II

LA DERROTA VICTORIOSA DE ETA

El Plan Ibarreche

Recordemos aquella enigmática frase pronunciada por el presidente Zapatero en el debate de investidura, dirigida al portavoz del PNV Josu Erkoreka y que, por cierto, fue acogida con grandes aplausos por los diputados socialistas:

Me va a permitir que para terminar le diga que tengo el convencimiento de que esta legislatura va a ser una legislatura de gran trascendencia para el futuro de la situación del País Vasco, de la situación política que se vive en el País Vasco; que también va a ser una legislatura de gran trascendencia para lo que representa esa aspiración tan profunda de la inmensa mayoría de los vascos que es el final de la violencia, y me va a permitir que le diga que temple y coraje, como me reclamaba, va a existir.

Lo que ignoraba el diputado Erkoreka y todo el PNV es que su famosa voluntad de diálogo no incluía para nada la contemplación del llamado Plan Ibarreche, porque el presidente tenía otros proyectos para el País Vasco, reservando al PNV un papel de actor secundario aunque cuando se alzó el telón los nacionalistas intentarían relevar al apuntador.

Hagamos algo de historia. El 27 de septiembre de 2002, el lendakari Ibarreche expuso ante el Parlamento de Vitoria su decisión de promover un cambio radical del Estatuto de Guernica de 1979. Pretendía negociar con el Estado Español un nuevo pacto para Euskadi. En el fondo, se trataba de un proyecto de secesión del Estado Español cuyo final sería —y ahí estaba la paradoja— un estatus de libre asociación con el propio Estado.

Previamente, el pleno del Parlamento Vasco celebrado el 12 de julio de dicho año había denunciado que todavía quedaban pendientes de transferir 37 competencias previstas en el Estatuto de Guernica, que al final redujo a 19. Ninguna era vital para el autogobierno del País Vasco. Pero lanzó un órgano al Estado. Si en tres meses no se procedía al traspaso de las referidas competencias, daría por roto el pacto político subyacente en el Estatuto de Guernica y, en consecuencia, Euskadi quedaría legitimada para abrir un nuevo proceso basado en el ejercicio del derecho de autodeterminación. El gobierno de José María Aznar, al que se acusaba de haber emprendido un proceso de involución autonómica, aceptó el envite y expresó su voluntad de tratar de las aspiraciones de Ajuria Enea. Ibarreche no respondió. El agravio de las transferencias congeladas no había sido más que un pretexto para dar un gran salto hacia la independencia del País Vasco.

El propósito de Ibarreche era que la definición del nuevo marco fuera consensuada con «todas» las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad Autónoma Vasca antes de someterlo a la aprobación del Parlamento autonómico. Una vez conseguido el consenso en Euskadi, el siguiente paso sería tratar de llegar a un pacto con el Estado mediante la puesta en marcha del procedimiento de reforma estatutaria previsto en el artículo 46 del Estatuto de Guernica.

Ahora bien, sin esperar siquiera al inicio de negociaciones entre las fuerzas políticas y agentes sociales vascos para la búsqueda del acuerdo, Ibarreche anticipó las líneas maestras de su «plan». Euskadi dejaría de ser una Comunidad Autónoma en el seno del Estado Español para pasar a disfrutar de un especial estatus de asociación con España. Dicho sin rodeos, el nuevo pacto debería contener el reconocimiento jurídico de la identidad nacional vasca y, por tanto, del derecho del pueblo vasco a la autodeterminación. Eso sí, dentro del respeto a la voluntad de los distintos «ámbitos territoriales y jurídico-políticos» en los que actualmente se articula el pueblo vasco, en referencia a Navarra y a los territorios vascos del sur de Francia. Todos ellos, aunque parte integrante del pueblo vasco, conservarían su diversidad institucional y se respetaría la voluntad de sus ciudadanos, sin perjuicio de articular órganos de coordinación entre sus respectivos gobiernos.77 Asimismo, Ibarreche reivindicaba la plena potestad para regular y gestionar la convocatoria de consultas democráticas a la sociedad vasca por vía de referéndum.

El nuevo ente soberano vasco, asociado con España, asumiría la práctica totalidad de las competencias del Estado, salvo la defensa y poco más. Se preveía la creación de un poder judicial vasco plenamente independiente del sistema judicial español y no sujeto por tanto a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Los poderes públicos vascos tendrían plena autonomía para diseñar las propias instituciones de autogobierno político: autoorganización, seguridad pública, administración foral y local y derecho privado (vecindad, familia, relaciones patrimoniales, empresa y sociedad civil); competencia exclusiva en materia de cultura, lengua y educación, incluyendo la creación de selecciones deportivas nacionales vascas con derecho a competir en los eventos internacionales; la gestión, con autonomía plena de la política económica, del sistema tributario y fiscal y de las relaciones laborales, así como la de los regímenes de previsión, bienestar y seguridad social. Todos los recursos naturales y todas las infraestructuras de comunicaciones serían de competencia vasca, al igual que el régimen del suelo. Y puesto que se instituía un sistema de cosoberanía libre y compartida, se establecería una comisión mixta de garantías para impedir la interpretación unilateral del nuevo estatus por el actual Tribunal Constitucional. Euskadi asumiría la condición de región europea o nación asociada en el seno de la UE. Podría firmar tratados internacionales en materias de su competencia. Por último, los ciudadanos vascos disfrutarían de doble nacionalidad: la vasca y la española.

Ibarreche expresó su voluntad de conducir el proceso por la vía legal. Y adujo un ramillete de normas jurídicas que, según él, permitían una cuasi secesión pactada sin romper el marco constitucional.

En primer lugar, invocó la disposición adicional del Estatuto Vasco, a cuyo tenor la aceptación del régimen de autonomía estatutaria «no implica renuncia del Pueblo Vasco a cualesquiera otros derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia». Olvidaba que el pueblo vasco como tal no había sido nunca titular de ningún derecho histórico, por la sencilla razón de que jamás, hasta el Estatuto de Guernica, formó una unidad política. Esta disposición fue incluida en 1979, con la aquiescencia del presidente Suárez, para dar satisfacción al mundo nacionalista, pero todas las partes tenían plena consciencia de que se trataba de un pronunciamiento retórico sin ningún contenido real. Y es que se puede hablar de fueros de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, pero no de fueros del País Vasco. Fue el Estatuto de Guernica el que consagró por vez primera en la historia la unidad política de las antiguas Provincias Vascongadas.78 Pero ese brindis al sol nacionalista, pues no es otra cosa esa disposición adicional, contenía una previsión de la mayor importancia para evitar falsas interpretaciones. En ningún caso la actualización de esos supuestos derechos históricos del pueblo vasco podría realizarse de forma unilateral, sino de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico, que no es otro que la Constitución, cuya disposición adicional primera ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, pero establece que su actualización general solo puede hacerse en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía.

En segundo lugar, Ibarreche encontraba en esa disposición adicional más argumentos para legitimar su propuesta al entender que los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya habían sido entes soberanos. En consecuencia, era la propia Constitución la que daba cobertura a la propuesta de dotar a Euskadi de un estatus de libre asociación. También pasaba por alto el hecho de que nunca —salvo en la mitología nacionalista— Álava, Guipúzcoa y Vizcaya habían sido, ni juntos ni por separado, comunidades soberanas.

También sumó a la causa de la pretendida legitimidad de su plan la disposición derogatoria de la Constitución. Pero su empeño era vano a la hora de encajar en ella su proyecto separatista, pues dicha disposición se limita a derogar —en cuanto pudieran tener alguna vigencia— la ley de 25 de octubre de 1839 (en cuanto a las Provincias Vascongadas que hoy componen la Comunidad Autónoma Vasca) y la ley de abolición de sus fueros de 21 de julio de 1876, sin que de tal derogación se pudiera derivar ninguna consecuencia jurídica pues el restablecimiento de los regímenes forales anteriores a 1876 había de hacerse conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, mediante el procedimiento de actualización general en el marco de la Constitución y de los estatutos.

Por último, Ibarreche invocó los pactos internacionales de derechos humanos, donde, según él, encontraba su amparo la autodeterminación vasca. Tampoco es así. El País Vasco forma parte, sin discriminación alguna, de la nación española. Los vascos participan en las instituciones comunes de la nación —y siempre lo han hecho—, en condiciones de igualdad con el resto de los españoles. El País Vasco no puede alegar soberanía originaria ni pretender un régimen de soberanía compartida. Los ciudadanos vascos comparten junto al resto de los ciudadanos españoles la titularidad de la soberanía española. Además la Comunidad Autónoma Vasca tiene sus propias instituciones democráticas para el ejercicio del derecho a la autonomía, que le garantizan un autogobierno que jamás disfrutó en épocas pasadas. En consecuencia, el pueblo vasco no padece ningún tipo de dominación colonial ni de opresión política justificativa del derecho de autodeterminación. Más aún, es en los referidos pactos internacionales donde encuentra su amparo la unidad de la nación española, por cuanto aquellos proclaman el principio de la integridad territorial de los miembros de Naciones Unidas. De acuerdo con tales pronunciamientos, «ninguna de las disposiciones relativas al derecho de autodeterminación autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna por motivos de raza, credo o color».

El sueño secesionista de Ibarreche no tenía por tanto encaje constitucional alguno. Se trataba de un burdo artificio para sortear el artículo segundo de la Constitución, cuyo fundamento es la unidad indisoluble de la nación española. Y todo ello sin contar con el único sujeto constituyente que es el pueblo español. En suma, el Plan Ibarreche pretendía destruir la nación española mediante el ejercicio de un inexistente derecho de autodeterminación y convertir a España, por la puerta falsa, en un Estado plurinacional.

Podríamos preguntarnos por qué el PNV, a pesar de que la consecuencia práctica del nuevo «estatus» vasco fuera la configuración de hecho y de derecho de un Estado propio, no reivindicaba la independencia pura y dura, y en cambio abogaba por que el proceso concluyera en un pacto de libre asociación con el Estado Español. No es difícil la respuesta. No lo hacía por amor a España ni a los españoles. Los nacionalistas en esto no han hecho más que actualizar el odio a todo lo español que forma parte esencial del pensamiento del fundador del PNV, Sabino Arana, cuya memoria cultivan en una poderosa fundación que lleva su nombre. Ibarreche sabía muy bien que si el País Vasco se separaba de España, la consecuencia sería —como ocurrió en el caso de Argelia— su inmediata salida de la Unión Europea, a la que tendría que solicitar su adhesión como miembro de pleno derecho, algo muy difícil de obtener pues podría encontrarse con el veto no solo del país mutilado, España, sino el de otros Estados donde pudieran existir conflictos territoriales. En suma, el estatus de libre asociación era una fórmula ingeniosa para eludir unas consecuencias tan catastróficas para el País Vasco como sería su salida de la Europa unida.

En nombre de Batasuna, Otegui descalificó el discurso del lendakari tildándolo de «fraude» y «entretenimiento». Los eta-batasunos no creían que cumpliendo la legalidad se pudiera llegar a buen puerto. Y advirtieron de que si no se contaba con ellos, cualquier propuesta estaba condenada al fracaso.

En su discurso ante la cámara de Vitoria el lendakari hizo «la fotografía de un País en marcha», con un relato idílico de la situación de Euskadi. Si el País Vasco fuera independiente, afirmó, se situaría entre los diez primeros países del mundo en «desarrollo humano, justo detrás de los Países Bajos y por encima de países tan significativos como Japón, Suiza, Luxemburgo, Francia, España o Reino Unido». Así, tal cual. Este argumento no dejaba de contener una gran contradicción, pues es incongruente cantar las excelencias de la privilegiada situación de Euskadi para, a renglón seguido, decretar la defunción del Estatuto, es decir, del instrumento de autogobierno que había permitido a los vascos alcanzar tales cotas de bienestar. Por otra parte, la acción de los poderes públicos españoles, con su política económica y su apoyo a las infraestructuras y al desarrollo del tejido industrial del País Vasco, ¿acaso no había tenido nada que ver? ¿Cómo es posible formular reproches de cerrazón e incomprensión a un Estado que había puesto en manos de las instituciones vascas un instrumento financiero tan vital y poderoso para el ejercicio del autogobierno como los Conciertos Económicos? Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Pero no.

El nacionalismo vasco, desde los años de la Transición, detuvo el reloj de la historia para vivir instalado en el agravio permanente. Pasara lo que pasara e hiciera lo que hiciera el Estado Español, para los nacionalistas Euskadi está en conflicto con un Estado que «no nos comprende» y, además, «nos echa de España». En definitiva, el gran esfuerzo realizado desde 1977 para superar los viejos agravios no había servido para nada. Argumentan que todo lo conseguido por el idílico pueblo vasco lo habían «arrancado» los nacionalistas al Estado, doblegando su voluntad centralista. No cabe mayor indignidad por parte de los mentores del nacionalismo. Sostener, sin sonrojarse, que Euskadi está casi a la cabeza del mundo en cuanto a «desarrollo humano» es mofarse de la memoria de los cientos de vascos asesinados por ETA y de los miles y miles que se vieron obligados a emigrar forzosamente del País Vasco a causa del terror abertzale. ¿Es posible un cinismo mayor?

Por último, Ibarreche anunció que la última fase del proceso de emancipación sería «la ratificación definitiva en referéndum por parte de la sociedad vasca del pacto político alcanzado con el Estado o, en su caso, del proyecto aprobado por el Parlamento Vasco, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones». Todo un desafío. Lejos quedaban los sabios consejos del que fuera último lendakari del gobierno vasco en el exilio, Leizaola, cuando advertía de que la independencia del País Vasco sería una locura.

Un año largo tardó Ibarreche en poner negro sobre blanco el contenido normativo de su plan. El 25 de octubre de 2003, el gobierno vasco, reunido en sesión extraordinaria, acordó remitir al Parlamento la propuesta de Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi. El gobierno presidido por José María Aznar quiso abortar el proceso de raíz y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo del ejecutivo de Vitoria. No lo consiguió. El 26 de abril de 2004 el alto tribunal dictó auto de inadmisión por entender que se pretendía recurrir un acto de mero trámite, en el marco de un procedimiento claramente reglado por lo que la propuesta era legítima y democrática. Entender otra cosa —añadía— sería desconocer la lógica del sistema democrático parlamentario, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate político.79

El final de un sueño o el fracaso de Ibarreche

El trabajo de la ponencia encargada de dictaminar el proyecto se prolongó durante varios meses. Sus componentes fueron Joseba Egibar (PNV), Rafael Larreina (EA), Leopoldo Barreda (PP), Arnaldo Otegui (Batasuna) y Jesús Eguiguren (PSE).

Al fin, el 30 de diciembre de 2004 la propuesta de Estatuto Político sería aprobada por 39 votos a favor (PNV-EA-IU) más tres diputados de Socialista Abertzaleak, cedidos para garantizar la obtención de la mayoría absoluta. Hubo 35 votos en contra (PSOE y PP y los otros tres miembros del grupo de los socialistas abertzales).

Esto decía su artículo 1º:

Como parte integrante del Pueblo Vasco o Euskal Herria, los territorios vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como los ciudadanos y ciudadanas que los integran, en el ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente su propio marco de organización y de relaciones políticas, y como expresión de su nacionalidad y garantía de autogobierno, se constituyen en una comunidad vasca libremente asociada al Estado Español bajo la denominación de Comunidad de Euskadi.

Dado que la propuesta de nuevo estatuto político se había tramitado como una reforma del Estatuto de Guernica era inevitable su remisión al Congreso de los Diputados. El artículo 46 del Estatuto de Guernica dispone que, tras su aprobación por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, la propuesta de reforma ha de someterse a la aprobación de los electores vascos mediante referéndum.

