haber robado y vendido los explosivos utilizados en el 11-M— tenía en su poder una nota con un número telefónico de las dependencias policiales de Canillas con la leyenda Manzano. Ese dato hizo pensar al juez Juan del Olmo que el número pertenecía al propio jefe de los Tedax, aunque este lo negó». Este artículo era continuación de otra información publicada días atrás con el siguiente titular: «Carmen Toro tenía un teléfono con un nombre igual al del jefe de los Tedax». Por este motivo, al final de mi primer turno de preguntas, no pude menos que preguntarle:

—¿Cree usted que con esta información alguien ha querido dañar su reputación? ¿Sabe qué es lo que hay en este asunto, sin duda enojoso para usted?

—Todos ustedes —respondió Sánchez Manzano— han leído el artículo y se habrán dado cuenta de que en el contenido del mismo viene la verdad de lo que ha pasado. Se cuenta cómo han sucedido las cosas y, sin embargo, en el titular se da de una manera distinta. Se hace una rectificación al día siguiente y a pesar de ello ayer vuelve a salir. Comprenda usted que hable en este tono porque estoy un tanto indignado, porque los autores o las personas que han publicado eso no se dan cuenta del daño que hacen a mi persona, a mi familia y al entorno que me rodea, aunque eso no es lo más preocupante porque al fin y al cabo yo paso por una institución, soy Sánchez Manzano y me voy, pero queda la institución, y con ese artículo lo único que se está sembrando es la desconfianza de los ciudadanos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Luego, después de aclarar que no era un teléfono móvil sino uno fijo, relató cómo habían ocurrido los hechos:

—El juez [Del Olmo] me dijo: mire, viene aquí un teléfono y debajo la palabra Manzano. Me lo muestra y le dije que ese no era mi número de teléfono, que sí era de Canillas, pero que no era mi número de teléfono. El juez lo que hizo fue llamar delante de mí a ese número de teléfono y alguien se puso al otro lado, y a mí me confirmó que era un apodo que se utilizaba desde hace años por un miembro de la Unidad Central de Información Exterior. [Más tarde se sabría que el número de teléfono correspondía al de la mesa de trabajo del inspector Jesús Parrilla]. Además, el juez anotó en un post-it amarillo las iniciales de la Unidad Central de Información Exterior. Yo me marché de allí tranquilo. Si alguien consultaba ya podía ver al lado las iniciales de la Unidad Central de Información Exterior. Me fui tranquilo. Estando fuera de España recibo la llamada a las 07.00 horas de que empiezan los debates en algunas cadenas de radio y que en El Mundo había salido publicado. Esta fue la sorpresa que me llevé estando ya fuera de España.

Cuando terminó me congratulé de que con mi pregunta hubiera tenido «la oportunidad de deshacer estos equívocos tan desgraciados y que sin duda tanto daño le han ocasionado».

En esta recapitulación de lo que sabemos del 11-M no tenía la menor intención de recordar el episodio Manzano, que no tuvo ninguna importancia en el conjunto del trabajo de la Comisión de Investigación. Si lo hago es porque no puedo pasar por alto la referencia que de él hace el propio Sánchez Manzano en su reciente libro. «Por su formulación y el tono que utilizó —comenta—, tuve claro que [la pregunta] pretendía desestabilizarme anímicamente para que perdieran coherencia mis declaraciones». Califica mi actuación de «taimada», cualidad que es propia de bellacos o de astutos. Afirma que no me habían satisfecho sus respuestas sobre el explosivo utilizado y que, cuando le formulé la pregunta sobre el teléfono Manzano, estaba visiblemente contrariado porque había declarado que los Tedax nunca habían informado que el explosivo utilizado fuera Titadyn. Apreciación manifiestamente incierta, porque en modo alguno estaba enojado por sus respuestas ni le habíamos imputado que fuera él quien en torno al mediodía hubiera informado al director operativo de la Policía, Díaz Pintado, que el explosivo era Titadyn con cordón detonante. Y sabíamos también que al juez Garzón, sobre las 12.30 horas del día 11 de marzo, en la propia estación de Atocha, un Tedax le comentó que había sido Titadyn. Fracasaron todos los intentos de que Garzón revelara quién había sido el misterioso Tedax.

Comprendo que Sánchez Manzano viva afectado por el calvario que ha debido padecer por las informaciones, demandas y querellas en las que se cuestiona su profesionalidad como jefe del Tedax en relación con el 11-M. Pero se equivoca de cabo a rabo en sus apreciaciones sobre mí y mis intenciones. Precisamente me había quedado muy satisfecho con sus respuestas al declarar que no era cierto que se hubiera descartado la posibilidad de que el explosivo fuera Titadyn, al menos hasta que en la madrugada del día 12 apareciera la mochila de Vallecas, así como con el reconocimiento de que del análisis llevado a cabo de las muestras obtenidas en los focos de la explosión de los trenes en la mañana del día 11 solo se concluyó que era «dinamita», y esto porque había aparecido nitroglicerina, que es la componente de todas las dinamitas, algo que después reconocería que había sido un error.

Si formulé la pregunta sobre el episodio Manzano fue porque conocíamos que varios de los detenidos acusados de participar directa o indirectamente en la masacre eran confidentes policiales y no cabía descartar que también Carmen Toro lo fuera. Reconozco que no tuve reflejos para, a la vista de su respuesta, pedirle que nos informara de por qué la esposa del acusado de proporcionar los explosivos a los terroristas tenía en su poder el número de teléfono de un miembro de la UCIE, la unidad encargada de combatir al terrorismo islámico.14 Pero, que quede claro, y hay grabaciones que lo pueden acreditar, que mi pregunta se realizó en tono pausado mientras que fue él quien utilizó un tono airado, según reconoce en su propia intervención.

Por supuesto, nada dice de que al comienzo de mi intervención, antes de proceder a mi interrogatorio, le di la bienvenida con estas palabras:

En primer lugar, y en nombre de nuestro grupo, le felicitamos muy sinceramente por el esfuerzo que usted realizó, en unión con todo el Cuerpo General de Policía, para desentrañar los trágicos atentados del 11 de marzo. Yo vivo en una zona muy afectada desgraciadamente por el terrorismo, y la labor de ustedes me parece admirable, porque además en esa lucha contra el terrorismo han tenido numerosas bajas como consecuencia del valor que demuestran cada vez que se acercan a un artefacto explosivo con ánimo de desactivarlo. Algunas veces, desgraciadamente, no lo han conseguido y ha pagado con su vida un servidor del orden público. Por eso le expreso mi más sincera admiración.

Esta fue mi pérfida manera de desestabilizar anímicamente al señor Sánchez Manzano. Su juicio sobre mis intenciones no puede ser más desafortunado. Lo malo es que lo publicado ahí queda para los restos.15

Detención de Zouhier

La detención de Suárez Trashorras, confidente de la policía, llevó inevitablemente a la de Rafá Zouhier, confidente de la Guardia Civil. El marroquí se enorgullecía de colaborar con «la élite de España», que para él era la Unidad Central Operativa (UCO) del benemérito cuerpo.

Un confidente no deja de ser un chivato. Es alguien que por dinero o por algún otro interés económico delata a aquellos con quienes convive o trata en el mundo de la delincuencia. Decir de alguien que es un chivato es peyorativo. La mayoría de la gente considera que ser confidente es una actividad muy poco honorable. Pero, nos guste o no, los confidentes son fundamentales para la seguridad de los comunes mortales. Si no fuera por ellos muchos éxitos policiales habrían sido rotundos fracasos.

En el 11-M hubo confidentes que facilitaron a sus controladores —que así se llama a los agentes que tratan con ellos— elementos suficientes para actuar contra Suárez Trashorras e incluso contra la banda de el Chino, no solo después, sino sobre todo antes de cometerse el atentado. El éxito habría sido que sus informaciones hubieran permitido evitar la gran matanza. Zouhier proporcionó datos precisos acerca de la actividad delictiva tanto de drogas como de explosivos robados. Otros también lo hicieron. El 11-M se fraguó y ejecutó —y lamento decirlo tan gráficamente— en las narices de ciertos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Al menos, tras la comisión del atentado las confidencias de Zouhier sirvieron para identificar a el Chino como uno de los cabecillas de la célula islamista. Pero a pesar de los datos aportados tampoco hubo suerte porque la policía no consiguió detener a los integrantes del comando islamista que acabaron volando por los aires en el piso de Leganés y que después de la masacre continuaron moviéndose por Madrid. Es verdad que a toro pasado las cosas se suelen ver de otra manera, pero no se entiende cómo Jamal Ahmidan, el Chino, que estuvo en todo momento bajo control policial, no solo no fue detenido, sino que, junto al resto de la banda islamista, tuvo tiempo de preparar el atentado contra el AVE Madrid-Toledo antes de reunirse con los demás miembros de la célula terrorista en el piso de Leganés, donde decidió —o decidieron por él— convertirse o convertirle en mártir del islam.

La detención de Suárez Trashorras y de Zouhier permitió a los investigadores continuar su trabajo con nuevos bríos. Todo aquel que formara parte del círculo social en el que se desenvolvían los islamistas pasó a engrosar en principio la lista de sospechosos. Gran número de musulmanes fueron detenidos y puestos a disposición del juez Del Olmo. En Asturias ocurrió lo mismo con los trabajadores de Mina Conchita. La mayoría quedaría en libertad y nunca fueron imputados por no acreditarse la participación directa ni indirecta en el atentado. Al final, serían juzgados veinte musulmanes de nacionalidad extranjera y nueve asturianos.

La autoría intelectual

La expresión «autor intelectual» hizo fortuna por aquel entonces. La sociedad quería saber quiénes habían sido los miembros del comando que perpetró el atentado. Pero además la gente se preguntaba quién lo había ordenado, planificado y financiado. Para responder a las dudas suscitadas sobre la autoría intelectual, el juez Del Olmo formuló acusación contra un grupo de musulmanes caracterizados por su adhesión ideológica a los planteamientos del islamismo radical. Pero el éxito tampoco coronó la empresa, pues al final no se encontró prueba alguna que vinculara a los presuntos autores intelectuales con la célula inmolada en Leganés.

En la Comisión de Investigación del Congreso se escucharon numerosas versiones sobre la autoría intelectual. En su comparecencia ante los comisionados, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, declaró que se trataba de Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino. Después se acusó a Rabei Osman Al Sayed, alias el Egipcio, a quien se interceptó en Italia una conversación telefónica en la que presumía de ser el organizador del 11-M, labor que le había llevado más de dos años. El CNI se inclinaba por Allekema Lamari. Otros informes señalaban con el dedo acusador a Amer Azizi, un marroquí que podría ser el enlace entre los islamistas del 11-M y Al Qaeda, que estaba en paradero desconocido y al que se vinculaba con los atentados de Casablanca. Mas para un destacado miembro de la UCIE, el autor intelectual sería Abuh Dahdad, juzgado en España por su presunta participación en la organización del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Demasiados ases para una sola baraja.

Si Baltasar Garzón no pudo o no quiso despejar la X de los GAL, al juez Del Olmo le ocurrió lo mismo. Al final decidió sentar en el banquillo, como autor intelectual, a el Egipcio, aunque sin descartar a el Tunecino, que no pudo ser juzgado porque el 3 de abril de 2004 había pasado a mejor vida.

En un informe remitido al juzgado de Del Olmo por la Comisaría General de Información el 3 de julio de 2006, cuando la instrucción estaba a punto de terminar, el comisario general Telesforo Rubio —el mismo que había preparado su comparecencia ante la Comisión del Congreso en la sede socialista de Gobelas— sostiene una nueva teoría que casi concluye que los auténticos autores intelectuales habrían sido Bush, Blair y Aznar, pues la invasión de Irak provocó el ansia de venganza de los islamistas contra sus agresores, de la que germinó por generación espontánea la célula del 11-M:

Dicha autoría intelectual y/o estratégica de carácter global e internacional, surge a lo largo de 2003, y es atribuible a los estrategas que lideran la insurgencia iraquí y a los líderes de Al Qaeda… Dicho liderazgo intelectual se da a conocer a través de diversos comunicados y elaboración de diversos documentos que se hacen públicos por diversos medios, especialmente a través de Internet (en la página web de Global Islamic Media) y cumplen una finalidad de estrategia global.

Considera la Comisaría General de Información que el apoyo de José María Aznar, en 2003, a la guerra contra Irak impulsada por Estados Unidos y el Reino Unido provoca una serie de amenazas contra España por parte del islamismo radical:

Se amenaza a los países que integran la fuerza multinacional desplegada en Irak, entre ellos a España. Ejemplo: los llamamientos a la guerra santa contra los cruzados por parte de los líderes de Al Qaeda, como el de Ayman Al Zawahiri el 21 de mayo de 2003.

Se señala a las tropas españolas desplegadas en Irak y a los intereses españoles fuera de Irak, como objetivos materiales de atentados. El 18 de octubre de 2003, un comunicado de Osama Ben Laden amenaza a España de manera expresa para lograr objetivos estratégicos más lejanos.

Los «objetivos estratégicos» del terrorismo islamista se contienen en un documento de Global Islamic Media [página web consultada por los radicales que cometieron el atentado del 11-M] que planteaba como objetivos estratégicos provocar un cambio de gobierno y conseguir la retirada de las tropas españolas y, como consecuencia del previsible contagio de las fuerzas internacionales, lograr el aislamiento de los estadounidenses en Irak.

Se destaca la reivindicación de «los atentados cometidos contra intereses españoles por organizaciones dependientes de Al Qaeda». El 29 de noviembre de 2003, la muerte de siete miembros del CNI asesinados en una emboscada al sur de Bagdad es reivindicada por el grupo iraquí Ansar Al Sunna, liderado por Abu Musab Al Zarqawi. También se destaca el aliento «a las células regionales y locales a ejecutar los objetivos estratégicos establecidos fuera de Irak en el “mensaje al pueblo español” hecho público en Bagdad el 3 de diciembre de 2003 y difundido a través de la página web de Global Islamic Media».

Como consecuencia de lo anterior, en Madrid surge de forma espontánea una «célula local», que comienza a conformarse a lo largo de 2003:

Haciéndose más evidente su definición a finales de año, coincidiendo con el inicio de la operativa logística de aprovisionamiento de material explosivo, alquiler de inmuebles, etc. Dicha célula local materializa los atentados del 11-M en Madrid para el cumplimiento del fin global establecido y, así lo acreditan las reivindicaciones realizadas tras los atentados, tanto las emitidas por la propia célula local autora de los atentados (la organización Ansar Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al Afgani), como las emitidas por las organizaciones de ámbito internacional (organización terrorista Brigadas de Abu Hafs al Mari que reivindica los atentados en nombre de Al Qaeda).

La Comisaría General de Información fundamenta la conclusión anterior en «evidencias encontradas en los distintos escenarios, especialmente los borradores manuscritos de las reivindicaciones y los registros informáticos intervenidos en el piso de Leganés donde se suicidaron siete terroristas». Tales manuscritos son un «compendio de discurso yihadista [a favor de la guerra santa] en forma escrita, hablada y en imágenes».

Todo este preámbulo sirve para fundamentar la acusación contra el Tunecino como impulsor de los atentados:

Se puede considerar a Sarhane Ben Abdelmajid, el Tunecino, como el impulsor de los atentados, teniendo en cuenta el papel que jugó al interrelacionar los diferentes grupos que participaron en los atentados. Sarhane busca medios y gente para realizar la misión que ya habían tomado: atentar en España como reacción a la posición en el conflicto de Irak y Afganistán. Se une al grupo de Jamal Ahmidan, el Chino, quien acusa un fuerte perfil Takfir [la misma secta de los autores del 11-S], consiguen los explosivos y reúne un grupo operativo con gente de varios de los grupos participantes.

El Tunecino era la persona más cercana a Mustapha Maymouni y quien se hizo cargo de la dirección del grupo organizado por este tras su detención. El Tunecino mantenía vínculos con elementos cercanos a Al Qaeda y realizaba actividades de apoyo a presos vinculados a Al Qaeda.

Esta célula local sería el fruto de la integración de varios grupos de distinta procedencia:

Sujetos con antecedentes por delincuencia común: Jamal Ahmidan, Mohamed y Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa.

Individuos que había conocido el Tunecino mediante acercamiento al grupo de Maymouni (Mohamed Afalah).

Otro grupo relacionado con el entorno de Rabei Osman Al Sayed, el Egipcio. Estos últimos son Basel Ghalyoun, Fouad el Morabit, Mourad Chabarou y Mohamed Larbi.

Personas que mantuvieron contactos con otros importantes elementos de Al Qaeda como Abu Qutada y Amer Azizi y que, por tanto, podrían jugar también un importante papel de enlace con Al Qaeda. Allekema Lamari, Jamal Zougam y Said Berraj, muy unido a Amer Azizi y que también podría ser un enlace directo con Al Qaeda, al quedar constatado en el sumario 35/01 su desplazamiento a los campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán.

Telesforo Rubio rechaza rotundamente que ETA hubiera tenido la menor participación en el atentado del 11-M. Solo apunto, sin ninguna intención, que en ese momento ETA y el gobierno estaban en plena negociación. Argumenta que en la furgoneta Kangoo descubierta en la estación de Alcalá de Henares los terroristas no habían manipulado la matrícula, siendo así que ETA suele utilizar vehículos sustraídos, cambiando las placas por otras falsas o dobladas. La dinamita utilizada es de origen español —Goma 2 ECO—, mientras que ETA venía utilizando Titadyn robada en almacenes franceses, en ocasiones mezclada con otros explosivos como la cloratita o amonal, para potenciar su poder devastador. Por último, los etarras nunca han colaborado en sus atentados con grupos delincuenciales ni han utilizado canales de abastecimiento procedentes de la delincuencia común.

El informe ocultaba que los islamistas, en sus comunicados, no hacían referencia únicamente a la participación de España en Irak, sino también a nuestra presencia militar en Afganistán. En la cinta de la mezquita de Madrid, el islamista encapuchado anunciaba que se proponían cometer nuevos atentados y expresaba su repulsa a las palabras del futuro presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por haber anunciado que su gobierno retiraría las tropas españolas de Irak, por ser una guerra ilegal, mientras se comprometía a reforzar nuestra presencia en Afganistán.

Pues bien, la sentencia de la Audiencia Nacional absuelve al único acusado de ser el autor intelectual del atentado. Rabei Osman Al Sayed Ahmed, alias Mohamed el Egipcio. Había sido oficial del ejército de su país y se le consideraba experto en explosivos. Fue detenido en Italia el 7 de junio de 2004, y entregado a las autoridades españolas, a causa de una conversación grabada por la policía de Milán, mantenida con un amigo suyo, Yahía Mouad Mohamed Rajah el 26 de mayo de 2004, y en la que se refirió al suicidio de la célula islamista en Leganés. En ella se atribuyó el «mérito» de ser el ideólogo del atentado del 11-M:

—Los que han muerto como mártires en Madrid eran mis queridísimos hermanos, ese era mi proyecto, un proyecto que me costó mucha paciencia y mucho estudio. Me llevó dos años y medio.

—¿Todos eran mártires? —le pregunta su interlocutor.

—Cinco han muerto mártires y a ocho les han detenido, son los mejores amigos, son amigos de corazón, fieles. Ya el día 4 comencé a proyectar a alto nivel, pretendí que fuera una cosa inolvidable, que me incluyera incluso a mí… pero me han parado y nosotros obedecemos a la voluntad de Dios... Pretendía una gran carga, pero no encontré el medio. Este proyecto me costó mucho estudio y mucha paciencia, he necesitado dos años y medio. [Resulta sorprendente esta afirmación, pues la guerra de Irak se inicia el 20 de marzo de 2003]. El hilo de Madrid soy yo y aunque en el momento de los hechos no estaba allí, te digo la verdad. Antes de la operación, el día 4 tuve un contacto con ellos. No se te ocurra decir nada, yo me muevo en solitario, ellos trabajan en grupo.

El propio ministro del Interior italiano, Giuseppe Pisanu, confirmó, en referencia a Mohamed el Egipcio, que «uno de los detenidos en Italia, personaje de notable espesor ideológico y operativo y uno de los principales artífices de la matanza de Madrid, estaba preparando otros atentados».