En 1993 el presidente del Congreso había dictado una resolución con el fin de regular el proceso a seguir para la reforma de los estatutos que se hubieran tramitado, como era el caso del de Guernica, conforme al procedimiento del artículo 151 de la Constitución. Se contemplaba, en primer lugar, un debate en el pleno de la cámara para la toma en consideración del proyecto de reforma. Una delegación del Parlamento proponente, integrada por tres parlamentarios como máximo, abriría el debate en un turno habilitado para su defensa. Si el proyecto de reforma superaba el trámite de toma en consideración, el siguiente paso sería la presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios. Correspondería a la Comisión Constitucional la discusión de las enmiendas con el concurso y asistencia de una delegación del Parlamento proponente, a fin de elaborar de común acuerdo el correspondiente dictamen que habría de ser sometido a la aprobación del pleno de la cámara. Esta norma sería de aplicación al Plan Ibarreche, aunque como veremos a continuación la cuestión de procedimiento suscitó nuevas controversias.

Al objeto de poner en marcha el procedimiento legalmente establecido, el 14 de enero de 2005 el Parlamento Vasco registró en el Congreso la propuesta de Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi.

El 19 de enero la Mesa del Congreso la admitió a trámite y acordó que su tramitación se produjera con arreglo a la resolución de la presidencia de 1993. A tal efecto, acordó que el debate sobre la toma en consideración del proyecto de estatuto se celebraría en el pleno de la cámara previsto para el día 1 de febrero. Los nacionalistas presentaron un recurso ante la Mesa contra esta decisión. Alegaban que el artículo 151 de la Constitución no preveía ningún trámite previo de toma en consideración, por lo que la norma de 1993 era inconstitucional. Instaban a la Mesa para que revocara su decisión y abriera directamente el periodo de enmiendas, como paso previo a la reunión de la Comisión Constitucional para aprobar su dictamen con el texto definitivo del proyecto, de común acuerdo con la delegación del Parlamento Vasco.

El 25 de enero la Mesa no estimó las alegaciones del PNV y rechazó el recurso. Los nacionalistas interpusieron de inmediato un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional.

El 31 de enero, con una celeridad inusual y para no hacer perder al recurso su finalidad legítima, el Tribunal Constitucional dictó auto de inadmisión. De modo que la convocatoria del pleno del Congreso seguía en pie.

El 1 de febrero, a las 16.00 horas, el lendakari Ibarreche, designado como único interviniente de la delegación vasca, subía a la tribuna de oradores para defender su propuesta. El hemiciclo estaba lleno hasta la bandera.

El discurso del presidente vasco pareció que iba a inspirarse en la máxima romana suaviter in modo, fortiter in re, porque comenzó haciendo solemne profesión de fe en el diálogo. Pero no fue así y acabó por ser un auténtico trágala, porque, pasara lo que pasara, el referéndum de autodeterminación se celebraría en cualquier caso.

Ibarreche dividió su intervención en una serie de «mensajes», que fue desgranando uno a uno. En el primero proclamó su convicción de que existe una solución, un punto de encuentro, y este es el derecho a decidir y la obligación de pactar. Y por ello abogó por el diálogo, reprochando que no existiera siquiera disposición a negociar. En el segundo, dejó constancia de que el pueblo vasco era un pueblo mayor de edad, cantó las excelencias de la sociedad vasca, que había logrado situarse a la cabeza del Estado en cuanto a nivel de renta, y esta era la razón por la que reivindicaban más autogobierno, pues lo consideraban indispensable para mejorar aún más el bienestar de los ciudadanos de Euskadi. En el tercero, sostuvo que la propuesta del Parlamento Vasco era para convivir y no para romper. En el cuarto, afirmó que el proyecto era legal, legítimo y democrático, abierto a la negociación bilateral con las Cortes Generales, como exigía la Constitución. En su quinto mensaje instó al Congreso a no desaprovechar una «oportunidad histórica» para abrir la puerta a la solución del problema vasco. Por eso, él venía con la mano tendida de la sociedad vasca para negociar un nuevo marco de convivencia «con España» para el siglo XXI, pues, a pesar de la Transición, el problema vasco seguía sin resolverse.

A renglón seguido lanzó otros cuatro «mensajes finales». En el primero expresó su optimismo porque, pasara lo que pasara ese día, «no será ni el comienzo ni el final de un camino que no tiene vuelta atrás y que terminará en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca, que yo espero que, precedida de un acuerdo, sea además con plena validez jurídica».

Los destinatarios de su segundo mensaje final fueron el presidente Zapatero y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. Les reprochó que ya hubieran pactado rechazar la propuesta y les advirtió de que «tendrán que explicar a todas las ciudadanas y ciudadanos vascos que ustedes dos ya han pactado cómo será nuestro futuro y que de nada servirá la decisión democrática que los vascos puedan expresar».

El tercer mensaje era para la Unión Europea y la comunidad internacional. Quería decirles que «estoy aquí como representante del Parlamento de un país que pide con respeto y con educación que se escuche la decisión democrática de sus ciudadanos». Y les recordó que el derecho a decidir y la obligación de pactar ya se habían planteado en sociedades avanzadas como Canadá, Quebec, Irlanda, Flandes, Valonia y otras.

El cuarto mensaje tenía por objeto agradecer las numerosas muestras de apoyo que había recibido «de mucha gente en España que entiende que el futuro de Euskadi lo debemos decidir los propios vascos».

Y, por último, se dirigió a la sociedad vasca:

Estoy orgulloso del pueblo vasco, de nuestra historia milenaria, de nuestra lengua, el euskera, una de las lenguas más antiguas de Europa, pero estoy aún más orgulloso de nuestros hombres y mujeres, de todos los vascos y vascas que hoy vivimos y trabajamos en Euskadi, como antes decía, hayamos nacido donde hayamos nacido y votemos al partido político que votemos. Es fundamentalmente a vosotros a quienes quiero dirigirme para deciros que el futuro nos pertenece y que lo escribiremos nosotros, pactando con los demás, pero lo escribiremos nosotros de nuestro propio puño y letra.

Ibarreche ocultó que el gran problema del País Vasco no es ni la incomprensión ni la opresión por parte del Estado Español, que solo está en la imaginación de los nacionalistas, sino la violencia terrorista, asunto sobre el que el lendakari pasó casi de puntillas. Solo ETA pretendía esclavizar a la sociedad vasca mediante el tiro en la nuca, el secuestro y la extorsión.

Como es natural, la respuesta que mayor expectación suscitó fue la del presidente del Gobierno, pues la de Mariano Rajoy era, como a él le gusta decir de sí mismo, perfectamente previsible.80 Es cierto que el pacto antiterrorista de 2000 vinculaba a los dos partidos para afrontar en común la lucha contra ETA. Pero pronto se verá que para Zapatero la palabra dada tenía plazo de caducidad.

Cuando Zapatero subió al pódium del Congreso, España entera estaba expectante. Comenzó con una frase digna de Ortega:

Si vivimos juntos, juntos debemos decidir.

Explicó a continuación por qué el gobierno no había apoyado al Partido Popular, sin citarlo, en su pretensión de no permitir que la propuesta de Ibarreche traspasara la puerta del Congreso. Eran razones poderosas: por el respeto a la decisión del Parlamento Vasco, «aunque sea por una exigua mayoría», porque aquel era el foro donde habían de debatirse las grandes cuestiones que afectan al discurrir de España y, finalmente, porque en una democracia avanzada el derecho de propuesta ha de tener el mayor cauce posible para su ejercicio efectivo.

El presidente anunció a Ibarreche algo que el lendakari ya sabía: que su propuesta no iba a prosperar. Y esto era normal en democracia, «en la que todo poder es limitado y está sometido a otra voluntad o a la ley suprema». Ahora bien, añadió, «más allá del resultado de la votación de este debate, este puede ser de gran utilidad para el futuro de nuestra convivencia».

A partir de ahí, a la vista de todo cuanto aconteció después, no existe ninguna duda de que el discurso del presidente no tuvo como destinatario el lendakari vasco, sino los dirigentes de la banda terrorista ETA, que sin duda habrían seguido con gran atención sus palabras. Porque lo que no reveló Zapatero es que desde hacía varios meses guardaba en La Moncloa una carta de ETA en la que la banda terrorista le expresaba «su disposición a comenzar un diálogo conducente a la resolución del conflicto».81

Esto explica estas palabras del presidente:

Señorías, esta propuesta, como hemos escuchado aquí, pretende proponer una nueva relación entre Euskadi y el conjunto de España y su sustento teórico se centra en el derecho a decidir del pueblo vasco. Creo con tanto fervor como cualquiera, señor Ibarreche, en la expresión que representa la voluntad popular y creo con tanto fervor que esa voluntad popular hay que llevarla a cabo con todas sus consecuencias, y por eso afirmo que la relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles.

Las palabras de Zapatero contenían una gran falacia. Es cierto el reproche que el presidente le había formulado a Ibarreche porque su propuesta había alcanzado, por los pelos y con la ayuda de tres parlamentarios batasunos, la mayoría absoluta para su tramitación conforme al artículo 46 del Estatuto Vasco. Pero no era menos cierto que la reforma del Estatuto había necesariamente de someterse a referéndum de los ciudadanos de Euskadi, por lo que se garantizaba «el derecho a decidir» defendido por el presidente vasco.

El caso es que Zapatero, a diferencia de lo que hizo inmediatamente después Mariano Rajoy, apenas argumentó en contra del contenido de la propuesta del Parlamento Vasco. Su discurso estuvo plagado de frases retóricas como la cita de Hermann Hesse82 «soy patriota, sí, pero antes persona o ser humano» o «mi convicción profunda se expresa en una firme pasión por la democracia».

Lo que realmente le interesaba al presidente era dejar constancia de que el rechazo al Plan Ibarreche no suponía un punto final, sino el comienzo de un nuevo proceso.

Zapatero dedicó parte de su discurso a exponer cuál era su concepción de España. La música sonaba bien, pero la armonía de su construcción quedó perturbada por el hecho de que sus palabras pusieron a la Constitución en situación de interinidad:

Señorías, mi concepción de España es la de la España constitucional, no solo porque sea garantía de unidad sino, ante todo, porque es garantía de libertad y de convivencia. Mi concepción de España es la de una España plural, una España que reconoce las identidades de sus pueblos; identidades demasiadas veces negadas en la historia; identidades a veces humilladas en la historia; identidades que tienen derecho a ser construidas, a convivir. Por eso me he sentido orgulloso, como presidente del Gobierno de España, defendiendo el euskera en Europa. Por eso siento el mismo respeto y aprecio ante la ikurriña que ante la bandera de mi tierra. Por eso me siento con autoridad para decir al pueblo vasco, a los ciudadanos vascos, que la construcción de su identidad y que sus aspiraciones de las más altas cotas de autogobierno son posibles. Y como hoy son posibles y las vamos a llevar adelante, hay que hacerlo decidiendo juntos, y como no hay una única concepción de la identidad territorial en España, sino muchas, y como ninguna es más verdadera que la otra, la mejor solución es que todas convivan, que todas puedan ser vividas.

Hemos descubierto que decidiendo juntos es posible convivir sin que tengamos que imponer unos su cultura a otros. Les propongo que pensemos en 2007, no en 1839, les propongo que pensemos en 2007, en el año de la vigencia de la primera Constitución Europea. Pensemos en la Europa que vamos a impulsar dentro de 20 días cuando votemos todos juntos, vascos y catalanes, andaluces, leoneses… Seremos los primeros en hacerlo, antes que países que alumbraron hace décadas el ideal europeo en el que soñaron todos los demócratas españoles, también Aguirre. Esa Constitución, antes incluso de enunciar el primero de sus artículos, proclama en su preámbulo: «Los pueblos de Europa, sin dejar de sentirse orgullosos de su identidad y de su historia nacional, están decididos a superar sus antiguas divisiones y, cada vez más estrechamente unidos, a forjar un destino común».83 ¡Qué lección, señorías! Tomemos nota. Sintámonos orgullosos de todas nuestras identidades, de todas nuestras historias y forjemos un destino común como país.

Zapatero rechazó el derecho a la autodeterminación, pero lo hizo en tales términos que entre líneas permitía aventurar que incluso este debate quedaba abierto:

He oído argumentos y he comprobado que se sostienen posiciones sobre una visión de España que fue y ya no es; sobre un concepto de soberanía que fue y ya no es; sobre una noción del Estado-nación que fue y ya no es, sobre una interpretación del derecho de autodeterminación que nunca fue y que tampoco lo es ahora. Señorías, nuestra unión como país no es un tributo a la historia; nuestra unión como país no es un apego a una bandera; nuestra unión se sustenta en la fuerza más poderosa que ha conocido nuestro devenir y el de todos los pueblos: los valores de la razón, la libertad, la ciudadanía de iguales, el pluralismo, la supremacía del derecho, de las garantías, el pacto colectivo, la limitación del poder. Defiendo la integridad territorial de España porque es integridad de los derechos de los ciudadanos. Solo así todas y todos disfrutaremos de una libertad integral, de una igualdad integral, de un pluralismo real. Eso es un Estado moderno; ese es el Estado que estamos construyendo.

Señorías, después de este debate habrá una votación. La votación en democracia cierra el debate, pero no lo resuelve. El debate, cuando se trata de una norma fundamental para la convivencia, solo lo resuelve el acuerdo. Hoy es previsible que terminemos cerrando un debate y deseable que abramos el tiempo de un acuerdo histórico y definitivo. Para mí, el resultado de la votación no será una victoria y, por tanto, nadie debe entender el mismo como una derrota. Este 1 de febrero no es el final de un plan, sino el día en que asistimos a un nuevo comienzo, a un nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España; un proyecto que ha de tener el respaldo de todos y la mirada puesta en el futuro, que ha de establecer la prioridad en aquellos que no pueden vivir como seres libres, en el afán de compartir las identidades y respetar las aspiraciones nacionales dentro de un gran proyecto de convivencia, de un gran proyecto que representa una España orgullosa de su pluralidad.

Señorías, si vivimos juntos, juntos debemos decidir. A esa gran tarea hoy quiero convocar a todos los vascos y a todos los ciudadanos de este país, que quieren ver la armonía, la convivencia respetuosa, la riqueza de nuestras lenguas y la fortaleza de nuestra unión, de una unión que no se impone y una unión a la que se convoca cada día. Este es mi compromiso. En esta tarea empeñaré el legado de tantos hombres y mujeres que saben que tenemos una oportunidad única y que estamos dispuestos a no fallar.

Ibarreche creyó que Zapatero daba un portazo a su plan y tardaría en comprender cuáles eran sus verdaderas intenciones. Así que en su turno de réplica no pudo ocultar su malestar:

Quiero trasladarles que si esta cámara decide dar un portazo a la mayoría absoluta de la cámara vasca y a la sociedad vasca… Si se decide dar un portazo, lo que haré simplemente será cumplir mi palabra: seguir adelante, trasladar la palabra al pueblo, ¿para qué? Para que todos veamos el clamor con el que la sociedad vasca manifestará que es necesario buscar una salida negociada para encontrar un modelo de relación amable entre Euskadi y España para el siglo XXI.

El Diario de Sesiones del Congreso registra el resultado de la votación: Votos emitidos, 344; a favor, 29; en contra, 313; abstenciones, 2.84

El Plan Ibarreche había pasado a mejor vida.85

La negociación con ETA

Los precursores de la negociación

El primero que diseñó una propuesta de solución del «conflicto vasco» mediante un proceso de negociación fue el histórico dirigente socialista José María Benegas, que sorprendió a todos cuando a principios del año 2000, poco después de la ruptura del alto el fuego unilateral decretado por ETA ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno de José María Aznar, publicó un libro titulado Una propuesta de paz. En él se incluía un último capítulo titulado «Una propuesta de método para avanzar hacia la paz». Benegas, a su vez, había bebido en las fuentes del proceso de paz irlandés.