La detención de Mohamed el Egipcio, que según los investigadores había resuelto de modo irrefutable la existencia del autor intelectual del atentado de Madrid, acabó en un fiasco. La Fiscalía sostuvo en el juicio que el procesado había realizado diversos viajes a España para coordinar el atentado. Sin embargo, el tribunal lo absolvió:

La investigación de las autoridades italianas ha sido encomiable y han permitido probar sin duda alguna la pertenencia del procesado a las células terroristas de tipo yihadista, en las que realizaba, entre otras, una fuerte labor de proselitismo y captación. Sin embargo, respecto a los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, no aportan, con la certeza exigida por el Derecho Penal, prueba de la intervención como autor o partícipe del acusado. Los escasos datos que hay son ambiguos y equívocos y, a lo sumo, acreditan que tenía información general sobre la posible producción de los atentados, no que los ordenara, coordinara o dirigiera, por lo que procede la absolución de Rabei Osman Al Sayed AHMED por los delitos de homicidio terrorista, estragos y conexos.

En suma, nos quedamos sin autor intelectual.

El fallo de la Audiencia Nacional

Cuando el juez Del Olmo puso punto final al sumario, formuló su acusación contra los 29 procesados, dictando el auto de apertura de juicio oral, la sociedad española podía entender que desde el punto de vista penal el 11-M era prácticamente un caso cerrado. Solo quedaba que el tribunal depurara las responsabilidades individuales de quienes se sentaron en el banquillo de los acusados ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez Bermúdez.

Transcribimos íntegramente el fallo de la sentencia dictada el 31 de octubre del 2007 por la Audiencia Nacional:

DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS A:

1. Emilio SUÁREZ TRASHORRAS como responsable en concepto de cooperador necesario de ciento noventa y dos delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto, mil novecientos noventa y un delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, cinco delitos de estragos terroristas y como autor de un delito de falsificación de placas de matrícula de vehículo automóvil, con la atenuante de anomalía psíquica, a las penas de VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN por cada delito de homicidio terrorista consumado, QUINCE AÑOS DE PRISIÓN por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa y DIEZ AÑOS DE PRISIÓN por cada uno de los cinco delitos de estragos terroristas, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en seis años al de duración de las penas privativas de libertad y la prohibición del derecho de acudir al lugar de residencia de las víctimas y de comisión del delito por tiempo de diez años, y SEIS MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE SEIS MESES, con una cuota diaria de 50 €, por la falsificación de placas de matrícula, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo, absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado. (En total, 34.715 años de prisión).
2. Jamal ZOUGAM como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, ciento noventa y un delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto, mil ochocientos cincuenta y seis delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos terroristas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de DOCE AÑOS DE PRISIÓN por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años, TREINTA AÑOS DE PRISIÓN por cada delito de homicidio terrorista consumado, VEINTE AÑOS DE PRISIÓN por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa y QUINCE AÑOS DE PRISIÓN por cada uno de los cuatro delitos de estragos terroristas e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en 10 años al de duración de las penas privativas de libertad y la prohibición del derecho de acudir al lugar de residencia de las víctimas y de comisión del delito por tiempo de diez años; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado. (En total, 42.917 años de prisión).
3. Otman EL GNAOUI como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, ciento noventa y un delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto, mil ochocientos cincuenta y seis delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos terroristas y como cooperador necesario de un delito de falsedad en documento oficial con fines terroristas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de DOCE AÑOS DE PRISIÓN por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años, TREINTA AÑOS DE PRISIÓN por cada delito de homicidio terrorista consumado, VEINTE AÑOS DE PRISIÓN por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa, QUINCE AÑOS DE PRISIÓN por cada uno de los cuatro delitos de estragos terroristas, y DOS AÑOS de prisión y multa de diez meses, con una cuota diaria de 10 euros por la falsedad, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en diez años al de duración de la pena privativa de libertad y la prohibición del derecho de acudir al lugar de residencia de las víctimas y de comisión del delito por tiempo de diez años; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado. (En total, 42.924 años de prisión).
4. Hassan EL HASKI como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, cualificado por su condición de dirigente, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de QUINCE AÑOS de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de quince años; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.
5. Basel GHALYOUN, Fouad EL MORABIT ANGHAR, Mohannad ALMALLAH DABAS, Saed El HARRAK, Mohamed BOUHARRAT, Youssef BELHAJD y Mohamed LARBI BEN SELLAM como responsables en concepto de autores cada uno de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de DOCE AÑOS de prisión para cada uno de ellos, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años; absolviéndoles de los demás delitos de que venían acusados.
6. Rachid AGLIF y a Abdelmajid BOUCHAR como responsables en concepto de autores cada uno de un delito de integración en banda armada, organización o grupo terrorista y otro de tenencia o depósito de sustancias explosivas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas, para cada uno de ellos, de DOCE AÑOS DE PRISIÓN por la pertenencia e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años y SEIS AÑOS de prisión por el segundo e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en diez años al de duración de la pena privativa de libertad; absolviéndoles de los demás delitos de que venían acusados.
7. Hamed AHMIDAD como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, y otro contra la salud pública por tenencia preordenada al tráfico, en cantidad de notoria importancia, de sustancias que causan grave daño, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de DOCE AÑOS de prisión por el primero e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años, y ONCE AÑOS de prisión y cuatro millones de euros de multa, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, por el segundo; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.
8. Rafá ZOUHIER como responsable en concepto de autor de un delito de tráfico o suministro de explosivos en colaboración con organización terrorista sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de DIEZ AÑOS de prisión e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en diez años al de duración de la pena privativa de libertad; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.
9. Abdelilah EL FADOUAL EL AKIL como responsable en concepto de autor de un delito de colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de NUEVE AÑOS de prisión y multa de dieciocho meses, con una cuota diaria de 10 euros, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en diez años al de duración de la pena privativa de libertad; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.
10. Nasreddine BOUSBAA y a Mahmoud SLEIMAN AOUN como responsables en concepto de autor de sendos delitos continuados de falsificación de documentos oficiales, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de TRES AÑOS de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de 10 euros, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; absolviéndoles de los demás delitos de que venían acusados.
11. Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ como responsable en concepto de autor de un delito de suministro de explosivos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de CINCO AÑOS de prisión, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.
12. Antonio Iván REIS PALICIO y Sergio ÁLVAREZ SÁNCHEZ como responsables en concepto de autores de sendos delitos de transporte de explosivos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de TRES AÑOS de prisión, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; absolviéndoles de los demás delitos de que venía acusados.
13. DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Antonio TORO CASTRO, Carmen TORO CASTRO, Emilio LLANO ÁLVAREZ, Mohamed y Brahim MOUSSATEN, Rabei Osman EL SAYED AHMED, Javier GONZÁLEZ DÍAZ, Iván GRANADOS PEÑA, de todos los delitos de que venían acusados.
14. Los condenados SUÁREZ TRASHORRAS, Otman EL GNAOUI y Jamal ZOUGAM indemnizarán conjunta y solidariamente a las víctimas de sus delitos conforme a las bases y cantidades fijadas en el fundamento jurídico sexto. El condenado SUÁREZ TRASHORRAS, por sí solo, indemnizará a las víctimas de los hechos acaecidos en Leganés el 3 de abril de 2004 en los términos expuestos en el mismo fundamento.

El Tribunal Supremo

La Fiscalía, las acusaciones particulares y los condenados interpusieron ante el Tribunal Supremo los correspondientes recursos de casación. Como es sabido, el Supremo no es un tribunal de apelación, donde se revisa todo el proceso. En casación se parte de los hechos fijados en la sentencia y no se pueden presentar nuevas pruebas. El Supremo verifica si se han cumplido las normas esenciales del proceso y si, al valorar los hechos, el tribunal de instancia ha aplicado correctamente las normas jurídicas y la jurisprudencia. Así que no era de esperar del Supremo grandes novedades.

Y así fue. Ninguno de los fundamentos de la sentencia se vino abajo. Solamente se revisaron algunas condenas y absoluciones. Empezando por estas últimas, la sorpresa fue la condena a Antonio Toro a cuatro años de cárcel por tráfico de explosivos.

Transcribimos el fallo:

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS:

Al acusado HASSAN EL HASKI como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente a la pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 15 años.

Al acusado MOHAMED LARBI BEN SELLAM, como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de integrante, a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años.

A los acusados NASREDDINE BOUSBAA y MAHMOUD SLEIMAN AOUN como autores de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de 2 años de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros. Con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. Y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Al acusado HAMED AHMIDAD como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista a la pena de 12 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 14 años y como autor de un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud a la pena de un año de prisión, y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, absolviéndole del delito de tráfico de drogas por el que venía condenado.

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al acusado OTMAN EL GNAOUI del delito de falsedad en documento oficial, manteniendo la condena por los demás delitos.

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a los acusados BASEL GHALYOUN y MOHANNAD ALMALLAH DABAS del delito de pertenencia a organización terrorista.

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al acusado ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL del delito de colaboración con organización terrorista.

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al acusado RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ del delito de tráfico de explosivos.

La confirmación de la absolución de el Egipcio por la Audiencia Nacional y la revocación de la condena y consiguiente absolución de Basel Ghalyoun y Mohannad Almallah Dabas del delito de pertenencia a organización terrorista fue un duro golpe para la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la instrucción de Del Olmo, que los habían acusado de ser los instigadores y organizadores del atentado por su pertenencia a células islamistas de Al Qaeda en Europa.

El Tribunal Supremo ratificó que el 11-M no fue obra de la organización de Ben Laden sino de un grupo terrorista diferente e independiente.

Es de destacar también la extrañeza que muestra el Supremo sobre la apresurada destrucción de los trenes, aunque da por válida la prueba practicada para determinar el tipo de explosivos y que condujo a la Audiencia Nacional a sostener que en todos los trenes estalló dinamita Goma 2 ECO, sin perjuicio de que también pudieran haber recurrido a otro tipo de explosivos.

El atentado que pudo evitarse

Entramos en una de las cuestiones más polémicas y espinosas del atentado del 11-M. Analizaremos la actuación de los diversos estamentos estatales encargados de la lucha contra el terrorismo para tratar de determinar si el atentado podría haberse evitado si hubiera habido mayor diligencia y coordinación, o por decirlo con palabras más duras pero tal vez más ajustadas a la realidad, si no hubiera habido negligencia y falta de coordinación.

En el 11-M se da una circunstancia muy peculiar. Además de que no fue un atentado suicida, principal característica de los atentados de signo islamista, hay otra circunstancia muy difícil de entender. Resulta que la mayor parte de las personas a quienes la sentencia atribuye la comisión directa o indirecta de la masacre eran confidentes del CNI, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, o estaban estrechamente vigilados por los cuerpos policiales, en algunos casos bajo la dirección del juez Garzón, que ante la Comisión de Investigación del Congreso se atribuyó un papel estelar en la lucha contra el terrorismo islamista.

Lo que supimos o intuimos sobre esta espinosa cuestión con motivo de la investigación del Congreso se confirmó irrefutablemente en el juicio celebrado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo que ocurre es que el tribunal permaneció impasible ante la presunta prestación de falso testimonio o la comisión de otros delitos por parte de algunos testigos relevantes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. A juicio del abogado José María de Pablo, letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, se cometió gran número de delitos durante la investigación de los atentados y durante el propio juicio:

Informes y documentos que se ocultan a la autoridad judicial o que se manipulan convenientemente antes de enviarlos al sumario, vestigios de los trenes (vagones enteros incluso) que desaparecen y se hurtan a los peritos que deben determinar el tipo de explosivo utilizado, extraños poltergeist que hacen que unas muestras cambien de composición… pero sobre todo, testigos que mienten… y que son pillados mintiendo.

El abogado refiere que en uno de los recesos del juicio, mientras estaba en un corrillo junto a un grupo de víctimas, todos escucharon una pregunta que formuló a Gómez Bermúdez una estudiante que se encontraba en la zona del público y la respuesta del presidente de la Sala:

—Oiga, ¿y no se va a hacer nada con los testigos que han mentido? Porque a veces es un poco escandaloso, la verdad…

El juez le contestó mirando a las víctimas que estaban con De Pablo:

—No te preocupes, ya verás cómo más de uno va a ir caminito de Jerez.

En el trámite de conclusiones definitivas, algunos letrados pidieron que se dedujera testimonio de las declaraciones supuestamente falsas para que pudieran juzgarse por los tribunales competentes. Sin embargo, la sentencia se refirió a tales demandas con estas palabras:

Varias acusaciones y defensas han interesado la deducción de testimonio contra testigos y peritos para ejercer las acciones penales correspondientes por delitos de falso testimonio —artículos 458 y siguientes del Código Penal—. El tribunal facilitará a las partes los testimonios que soliciten para que en su caso ejerzan las acciones que estimen convenientes una vez que la sentencia gane firmeza, pues antes no es posible hacerlo. Ello debido a que hasta que la sentencia es firme no puede sostenerse que la valoración que de la declaración hace el tribunal es la correcta ya que, conforme al artículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que los testigos que hubieren declarado en el sumario comparezcan a declarar también sobre los mismos hechos en la vista oral, solo habrá lugar a proceder contra ellos como presuntos autores de falso testimonio, cuando este sea el prestado en dicho juicio y no en fase de instrucción.

En suma, Javier Gómez Bermúdez se lavó las manos.

Pero ¿qué había pasado?

Desde el atentado contra las Torres Gemelas, e incluso antes, España estaba en estado de alerta contra el terrorismo islámico. Es verdad que la lucha contra ETA era prioritaria y consumía muchas energías. Pero no por ello se había abandonado el frente de Al Qaeda.

En esta lucha destacaba el infatigable Baltasar Garzón, el hombre que veía amanecer.16 Uno de sus últimos éxitos había sido la desarticulación en Barcelona, en enero de 2003, de una célula islamista, bautizada jocosamente por los socialistas —empezando por el propio Zapatero— como el «comando del jabón» o «comando Dixan», porque tras su irresponsable liberación decretada por un juez sustituto decían que se les había acusado de fabricar armas de destrucción masiva con simple detergente. El gobierno solo quería «meter miedo» a los españoles para justificar su belicosa política exterior. Pero por supuesto nadie pidió disculpas cuando en 2006 los miembros del jocoso comando fueron juzgados y condenados por la Audiencia Nacional a penas superiores a diez años, que más tarde reduciría el Tribunal Supremo a seis años por integración en banda armada.

Hemos aludido ya muchas veces a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), cuerpo policial especializado en el terrorismo islámico. Antes del 11-M, España podía presumir en los foros internacionales de su eficacia en el combate contra el islamismo radical. Uno de tales éxitos había sido la desarticulación de la célula de Al Qaeda que había participado en la organización del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. La dirigía Abuh Dahdah, detenido pocas semanas después. Fue condenado en 2006 a doce años de cárcel y recientemente ha sido puesto en libertad. Ahora bien, la sentencia del 11-M declaraba que Al Qaeda, como tal organización terrorista, no fue la responsable del atentado, sino una célula «durmiente» que decidió despertar cuando nos metimos en la ratonera de Irak.

Pues bien, los «durmientes» no eran desconocidos para las fuerzas de seguridad. El CNI tenía controlado a Allekema Lamari, que soñaba con volar la Audiencia Nacional. Unos meses antes del atentado dio la voz de alarma a los demás cuerpos de seguridad.17 De las andanzas de el Tunecino, el agitado radical islamista considerado por la Comisaría General de Información y por el juez Del Olmo como el cerebro de la acción terrorista, se ocupaba un colaborador de la UCIE, un musulmán a quien llamaban Cartagena. El juez Garzón estaba al corriente de la existencia de este grupo, cuya peligrosidad era evidente, al menos desde el punto de vista ideológico. A su vez, el grupo de alegres y confiados narcotraficantes dirigidos por el Chino tenía un topo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), un marroquí llamado Rafá Zouhier. Y en Asturias, Emilio Suárez Trashorras, sobre el que desde 2001 llovían las denuncias de que la venta de dinamita robada se había convertido en su segunda actividad, era confidente de la policía. Todos ellos, ante los ojos ciegos del Gran Hermano, acabaron por juntarse para cometer el terrible atentado.

Al inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación del Congreso teníamos muy poca información sobre lo que luego se dio en llamar «la trama asturiana». Sabíamos que Suárez Trashorras había sido confidente del inspector jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García, alias Manolón. Y también que Rafá Zouhier, detenido el 17 de marzo de 200418 acusado de haber estado presente en dos reuniones con el Chino y con Suárez Trashorras donde se habría concertado la venta de la dinamita procedente de Mina Conchita, era confidente de la UCO. Nos dimos cuenta de que algo muy grave había ocurrido cuando comenzamos a recibir escritos firmados por Rafá Zouhier, detenido inmediatamente después de Suárez Trashorras. En ellos proclamaba su inocencia respecto a la autoría del atentado y alegaba haber informado a sus controladores en 2003 de que el asturiano y su cuñado Antonio Toro traficaban con dinamita, e incluso se proponían venderla a la banda terrorista ETA. También decía que había denunciado a la banda de el Chino por tráfico de drogas. Por todo ello solicitaba comparecer ante la propia comisión. El PSOE se negó en redondo porque acceder a ello suponía mancillar la dignidad del Parlamento. Hay que recordar que a Zouhier le amparaba hasta ese momento la presunción de inocencia y en modo alguno respondía a la imagen de un peligroso fundamentalista islámico. Pero al menos conseguimos que la comisión citara a declarar a sus controladores, los agentes de la UCO Víctor y Rafael así como a Manolón.19

Al término de la declaración de Manuel García, alias Manolón, fue cuando improvisé unas palabras que motivaron la reacción casi indignada de los miembros del Grupo Socialista, entre los que se encontraba el asturiano Álvaro Cuesta,20 y de otros portavoces. Esto fue lo que dije:

Señor presidente. Quiero terminar con una consideración. Como comisionado después de esta comparecencia me siento entristecido. Y quiero que me entienda el señor compareciente. Tengo el máximo y profundo respeto por usted. Sin embargo, tengo que decirle que desgraciadamente, por las razones que fueran, a usted se le escapó, a usted se le fue. Estaban preparando el atentado casi a su vista y usted no lo percibió. Siento tener que decirle estas cosas, pero usted estaba muy próximo al señor Suárez Trashorras. Estaba muy próximo. Tenía una relación bastante intensa, como se ha demostrado a lo largo de esta comparecencia, y sin embargo fue engañado, se dejó engañar o simplemente hubo errores humanos, me lo explico. Nadie es perfecto y, por tanto, a usted se le pasó que tenía delante de sí la posibilidad de haber desentrañado, de haber probablemente prevenido uno de los atentados más terribles que hemos padecido en este país. Por eso estoy triste. Esta tarde han pasado otros dos compañeros suyos del cuerpo de la Guardia Civil. Son personas que también tuvieron su relación de colaboración profesional con un confidente llamado Zouhier. Era el que estaba en el otro lado. Suárez Trashorras vendía explosivos, Zouhier estaba del lado de los que los compraban, y tampoco se enteraron, tampoco se dieron cuenta, también les engañaron. Y eso es lo que me da tristeza, que estuvieran tan cerca y, sin embargo, por desgracia, no tuvieran el conocimiento necesario para haber podido detectar ni usted ni los miembros de la Guardia Civil lo que ahora —es muy fácil juzgar a toro pasado— vemos como evidencias que estaban desarrollándose ante su vista.

Aquí ha habido fallos indudables, y no me refiero únicamente de usted, pero sí tengo que decir que se denuncia un delito de 150 kilos de dinamita, estamos hablando de eso, hay una denuncia expresa sobre Suárez Trashorras y nadie en Asturias es capaz de investigarla, ni la UCO, ni la Guardia Civil, ni la policía, ni el Servicio de Estupefacientes, ni nadie. Habían sido robados 150 kilogramos de las minas asturianas. Los «moritos» famosos a los que usted se refiere en sus informes se paseaban tranquilamente por Asturias, llegan incluso a estar el día 14 de febrero en la boda de Suárez Trashorras. Eso es lo que dicen las declaraciones, que han estado en la boda de Suárez Trashorras. Todo eso, señor compareciente, me produce profunda tristeza porque en esta ocasión podía estar toda la Guardia Civil y toda la Policía Nacional en alerta, pero desgraciadamente quizá esa alerta genérica no fue suficiente, porque ustedes no se enteraron. Qué le vamos a hacer. Ese es el resultado final. Ustedes no se enteraron, ni los compañeros de la Guardia Civil ni usted, que tenía relación directa con Suárez Trashorras. Por eso, señor presidente, en esta comparecencia y en las anteriores he sentido una honda tristeza.21

Pero visto lo que vino después, mis palabras se quedaron cortas.