Como cuestión previa para que pueda iniciarse un nuevo proceso de diálogo, decía Benegas, «lo lógico es exigir de antemano una declaración de cese pleno y definitivo de la violencia... En último extremo pudiera aceptarse la formulación irlandesa de “cese permanente” de la violencia durante un periodo de tiempo “amplio y determinado”, que como mínimo debería de ser de dos años, en el que nos emplacemos todos para intentar alcanzar un acuerdo definitivo». Si ETA aceptaba esta condición, en tal caso el gobierno debería proceder al traslado de los presos etarras a las cárceles del País Vasco o, si fueran insuficientes, a comunidades limítrofes. Era el paso previo para permitir su paulatina excarcelación. Habría una doble negociación. Una política, entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y otra, entre ETA y el Estado.86

Abogaba por la creación de un Consejo de Partidos por la Paz que tendría dos foros de discusión «con el mismo objetivo pero con diferente ámbito: el de la Comunidad Autónoma Vasca y el que comprende la Comunidad Foral de Navarra».87 Benegas consideraba que los acuerdos alcanzados en el seno del consejo, si afectaban al ordenamiento jurídico general del Estado, debían trasladarse a las Cortes Generales, respetando su soberanía. No hace ninguna referencia a la autodeterminación, pero tampoco la excluye al admitir que el diálogo político sea sin limitaciones previas.

El libro de Benegas levantó una gran polvareda. Alarmada por la repercusión negativa de la propuesta para los intereses electorales del PSOE, la dirección de la calle Ferraz descalificó rotundamente a su autor, que solo hablaba a título personal. Incluso el diario El País se lanzó a su yugular. El autor de la diatriba contra Benegas fue el editorialista de El País Javier Pradera, que en un artículo publicado el 31 de mayo de 2003 decía, entre otras cosas:

El plan Benegas —formulado «a título personal» y «con extrema cautela»— es un retroceso hacia la vía irlandesa que sirvió en su día de falsa coartada al Pacto de Estella... Además de inoportuna (algo imperdonable en un político veterano al que extrañamente se le sigue llamando Txiki), la propuesta de Benegas resulta inconsecuente con los elementos centrales de su propio razonamiento: la identidad «compleja y plural» de la sociedad vasca, la inexistencia de un «contencioso vasco» con España y Francia, la descripción de la violencia como único «conflicto» diferenciador, el rechazo del principio de autodeterminación como derecho y no como reivindicación, la improcedencia de las soberanías plenas y de los ámbitos de decisión independientes cuando afectan a terceros, la reivindicación del Estatuto de Guernica, la impugnación del Pacto de Estella, el derecho de los navarros a decidir su futuro, etc. En efecto, la «propuesta de método de trabajo» tan escandalosamente lanzada por el presidente de los socialistas vascos, lejos de apoyarse sobre esas premisas, pretende convertir en materia de negociaciones democráticas un conjunto de pretensiones antidemocráticas que solo pueden ser impuestas mediante la violencia y la intimidación... Además de inoportuno y de inconsecuente, el plan de Benegas se muestra impermeable a los hechos que la publicación por Gara del pacto secreto firmado por PNV, EA y ETA en julio-agosto de 1998 puso al alcance de todo el mundo… Los portavoces de la banda no solo se jactan una vez más de que la tregua declarada en septiembre de 1998 e interrumpida en noviembre de 1999 fue una trampa; también critican al PNV y a EA por haber ocultado que ese fraudulento alto el fuego no iniciaba «un proceso de paz», sino que era simplemente un paso hacia «la construcción nacional».

Desde luego Javier Pradera acertó en su juicio sobre el «inconsistente» e «inoportuno» plan de Benegas.88 Lo malo es que lo que reprochaba con tanta vehemencia al dirigente socialista lo llevaría a la práctica Zapatero con el apoyo incondicional del periódico de PRISA.

Mayor fortuna tendría, tres años después, Jesús Eguiguren. Sin duda, tanto él como su principal interlocutor batasuno, Arnaldo Otegui, habrían reflexionado juntos sobre el libro de Benegas. En 2003 Eguiguren se sintió con arrestos suficientes como para exponer públicamente su propia fórmula para resolver el conflicto vasco que no difería sustancialmente de las «bases» de Benegas, aunque llegaría aún más lejos. Su compañero se había limitado a formular propuestas sobre el método a seguir, pero Eguiguren se adentraba en los contenidos del acuerdo político. El presidente del PSE añoraba un nuevo «Convenio de Vergara», similar al que en 1839 había puesto punto final a la Primera Guerra Carlista89 y sobre cómo lograrlo llevaba al menos desde al año 2000 conversando con Otegui. Y así lo expuso en su libro Los últimos españoles sin patria (y sin libertad). En él se incluía un epílogo con un título sugestivo: «Bases para un arreglo. La vía vasca», en el que sin duda vertió muchas de las ideas entrecruzadas con Otegui, que tendrían fiel reflejo en la propuesta de Anoeta de noviembre de 2004.

Eguiguren asumía sin vacilar el derecho a decidir y no descartaba una reforma de la Constitución para encajar el acuerdo que pudiera alcanzarse en una negociación política en el caso de que desbordara el marco constitucional. Ahora bien, «si la trascendencia del acuerdo, o acuerdos, lo hace necesario se procederá a su ratificación mediante referéndum, que si afecta a cuestiones esenciales del sistema político, deberá tener un resultado positivo en cada uno de los ámbitos territoriales a que afecte».

A pesar de que Eguiguren reconocía haber dudado a la hora de publicar sus «bases» por entender que podría ser «políticamente incorrecto»,90 esta vez el presidente del PSOE, Manuel Chaves, guardó silencio. Tampoco mereció ninguna reprobación por parte de la gauche divine de El País. Claro es que al frente del PSOE se hallaba José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo entorno había gentes que le impulsaban a dar un giro copernicano a su política en el País Vasco. La forzada dimisión de Nicolás Redondo Terreros de su cargo de secretario general del PSE y su sustitución por Pachi López, demuestra que Zapatero quería situar al frente del PSE a una persona manejable y dúctil.

El libro de Eguiguren es una recopilación de artículos publicados en la prensa vasca y madrileña así como de algunas intervenciones en el Parlamento de Vitoria desde 1998. Incluye también algunos artículos inéditos. Son quizás los más interesantes porque revelan la profunda transformación ideológica de Eguiguren, que de la defensa a ultranza del vigente orden constitucional —Constitución y Estatuto— y de la reivindicación de un «fuerismo de izquierdas», pasa de la noche a la mañana a sostener la necesidad de pactar con los terroristas, admitiendo incluso la posibilidad de alterar el actual marco constitucional para dar satisfacción a las aspiraciones políticas de los etarras y conseguir así el fin de la violencia.

El epílogo no es, a juicio de su autor, más que un «ensayo teórico, sin pretensiones de aplicación a la política práctica». Se trata de un «proyecto para abordar el problema vasco y acabar con el terrorismo, si se dieran unas condiciones que hoy por hoy no se dan». Dicho esto, Eguiguren aclara que no se trata de «una especie de experimento de política ficción... no es una mera especulación fantasiosa». No pretende trasladar «miméticamente modelos extraños inspirados en la experiencia internacional; lo que aquí sostenemos es una vía propia, la vía vasca, la del arreglo y no la de la solución, la del pacto y la concertación y no la de la confrontación y la unilateralidad, en definitiva, la de la negociación y el consenso».

Merecen especial mención las tres últimas bases, en las que Eguiguren parece ser consciente de su audacia e intenta poner paños calientes.

En la base décima dice:

En principio, es posible distinguir entre el reconocimiento, su regulación y su ejercicio, que podrían darse en fases distintas en el tiempo. El reconocimiento del principio (se supone que se refiere a la autodeterminación) podrá darse como resultado del diálogo multipartidario, posponiendo su regulación a un momento posterior ya que su ejercicio, en ningún caso, podrá llevarse a cabo de forma inmediata. Tendrá que ser posterior a la culminación de todo el proceso de paz, incluyendo el tiempo necesario para que se hayan curado las heridas del pasado, sea un hecho la reconciliación, se haya consolidado un clima de confianza en el sistema y una convivencia plenamente pacífica. La única forma de establecer esta garantía, además de confiar en la prudencia de los partidos e instituciones, es regular desde el principio el tiempo considerado suficiente —como mínimo diez años— o bien establecer una mayoría cualificada, que requiera el consenso de formaciones pertenecientes a distintas sensibilidades, para adoptar la iniciativa (…). El reconocimiento del principio, en la medida en que afecta al conjunto del Estado, necesitará la previa concertación. Los mecanismos pueden ser diversos, desde la admisión de facto del principio, a la inclusión legislativa o constitucional, o el recurso a las particularidades contenidas por la propia Constitución con respecto a los territorios forales en su disposición adicional y en sus disposiciones derogatorias; ello facilitaría el proceso evitando complejos mecanismos de reforma constitucional y siendo suficiente una regulación parlamentaria ordinaria.

En la base undécima, Eguiguren plantea ciertas limitaciones a la consulta que habría de hacerse en ejecución de los acuerdos alcanzados:

Para que el resultado de la consulta tenga consecuencias deberá lograrse una mayoría cualificada, y, además, en cada uno de los territorios afectados. En caso contrario, no será aplicable a ninguno de ellos.

En la decimosegunda y última de sus bases, Eguiguren propone más restricciones:

El proceso no se inicia de cero, ni puede culminar en algo que rompa radicalmente con el pasado o las relaciones producidas por la historia… Así, la libertad de decisión democrática con que iniciábamos la declaración no puede desconocer nuestra pertenencia a ámbitos más amplios de decisión como son el español y el europeo, que deben ser contemplados, en adelante, no como limitaciones a nuestras libertades o derechos sino como garantía de su ejercicio. Tampoco hemos de hacer tabla rasa del ordenamiento y de las instituciones existentes al inicio del proceso. Todo lo contrario, el ejercicio del diálogo implica el respeto a las instituciones y marcos políticos existentes. Finalmente, la aplicación de los acuerdos y decisiones políticas adoptadas a lo largo de todo el proceso se deberá llevar a cabo siguiendo los procedimientos previstos en el Estatuto de Guernica, la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra y la Constitución Española de 1978.

El epílogo concluye con estas palabras:

Estas bases, con la apertura al reconocimiento pleno de nuestras facultades democráticas, con el respeto a las garantías establecidas para la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, y con la clarificación de los desenlaces posibles del proceso, representan una oportunidad de la que únicamente pueden derivar beneficios para todos. Es una oportunidad, también, para ir asumiendo un marco político y democrático afectado por una deficiente adhesión desde el inicio de la Transición. En definitiva, un paso importante para ir superando los problemas y desencuentros que han acompañado a nuestra historia contemporánea donde muchas veces ha sido difícil compatibilizar nuestros particularismos forales y autonómicos y el régimen constitucional.

Eguiguren partía de un hecho falso, pues no es cierto que el actual marco jurídico-constitucional y estatutario se encuentre afectado por una deficiente adhesión desde el inicio de la Transición. La Ley para la Reforma Política de 1977 fue refrendada por una amplísima mayoría de ciudadanos vascos.91 La Constitución Española obtuvo un respaldo claramente mayoritario. El Estatuto de Guernica tampoco tiene ningún déficit democrático, pues con una participación del 54 por ciento del censo electoral de la Comunidad Vasca los síes alcanzaron abrumadora mayoría.

Las bases de Eguiguren eran un torpedo contra la línea de flotación de la Constitución Española. El dirigente socialista se unía así a los firmantes del Pacto de Estella, que certificaron por sí y ante sí la defunción de la Constitución y del Estatuto Vasco. Peor aún, Eguiguren no justificaba la violencia, faltaría más, pero se alineaba con quienes alientan la lucha armada porque el Estado Español niega al pueblo vasco el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Su propuesta no era otra cosa que la rendición del constitucionalismo socialista vasco ante las exigencias de ETA.

Por otra parte, Eguiguren estaba dispuesto a pagar un precio político para conseguir la paz. Reconocía que en el País Vasco hay un conflicto de naturaleza política y no solo articulaba un procedimiento de negociación con los representantes de los terroristas sentados a la mesa multipartidista, sino que aceptaba, de antemano, la posibilidad de que el acuerdo incluyera el derecho de autodeterminación.

Finalmente, para Eguiguren Navarra forma parte del conglomerado vasco, pues da por sentado que el proceso le afecta directamente, como lo prueba la alusión que en la base XII se hace al Amejoramiento del Fuero que se verá afectado por los acuerdos y decisiones políticas adoptadas a lo largo de todo el proceso.

Hasta aquí la referencia a los precursores del proceso de negociación con ETA. Estoy seguro de que el libro de Eguiguren se convirtió el libro de cabecera de Zapatero. Ya he señalado que las bases de Eguiguren no merecieron ningún comentario descalificador por parte ni del secretario general del PSOE ni de ningún otro dirigente del partido.92 Por otra parte, en aquellos momentos nadie podía imaginar que el Partido Popular perdiera las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. El gobierno de José María Aznar continuaba con su política de acoso y derribo de la banda terrorista ETA para forzar su rendición. El 11-M cambió radicalmente las reglas del juego.

La propuesta de Anoeta

El 14 de noviembre de 2004, mientras el Parlamento Vasco se entretenía con la discusión del Plan Ibarreche, Batasuna celebró un acto multitudinario en el velódromo de San Sebastián donde sus militantes aprobaron por aclamación un plan de paz alternativo al de Ibarreche, conocido como «Propuesta de Anoeta». En ella se contienen las «bases para la resolución del conflicto». Los filoterroristas proponían iniciar un proceso de diálogo político multilateral, partiendo del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y del compromiso por parte del Estado de respetar la decisión de la ciudadanía vasca. El acuerdo entre «los agentes de Euskal Herria» debería asegurar el «tránsito político hacia un nuevo escenario en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas, decidir cualquier estatuto político o institucional para nuestro pueblo». Dicho acuerdo habría de ser refrendado por la ciudadanía de Euskal Herria. Hecho esto, los firmantes del acuerdo se convertirían en representantes del pueblo vasco para abrir un proceso de diálogo y negociación con los Estados español y francés. En paralelo se abriría una negociación entre ETA y ambos Estados para tratar sobre la «desmilitarización del conflicto», «presos, deportados y refugiados» y «víctimas». Por supuesto, el ámbito del proceso no solo sería la Comunidad Autónoma Vasca sino también Navarra e Iparralde.93

El 16 de enero de 2005 ETA emitió un comunicado expresando su pleno apoyo a la propuesta de Anoeta por ser «la aportación política más sólida que se ha presentado de cara a superar el enfrentamiento entre Euskal Herria y los Estados». Batasuna quedaba así legitimada para impulsar y negociar el contenido de su propuesta.

Por su importancia en el desarrollo de los acontecimientos posteriores, transcribimos los dos últimos puntos de la propuesta de Anoeta:

5.    LOS COMPROMISOS DE BATASUNA DE CARA A UN PROCESO DE DIÁLOGO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
BATASUNA asume y emplaza a compartir los siguientes compromisos:

1. Compromiso para ir a las raíces del conflicto con el objetivo de buscar una salida democrática.
2. Todos y todas las ciudadanas vascas tienen derecho a ser consultadas. En consecuencia, los estatus políticos actuales y de futuro necesitan del refrendo de la ciudadanía. Compromiso para respetar la decisión de los ciudadanos vascos y vascas.
3. Compromiso de que dicha consulta se hará en condiciones pacíficas y democráticas, comprometiéndonos para ello a tomar las medidas necesarias.
4. Compromiso de que el acuerdo tendrá en cuenta tanto la historia como la actual realidad de Euskal Herria. El acuerdo debe contar con la adhesión y el respeto de las distintas sensibilidades existentes en el pueblo vasco.
5. Compromiso para dirimir las diferencias durante el proceso de manera pacífica y democrática.
6. Compromiso de que la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas permitirá la materialización, sin límites ni restricciones, de todos los proyectos políticos.
7. Compromiso de que en el acuerdo se recogerán y regularán los derechos recogidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en los Pactos por los Derechos Económicos, Civiles y Políticos de la ONU.