Resulta que en el año 2001 Francisco Javier Lavandera informó primero a la policía, que no le hizo el menor caso («se rieron de mí»), y después a la Guardia Civil, que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras tenían dinamita robada para vendérsela a ETA, que les había hecho un pedido y buscaban a quien supiera montar artefactos explosivos utilizando móviles como temporizadores. La Guardia Civil abrió la «Operación Serpiente», que al parecer no dio ningún resultado.

La pretensión de los asturianos sobre la utilización de los móviles como temporizadores no era cuestión baladí. El problema de hacer explosionar una bomba mediante mando a distancia tenía la dificultad de que cada vez eran más perfectos los inhibidores de frecuencia. La utilización de la alarma del móvil para iniciar la deflagración eliminaba el riesgo de la inhibición. En un informe aportado al juez Del Olmo por el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, se afirmaba que en los tres atentados en los que ETA utilizó móviles —uno contra el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, otro contra la cúpula del PP en el cementerio de Zarauz y el último contra una garita del puerto de Pasajes—, lo hizo de manera distinta a los terroristas del 11-M: «Los teléfonos fueron utilizados como sistema de activación a distancia de forma controlada mediante una llamada… Por el contrario, el teléfono móvil que contenía el artefacto explosivo desactivado en el parque Azorín de Vallecas en la madrugada del día 12 de marzo de 2004 cumplía con las funciones de temporizador a través de su ALARMA RECORDATORIO DIARIO». Sánchez Manzano destacaba en letras mayúsculas el elemento que constituía la principal diferencia entre el sistema de ETA y el del 11-M. Sin embargo, en 2006, la Dirección General de la Guardia Civil, en otro informe remitido al juzgado en el que se tramitaba uno de los procedimientos de Sánchez Manzano contra el diario El Mundo, reveló que tras la desarticulación en mayo de 2002 del comando Txirrita de ETA se intervinieron «unas notas manuscritas en euskara referidas a los detalles de un dibujo manuscrito de un teléfono móvil manipulado para ser utilizado como sistema de iniciación de artefactos explosivos, significando que la autoría, tanto de las anotaciones como del dibujo, fueron atribuidos, mediante estudio realizado por el Servicio de Criminalística de la Benemérita, al miembro de ese comando de ETA Balbino Sáenz Olarra». Asimismo, se informaba de que en el curso de esta operación se registró un piso alquilado por la banda en el número 27 de la céntrica calle madrileña de Piamonte. En esa vivienda se encontraron 96 kilos de clorato sódico y 14 kilos de azufre para fabricar cloratita; 88 kilos de dinamita de la marca Titadyn; 10 metros de cordón detonante; una bomba lapa; un subfusil; dos pistolas; 64 detonadores y un número indeterminado de temporizadores. Además, había tres teléfonos móviles de la marca francesa Alcatel, modelo One Touch Easy. Una vez más nos tropezamos con Sánchez Manzano y estos no son delirios conspiranoicos.

Sigamos. En 2003 un narcotraficante llamado José Ignacio Fernández, alias Nayo, que se encontraba preso en la cárcel de Villabona, detenido junto a Antonio Toro en el curso de la Operación Pipol (2001), hizo llegar al fiscal jefe de Asturias a través del abogado de Madrid Carlos Alberto Tejeda, la información de que su socio traficaba con dinamita y que el destinatario de la dinamita era ETA. Nayo sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque reconoció que él mismo, como socio de Toro, había sido intermediario de tales transacciones en algunas ocasiones y había participado personalmente en el transporte de armas desde Francia a España con destino a ETA. No cabe duda de que se trataba de una información cuando menos llamativa. La Guardia Civil, por encargo de la Fiscalía de Asturias, llevó a cabo la investigación. Condujeron a Nayo a un monte donde se suponía que se escondía la dinamita. Pero la inspección quedó en nada «porque —son palabras del propio fiscal jefe— no iban a registrar todo el monte».

Ante la Comisión de Investigación del Congreso comparecieron el jefe superior de Policía de Asturias, Juan Carretero, y el que acababa de ser nombrado fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero. Se nos dijo que Nayo se hallaba en paradero desconocido y que sus denuncias fueron tomadas en consideración, pero que las investigaciones no habían conducido a resultado alguno. Por aquellos días fuentes policiales informaron de que Nayo había salido de la cárcel y que estaba en paradero desconocido, aunque lo más probable es que hubiera huido a Hispanoamérica. También se especuló con la posibilidad de que a esas horas ya estaría muerto. El testimonio de Nayo tiene gran importancia porque, además de ser un miembro cualificado de la banda asturiana dedicada sobre todo al tráfico de drogas y a la venta de coches robados, había coincidido con Antonio Toro en la cárcel de Villabona cuando este ofrecía los explosivos a quien quisiera comprarlos, especialmente etarras e islamistas. Más aún, Nayo podría confirmar la existencia de una relación directa entre los asturianos y ETA.

Solicitamos la comparecencia ante la Comisión del abogado Tejeda, pero como tantas otras fue rechazada, a pesar de que no se trataba de ningún confidente susceptible de manchar la dignidad del Parlamento. En vista de ello, y considerando imprescindible su testimonio, me puse en contacto con el letrado y le pregunté si estaba dispuesto a dejar constancia por escrito de cuanto había relatado en su día a la prensa asturiana con el fin de hacerlo llegar a la comisión. Tejeda aceptó encantado colaborar y nos remitió a los comisionados del Grupo Popular una declaración firmada con su versión de los hechos. Enviamos el escrito de Tejeda a la comisión. Esta vez nadie se rasgó las vestiduras, pero el bloque gubernamental mantuvo su negativa a requerir su comparecencia.

El 14 de diciembre de 2004, con base en el testimonio del abogado Tejeda, presenté ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 una denuncia contra Nayo, Toro y Suárez Trashorras por su posible colaboración con la banda terrorista ETA. Nunca recibí ninguna noticia de la Audiencia Nacional sobre el curso dado a la denuncia. Ni siquiera sé si fue admitida a trámite, ni, en su caso, a qué juzgado correspondió su tramitación. En la comisión se nos confirmó que Nayo se había convertido en confidente de la policía y de la Guardia Civil a raíz de su estancia en la prisión de Villabona desde finales de 2001.

La Guardia Civil recibió una nueva denuncia contra los dinamiteros asturianos por parte de Nayo en febrero de 2003. Además estaba encausado en otros procedimientos por tráfico de droga. Por eso resulta extraña su súbita desaparición. Se publicó que tal vez habría decidido quitarse de en medio siguiendo el «consejo» de quienes estaban interesados en evitar su testimonio ante la Justicia. Pero Nayo está vivo. Al menos lo estaba a principios de 2005. El Mundo lo localizó en un país del Caribe y publicó el 24 de de febrero una gran exclusiva con sus declaraciones. En ellas Nayo volvía a reproducir sus acusaciones contra Toro y Suárez Trashorras por la venta de dinamita a ETA, aunque nada decía de su propia participación en el traslado de armas y explosivos con destino a la banda terrorista. Al día siguiente el rotativo madrileño publicaba otra noticia escandalosa: agentes de la Guardia Civil negociaban con Nayo su voluntario regreso a España. En el Ministerio del Interior nadie confirmó ni desmintió lo publicado por El Mundo.

A estas alturas Nayo sigue en paradero desconocido, a pesar de que durante el juicio del 11-M el presidente del tribunal ordenó su localización. Inexplicablemente, nunca se ha sabido qué fue de la referida orden y si la Justicia ha pedido en algún momento su extradición.

Por último, en 2003 se produciría la denuncia del confidente de la UCO Rafá Zouhier, en términos similares a los de Lavandera y Nayo. Los agentes Víctor y Rafael viajaron a Asturias. Pidieron a su confidente que tratara de obtener una muestra de los explosivos en poder de Toro y Suárez Trashorras. Este cumplió el encargo y entregó a sus controladores una muestra de dinamita en un tarro de cristal. Pero el explosivo se encontraba en mal estado y los agentes procedieron a su destrucción, aunque no hay constancia documental alguna de este hecho.

La UCO envió el 11 de marzo de 2003 una nota informativa fechada el día 6 en la que daba cuenta a la Guardia Civil de Asturias de todos estos hechos para que siguieran la investigación. Después se desentendieron del asunto. Eso es lo que declaró ante la Comisión de Investigación el jefe de dicha unidad, el por aquel entonces coronel Francisco Hernando.

Pero esto último no fue verdad. Al menos eso fue lo que declaró el general Laguna, que hasta su ascenso al generalato en junio de 2004 había sido coronel jefe de la Guardia Civil de Asturias. Según él, la UCO remitió el 11 de marzo de 2003 una nota informativa con un detallado informe sobre las actividades de los asturianos y se creó un grupo operativo mixto de coordinación, que se desactivó, al no dar ningún resultado, a finales de 2003. Sin embargo, el teniente coronel Aldea declaró en el juicio que no había considerado oportuno crear ese grupo de coordinación, extremo que fue negado tajantemente por su superior: «Al teniente coronel Aldea le dije que se reunieran los dos equipos y fueron ellos los que decidieron que la Comandancia de Oviedo seguiría con la investigación con los apoyos de Gijón».

Se informó, asimismo, que un oficial de la Guardia Civil, Pedro Marful, capitán jefe de la Policía Judicial de Oviedo, llegó a entrevistarse con los fiscales de Avilés para solicitarles que pidieran al juez la intervención telefónica de Suárez Trashorras, pero estos le dijeron que no había motivos suficientes para judicializar la investigación. En mi opinión, con ese informe había base más que suficiente para acudir al juez.

La Dirección General de la Guardia Civil remitió el 5 de mayo de 2004 un informe a la Comisión de Investigación del Congreso en el que se puede leer lo siguiente:

A partir de marzo de 2003, al no aportar el citado Rafá nuevas noticias de interés policial, se van reduciendo sus encuentros informativos con el personal de la UCO que siguió indagándole periódicamente sin resultado sobre si disponía de más información relativa al presunto delito de sustracción y comercio ilícito de explosivos del que había informado, llegando a contestar en alguna ocasión que seguramente no era nada (sic). El siguiente contacto, previa llamada telefónica de Zouhier, se produce el 16 de marzo de 2004 manifestando este que, a la vista de alguna de las fotografías que aparecieron en medios de comunicación social, intentaría proporcionar datos que ayudasen en la investigación.

Sin embargo, el coronel Hernando declaró que hubo un contacto anterior el 12 de marzo, fecha en que los controladores de Zouhier le llamaron porque la Guardia Civil de Barcelona les había solicitado que lo interrogasen en relación con un individuo relacionado con la extrema derecha que estaba en Madrid y frecuentaba locales nocturnos a los que iba su confidente. En esta conversación no le preguntaron nada en relación con el atentado del día anterior. También reveló que Zouhier había contactado con los agentes varias veces antes del 11-M, concretamente los días 4, 9 y 10 de marzo, y que el marroquí incluso había estado personalmente en la sede de la UCO para entrevistarse con el capitán Paco, superior directo de Víctor y Rafael un mes antes del atentado. Y que entre Zouhier y los agentes citados había una relación de amistad hasta el punto de que «iban de copas» con frecuencia.

*   *   *

Permítaseme abrir un paréntesis para relatar un hecho que viví en primera persona. El general de la Guardia Civil Félix Hernando Martín tuvo una participación destacada en la lucha contra el terrorismo en los primeros gobiernos de Felipe González. Entre octubre de 1989 y febrero de 1991, el entonces capitán Hernando era jefe de Servicios Exteriores de la Secretaría de Estado de Seguridad; junto con el comisario de la policía Aníbal Machín, adscrito al Servicio de Operaciones Especiales, recibió la orden del secretario de Estado, Rafael Vera, de viajar a Suiza para entregar, en dinero negro procedente de los fondos reservados, más de 200 millones de pesetas a las esposas de José Amedo y Michel Domínguez. Ambos policías habían sido condenados por la Audiencia Nacional por su participación en los crímenes de los GAL y había que taparles la boca para evitar que incriminaran a sus superiores, entre ellos el propio Vera y el que fuera ministro del Interior José Barrionuevo.

En 1995 Baltasar Garzón abrió sobre este asunto una pieza separada dentro del sumario por el secuestro de Segundo Marey. Procesó a Rafael Vera, Juan de Justo, su secretario, y a los portadores de los maletines Hernando y Machín. Cuando Félix Hernando compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M cometió un desliz al declarar que la Audiencia Nacional había sobreseído la causa. Pero no era así. Lo que había sucedido era que, no se sabe muy bien por qué, los 28 tomos del sumario se hallaban durmiendo el sueño de los justos en lo alto de un armario, en un pasillo de la planta sexta de la Audiencia Nacional. La explicación que se dio fue que estaba a la espera de que se resolviera un problema de competencia entre la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid. Fue esta la que, finalmente, se hizo cargo del proceso en 2005. De modo que la declaración de Hernando sirvió para la reactivación de la causa.

Tres años después, el 12 de marzo de 2007, dio comienzo el juicio oral. La vista se suspendió el 30 de marzo de 2007, después de la declaración de Vera, y no se reanudó hasta el siguiente mes de septiembre. La Audiencia Provincial, en sentencia dictada el 16 de noviembre de 2007, condenó a Rafael Vera y a Juan de Justo a un año y seis meses de prisión por malversación de fondos y absolvió a Hernando, al considerar que «no ha quedado acreditado durante el juicio oral que supiera la finalidad de la entrega de los citados maletines, por lo que bien pudiera ser un mero hombre de paja encargado de realizar el viaje» a Suiza. Hernando, según el tribunal, «pudo no sospechar que dichos viajes tenían una finalidad concreta» e incluso «no plantearse que el hecho que cometía fuera ilícito», debido a la «estructura jerárquica» de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Machín no pudo ser absuelto porque falleció en Denia la noche del 26 de julio de 2007 y no concurrió a la última fase del proceso, aunque el tribunal dice de él que, al igual que Hernando, no tenía conocimiento de la finalidad de la entrega de los maletines. Fue una lástima, porque Machín estaba dispuesto a confesar ante el tribunal y con esa voluntad pretendía afrontar el juicio.

En el caso de Machín no hablo por boca de terceros sino por la del propio acusado. Esto me obliga a relatar el porqué de mi relación con Machín. Durante un par de veranos, en 1994 y 1955, pasé mis vacaciones en Denia. Allí había encontrado refugio Machín como comisario jefe de policía tras su imputación por el juez Garzón. Un íntimo amigo mío, dirigente del Partido Popular de Alicante, me lo presentó. A comienzos de 2005, concretamente el 12 de febrero, volví a coincidir con Machín en la boda de una hija de mi amigo de Denia y a los postres me hizo algunas confidencias después de advertirme: «Juraré que jamás las he hecho». Me expresó su disgusto con las declaraciones de Hernando en la Comisión de Investigación. Le reprochaba que por su culpa se hubiera reactivado el proceso de los maletines. Cuando le dije que tenía la impresión, por un comentario que me había realizado un alto cargo de la Benemérita, de que alguno tenía la intención de cargarle el mochuelo de la entrega de los maletines para exonerar así al jefe de la UCO, se sinceró. Me confesó que él recibió la orden de llevar a Suiza los fondos para comprar a Amedo y Domínguez a través de una persona cuyo nombre omito porque ha fallecido, que por aquel entonces estaba entregada a la lucha contra ETA. Al oponer alguna resistencia por lo insólito de la orden, su interlocutor le dijo que no tenía que preocuparse porque le acompañaría en la entrega el capitán Hernando, de la Guardia Civil, de modo que ambos cuerpos estaban comprometidos y nada había que temer. Me anunció que cuando llegara el juicio, Amedo y Domínguez declararían que Garzón les presionó para que inculparan a José Barrionuevo y Rafael Vera y que el dinero no procedía de los fondos reservados, sino que había sido proporcionado por un empresario vasco. Pretendían a toda costa recuperar el dinero que estaba bajo custodia judicial, después de su envío por las autoridades suizas. Me dio su opinión sobre lo ocurrido el 11-M. A su juicio, era imposible que Hernando no tuviera conocimiento de lo que se estaba cociendo. Le pareció lamentable el «peloteo» de responsabilidades entre unos y otros. En su opinión, ni Hernando, ni Laguna ni los mandos asturianos debían permanecer por más tiempo en sus cargos. Añadió que Hernando había querido defender su fajín de general, aunque estaba seguro —en eso se equivocó— de que no lo iba a conseguir. Me contó cómo por orden de Vera habían organizado una «trampa sexual» al juez Garzón y que personalmente había contratado unas fulanas de lujo en Málaga con dicha finalidad, pagándolas con fondos reservados. Tenían un piso preparado para grabar al juez si caía en la celada. Estaban ya en posición las fulanas en la cafetería Río Frío a la hora en que Garzón solía frecuentarla, cuando recibió la orden de levantar «el operativo». Recuerdo todo lo anterior porque transcribí en mi diario la conversación a mi regreso a Pamplona, de modo que me limito a recordar lo que anoté sin hacer ninguna valoración sobre la veracidad de las cosas que Machín me dijo y que pudieron ser fruto de su fantasía.

No volví a saber más del personaje hasta la primera semana de marzo de 2007. Fue entonces cuando mi amigo de Denia me llamó para decirme que Machín había estado con él y que pretendía que le gestionara una entrevista con Mariano Rajoy, en su condición de presidente del Partido Popular, porque quería solicitar el amparo del partido a cambio de contar la verdad en el juicio que iba a iniciarse el 12 de marzo, lunes. Le contesté que no estaba dispuesto a realizar tal gestión porque la condición era inadmisible, que lo único que le recomendaba era que dijera la verdad en el juicio y que, si por tal causa, tenía problemas entonces trataríamos de ayudarle. Machín pareció entenderlo así, pero pidió reunirse conmigo. Accedí a ello y quedamos en vernos en Madrid al día siguiente del inicio de la vista.

El sábado 10 de marzo se celebró la gran manifestación presidida por Rajoy bajo el lema «España por la libertad. No más cesiones a ETA». Cuando en compañía de mi esposa me dirigía hacia la cabecera de la manifestación a través de un pasillo especialmente abierto para los dirigentes del PP, oí que me llamaban. Era Machín, que estaba detrás de una de las vallas de protección. Le saludé y al despedirme me dijo: «Recuerda que tenemos una conversación pendiente». Pero al día siguiente del comienzo del juicio oral me llamó por teléfono para decirme, muy nervioso, que tenía que irse urgentemente a Denia y que ya me llamaría a su regreso. Nunca lo hizo. En la Compañía Telefónica estarán registradas las llamadas que realicé durante varios días a su móvil. Como no contestó a ninguna, me olvidé del asunto.

Varios meses después, el 27 de julio, mi amigo de Denia volvió a llamarme para informarme de que Machín había aparecido muerto en medio un charco de vómitos y sangre, en torno a las 22.00 horas del día anterior. La prensa informó de su muerte. La autopsia revelaba que la causa del fallecimiento era «variz esofágica con el consecuente shock hipovolémico». Al parecer padecía de una cirrosis hepática, pero un mes antes había acudido al Policlínico San Carlos, de la sociedad médica Asisa, donde no le detectaron nada anormal al menos en sus pulmones. Inmediatamente después de practicada la autopsia, su cuerpo había sido incinerado. El juzgado de Denia declaró que había fallecido de «muerte natural». Sus cenizas fueron enterradas en la localidad orensana de Xunquiera de Andía, en la que había nacido el 18 de agosto de 1941.