6.    EL PROCESO PARA LA RESOLUCIÓN BASADO EN DOS ACUERDOS.

BATASUNA considera que debe haber dos espacios diferenciados para el diálogo y el acuerdo:

6.1.   Acuerdo entre los agentes de Euskal Herria.
Contenidos del acuerdo entre los agentes políticos, sociales y sindicales:
Deben acordar, partiendo de nuestra actual realidad, el tránsito político hacia un nuevo escenario en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas, decidir cualquier estatus político o institucional para nuestro pueblo.
El acuerdo debe ser refrendado, inevitablemente, por la ciudadanía de Euskal Herria.
Los firmantes de este acuerdo deberán, además, constituir la interlocución democrática de nuestro pueblo, abriendo un proceso de diálogo y negociación con los Estados para hacer respetar los contenidos del acuerdo.

6.2.   Acuerdo entre ETA y los estados español y francés.
Contenidos del acuerdo entre ETA y los Estados español y francés:
Desmilitarización del conflicto.
Presos, deportados y refugiados.
Víctimas.

El documento de Anoeta contiene una novedad de gran calado. ETA renuncia a negociar directamente con el gobierno español la solución política del conflicto, pues la negociación entre la banda terrorista y los Estados español y francés solo tendría por objeto la desmilitarización del conflicto, la excarcelación de los presos y el regreso de los deportados y refugiados así como la atención a las víctimas (se supone que de ambos lados). Sentado lo anterior, la solución del conflicto habrá de negociarse en el seno de una mesa integrada por todos «los agentes de Euskal Herria». Los Estados español y francés deberán comprometerse a respetar el acuerdo alcanzado en dicha mesa, que sería sometido al refrendo de los ciudadanos de Euskal Herria.

De todas formas, la renuncia de ETA a negociar directamente cuestiones políticas era puramente formal, pues Batasuna no es otra cosa que la marca política de la organización.

Por otra parte, y esto podría suponer un escollo insalvable, la negociación propuesta por Batasuna incluía a todos los territorios de «Euskal Herria», que en su concepción política incluía a Navarra y a los territorios vasco-franceses.

El estruendo mediático del Plan Ibarreche impidió que, en aquellos momentos, se le diera a la propuesta de Anoeta la importancia que pretendía Batasuna. Pero en Moncloa tomaron sin duda buena nota. Solo esperaban que ETA hubiera sabido leer y entender el discurso del presidente en el debate con el lendakari y ratificara su disposición a negociar.

En efecto, los etarras habían percibido con toda claridad el mensaje del presidente. A mediados de febrero de 2005, mientras en Ajuria Enea el lendakari rumiaba el fracaso de su plan, el cartero —Eguiguren— volvió a llamar por segunda vez a las puertas de La Moncloa. Recordemos que la primera vez había sido en el verano de 2004.

Según refiere Jesús Eguiguren, que fue el «autor intelectual y material» del proceso de negociación, en dicha carta ETA mantenía «su plena disposición para encauzar una vía de comunicación directa, estable y a resguardo de situaciones coyunturales que permita solventar democráticamente, por medio de una negociación política, el conflicto entre Euskal Herria y España». Asimismo, ETA quería saber si el presidente estaba dispuesto a autorizar «que representantes del gobierno que usted preside puedan mantener en fechas próximas un encuentro con representantes de nuestra organización». Finalmente, «en caso afirmativo, le hacemos saber nuestra disposición para dar de inmediato los pasos pertinentes al respecto, responsabilizándonos de la organización del encuentro, que tendría lugar bajo los auspicios de una organización internacional».

Eguiguren no dice cuál fue la reacción del presidente, pero no hay duda de que fue él quien recibió el encargo de trasladar a ETA la disposición del gobierno a iniciar conversaciones de paz. Que ello es así lo demuestra que en una fecha, en la primavera de 2005, ETA vuelve a escribir por tercera vez «al Sr. Presidente del Gobierno de España» y desvela que «la organización no gubernamental bajo cuyos auspicios tendría lugar el encuentro es HD Centre for Humanitariam Dialogue, con sede en Ginebra (Suiza)», cuyo domicilio facilitaban: «Dicha sede se encuentra en el 114 rue de Laussane, 1202, Genève (Suisse)». La banda indica además cómo y cuándo tendría lugar el primer contacto:

La primera cita sería el 31 de mayo a las diez de la mañana en el hotel President Wilson de Ginebra. A dicha hora un miembro de la organización gubernamental antes citada se presentará en la recepción de dicho hotel y preguntará por ¿M. Felipe Martínez, de la part de M. Scout? Los representantes del gobierno se dirigirán a él, quien les conducirá al lugar del encuentro. En caso de que sus representantes no pudieran estar a la hora indicada, la cita se repetiría una hora más tarde en el mismo lugar. La segunda cita sería el 7 de junio a las mismas horas en el mismo lugar y con la misma contraseña.

El gobierno debería confirmar su asistencia antes del 15 de mayo al director de la organización no gubernamental referida. HD son las iniciales del fundador de la Cruz Roja Henri Dunant, cuyo nombre preside el Centro de Diálogo elegido por ETA como mediador internacional. «En caso de que no efectuasen dicha confirmación —concluye la carta, firmada por el Comité Ejecutivo de Euskadi Ta Askatasuna, con el anagrama de ETA y el sello de la banda— consideraríamos que sus representantes no van a acudir al encuentro, por lo que esperaríamos sus explicaciones por la vía de contacto preestablecida».

Eguiguren, que era el contacto preestablecido, no revela la fecha de la carta pero es de suponer que fue en el mes de abril, antes de las elecciones vascas convocadas para el 17 de abril de 2005. Por otra parte, si la primera cita iba a ser el 15 de mayo, ETA necesitaba tomarse tu tiempo para garantizar la seguridad de la entrada y salida de sus representantes en Suiza.

Los gestos del gobierno

Es de suponer que esta tercera misiva llegó a La Moncloa antes de las elecciones vascas que Ibarreche había convocado, tras el fracaso de su Plan, para el 17 de abril de 2005. Pero la decisión de negociar con ETA estaba tomada al menos desde la recepción de la segunda carta, a mediados de febrero. Para demostrar a ETA que esta vez la cosa iba en serio el gobierno iniciaría una política de gestos de distensión.

El primero y principal sería permitir al mundo abertzale participar en los comicios vascos. Eso sí, Zapatero se prestó a hacer un doble juego. Aparentó una gran firmeza al aplicar la Ley de Partidos, que impidió a Batasuna presentarse a las elecciones. Pero permitió la aplicación del «plan B» que habían previsto los batasunos ante la previsión de su ilegalización, y que demuestra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz y cometen fraudes mirando a su futuro. Sobre todo si reciben la ayuda de alguno de los hijos de la luz.

El 26 de marzo de 2005, tras la ilegalización de la plataforma Aujera Guztiak por considerarla como una continuación de Batasuna, irrumpió en el escenario político un partido desconocido denominado «Partido Comunista de las Tierras Vascas» (EHAK), fundado a la chita callando en el año 2002. Un mes de campaña, con toda la maquinaria electoral de Batasuna a su servicio, le bastó a EHAK para conseguir 9 escaños. La presencia en el Parlamento Vasco de un partido representativo del abertzalismo radical era una condición imprescindible para emprender la negociación «multipartidista» que reclamaba Anoeta. Se cumplió así la profecía de Arnaldo Otegui, que sonó a fanfarronada cuando anunció que la izquierda abertzale estaría presente en las elecciones.

Otro gran gesto se produciría durante la campaña electoral en la que Zapatero comenzó a quitarse la máscara. Asumió otro compromiso irresponsable similar al de Barcelona, solo que esta vez no hablaba como aspirante sino como presidente del Gobierno de España. Cualquier proyecto de Estatuto Vasco que contara con el respaldo de al menos los dos tercios del Parlamento de Vitoria recibiría el apoyo del gobierno. Y, con el tono solemne que reservaba para las grandes ocasiones, Zapatero anunció que habría un referéndum sobre el futuro del País Vasco. Comenzaba su coqueteo con el derecho a decidir. Tal vez tendría en cuenta que sin el PSOE y el PP los nacionalistas se quedarían lejos de los 50 escaños que necesitarían para alcanzar los dos tercios, lo que le permitiría controlar la negociación multipartidista.

El 17 de abril de 2005 se celebraron las elecciones vascas.94 La alianza PNV-EA se quedaba muy lejos de los 38 escaños que necesitaba para la mayoría absoluta, pero Ibarreche no iba a tener ningún problema para formar un gobierno en minoría. Zapatero había dado instrucciones a sus diputados para que en última instancia apoyaran la investidura de Ibarreche, renunciando así a formar un gobierno constitucionalista con el apoyo del Partido Popular, opción de gobierno que habría puesto a EHAK entre la espada y la pared, dado que si quería evitarlo tendría que votar expresamente a favor de Ibarreche. Todo ello a causa del peculiar sistema de designación del lendakari que establece la Ley del gobierno vasco de 1981.95

También se opuso Zapatero a la petición del Partido Popular al fiscal general del Estado para que, en aplicación de la Ley de Partidos, instara la disolución del partido EHAK, pues estaba claro que era una prolongación de Batasuna. El 25 de abril, la Mesa Nacional de Batasuna se felicitaba por su estrategia contra la ilegalización: «Los votos obtenidos por la izquierda abertzale nos dan una base sólida para afrontar con tranquilidad y valentía los próximos retos». En la ronda de conversaciones abiertas por Ibarreche, la representante de EHAK le informó de que su formación política asumía la propuesta de Anoeta. La burla al Estado de Derecho no podía ser mayor. Pero el fiscal general Cándido Conde Pumpido manifestó que solo había indicios de la simbiosis entre Batasuna y EHAK, pero que no serían suficientes para conseguir su ilegalización y, aunque se lograra sería muy difícil impedir que los sedicentes comunistas de las tierras vascas ocuparan sus escaños.

La hoja de ruta

Poco después se supo que Eguiguren y Otegui venían manteniendo desde hacía varios años conversaciones secretas en un caserío guipuzcoano.

Zapatero decidió entonces lanzarse a tumba abierta. Lo hizo utilizando como portavoz de sus intenciones al diario El País, el mismo día en que Batasuna, en el diario Gara, celebraba el éxito de su estrategia. Este era el titular del diario progubernamental del 25 de abril de 2005: «Zapatero ofrecerá a Ibarreche y Rajoy acordar la “hoja de ruta” para Euzkadi para poner fin a la violencia». «Zapatero —informaba el periódico progubernamental— quiere que esta situación desemboque en una mesa, con participación de todos los partidos, para reformar el Estatuto de Guernica y en la apertura de un proceso de paz si ETA anuncia el silencio definitivo de las armas».

El presidente comenzaba a utilizar expresiones propias de un proceso de paz: «Hoja de ruta», «normalización», «mesa de partidos»... Alarmado ante la deriva presidencial, cuatro días después publiqué un extenso artículo titulado «¿A dónde nos llevas presidente?».96 Entresaco uno de sus párrafos:

Batasuna pide diálogo. El PNV pide diálogo. El gobierno manifiesta su disposición al diálogo. Rodríguez Zapatero se compromete a respetar la voluntad vasca expresada en el Parlamento por dos tercios de sus miembros, lo que significa que excluye del consenso al Partido Popular. Habrá referéndum si hay acuerdo. Y para redondear la jugada, el candidato socialista Pachi López afirma estar dispuesto a participar «en mesas sobre pacificación y definición del marco». ¿No suena eso a la propuesta de Anoeta? Así que está todo dispuesto. Solo falta la tregua de ETA.

Desgraciadamente los hechos posteriores me dieron la razón. De momento, los etarras y sus corifeos habían conseguido sentar las bases para la apertura de un nuevo proceso para sustituir el actual marco jurídico como requisito previo imprescindible para alcanzar la paz. Como demostración de su buena voluntad, y en la búsqueda de puntos de encuentro, los socialistas vascos propusieron la definición de Euzkadi como «comunidad nacional». De forma incomprensible, el respetado presidente del Consejo de Estado, Francisco Gómez Llorente, se lanzó al ruedo de la reforma constitucional para defender la constitucionalidad de la novedosa expresión.

¿A dónde nos llevas, presidente?

Pero antes de que todo estuviera preparado para alzar el telón había que sortear un último obstáculo: el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo. Lo puso en entredicho el presidente a causa de su negativa a convocar la mesa del pacto y dar explicaciones de por qué no se ponía en marcha el proceso de ilegalización de EHAK y valorar qué consecuencias traería para el País Vasco y Navarra la revitalización de la organización abertzale a través del falso partido de los comunistas vascos.

El secreto del correcto funcionamiento de la democracia en España durante los últimos veinte años había sido que tanto el PSOE como el Partido Popular compartían la misma idea de España y el modelo de Estado de la Constitución de 1978. El pacto entre ambas formaciones había presidido en todo momento el desarrollo del Estado autonómico. Pero este consenso básico estaba a punto de saltar por los aires por la irresponsable apertura de un fraudulento proceso constituyente y de almoneda del Estado común para satisfacer la voracidad de las comunidades nacionalistas.

Así que el balance del primer año del gobierno del buen talante en materia antiterrorista no podía ser más desolador. Se había desactivado la aplicación de la Ley de Partidos para permitir el acceso al Parlamento Vasco de la izquierda abertzale a través de un partido fraudulento engendrado y amamantado a los pechos de ETA-Batasuna. Se había decretado la defunción del estatuto vigente como marco de convivencia. Se estaba dispuesto a abrir un proceso de negociación y diálogo con la finalidad de alcanzar un nuevo marco político para el País Vasco.

En mi artículo antes citado del 29 de abril, a la vista de todos estos hechos, me preguntaba:

¿Veremos al Estado Español ponerse de rodillas con el señuelo de conseguir la paz? Se dirá que Aznar mantuvo conversaciones con ETA. Y es cierto. Pero tan pronto como los comisionados del gobierno, enviados casi con luz y taquígrafos a Ginebra, tuvieron conciencia de que ETA quería poner precio político a la paz sin moverse un ápice de la reivindicación de independencia y que, además, pretendían una negociación de tú a tú con el Estado, se levantaron de la mesa y regresaron a casa para no volver.

Y estas fueron mis palabras finales:

Rodríguez Zapatero se comprometió a gobernar con total transparencia. En este asunto reina total opacidad. Por eso formulo una pregunta. ¿A dónde nos llevas, presidente? Tu sonrisa no bastará para producir la rendición de ETA. No espero recibir ninguna respuesta a mi pregunta, pero al menos confío en que el presidente será comprensivo con aquellos ciudadanos que, como yo, queremos saber la verdad. Esto último le suena a algo, ¿verdad presidente?

La hora de los estadistas

Ante la inminencia del primer contacto con ETA, previsto para el día 31 de mayo, Zapatero empezó a dar pasos para asegurarse el apoyo del Congreso de los Diputados. En el Debate sobre el Estado de la Nación que tuvo lugar los días 11 y 12 de mayo, al referirse a su política antiterrorista, dijo:

Hoy reitero esa convicción, ETA solo tiene un destino: disolverse y deponer las armas. Como presidente del Gobierno tengo el deber de trabajar para lograr ese fin... Señorías, hoy reitero ante la cámara que el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. Trabajaré sin descanso con todo mi gobierno por alcanzar el fin de la violencia y tengo la plena convicción de que los españoles apoyarán nuestro esfuerzo. Si se diera el caso, me comprometo formalmente a acudir ante esta cámara para explicar los pasos a dar y para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos de poner fin al terrorismo.

La ruptura del pacto antiterrorista era un hecho y Rajoy denunció por ello la actitud del presidente, ante la creciente sospecha de que se negociaba con ETA.97

De nuevo se manifestó la doblez de Zapatero. El 15 de mayo de 2005, recibió en La Moncloa a Mariano Rajoy, que salió convencido de la sinceridad del presidente. En su comparecencia ante los medios de comunicación el líder del Partido Popular y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciaron la creación de una comisión para abordar de manera conjunta la reforma de la Constitución, de los estatutos y de autonomía y del sistema de financiación.