En su blog de Libertad Digital, Luis del Pino publicó que un primo de Machín, Chema Núñez, había asegurado que «unos días antes de morir, le llevó a Alicante (debido a una lesión de cadera Machín no podía conducir), donde mantuvo un encuentro con Vera en un restaurante». Según esa versión, dos horas después Machín salió del local con muchas copas encima y con 6.000 euros en billetes en el bolsillo. Según le dijo el excomisario a Chema, ese dinero era parte de las deudas que todavía tenían con él. A partir de ese día, la situación se hizo insostenible. Machín estaba histérico, con los nervios a flor de piel. Dijo a sus amigos que recibía llamadas amenazadoras. Refiere Del Pino:

Cuando Machín acudió al Policlínico San Carlos el 11 de julio para hacerse un chequeo, le acompañó su hija Lola, que se había desplazado a Denia desde Madrid, preocupada por su estado de salud. Cuando regresó, les dijo a sus hermanos que su padre había vomitado sangre. En un momento, Machín hizo una confesión a Lola. Le dijo que tenía escritas tres cartas, una para cada uno de sus hijos. Presentía su final y en ellas les contaba su verdad. Machín también comentó a varios de sus allegados que guardaba en un maletín papeles comprometedores para la antigua cúpula de Interior en relación a la guerra sucia contra ETA. Su excompañera sentimental [Machín llevaba mucho tiempo separado de su esposa, que vivía en Madrid] había visto ese maletín, pero nunca supo qué documentos contenía. Chema, el exalcalde Pastor y su primo, el médico José Antonio Lamas, están seguros de que Machín tenía en su poder papeles que arrojarían nueva luz sobre los años de plomo de la lucha contra ETA.

No se sabe qué ocurrió con los sobres y el maletín. Algunas manifestaciones que me hizo en 2005 Machín se confirmaron. La sentencia de la Audiencia Provincial declara que fue Vera quien ordenó que más de 206 millones de pesetas se entregaran a las esposas de Amedo y Domínguez «para garantizar el silencio de los dos procesados» sobre la implicación de la cúpula de Interior en los crímenes de los GAL. Amedo no solo negó los hechos en el juicio, sino que en un libro publicado en 2006 titulado La conspiración, sostiene que las acusaciones que formuló contra Barrionuevo y Vera las había hecho bajo la coacción del juez Garzón, que le amenazó con encarcelar a su esposa y a la de Domínguez si no declaraba «lo que él quería» para derribar al gobierno de Felipe González. En el libro acusa al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, de haberle pagado grandes cantidades de dinero por sus revelaciones y afirma que José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos hicieron lo mismo para conseguir la implicación del presidente González.

En fin, una verdadera historia para no dormir.

*   *   *

Tras este paréntesis, recupero el hilo del relato. Al conocerse la existencia de los confidentes, los mandos asturianos de la Guardia Civil se tiraron los trastos a la cabeza. El teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, se vio en un grave aprieto cuando se descubrió que la cinta grabada por el agente Campillo, que contenía la denuncia de Francisco Javier Lavandera, había aparecido abandonada en el cajón de una mesa del acuartelamiento de Cancienes, al que se le había remitido mobiliario de la referida comandancia. Cuando recibió la cinta en octubre de 2004, Rodríguez Bolinaga la guardó en una caja fuerte. Se le acusó de no haberla remitido al juez Del Olmo.22

Por otra parte, Rodríguez Bolinaga negó en el juicio que el entonces coronel Pedro Laguna, tal y como este había declarado ante la Comisión de Investigación, le hubiera remitido la nota informativa de la UCO sobre Toro y Suárez Trashorras, a pesar de haber pedido que se le enviara cuanta información tuviera disponible la Comandancia de Oviedo. Acusó a dicha comandancia de haberle tenido al margen en todo este asunto.

Otro episodio escalofriante. En el juicio del 11-M el comandante Francisco Javier Jambrina, jefe de Operaciones y de Información y Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo, declaró que un miembro de la UCO, la víspera de su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso, le pidió que destruyera la nota remitida el 11 de marzo de 2003 en la que se informaba del resultado de las investigaciones realizadas como consecuencia de la confidencia de Rafá Zouhier. Por supuesto, él se negó a hacerlo. El juez Gómez Bermúdez le interrogó personalmente sobre este asunto. Pero luego, nada.

Pero hay otros datos más que sorprendentes. Resulta que todos los movimientos de la banda de el Chino venían siendo controlados durante los meses de febrero y marzo de 2004 por otra unidad policial, la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado). En el sumario figura la transcripción de las cintas grabadas. Pero no es una versión íntegra, pues está repleta de omisiones que los transcriptores justifican por la falta de interés de la conversación intervenida. ¿Con base a qué criterios se produjo la mutilación de las cintas? No lo sabemos. Pero basta su lectura con un mínimo de detenimiento para deducir que las personas objeto de intervención telefónica estaban preparando una gran operación y que a tal efecto iban a trasladarse a Asturias. Como es natural, de las conversaciones grabadas no se desprende que los narcos estuvieran organizando un acto terrorista y que el objeto del viaje a Asturias era comprar la dinamita necesaria para ello. Ahora bien, si el narcotráfico era la causa de la intervención telefónica no había duda alguna de que tramaban algo grande. ¿Por qué no se llevó a cabo ninguna actuación policial? ¿Para qué sirven, si no, los pinchazos telefónicos? ¿Cuál es la razón por la que no establecieron contacto con el jefe de Estupefacientes de Avilés? Se llegó a decir que las transcripciones se hacían con retraso porque no contaban con traductores de árabe suficientes. Casualmente, la vigilancia de el Chino y de su banda cesó el 5 de marzo de 2004, seis días antes del atentado, según reconoció el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño.23

También Sarhane Ben Abdelmajid, alias el Tunecino, era objeto de especial vigilancia policial por parte de la UCIE, esta vez bajo la batuta del juez Garzón, y al mismo tiempo por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. De la peligrosidad de el Tunecino había alertado en diversas ocasiones una traductora árabe de dicha unidad, hermana de Ayman Maussili Kalaji, el policía de origen sirio destinado también en la UCIE y a quien la Comisaría General de Información acusará de haber participado en la tarea de conectar los detonadores a los móviles, acusación que el juez Del Olmo no tomó en consideración. Este hecho revela el escaso rigor con que se elaboraban los informes de dicha comisaría cuando accedió a ella el comisario Telesforo Rubio, que preparó su comparecencia en la comisión en la sede socialista de Gobelas. A la dirigida por el Tunecino se le llamó en el argot policial «célula de Virgen del Coro», pues el lugar donde se reunían estaba situado en dicha calle madrileña.

Pero la racha de nuestra mala suerte continúa. Seis días antes del atentado, concretamente el 5 de marzo, también se deja de vigilar a el Tunecino a pesar de que la policía le considera máximo dirigente de la célula islamista o al menos el líder moral de todo el grupo de Lavapiés, aunque Basel Ghalyoun, uno de sus compañeros, encarcelado por orden del juez Del Olmo, declaró que no era más que un cantamañanas y, además, todos sabían que estaba bajo vigilancia policial. Su seguimiento se llevaba a efecto por orden del juez Garzón, a petición de la UCIE, la unidad especializada en la lucha contra el terrorismo islamista. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación, Garzón no dijo una palabra sobre todo esto, amparándose en la limitación impuesta por el Consejo del Poder Judicial de que no podía referirse a asuntos de los que hubiera tenido conocimiento por razón de su cargo. Cantamañanas o no, lo cierto es que el Tunecino pudo moverse con entera libertad y participar en la ejecución de la masacre. La policía sabía que además era amigo de Jamal Zougam y también de el Egipcio y de Basel Ghalyoun, uno de los muertos en la voladura de Leganés.

También se le seguían los pasos a Allekema Lamari, otro de los miembros de la célula durmiente, uno de los suicidas de Leganés. Este era el personaje residente en la Ribera de Navarra de quien el CNI había informado urbi et orbi en noviembre de 2003 que preparaba un gran atentado. Esta es la nota informativa C/15697/06 11.2003, remitida por el gobierno a la comisión tras haber sido desclasificada:

Actividades de Allekema Lamari

Argelino, detenido en Valencia en abril de 1997. Operación África. Pertenece a grupo armado.

17 y 20 de octubre pasado, cinco giros postales por valor de 150 euros a una serie de individuos (supuestamente) árabes.

Está cumpliendo condena en cárceles españolas.

Tachaduras al principio y después de los nombres.

Tiene precariedad económica. No se considera normal que se desprenda del dinero.

Tachaduras.

Se da la circunstancia de que… en septiembre comunicó la intención de algunos elementos argelinos que podrían cometer algún atentado en España. Incendio forestal de grandes dimensiones sobre algún objetivo rentable. (Descartado). O alguna acción contra un edificio por un ciudadano en un vehículo conducido por un «mártir». Podría ser el organizador.

Tachaduras.

No obstante, desde su salida de la cárcel de Alama (Pontevedra) en junio de 2002 se estableció en Tudela (Navarra).

Tachaduras.

6.11.2003

Resulta extraño que el CNI no hubiera seguido sus pasos minuto a minuto después del envío de su alerta a los cuerpos policiales.24 Recordemos que el Centro Nacional de Inteligencia, en otra nota informativa, la C/05301/16-03-2004, solicitaba la detención urgente de Lamari por considerar que era el responsable de la célula terrorista autora del atentado:

La principal línea de investigación de nuestro Servicio apunta a que los atentados serían atribuibles a un grupo local de personas con organización todavía rudimentaria que responden a orientaciones ideológicas de la Yihad Internacional radicados en países de nuestro entorno, preferentemente norteafricanos.

Cita a LAMARI como posible planificado y/o ejecutor de los atentados del 11-M y se justifica por qué: «Tiene el suficiente liderazgo y grado de fanatismo».

Siguen nueve líneas de tachaduras alternas.

Como consecuencia de lo anterior se estima que, a corto plazo, es probable la ejecución de nuevos atentados indiscriminados en lugares de grandes concentraciones de personas. Como lugar más probable (tachadura).

Se considera urgente y prioritaria su localización y detención.