Pero el clima de colaboración solo duraría unas horas. Aquel mismo día, en el Palacio de La Moncloa se había recibido una carta dirigida por Batasuna al presidente del Gobierno, que tras la reunión con Rajoy tenía previsto acudir a un mitin de su partido en San Sebastián. Firmaba en nombre de la Mesa Nacional de Batasuna Arnaldo Otegui. La carta tenía un tono chulesco en la forma y en el fondo. El conflicto vasco era consecuencia de la opresión de España «como proyecto negador de los derechos nacionales de pueblos que, como el vasco, han sido objeto de maltrato permanente por parte del Estado». De un Estado «que solo es capaz de justificar su existencia desde la pura y simple amenaza militar». Le advertía al presidente «de la gran trampa» con la que «pretendían neutralizarle los amigos de Bush, los grandes manipuladores del 11 de marzo, los Legionarios de Cristo; en definitiva, los que saben que en ese escenario volverán a recuperar el poder en las próximas elecciones». Le recordaba la apuesta de Batasuna y su aportación para la «resolución definitiva del conflicto político y armado que sufren nuestros respectivos pueblos».

No obstante, lo más importante de la carta de Otegui era la claridad con que concretaba su oferta al presidente:

Batasuna no está planteando un escenario independentista para la solución del conflicto. Batasuna plantea acordar las reglas democráticas que hagan posible un nuevo escenario donde todos los proyectos políticos tengan cabida, también el nuestro, socialista e independentista. Batasuna no está planteando un frente nacionalista vasco que imponga una solución unilateral del conflicto. Batasuna plantea un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, un acuerdo que debe contar con la adhesión y el respeto de las distintas sensibilidades existentes en el pueblo vasco. Y que debe ser refrendado, inevitablemente, por todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria. Así pues, nuestro compromiso es nítido: ese proceso de decisión debe de ser acordado en tiempos, mecanismos y garantías de derechos por parte de todas o, en su defecto, la mayoría de las formaciones políticas de nuestro país. Asimismo, y una vez que dicho acuerdo sea alcanzado, se deberá abrir un proceso de negociación con el Estado que fije los términos para el respeto de dicha decisión. Podemos asegurar que el día después de dicho acuerdo no supondrá ni la ruptura unilateral independentista ni la alteración de derechos básicos para ningún ciudadano o ciudadana, sea cual sea el ámbito de su adscripción nacional o identitaria.

Finalmente, Otegui se permitía sugerir al presidente:

Este proceso de acuerdo, para que sea integral y eficaz, debe conllevar también el inicio de conversaciones entre su gobierno y la organización ETA para la búsqueda de un escenario de desmilitarización multilateral del conflicto, puesta en libertad de los prisioneros políticos vascos y el reconocimiento social de las víctimas.

Y apelaba al ego de Zapatero:

Señor presidente, es la hora de los estadistas, es hora de reconocer a la nación vasca su derecho a decidir, pactando ese proceso de decisión entre todos y todas, sin exclusiones y sin vulneración de derechos alguna.

Zapatero se quedó con lo último y decidió convertirse en estadista, en los términos que le reclamaba Batasuna. Aprovechó el mitin de ese mismo día en San Sebastián para contestar a Otegui. Zapatero manifestó su disposición a dialogar con Batasuna, aunque para ello «es necesario que cese de una vez el ruido de las bombas y las pistolas». Exigió a la izquierda abertzale «que tengan la valentía de condenar y rechazar la violencia». Aseguró apostar «fuertemente por ver el fin de la violencia en Euskadi». Todos los ciudadanos vascos, enfatizó, saben «hasta qué punto soy capaz de hacer esfuerzos por la paz que quieren los vascos y todos los españoles, que tenemos que ganar con el esfuerzo de la razón como vamos a demostrar en los próximos tiempos». Y concluyó: «La esperanza en Euskadi ha comenzado, y el final serán la paz y la convivencia entre todos porque ese es el objetivo que comprometí ante los vascos».

La carta de Otegui marcaba el precio político de ETA-Batasuna para la consecución de la paz. Lo grave es que en su respuesta el presidente expresaba su disposición a realizar todos los esfuerzos necesarios para conseguir el objetivo propuesto, eso sí, siempre que ETA no solo dejara de matar sino también las armas. Solo faltaba.

La cobertura del Congreso

Para dar cobertura política a sus intenciones negociadoras, para poder alegar que su actuación estuvo siempre respaldada por el Congreso, así como para demostrar a ETA su sinceridad negociadora, el 17 de mayo de 2005 Pérez Rubalcaba, en nombre del Grupo Socialista, presentó una propuesta de resolución que autorizaba al presidente a poner en marcha un proceso de diálogo con ETA si verificaba que la banda terrorista estaba dispuesta a negociar. La propuesta socialista salió adelante por 192 votos a favor (PSOE, Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida-ICV, Coalición Canaria y Grupo Mixto —Bloque Nacionalista Gallego, Chunta Aragonesista, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai—) y el voto en contra de los 148 diputados del Grupo Popular.

De los siete puntos de su resolución, seis eran plenamente aceptables para los populares, pues no diferían de otras muchas declaraciones realizadas desde la «ortodoxia» en la lucha contra el terrorismo. La causa fundamental de la oposición del Grupo Popular estuvo en el apartado segundo de la resolución que decía así:

Expresamos nuestra convicción de que el Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA solo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Esta es la exigencia de la ciudadanía vasca y esta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje.

Los socialistas argumentaron que ese punto no era más que la reproducción literal del apartado décimo del Pacto de Ajuria Enea de 1988, firmado por todos los partidos en el País Vasco, incluida Alianza Popular y posteriormente asumido por el Congreso de los Diputados. La única variación era el parrafito final donde se afirmaba que la democracia española nunca aceptaría el chantaje de la violencia y que esta no tiene precio político, como si negociar la paz con los terroristas no fuera en sí mismo un gran triunfo político para los violentos.

La propuesta socialista pretendía dar cobertura política al gobierno para iniciar la negociación con ETA. El presidente hacía tiempo que había entendido que se daban las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia. Y el Partido Popular lo sospechaba, aunque solo pudiera disponer de indicios.

Prosigue el engaño

Los primeros contactos con ETA estaban previstos para el 31 de mayo y el 7 de junio en Ginebra, según la convocatoria enviada por ETA al presidente. Eguiguren no dice qué ocurrió en estos primeros contactos. Probablemente se limitaron a darse la mano, pero deja constancia de que la primera fase de las conversaciones formales dio comienzo el 21 de junio y finalizó con un preacuerdo sobre el método el 14 de julio.

Pues bien, el 27 de junio el Grupo Popular sería víctima de otro gran engaño. Ese día se debatió en el Congreso una propuesta de resolución presentada por el Partido Popular instando la ratificación del «Acuerdo por la Paz y la Tolerancia» de Navarra, firmado en Pamplona por el Partido Socialista de Navarra, Unión del Pueblo Navarro y los partidos integrantes de Coalición Popular el 7 de octubre de 1988. El motivo era que el referido pacto, que en su momento había sido ratificado por el Congreso, contenía diferencias sustanciales con el punto décimo del pacto de Ajuria Enea, literalmente transcrito en la resolución del 17 de mayo a que ya hemos hecho referencia.

Fue una sorpresa que el Partido Socialista ofreciera al Grupo Popular una fórmula transaccional consistente en circunscribir la ratificación del pacto al punto quinto del Pacto de Pamplona, que era, precisamente, el que tenía más interés para su postura contraria a cualquier negociación con ETA. De modo que el Congreso ratificó con el voto favorable de populares y socialistas y la abstención de los diputados nacionalistas, el siguiente pronunciamiento:

Ningún grupo terrorista, ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines, está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular. Solo la voluntad de nuestro pueblo puede orientar el presente y el futuro de Navarra. Por eso manifestamos nuestra seguridad de que ETA y sus defensores nada han de obtener mediante la violencia y la intimidación y de que Navarra continuará progresando asentada en sus instituciones democráticas y regida por la voluntad de sus ciudadanos.

Como promotor de esta propuesta de resolución, me correspondió subir a la tribuna de oradores para su defensa. Expliqué a la cámara el porqué de la misma. Recordé cómo Pérez Rubalcaba en su intervención del día 17 de mayo en defensa de la resolución aprobada sobre el posible «final dialogado» de ETA, había afirmado que no se hacía otra cosa que ratificar los pactos de Madrid, Ajuria Enea y Pamplona, que formaban un todo indisoluble. Sin embargo, defendí la conveniencia de ratificar expresamente el punto quinto del pacto navarro porque en él se concretaba «de forma clara y contundente, el rechazo a la apertura de ningún proceso de negociación política con ETA». Y añadí para que no quedara ninguna duda:

Dicho en román paladino, el punto quinto del Acuerdo por la Paz y la Tolerancia de Pamplona es radicalmente incompatible con el sueño de ETA, Batasuna y el Partido Comunista de las Tierras Vascas de poner en marcha la propuesta de Anoeta con la doble mesa de diálogo, una de partidos, sin límites ni exclusiones, para negociar la solución al conflicto —entre comillas—, y la otra de los gobiernos español y francés con ETA para tratar de los presos, las víctimas y el desarme.

Y terminé con estas palabras, calurosamente aplaudidas por mis compañeros de grupo:

La reacción suscitada en las fuerzas abertzales de Navarra por la presentación de esta moción es prueba concluyente de las falsas expectativas abiertas por la resolución mayoritaria del Congreso [de 17 de mayo anterior]. Mientras Aralar la calificó de vergonzosa, antidemocrática y alicorta, no menos contundente fue Batasuna. EA advirtió ayer al PSOE que la moción es un anzuelo en su contra, tras calificarnos de manipuladores y sectarios por presentar una iniciativa que consideran contraria a la política del presidente Rodríguez Zapatero. Pues bien, las incógnitas podrían quedar disipadas esta tarde si el Congreso, con el voto favorable del Partido Socialista, ratifica de forma inequívoca la vigencia del Pacto de Pamplona en su integridad y, por tanto, recuerda su punto quinto. Reafirmar lo que acordamos en 1988 y proclamar nuestra fidelidad a los principios básicos del sistema democrático que tienen perenne actualidad no es dejarse arrastrar por ninguna suerte de extremismo ni de inmovilismo reaccionario, sino decir a los terroristas con toda claridad que su único horizonte es la cárcel mientras no cesen sin condición alguna en su locura criminal y que con las pistolas encima de la mesa nadie podrá alterar ni la Constitución, ni el Estatuto Vasco, ni la condición de Navarra como comunidad foral. Si ETA cree que en el Congreso sonaron campanas de muerte para el Pacto Antiterrorista, procede decir alto y claro que los demócratas españoles no vamos a ceder frente al chantaje del terror. El voto afirmativo de la cámara, y anticipo nuestra aceptación de la enmienda socialista, podría ser un gran paso para la recomposición del consenso que condujo al Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, algo que demanda la inmensa mayoría de los españoles. En nuestra mano está.

En los pasillos del Congreso declaré a los periodistas que la aprobación de nuestra moción había hecho resucitar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y se garantizaba que no habría ninguna negociación política con ETA ni con sus representantes políticos. ¡Qué ingenuidad la mía! Fuimos víctimas de un gran engaño. Porque seis días antes habían comenzado en Ginebra las conversaciones con los representantes de ETA. ¿Por qué lo hicieron el tándem Zapatero-Pérez Rubalcaba? No lo sabemos. Quizás pensaron que les convenía esta vez rebajar la tensión provocada por las alarmantes noticias de una inminente negociación con ETA. Ya se encargaría Eguiguren de tranquilizar a los etarras en Ginebra.

Algunos miembros del gobierno hicieron declaraciones que demostraban su ignorancia sobre las verdaderas intenciones del presidente, que había tomado la decisión de controlar personalmente el proceso. Solo él, Pérez Rubalcaba y Eguiguren tenían información de lo que estaba pasando. Así el ministro José Bono manifestó que los terroristas de ETA no tenían más opción que la de «rendirse y salir de sus madrigueras con los brazos en alto». Antes de la aprobación de esta resolución el Grupo Socialista nos acusaba de estar más dispuestos a creer a ETA que al presidente. Acusación que se prolongaría a lo largo de todo el proceso.

El acuerdo sobre el método

El 21 de junio, según su libro de «confesiones», Eguiguren se vio por primera vez las caras con los representantes de ETA. Al frente de la delegación etarra se encontraba Josu Ternera.98 Aquel mismo día, Eguiguren regresó a Vitoria para participar en la votación de investidura del lendakari Ibarreche. Después volvió a Ginebra, donde el 25 de junio tendría lugar una segunda reunión. Los mediadores del Centro Henri Dunant estuvieron siempre presentes. Todos tomaron notas, pero no se levantaron actas. Las que más tarde se publicaron como tales, no eran otra cosa que las notas de los etarras en un ordenador portátil donde reflejaban los pormenores de las conversaciones.99 La cuestión del método y las condiciones del diálogo centraron ambas reuniones. Pero ese mismo día, ETA provocó una gravísima explosión en el Estadio Olímpico de Madrid, La Peineta. Eguiguren estuvo a punto de levantarse de la mesa, pero no lo hizo.

Las conversaciones con los representantes de la banda terrorista comenzaron a dar frutos, aunque se mantenían en el más absoluto secreto. ETA estaba dispuesta a acordar una nueva tregua —no el cese definitivo de su criminal actividad— pero exigía contrapartidas políticas. Y estas llegarán a finales de 2005 y continuarán a lo largo de 2006. Hoy sabemos que hubo dos fases en las conversaciones entre Eguiguren y ETA. La primera se inició en Ginebra el 21 de junio de 2005 y el 14 de julio se alcanzó un principio de acuerdo sobre el método. La segunda fase tuvo lugar en Oslo. Las conversaciones se reanudaron el 2 de noviembre y concluyeron con un total acuerdo el día 10 del mismo mes.

Estos eran los puntos principales del acuerdo. El primer paso lo daría la banda terrorista que asumía el compromiso de declarar una tregua. A continuación, el presidente del Gobierno español haría una declaración anunciando el inicio de conversaciones de paz. Incluso se llegarían a pactar los términos tanto del comunicado de ETA como de la declaración presidencial. No habría detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas, salvo que se cometieran acciones delictivas. ETA se comprometía a no realizar atentados contra personas y no continuar con la extorsión económica así como a no abastecerse de armas o explosivos ni de material para su fabricación. En el caso de producirse «accidentes» puntuales, que ambas partes tratarían de evitar, se discutirían en la mesa. El gobierno garantizaría la seguridad de la delegación etarra.

El inicio del principio del fin

Como acabamos de señalar, el primer paso para la apertura de conversaciones formales de paz lo tendría que dar la banda terrorista para anunciar la tregua. Pero antes de llegar a ella habría nuevas concesiones.

En noviembre de 2005 Pachi López anunció la disposición de los socialistas vascos a sentarse a la mesa multipartidista propuesta por Batasuna para la resolución del conflicto. Este enorme globo sonda del secretario general de los socialistas vascos solo encontró el rechazo del Partido Popular. A título personal, las socialistas Gotzone Mora y Rosa Díez manifestaron su disconformidad con la deriva de su partido, pero su testimonio fue acallado por el griterío de quienes las acusaban de estar al servicio de los intereses de la derecha empeñada en torpedear los esfuerzos de Zapatero para alcanzar la paz.

El gobierno no se arredró ante las críticas del PP y dio nuevos pasos para satisfacer las exigencias de ETA y empujarla a decretar el alto el fuego. Estos son hechos irrebatibles:

1. El presidente del Gobierno apoya la celebración del Congreso ilegal de Batasuna en Baracaldo, prevista para mediados de enero de 2006, por entender que la Ley de Partidos políticos es excesivamente limitativa pues no se puede «restringir» el derecho de reunión de los militantes batasunos.
2. El fiscal general del Estado cesa el 2 de febrero de 2006 al mítico Eduardo Fungairiño, azote de la banda terrorista, como fiscal-jefe de la Audiencia Nacional. Para mayor inri se intenta enlodar el buen nombre del fiscal destituido —aunque formalmente dimitido— con la filtración de supuestas negligencias en el ejercicio de su función.
3. Ese mismo día, la Fiscalía del Tribunal Supremo informa favorablemente el recurso de Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerle en prisión. El etarra pretendía lograr su excarcelación en 2009, después de haber cumplido 20 de los 4.799 años de prisión a los que había sido condenado por 82 asesinatos y otros delitos. La Audiencia Nacional había rechazado la pretensión de Parot. Este recurrió en casación y el Supremo decretó que el etarra no podría salir de la cárcel hasta 2034. La Fiscalía del Tribunal Supremo, a las órdenes del fiscal general del Estado Conde Pumpido, no dudó en llenarse de oprobio al dar la razón a Parot y sostener que, de acuerdo con la ley, procedía acumular todas sus condenas en una sola de 30 años de cárcel, en lugar de dividirse en dos penas de 30 años cada una, como había resuelto la Audiencia Nacional para mantener en la cárcel al terrorista etarra hasta 2034. El Tribunal Supremo rechazó tales alegaciones y sentó un nuevo criterio interpretativo de la legislación anterior a la ley sobre cumplimiento íntegro de las penas impulsada en la segunda legislatura del Partido Popular. La Justicia se erigía así en única garante del Estado de Derecho haciendo oídos sordos a las peticiones del fiscal general para que los jueces aplicaran la ley a la vista de las nuevas expectativas de paz. No fue ninguna casualidad que en 2007 Zapatero impulsara el nombramiento como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Luis López Guerra, que había formado parte de su gobierno como secretario de Estado de Justicia y había defendido públicamente el criterio de la Fiscalía contraria a la aplicación de la «doctrina Parot».100

En otro orden de cosas, el macrojuicio contra los miembros del aparato de propaganda internacional de la banda terrorista seguido por aquel entonces en la Audiencia Nacional producirá gran indignación entre los dirigentes de Batasuna. Lo mismo ocurrió con las actuaciones del juez Grande-Marlaska, sustituto del juez Baltasar Garzón, que también generarán gran incomodidad al gobierno. En la creencia de que los jueces son marionetas del poder, la izquierda abertzale clamaba por su sustitución. Más tarde conoceremos que los «compromisos» acordados con el gobierno para lograr la declaración de alto el fuego permanente incluían el cese de lo que en su argot califican como actividad «represiva» del Estado.

Dispuesto a evitar a cualquier precio que el proceso acabara en un fiasco, el 16 de diciembre de 2005 el presidente Rodríguez Zapatero compareció ante los medios de comunicación al término del Consejo de Ministros para anunciar al país que se sentía esperanzado ante la posibilidad de que se produjera «el inicio del principio del final de ETA». Declaró no confiar en Mariano Rajoy, un excelente pretexto para no facilitar ninguna información al partido de la oposición.

El mes de enero de 2006 estará marcado por el intento de Batasuna de celebrar en Anoeta otra gran asamblea, para proceder entre otras cosas a la elección de los nuevos miembros de su mesa nacional y ratificar la propuesta de Anoeta. La Justicia impidió la celebración del acto, aunque en un claro desafío al Estado de Derecho Batasuna presentará en Pamplona a los miembros de la nueva dirección del partido, nombrados en la clandestinidad.

La ominosa rendición de los socialistas vascos

El 14 de febrero de 2006 el Partido Socialista de Euskadi dio un nuevo paso hacia la indignidad, siguiendo servilmente los mandatos del presidente. Ese día, el PSE difundió un documento sobre «pacificación y normalización» titulado «Euskadi 2006. Hacia la libertad y la convivencia». En él asumía lisa y llanamente la propuesta de Anoeta.

Esta será, sin duda, la peor noticia para la suerte de los constitucionalistas en el País Vasco. El mismo título del documento indica que su objetivo es demostrar a ETA, Batasuna y los nacionalistas en general que los socialistas vascos aceptan que si se produjera el «cese de la violencia», se sentarían a negociar políticamente en la proyectada mesa multilateral. Adviértase que los socialistas vascos solo hablan del «cese de la violencia», no de su cese «definitivo», a diferencia de lo que hasta ese momento venía afirmando la vicepresidenta Fernández de la Vega en línea con la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005.

La claudicación del PSE no pudo ser más ominosa. Después de recordar que los socialistas vascos siempre habían estado en primera línea contra la dictadura, el fascismo y el terrorismo, como si eso les otorgara patente de corso para hacer cualquier cosa, se avinieron a sentarse a la mesa con los proetarras para pactar un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi en el marco de una «política de paz».

El documento asumía la fraseología típica del nacionalismo vasco, tanto de la llamada izquierda abertzale como del PNV:

Nada de lo que hoy está presente en el debate sobre pacificación nos es ajeno: mesas, consenso, pluralidad, final dialogado, etc. No necesitamos ni rectificar ni renunciar a nuestra trayectoria. En esta materia, la coherencia y el mantenimiento de unos mismos principios han sido una constante a lo largo de toda la Transición. Así va a seguir siéndolo en el futuro también cuando se inicie el proceso de paz.

Advierten los socialistas vascos que el cese previo de la violencia es la condición sine qua non para considerar «que estamos en un nuevo tiempo, ante un proceso de pacificación y normalización».

La referencia a las víctimas del terrorismo es similar a la de otro documento hecho público por el PNV en el otoño de 2005. Si el final dialogado llegara a producirse, las medidas de gracia jugarán un papel determinante. Las víctimas comenzaron a tener la impresión de que se pretendía cambiar «paz por presos» y, por tanto, los autores de crímenes tan nefandos como los cometidos por ETA serían excarcelados.101 Curiosamente, el apartado del documento socialista referido a las víctimas se titula «Pasado y futuro. Víctimas y reconciliación». Sin embargo, no se hace ninguna referencia a la reconciliación. Probablemente, a sus redactores les pareció muy fuerte apelar a la reconciliación de las víctimas con sus verdugos. La reconciliación es deseable en una guerra civil con dos bandos enfrentados. Pero en el País Vasco no hay ninguna guerra fratricida, sino un grupo de criminales fanáticos que utilizan el terror para atemorizar a la población e imponer sus ideas políticas. Los asesinos de ETA son delincuentes comunes, no prisioneros de guerra, sobre los que debe caer todo el peso de la ley.

Los socialistas vascos explican qué entienden por «pacificación» y «normalización». Cuando el Pacto de Ajuria Enea hace referencia al final dialogado de la violencia se refiere a la pacificación. Esta consiste en el cese de la violencia terrorista y no puede entrañar el pago de ningún precio político. Y ello es así, dicen, porque «la paz no tiene precio político y no puede, por tanto, mezclarse con proyectos políticos partidistas».

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, porque a renglón seguido el PSE acaba justificando la negociación política al aceptar como interlocutor al brazo político de ETA so pretexto de conseguir la «normalización» de Euskadi. Esta ha de discurrir por los derroteros de la política y se ha de hacer por acuerdo entre las fuerzas políticas vascas. Si no se ha producido la normalización de Euskadi es por un «consenso insuficiente en torno al marco jurídico-político y a las reglas de juego que hay que respetar». La falta de consenso «es producto de percepciones y sentimientos identitarios diversos, por la distinta forma de enfocar y de vivir la singularidad de Euskadi, su voluntad de autogobierno y sus relaciones con el conjunto de España». El terrorismo es una «patología de la política vasca, un intento ilegítimo de condicionar las decisiones y debates políticos desde fuera del sistema de libertades y reglas de juego democráticas asumidas por todos». Por eso es necesario que callen las armas para que hablen libremente los políticos:

De ahí que nos enfrentemos a dos procesos que deben ser encauzados mediante un orden de prioridades: cese de la violencia, en primer lugar, como paso previo al diálogo entre fuerzas políticas para resolver, sin interferencias del terrorismo, los problemas políticos. Dicho de otra forma, solo cuando se produzca esta circunstancia, el diálogo político tendrá sentido y posibilidades de éxito, y alcanzará a todas las fuerzas representativas de la realidad vasca.

Este párrafo es la constatación de la claudicación ideológica del PSE, pues si se reconoce la existencia del llamado conflicto político vasco —por carecer el actual régimen estatutario del suficiente consenso—, la consecuencia inevitable es la necesidad de encontrar un nuevo marco político y otras reglas de juego que cuenten con la aquiescencia de los terroristas. Por otra parte, sus exigencias políticas —autodeterminación y Navarra— solo podrían satisfacerse mediante una ruptura del orden constitucional. Es contradictorio tildar tales demandas de «intento ilegítimo de condicionar las decisiones y debates políticos» para luego reivindicar la necesidad de acordar ese nuevo marco para dar respuesta, precisamente, a las pretensiones de los terroristas.

A continuación el documento aborda la cuestión de «las dos mesas». Una mesa ETA-gobierno, «que no puede entrar en cuestiones políticas», para tratar exclusivamente de los problemas relativos a la pacificación que, aunque no se definen en el documento, es de suponer que hacían referencia a la situación de los presos «políticos» y a la entrega de las armas, eso sí, añadiendo la coletilla de la atención a las víctimas para acallar la mala conciencia.

Se insistía en que para «activar la constitución de la mesa de partidos es condición indispensable el cese de cualquier tipo de coacción o violencia o de los apoyos a la misma». En cuanto a su representatividad, deberían estar en ella «todas las sensibilidades políticas vascas, con la única condición del rechazo a la violencia y la apuesta por el uso de métodos exclusivamente democráticos». Asimismo, «debe quedar absolutamente claro desde el principio que la mesa de partidos no puede estar sometida a ningún tipo de condicionante externo, incluido el desarrollo de un hipotético diálogo entre el gobierno y ETA para la resolución de las cuestiones que afectan a la organización terrorista».

Los socialistas excluían imponer «condiciones previas para la constitución de la mesa: acuerdo sobre la territorialidad, reconocimiento del derecho a decidir, etc. Los socialistas nunca aceptaremos esas condiciones para formar parte de la mesa. Acudiremos con nuestros propios planteamientos, defendiendo la Constitución y el Estatuto».

En cuanto a las reglas de funcionamiento, el PSE difiere del PNV y parece rectificar al presidente Zapatero, que se había comprometido a asumir cualquier proyecto de Estatuto que llegara avalado por una mayoría no inferior a los dos tercios del Parlamento Vasco. El PSE aboga por el principio del consenso no solo a la hora de establecer las reglas de funcionamiento de la mesa sino «también en la fase resolutiva». Sostiene que «para la adopción de acuerdos no sirve el principio de la mayoría. Este principio sirve para cuestiones de legalidad ordinaria, no para aprobar las bases que han de regir la convivencia de los vascos. Ningún acuerdo puede ser posible sin que representantes de las dos grandes sensibilidades políticas presten su consentimiento al mismo».

De todas formas, este pronunciamiento era ambiguo. Las dos grandes sensibilidades políticas son, sin lugar a dudas, el nacionalismo y el constitucionalismo. Cualquier acuerdo debe ser por consenso entre ambos sectores de la sociedad vasca. Pero el constitucionalismo tiene, a su vez, dos manifestaciones en el País Vasco: el PP y el PSOE. ¿Qué pasaría si el PP no se avenía a formar parte de la mesa de partidos? ¿Asumiría el PSOE en solitario la representación de la sensibilidad vasca no nacionalista? ¿Buscaría el PSE el consenso con el PP?

Cuando los socialistas vascos definían «las bases que han de regir la convivencia de los vascos», es evidente que daban por sentada la apertura en el País Vasco de un proceso cuasi constituyente y por tanto asumían el pacto de Estella, donde, como ya sabemos, los nacionalistas se unieron para asestar un golpe mortal a la Constitución Española y al Estatuto Vasco.

En su reflexión final los socialistas vascos hacían una mención a «los vascos y España». Advertían que «el conjunto de la política española necesita también contemplar de otra manera el proceso abierto en Euskadi». A su juicio, estábamos ante una oportunidad histórica: «Quienes se llenan la boca de apelaciones a la patria, es algo que no deberían olvidarlo». Es esta una desafortunada alusión al Partido Popular, que es la formación política española con más víctimas del terrorismo en sus filas y cuyos militantes no se avergüenzan sino al contrario de ser españoles y no tienen por qué ocultarlo. Lo malo no es hacer apelaciones a la patria, sino utilizarla como justificación para los crímenes más viles. Por eso semejante reproche debió dirigirse a quienes, como los gudaris etarras, se envuelven en la ikurriña y se sienten con licencia para matar.

ETA se hace de rogar

A pesar de la claudicación en toda regla del Partido Socialista de Euskadi al aceptar la propuesta de Anoeta como método para la búsqueda de un nuevo marco político para el País Vasco; a pesar de la comparecencia del presidente del Gobierno del 10 de febrero de 2006, donde transmitió a los españoles su esperanza, basada según él en informaciones fiables, de que pronto entraríamos en «el inicio del principio del fin de ETA», lo que hizo disparar el rumor de una tregua inminente; a pesar de los mensajes lanzados por la Fiscalía General del Estado sobre la disposición del ministerio fiscal a colaborar en un futuro escenario de paz; a pesar de la insólita defensa por parte de Rodríguez Zapatero del derecho de reunión de los militantes de Batasuna y de su descalificación de la Ley de Partidos por su excesivo rigor; a pesar de todo ello, ETA no acababa de anunciar la ansiada tregua que permitiera arrancar el proceso.

En vista de ello, el presidente intensificó el envío de señales a ETA para convencerle de que decretara de una vez por todas el cese sine die de su actividad criminal.

La primera gran señal fue permitir el rearme moral de ETA y la impunidad fáctica de Batasuna. Si dos años antes se pensaba que los terroristas estaban al borde de la derrota total a juzgar por la facilidad con que se neutralizaban sus «comandos», compuestos de gente cada vez más bisoña, por la drástica disminución del característico espíritu combativo de los dirigentes de la izquierda abertzale y de su capacidad para movilizar a las masas afines, lo cierto es que la política de gestos del gobierno había conseguido que la cúpula batasuna acariciara seriamente la posibilidad de alcanzar un final dialogado mediante la puesta en marcha de la propuesta de Anoeta. El mundo abertzale comenzaba a envalentonarse.

Además ETA parecía no tener ninguna prisa y seguía atentando contra intereses económicos y continuaba extorsionando a los empresarios. ETA consideraba que su buena disposición lo demostraba que ya no había víctimas mortales, pero advertía al gobierno que su capacidad operativa seguía intacta y en cualquier momento podría dar una vuelta de tuerca y reanudar los atentados contra las personas si las conversaciones no llegaban a buen puerto.

En realidad, el gobierno y ETA realizaban ejercicios de calentamiento. En ese contexto, el 18 de febrero de 2006 la banda terrorista publicó un nuevo comunicado reiterando con toda claridad sus intenciones. La paz solo será posible si el gobierno se aviene a reconocer, como cuestión previa, la existencia de Euskal Herria como nación («territorialidad») y decide abrir un proceso de negociaciones políticas multilaterales para definir el futuro estatus político del País Vasco. Siempre y cuando se aceptara como cuestión previa que el acuerdo alcanzado —que por supuesto debería incluir a Navarra— se sometiera al refrendo del conjunto de los ciudadanos vascos («derecho a decidir»).

Esta declaración de ETA colocaba el gobierno en una pésima situación. Para salir del paso, voceros cualificados de Moncloa sostuvieron que se trataba de una declaración para consumo interno.

En estas circunstancias adversas, el único que no se arredró fue el presidente. Sin duda confiaba en que el anuncio del PSE de sumarse a la propuesta de Anoeta tendría un efecto balsámico y el comunicado de ETA era de una fecha anterior.

La verdad es que ETA no podía tener motivos de queja. La colaboración entre los sectores constitucionalistas del País Vasco había quedado pulverizada por el anuncio del PSE de estar dispuesto a participar activamente en el «proceso de paz y normalización» con el objetivo de conseguir el cese definitivo de la violencia y un nuevo marco político para Euskadi. El socialismo vasco, con la aquiescencia del presidente del Gobierno, se había rendido. Ya no había marcha atrás. Más no se podía pedir.

Pero la tregua seguía sin llegar y, en vista de ello, Rodríguez Zapatero lanzó un último requiebro a ETA para conseguirla. El medio elegido para ello fue el periódico ABC. El 19 de febrero de 2006 el órgano oficioso de la derecha sociológica española publicaba una larga entrevista con el presidente. Quizás para curarse en salud, el presidente advierte que «sería un error histórico tener prisa. Esto nos llevará años y habrá momentos difíciles».