Cartagena

Hubo otro confidente que jugó un papel relevante en la investigación sobre los miembros del comando islamista, cuyo controlador era el inspector Jesús Parrilla, al que nos hemos referido anteriormente con motivo de la detención de Suárez Trashorras. Se trata del súbdito argelino, Abdelkader el Farssaoui, imán de la mezquita de Villaverde, alias Cartagena. Con conocimiento de la UCIE se infiltró en el grupo del marroquí Mustapha Maymouni, del que formaban parte el Tunecino, Said Berraj, Mohamed Larbi Ben Sellam y Mohyamed Afallah, implicados todos ellos en el atentado según la policía. Uno de los miembros de ese grupo fue acusado de participar en el atentado perpetrado el 16 de marzo de 2003 contra la Casa de España de Casablanca. Cartagena informó a la UCIE de la peligrosidad de el Tunecino y de la creciente radicalidad de su grupo. Se informó a Garzón de las denuncias de Cartagena, pero no hizo nada a pesar de que tenía las cintas grabadas por la policía que ratificaban lo dicho por su confidente. La excusa fue que las cintas se amontonaban en la Audiencia Nacional sin traducir por falta de medios.

Según declaró el imán de Villaverde en el juicio del 11-M, dio conocimiento a la policía de que el Tunecino, unos meses antes del atentado, reunió a sus seguidores y tras exigirles que sacaran la batería de sus móviles, les preguntó si estaban dispuestos a hacer la yihad en Al-Andalus e inmolarse como mártires del islam sin necesidad de ir a Afganistán o a Chechenia. Después de obtener la conformidad de todos los asistentes, incluida la del propio infiltrado, les anunció que pronto tendrían la oportunidad de ser mártires. Sus controladores le dijeron que el Tunecino era un bocazas que hablaba mucho, pero que no se preocupara más por él, pues le tenían bien controlados a él y a su grupo. Declaró asimismo en el juicio algo aún más asombroso. Un día vio a el Tunecino y a Said Berraj reunidos con sus controladores de la UCIE en el mismo VIPS donde él solía citarse con ellos. Comprendió entonces por qué le habían pedido que se alejara de él.

Otro de los servicios prestados por Cartagena fue el seguimiento de Allekema Lamari, el frustrado volador de la Audiencia Nacional.25 El caso es que el día 3 de abril, por la mañana, sus controladores le citaron en el parque Juan Carlos I. Esto es lo que dijo: «Al final de la reunión me pidieron que vaya a visitar al grupo [Allekema Lamari, Jamal Ahmidan y el resto de la célula islamista] a un piso de Leganés, ya que están reunidos y así saber el número de personas que hay y si hay alguien nuevo que no conocía de reuniones anteriores». Algo raro percibió Cartagena, que decidió no ir. De haberlo hecho se habría convertido en el octavo suicida.

Por último, aunque se trató de un hecho puramente casual, la Guardia Civil estuvo varias veces inspeccionando el chamizo de el Chino en Morata de Tajuña. La última el 10 de marzo, el mismo día en que los terroristas confeccionaron los artefactos explosivos.

Sin embargo, nadie ha ido «caminito de Jerez», la ingeniosa metáfora utilizada por el juez Gómez Bermúdez para designar al penal de El Puerto de Santa María, en Cádiz.

Los últimos flecos: explosivos y rumanas

En teoría, la sentencia del Tribunal Supremo debió poner punto final al 11-M. Pero no ha sido así. En los juzgados ordinarios colean algunos flecos que afectan a la conducta de Juan Jesús Sánchez Manzano en relación con los explosivos y la de dos testigos de nacionalidad rumana cuyo testimonio, presuntamente falso, fue determinante de la condena del único condenado por haber colocado una bomba en los trenes.

A pesar de que el juez Gómez Bermúdez estaba dispuesto a enviar «caminito de Jerez» a quienes presuntamente habían testificado en falso en el juicio del 11-M, a la hora de la verdad se lavó las manos y no dedujo testimonio contra nadie, pero abrió la puerta para que las acusaciones pudieran dirigirse a otros órganos judiciales para depurar las responsabilidades que estimaran pertinentes. El sindicato Manos Limpias y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo recogieron el guante e interpusieron sendas querellas contra Sánchez Manzano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro de Dios, archivó en 2009 una denuncia interpuesta por el partido Alternativa Española dirigida contra varios mandos de la policía, entre ellos Sánchez Manzano. La denuncia decía basarse en el libro Titadyn, de Casimiro García-Abadillo y Antonio Iglesias, pero según el auto dictado por el juez el escrito era genérico y el denunciante ni siquiera se había personado.

Pocos días después, y sin tener conocimiento de lo actuado en el Juzgado número 6, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y el sindicato Manos Limpias presentaron sendas querellas contra Sánchez Manzano. La Asociación presidida por Ángeles Domínguez, que contaba con la dirección letrada del abogado José María de Pablo, acusaba al que fuera jefe de los Tedax de la desaparición de los restos de los focos de explosión, incluida la destrucción de los trenes, lo que podía constituir un delito de obstrucción a la Justicia. Tras dos años y medio de instrucción por la titular del Juzgado de Instrucción número 43, Coro Cillán, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió, contra el parecer de la Fiscalía, que el archivo de la denuncia de Alternativa Española sobre los mismos hechos tenía el valor de cosa juzgada, lo que implica que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Criterio que fue respaldado por el Tribunal Supremo, que, en marzo de 2003, inadmitió el recurso de casación interpuesto por la asociación contra el auto de la Audiencia Provincial.

Todo parecía indicar que el 11-M estaba muerto desde el punto de vista judicial. Sin embargo, todavía queda algún resquicio. El abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas presentó en el juzgado del juez Ramiro de Dios un escrito solicitando notificación del auto de inadmisión de la denuncia de Alternativa Española. Se basaba en un pronunciamiento de la Audiencia Provincial en su auto de archivo de la querella tramitada por la juez Coro Cillán, en el que se indicaba que no existía impedimento para que los que se sintieran perjudicados por los delitos que se imputaban a Sánchez Manzano pudieran solicitar notificación del auto de archivo del Juzgado de Instrucción número 6 para intentar personarse y de esa forma reabrir el caso. Así lo hizo la asociación, y el 10 de julio de 2013 el juez Ramiro de Dios le notificó el referido auto. El 13 de julio el abogado De Pablo presentó ante el juez Ramiro de Dios un recurso en el que se relataba de forma pormenorizada la relación de posibles indicios de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio en el juicio del 11-M en que habrían incurrido Sánchez Manzano y la responsable del laboratorio de los Tedax.

Antes de decidir si reabría la causa, el juez reclamó del Juzgado número 43 la remisión de todo lo actuado. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaró que, a su juicio, los hechos imputados a Sánchez Manzano no podían tener la consideración de cosa juzgada.

Y así están las cosas, en el momento de escribir estas líneas.

El otro gran asunto que podría dar un vuelco sin precedentes al 11-M se refiere al testimonio de las dos ciudadanas rumanas que declararon haber visto a Jamal Zougam en los trenes. Su declaración ante el juez Del Olmo determinó su condena a 42.917 años de prisión como autor material del atentado.

En este asunto el diario El Mundo, único periódico nacional que mantiene viva la investigación de los asuntos todavía oscuros del 11-M, ha jugado un papel determinante, al poner de manifiesto después de una rigurosa investigación, publicada a finales de 2011, que el testimonio de las rumanas podría ser falso. A consecuencia de estas informaciones, el 19 de diciembre de 2011 la defensa de Jamal Zougam presentó una querella contra las testigos protegidas C-65 y J-70 por falso testimonio. La juez del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, dictó auto de admisión a trámite de la querella por considerar que los hechos denunciados presentaban «características que hacen presumir la existencia de delitos». Pero el 22 de febrero de 2012 la juez cambió de criterio e inadmitió la querella por considerar que no encontraba indicios delictivos y además pretendía «contradecir o impugnar la valoración de la prueba» que hizo la Audiencia Nacional «y en concreto la valoración efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa».

Sin embargo, en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de junio de 2012, que estimaba el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Zougam, ordenó al juzgado de Belén Sánchez26 que abriera una investigación para determinar si las testigos «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral». Justificaba esta decisión en la consideración de que Zougam había recibido «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento precisamente en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión [de la condena]».

Según la investigación de El Mundo, las rumanas —testigos protegidos C-65 y J-70— identificaron a Zougam ante el juez Del Olmo varios meses después de que la imagen del marroquí fuese difundida masivamente en los medios de comunicación, lo que según el Tribunal Supremo constituye «la principal prueba de cargo» contra el condenado por la Audiencia Nacional. La declaración de la testigo C-65 se produjo por primera vez el 1 de abril de 2004 y la declaración de la testigo J-70 en febrero de 2005, once meses después del atentado. Esta última manifestó que había visto a Zougam con una mochila en su vagón cuando iba acompañada de una amiga, la testigo C-65. Pero ocultó al juez que quince días antes el Servicio de Indemnizaciones del Ministerio de Interior había rechazado su condición de víctima, negándole en consecuencia las indemnizaciones previstas y la regularización de su situación en España, que la ley había concedido a quienes viajaran en los trenes «sin papeles». Tras la inculpación a Zougam, el ministerio rectificó y fue incluida en el listado de víctimas, asignándosele una indemnización de 48.000 euros.

La investigación de El Mundo reveló que la testigo C-65 fue remitida a la policía por el consulado de Rumanía, adonde había acudido con otra mujer (que no era la J-70) para reclamar las indemnizaciones que pagaba el gobierno rumano. Solo después de que a esa segunda persona se le negase el dinero, porque no aportaba ninguna prueba de ser víctima del 11-M, ambas dijeron que viajaban juntas, que habían visto a un terrorista en el tren y señalaron, en un reconocimiento fotográfico hecho por separado, a Zougam. De esa segunda mujer nunca más se supo, pues su testimonio no trascendió al sumario.

En el momento de escribir estas líneas, se ha producido la declaración de las testigos, como imputadas, ante la juez Belén Sánchez.

Habrá que esperar a la conclusión del sumario para ver si la juez decreta la apertura de juicio oral o archiva la causa.

Así que explosivos y rumanas. Estos son los dos flecos pendientes del 11-M. Y no hay más. Por ahora.