El fin de la violencia, afirmaba el presidente, será «el triunfo de la democracia». No habrá vencedores ni vencidos, viene a decir, porque ETA también aspira a lo mismo, pues si mata y extorsiona es porque entiende que no existe un verdadero marco democrático ni en Euskadi ni en el Estado Español. Pero aceptar este planteamiento es dramático. Es tanto como reconocer, aunque se rechace el recurso a la violencia, que una de las partes está convencida de la legitimidad política de su lucha. Si la democracia no ha desplegado en su plenitud sus efectos en el País Vasco, la culpa solo la tiene el terrorismo de ETA, un movimiento separatista, de ideología socialista y totalitaria, cuya finalidad es lograr la independencia de Euskadi. Como toda organización armada de liberación nacional está convencida de que matar, secuestrar, extorsionar y amedrentar a los enemigos de la patria forma parte de los sufrimientos que inevitablemente han de producirse para liberar de sus ataduras al pueblo vasco. De ahí que el fin de la violencia solo será el triunfo de la democracia si no se produce como fruto de una transacción vergonzante entre los demócratas y los liberticidas. El Estado democrático no puede dar carta de naturaleza al crimen organizado.

Zapatero ni afirmaba ni negaba que el gobierno hubiera mantenido contactos directos o por intermediarios con ETA. Se escudaba en la resolución del Parlamento de mayo de 2005, donde se concretaban las condiciones para abordar un final dialogado y su compromiso de que en el caso de que se pueda «constatar que hay una voluntad de abandono de las armas o de fin de la organización» en ese momento «compareceré ante el Parlamento». Pero es evidente que no tenía ningún sentido aprobar en el Congreso la reafirmación del pacto de Ajuria Enea y estar de brazos cruzados a la espera de que la banda se moviera de forma espontánea. Si el presidente no negaba categóricamente los contactos directos o indirectos con ETA era porque había autorizado a Eguiguren conversar con la banda terrorista para transmitirle su disposición a emprender el proceso de paz y el diálogo entre partidos. Todo esto lo intuíamos y hoy lo sabemos con certeza aunque no podíamos ni imaginar hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el presidente, cuyas declaraciones aparecieron al día siguiente del comunicado de la banda terrorista que ponía como condición sine qua non que el final de proceso de diálogo no podría ser otro que la configuración de un nuevo marco político, fruto del derecho de los vascos a decidir y del reconocimiento de la territorialidad de la nación vasca.

El presidente hizo a continuación otro pronunciamiento no menos sorprendente. No es «imprescindible» una declaración de cese de la violencia por parte de ETA. «Así ha sido tradicionalmente, pero no debemos trasladar la situación actual a los esquemas de otras ocasiones históricas que, por cierto, recordemos que no llegaron a buen puerto», en clara alusión a la tregua de 1998. En consecuencia, «cuando el gobierno considere que hay elementos suficientes que nos hagan tener conciencia seria, rigurosa, de que es posible ver el fin dialogado de la violencia, compareceré en el Parlamento». El presidente responde así a un nuevo requerimiento sobre esta cuestión que le formula el periodista de ABC:

Insisto: no pensemos en los protocolos del pasado. Estamos en una circunstancia nueva y donde el gobierno ha dicho tres cosas claras: trabaja con una expectativa que cree posible, no me atrevo a decir con qué grado de probabilidad; si esa expectativa llega, compareceré en el Parlamento y pediré su autorización para el proceso determinante y decisivo, que será largo; y, por supuesto, exigirá el concurso de todas las fuerzas políticas y, de manera especial y singular, del PP.

Recuérdese cómo la resolución del Congreso supeditaba la puesta en marcha del final dialogado a la constatación de la inequívoca voluntad de ETA de poner fin a sus actividades criminales. Pero Zapatero ni siquiera se sentía vinculado por la resolución parlamentaria pues, según él, para iniciar el proceso de paz bastaba con que el gobierno tuviera «conciencia seria, rigurosa» de que «es posible ver el final dialogado de la violencia», sin que fuera «imprescindible» que ETA decretara el alto el fuego. Las hemerotecas son, en ocasiones, traicioneras. Zapatero demuestra, esta vez en las páginas de ABC, la volatilidad de los sus compromisos.

Finalmente, el jefe del ejecutivo intentará tranquilizar a las víctimas. Al ser preguntado si habrá paz por presos responde: «No hay ni precio, ni hipoteca, ni subasta. Aquí solo hay un camino, que es la democracia y la legalidad».

Las afirmaciones tranquilizadoras del presidente hacia los sectores inquietos ante una posible claudicación frente a ETA no podían ocultar lo que a mi juicio era lo más relevante de sus declaraciones: el anuncio de que en cualquier momento comparecería ante el Parlamento para solicitar su autorización para iniciar las conversaciones de paz por haber «constatado» que se daban las condiciones objetivas para el final dialogado de la violencia. El presidente expondría ante el pleno del Congreso la «hoja de ruta» del proceso de paz. Habría por tanto información, debate y votación. Pero las palabras del presidente, aunque escritas en las páginas de ABC, se las llevaría el viento.

Por fin, la tregua

Los requiebros de Zapatero a ETA produjeron por fin el efecto deseado. Sobre las 11.00 horas del día 22 de marzo de 2006, ETA hizo pública su decisión de decretar de forma unilateral un «alto el fuego permanente» que entraría en vigor a partir de la media noche del día 24 de marzo. En el hemiciclo del Congreso hubo besos y abrazos y la euforia se desató. «Hoy es un día histórico. Espero que estéis a la altura de las circunstancias», me dijo nada más conocerse el comunicado, junto a las verjas del Congreso, mi paisano Julián Lacalle, director general de Comunicación de la Presidencia del Gobierno. Cuando le expresé que para sumarnos al contento general necesitábamos saber cuál era el precio a pagar, me contestó enfadado: «Este no es el momento de hablar de ello». Entonces se nos acercó el diputado nacionalista Luis Olabarría. Mientras se fundía en un gran abrazo con Lacalle le susurró: «Enhorabuena. Sé todo lo que has hecho para llegar hasta aquí».102

Ni siquiera la lectura del comunicado íntegro de la banda terrorista enfrió el entusiasmo de La Moncloa. El gobierno filtró que la palabra «permanente» se había introducido por exigencia suya, lo que demostraba que se había producido una negociación en toda regla. La expresión «alto el fuego permanente» no figuraba en el texto difundido en euskera. La traducción literal del comunicado es la siguiente: «ETA ha decidido impulsar la interrupción permanente de la acción armada a partir de las 00.00 horas del 24 de marzo». (Euskadi Ta Askatasunak, 2006ko martxoaren 24ko 00:00-tik aurrera ekintza armatuen etenaldi iraunkorra abiatzea erabaki du).

Se dirá que «interrupción permanente de la acción armada» es lo mismo que «alto el fuego permanente». Así lo entendió el mundo abertzale, pues su órgano oficioso Gara utilizará desde el primer momento la expresión alto el fuego. En cualquier caso, ETA solo se comprometía a interrumpir sus acciones «armadas», pero nada decía de las demás formas de terrorismo (kale borroka, extorsión a los empresarios, acoso a los cargos electos no nacionalistas, etc.).

Por su importancia, considero oportuno analizar el contenido del «histórico» comunicado de la banda terrorista que tanta satisfacción produjo en las filas socialistas y nacionalistas.

El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político que necesita.

Superando el actual marco de negación, partición e imposición hay que construir un marco democrático para Euskal Herria, reconociendo los derechos que como pueblo le corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de las opciones políticas.

Al final de ese proceso los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro, dando así una solución política al conflicto.

El alto el fuego tenía, pues, para ETA un objetivo inequívoco: impulsar mediante la negociación y el acuerdo un proceso democrático en esa entelequia política a la que llaman Euskal Herria y a la que confieren el carácter de entidad política unitaria e incuestionable para la construcción de un marco democrático previo reconocimiento de los derechos del pueblo vasco y del derecho de autodeterminación. Respecto a este último, ETA exigía que quedara abierta la puerta para su ejercicio, pues no otra cosa se esconde en la frase referida al futuro desarrollo de las opciones políticas. Para ello resulta imprescindible superar el actual marco de negación, partición e imposición. En la jerga abertzale, el ordenamiento jurídico vigente niega la existencia de Euskal Herria al partirla en tres pedazos: la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y los territorios con raíces vascas del sur de Francia.

ETA olvidaba que los vasco-franceses disfrutan desde hace más de doscientos años de un sistema democrático, sin que hayan expresado nunca su voluntad de retornar al Antiguo Régimen absolutista que cayó en 1789 a manos de la Revolución Francesa. Por otra parte, aunque lo hubieran hecho, en ningún caso hubieran permitido su separación del Estado francés y menos para constituir otro Estado con territorios segregados del Estado español.

La banda terrorista pasaba también por alto que el vigente Estatuto de autonomía de Euzkadi fue fruto de la negociación entre los legítimos representantes del País Vasco, democráticamente elegidos, y la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y que después obtendría el respaldo mayoritario del pueblo vasco mediante referéndum expresamente convocado al efecto.

Y en cuanto a Navarra, ETA despreciaba su régimen foral histórico, amparado y respetado por la Constitución de 1978, que fue refrendada por amplísima mayoría del pueblo navarro. El pacto para el Amejoramiento del Fuero de 1982 no nació de ninguna imposición sino que fue negociado con el Estado por la Diputación Foral y ratificado por el Parlamento de Navarra, como representación democrática de la ciudadanía navarra, titular de su régimen foral, y por las Cortes Generales, donde se residencia la soberanía del pueblo español.

ETA, por último, para dar por resuelto el imaginario conflicto, exigía que el acuerdo alcanzado en el marco del proceso democrático fuera refrendado por la ciudadanía vasca que habría de incluir a la población de los siete territorios llamados a constituir la nación euskalherríaca. Como se puede comprobar, la autodeterminación está siempre presente en la mente de la banda terrorista, aunque sea bajo la etérea fórmula del «derecho a decidir». Así se expresaba en su comunicado:

ETA considera que corresponde a todos los agentes vascos desarrollar ese proceso y adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de Euskal Herria, teniendo en cuenta su pluralidad y totalidad.

Los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de injerencias ni limitaciones. La decisión que los ciudadanos y ciudadanas vascas adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada.

Hacemos un llamamiento a todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado por ETA. Es tiempo de compromisos. Todos debemos asumir responsabilidades, para construir entre todos la solución democrática que el pueblo vasco necesita. Es el momento de tomar decisiones de calado, pasando de las palabras a los hechos.

ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva a esta nueva situación y para que no pongan obstáculos al proceso democrático, dejando de lado la represión y mostrando la voluntad de dar una salida negociada al conflicto.

ETA solo da vela en el entierro de la posible defunción de la unidad de España a los vascos de Euskal Herria. Los Estados español y francés, obligados a permanecer como meros convidados de piedra, habrían de comprometerse a reconocer el resultado del proceso democrático. Solo en un momento de delírium trémens se puede llegar a plantear como requisito imprescindible que tanto la Constitución española como la francesa se conviertan en papel mojado, como si España y Francia fueran repúblicas bananeras donde prevalece la voluntad del dictador de turno. Lo mismo ocurre con la pretensión de que el Estado de Derecho mire para otro lado y cese en toda actuación represiva del terrorismo. Lo peor de todo no es que ETA formulara tal exigencia, sino que el gobierno —en su ámbito de actuación— se hubiera comprometido a ello, pues de no ser así no se explica la inhibición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante hechos clamorosamente delictivos ni la petición del fiscal general del Estado a los jueces en demanda de una aplicación flexible de la ley para contribuir al buen fin de las expectativas de paz.

Concluía ETA:

Finalmente, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas vascas en general y a los militantes de la izquierda abertzale en particular, para que se impliquen en este proceso y luchen por los derechos que como pueblo nos corresponden.

ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final, y así conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad y de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria.

La superación del conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA.

Siempre la misma cantinela antihistórica con la pretensión de dar legitimidad a su actuación criminal.

Zapatero, intérprete de los terroristas

Tres días después de la declaración unilateral de alto el fuego permanente, el presidente del Gobierno concedió una extensa entrevista al diario El País, que apareció en su edición dominical del 26 de marzo de 2006.

Para Zapatero el comunicado de ETA tenía tres elementos. En primer lugar, es la primera vez que ETA hace un alto el fuego permanente «con el significado que este término tiene, con la evocación manifiesta de lo que fuera la declaración del IRA en 1994». El segundo elemento lo constituye «la voluntad de abrir un proceso democrático. El lenguaje y el contenido son inéditos en las expresiones de la banda terrorista». Por último, la declaración se produce como fruto de un proceso de tres años «sin víctimas mortales y, seguramente, de una reflexión profunda de todo lo que podemos llamar izquierda abertzale».

El presidente afirmaba que «la expresión alto el fuego permanente necesita un contraste, una verificación de que eso representa la voluntad de abandono definitivo de las armas, pero es un punto de partida suficiente». No echa de menos que ETA no hubiera hecho ninguna referencia a la kale borroka, aunque «para el gobierno son elementos sustanciales de la verificación de esa voluntad de abandono definitivo de la violencia», de forma que el ejecutivo «tendrá que comprobar que, en efecto, incluye cualquier tipo de actuación de las que ha venido haciendo habitualmente ETA».

El presidente no descartaba que en el proceso se produjeran «accidentes» utilizando la misma expresión del acuerdo de Oslo: «Hemos manifestado que el proceso será largo, duro y difícil. Como todo el mundo puede comprender, estamos hablando de 40 años de violencia, de muchas personas implicadas en la violencia, y aunque mi deseo es que no haya ningún accidente, nadie puede descartarlo».103

Más adelante el presidente considera «suficientes» los meses que van hasta el verano para verificar la voluntad inequívoca de ETA de renunciar a la violencia: «Es un margen razonable para abrir el diálogo y, en su caso, la negociación con la banda terrorista si el conjunto de las fuerzas políticas así lo estiman conveniente. Si la decisión es la que todos esperamos, podremos comprobarla en poco tiempo».

A la pregunta de cuándo tuvo la convicción de que podía ponerse en marcha el proceso, el presidente se niega a contestar escudándose en la obligación de «mantener reserva de la información de que he dispuesto». En cualquier caso, revela que a comienzos de 2005 alimentó la esperanza de que pudiéramos estar «en el principio del fin». Esto explica la política de gestos dirigida a dar confianza a la banda terrorista, comenzando por la voladura de los puentes de entendimiento con el PP. Ahora bien, añade Zapatero, «la parte más decisiva es lo que puede ser un diálogo entre el gobierno y ETA. Digo que será la más decisiva porque en ella necesariamente tiene que haber el concurso de todas las fuerzas políticas y, muy especialmente, del Partido Popular». Palabras que, como veremos, también se las llevó el viento, pues, a pesar de no contar con el concurso del partido de la oposición, Zapatero decidirá iniciar la negociación con ETA.

Después de confesar «la emoción» que le produjo el comunicado de ETA, manifestaba tener una «hoja de ruta» y aclaraba:

Hay tres o cuatro ideas fundamentales de esa «hoja de ruta» y un método. El método es la unidad de los demócratas, imprescindible, esencial. En estos momentos es el objetivo en el que más me voy empeñar en esta primera fase. Hay tres puntos básicos. Primero, comprobar que estamos ante el fin de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Segundo, que la política solo se puede hacer desde la no violencia y desde las reglas democráticas y desde las leyes; y que todo el mundo cabe en democracia, todo el mundo que actúe democráticamente. Es la grandeza de la democracia. Que tiene el alma y las reglas para integrar a todo el mundo que use medios democráticos para defender las ideas que quiera. Tercero, tenemos un aspecto fundamental que tiene que ver con todas las personas que han estado implicadas en las acciones terroristas, terreno que será lógicamente difícil, que llevará tiempo y que exigirá, de manera esencialísima el concurso de todas las fuerzas políticas, de la opinión pública, de la sociedad y, por último, la tarea a plazo más largo, que es la de refundar la convivencia social en Euskadi.

Inevitablemente el periodista le pregunta por la previsible resistencia a adoptar medidas de gracia con quienes han cometido actos atroces:

Creo que es un poco prematuro hablar de esto. Nos va a llevar mucho tiempo hablar de estas cuestiones. No es aún tiempo de hablar de reinserción, llegará a su momento. Eso supondrá que las cosas avanzan bien, pero no ha llegado ese momento y creo que sería muy poco apropiado que yo hiciera ningún pronunciamiento en ese sentido, aunque tengo un esquema en la cabeza, lógicamente.

La doblez del presidente —no sé calificarla de otra forma— se puso de manifiesto cuando se le requirió a pronunciarse sobre la posibilidad cierta en aquellos días de que Arnaldo Otegui diera con sus huesos en la cárcel. «¿Sería esto un accidente?», pregunta El País. Zapatero en su respuesta afirma que «hay que respetar las leyes y a los jueces» y deja claro que «un gobierno no puede influir en las decisiones de los jueces». Impecable. Solo que antes de este pronunciamiento había hecho un panegírico de Otegui —«hombre de paz»—, cuyo único destinatario no era otro que el juez de la Audiencia Nacional (Grande-Marlaska) que tenía en su mano la decisión sobre el futuro del dirigente abertzale: «No cabe duda de que Otegui ha venido manteniendo un discurso a favor de la esperanza de paz, y es fundamental que la izquierda abertzale participe en el proceso de paz».

La visión de los encapuchados

También ETA se vio en la obligación de dar explicaciones. Eligió para ello el diario Gara, que el 14 de mayo de 2006 publicó una extensa entrevista con dos encapuchados pertenecientes, según el periódico, a la dirección de la banda terrorista.

ETA se atribuye el mérito de haber conseguido llegar hasta aquí: «Ha sido la lucha por la construcción y la defensa de Euskal Herria la que ha permitido abrir la situación actual; eso nos ha traído este escenario». Los etarras subrayan que «Euskal Herria, en su conjunto, es hoy una realidad cada vez más aceptada, y ello ha abierto el camino, de un modo más consistente que nunca, al reconocimiento político de Euskal Herria». La banda terrorista asume la propuesta de Anoeta al definir «el doble esquema que deberá desarrollarse: por una parte, el proceso político para decidir el futuro de Euskal Herria; y por otra, lo que deberá ser acordado entre ETA y los Estados».

Y añaden los encapuchados:

Si algo es obvio es lo inevitable del cambio político, y ello es así porque el agotamiento de los marcos que dividen y niegan a Euskal Herria es más evidente que nunca. Y trae con ello el fracaso de quienes impusieron la reforma política de España hace 30 años. Por una parte, porque ha quedado demostrada la incapacidad de esos marcos para construir Euskal Herria; esa maraña política la construyeron para secuestrar la libertad de Euskal Herria, y con la lucha de estos años hemos demostrado que esos marcos no valen para liberar Euskal Herria, no valen para construir nuestro pueblo... Por lo tanto es necesario el cambio político de los marcos impuestos a Euskal Herria.

Al hablar de «marcos que dividen y niegan Euskal Herria» no cabe duda de que los etarras se referían tanto al Estatuto Vasco como al Amejoramiento del Fuero Navarro y que su reproche se dirigía con toda claridad al PNV por haber entrado en el juego de la «reforma» durante la Transición a la democracia. Estaba claro, además, que para ETA la única solución al conflicto pasaba por «poner en marcha el proceso democrático que plasmará ese cambio».

El director de Gara pregunta si el alto el fuego es consecuencia de «contactos y negociaciones» con el Estado español, pero los etarras se salieron por la tangente alegando que «la discreción es un elemento básico e indispensable en un proceso de negociación». A cambio, revelaban que ETA había dirigido una carta al primer ministro francés, Dominique de Villepin, para reprocharle la cerrazón de su gobierno, que no solo no había contestado sino que la filtró a la prensa «incluso modificando y manipulando su contenido».

En otro momento, los etarras se refieren al Plan Ibarreche. El PNV «quiso tomar la iniciativa a la medida de sus intereses, claro está... y buscaron arrinconar a la izquierda abertzale». Sin embargo, tras la propuesta de Anoeta, comienza a perfilarse una nueva situación y esta es la razón por la que «el principal proyecto del PNV comenzó a hacer crac». No niegan al PNV «su sitio en el proceso», si bien le advierten que «si lo que persiguen es, adecuándolo a la situación actual, repetir el mismo objetivo que buscaban con el Plan Ibarreche, lo que decimos es que caminan en la dirección equivocada». Y remachan el clavo: «Pero el PNV no puede ser el árbitro del conflicto, porque es parte del mismo». Además «sigue sin salir del remolino de su ambigüedad histórica».

ETA dejaba bien sentado que no estaba dispuesta a permitir por más tiempo que mientras ellos movían el árbol fuera el PNV quien recogiera las nueces.

Se abordaba también la situación de los presos. Para ETA «son militantes políticos que están en prisión por luchar por Euskal Herria y, por lo tanto, respondiendo a la razón que les ha llevado a la cárcel se dará respuesta asimismo a la cuestión de los presos políticos. Y eso, en un proceso de resolución del conflicto tiene un nombre: amnistía y excarcelación de presos. Poner en libertad a los presos es condición democrática imprescindible en el proceso de resolución del conflicto. Los militantes que están secuestrados son presos que el pueblo considera suyos y es la propia Euskal Herria la que proclama que en un proceso de resolución del conflicto los presos deben estar en la calle». En este sentido, el acercamiento de presos supondría «desactivar una pieza de la situación de excepción impuesta al Colectivo. Sobre estas bases —concluyen— se abriría la situación para hablar y negociar sobre las consecuencias del conflicto, es decir, el momento para hablar de presos y desmilitarización. Pero el punto de partida es el otro desde nuestro punto de vista. Ese es el sentido que damos al ámbito de negociación de ETA».

El 21 de mayo de 2006, el presidente del Gobierno acudió a un mitin organizado por el Partido Socialista de Euskadi en la localidad vizcaína de Baracaldo con motivo de la Fiesta de la Rosa. Era su primera visita al País Vasco después de la tregua de ETA. En el curso de este acto de partido, Zapatero reveló que en el mes de junio comunicaría a las fuerzas políticas el inicio del proceso de diálogo con ETA, después de dar por bueno el alto el fuego decretado por la banda terrorista. Recordó el presidente cómo ya había dicho que se tomaría un tiempo para evaluar el alcance de la tregua. Al hacer tan trascendental anuncio el presidente daba cumplimiento a su compromiso basado en tres informes de verificación elaborados por el Ministerio del Interior.104 Hay que recordar que el 11 de abril de ese mismo año, Zapatero había sustituido a José Antonio Alonso por Alfredo Pérez Rubalcaba.

El mitin de Baracaldo

El 30 de mayo de 2006 tuvo lugar el segundo Debate sobre el Estado de la Nación protagonizado por el presidente Zapatero. Había gran expectación porque se decía que después de meses de distanciamiento parecía haberse recompuesto el clima de entendimiento con el Partido Popular, demandado por importantes sectores de la opinión pública que consideraban imprescindible la unidad de los dos grandes partidos para afrontar la situación creada tras la tregua de ETA. Fue en el curso del debate cuando Zapatero pronunció estas insólitas palabras:

Dije en Baracaldo que todos teníamos una visión parcial del mundo y seguramente también de Euskadi y de lo que es una España políticamente descentralizada, una España en la que se puedan defender todas las ideas, las identidades, el autogobierno y las máximas aspiraciones de realización de una voluntad política propia. Ahora se trata de que esas visiones parciales del mundo, de Euskadi, de España, se pongan encima de la mesa y sepamos hacer una tarea de entendimiento, de cesión, lógicamente, de acuerdo y de refundar esa convivencia de la que he hablado en alguna ocasión y que hoy recordaba el señor Erkoreka; refundación de la convivencia que tiene una dimensión de integración social y una dimensión de justicia, con lo que ha pasado en términos históricos y lo que han sufrido muchas personas, de generosidad, porque solo se puede llegar a la generosidad desde la justicia y desde el reconocimiento. Esa es la posición que mantengo al respecto.

Lo dicho por Zapatero ante la representación de la soberanía nacional expresaba con toda claridad la disposición de Zapatero a pagar un precio político para conseguir la disolución de ETA. Bajo el eufemismo de refundar la convivencia se esconde la voluntad de claudicar ante las exigencias de la banda terrorista aunque para ello haya que llevar a cabo una «tarea de entendimiento, de cesión, lógicamente, de acuerdo». En suma, si queremos la paz es preciso ceder. La expresión utilizada es eminentemente política. Refundar la convivencia exige alcanzar un nuevo marco jurídico-político fruto de un nuevo consenso porque los terroristas rechazan el actual marco constitucional y estatutario. Tras esta solemne rendición ideológica del presidente Zapatero, poniendo al Congreso por testigo, quienes defendíamos la vigencia de la Constitución y del Estatuto de Guernica pasamos a ser enemigos de la paz.

El presidente Zapatero conocía muy mal el País Vasco. Solo quien está en la mayor ignorancia de lo que ocurre —o hace como que no se entera— puede creer en el buen fin de un proceso de «refundación» de la convivencia en Euskadi. En estos últimos cuarenta años la siembra del odio ha sido tan intensa que no es posible cosechar frutos de paz. Quienes forman parte del llamado «mundo abertzale» son una especie de secta diabólica, que se siente con derecho a eliminar física y moralmente a quienes considera enemigos del «pueblo vasco», al que mancillan día tras día con sus acciones criminales.

El entramado etarra no tiene el menor síntoma de arrepentimiento por el sufrimiento causado. Hay además muchas maneras de sembrar el terror además del tiro en la nuca o el coche bomba. Está la extorsión económica a los empresarios y a los profesionales, la constante intimidación e insulto a los cargos electos de los partidos «estatales», a los que considera colaboracionistas con el enemigo, las acciones de guerrilla urbana o de kale borroka, las pintadas amenazadoras, la sistemática destrucción del mobiliario público, las amenazas contra los medios de comunicación desafectos, la quema de banderas nacionales y tantas y tantas manifestaciones de intolerancia y agresividad. Hay profesores de ikastola e, incluso, de los centros públicos de enseñanza que son activistas ideológicos de ETA.105 Demasiados jóvenes vascos y navarros han crecido en el odio a España entonando canciones de guerra. La sociedad española ha tenido la oportunidad de ver por televisión el desprecio que muestran los presos etarras hacia los familiares de sus víctimas y su actitud chulesca, desafiante, amenazadora y agresiva cuando salen de la cárcel y se les recibe como héroes. No son episodios aislados, como pretendía hacernos creer el gobierno de Zapatero, sino representativos del sentir casi unánime del llamado colectivo de presos, que, salvo algún caso aislado, no muestra el menor síntoma de arrepentimiento. En tales circunstancias, ¿cómo podía el presidente alimentar la esperanza de una refundación de la convivencia?

La declaración del zaguán del Congreso

El 29 de junio de 2005, el mismo día en que el Congreso celebraba su última sesión antes de comenzar sus vacaciones veraniegas, el presidente hizo su aparición en el viejo caserón de la Carrera de San Jerónimo.

Zapatero se había comprometido en varias ocasiones a ir al Congreso para recabar su autorización a fin de iniciar la negociación con ETA después de verificar el cumplimiento por parte de la banda terrorista del alto el fuego permanente.

El presidente suele hacer gala de fidelidad a sus compromisos. Pero en esta ocasión no lo fue. Sin dar ninguna explicación, Rodríguez Zapatero sustituyó el prometido debate y votación en el pleno de la cámara por una «declaración institucional» que tuvo lugar ante los medios de comunicación junto a una estatua de Isabel II situada en el zaguán del Congreso, flanqueado por una bandera nacional y junto a una vitrina donde se conserva un ejemplar de la Constitución de 1812. Así anunció Zapatero el comienzo de la negociación con ETA.

El presidente valoró la ausencia en los últimos tres años de atentados mortales y la decisión de ETA de declarar por primera vez un alto el fuego permanente, «habiendo desaparecido prácticamente la totalidad de sus acciones». Hizo alusión, a continuación, a los esfuerzos realizados por gobiernos anteriores para erradicar el terrorismo:

Los gobiernos sucesivos, tanto el de Felipe González como el de José María Aznar, intentaron alcanzar la paz. No fue posible. Lo intentaron de buena fe, y desde aquí mi reconocimiento a esos esfuerzos que en su día hicieron.

Como si quisiera lavar su mala conciencia, recalcó que para erradicar la violencia en el País Vasco y en el resto de España:

Ha habido distintos procesos de diálogo y de acuerdo entre fuerzas políticas destinadas a fortalecer el Estado de Derecho. En estos largos años todos los gobiernos han intentado alcanzar la paz desde un compromiso amplio de convivencia, manteniendo un principio esencial —la democracia no va a pagar ningún precio político para alcanzar la paz— y defendiendo que el proceso de pacificación y normalización del País Vasco es una tarea de todas las fuerzas políticas. Así se ha recogido en distintas resoluciones institucionales.

He reiterado en más de una ocasión que el proceso va a ser largo, duro y difícil.

A renglón seguido, Zapatero resaltó cómo el País Vasco disfruta del mayor autogobierno que ha habido nunca en su historia: «Decidieron los ciudadanos vascos libremente su futuro». Pero ello no ha sido suficiente: «Desgraciadamente, han persistido la violencia y el terror».

Y sentenció:

Tenemos la oportunidad de poner fin a esta situación y desde los principios del pasado, desde los principios democráticos, les digo que el gobierno respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción. En más de una ocasión me han escuchado decir que el futuro de Euskadi exige un gran acuerdo de convivencia político. Concretamente, en el debate sobre el Plan Ibarreche, si vivimos juntos, afirmé en aquella ocasión, decidimos juntos un gran acuerdo político de convivencia. Por eso el gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi, y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones, voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político que recoja el pluralismo de la sociedad vasca; esas son las reglas, reglas que valen también para la participación en la vida política institucional, para las formaciones políticas.

Resulta sarcástica esta afirmación presidencial después de haber proclamado que la democracia española no iba a pagar ningún precio político para alcanzar la paz. Pues si el presidente del Gobierno se proponía alcanzar ese gran acuerdo de convivencia en Euskadi y estaba dispuesto para ello a respetar las decisiones que los ciudadanos vascos adoptaran libremente en virtud del llamado «proceso de pacificación y normalización», es evidente que ambas cuestiones estaban para él indisolublemente vinculadas, de forma que si se alcanzaba la paz sería porque había habido acuerdo, que es ni más ni menos que el precio político a pagar por la disolución de ETA. Por otra parte, la mesa multilateral era un subterfugio para encubrir la negociación política con la banda terrorista, pues no hay ninguna diferencia entre tener como interlocutor a Josu Ternera o sentarse con Arnaldo Otegui.

Seguidamente, el presidente definió las reglas sobre las que había de asentarse el proceso:

Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político que recoja el pluralismo de la sociedad vasca. Esta son las reglas, reglas que valen también para la participación en la vida pública institucional y para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos.

No faltó un mensaje a sociedad vasca:

La paz es una tarea de todos, la paz será fuerte si tiene profundas raíces sociales y si abarca el conjunto de la sociedad vasca. Por ello, entiendo que los partidos políticos y los agentes sociales, económicos y sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportunos y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales.

El presidente aceptaba otra de las exigencias básicas de Batasuna, asumidas por ETA. Al dejar en manos de los partidos políticos y de los agentes sociales, económicos y sindicales vascos la fijación de «los métodos democráticos» para la concertación política, Zapatero no solo dio el espaldarazo a la mesa de partidos, sino que al utilizar las mismas palabras que ETA y Batasuna, es decir la expresión «agentes políticos, sociales, económicos y sindicales», asumió la exigencia de los terroristas de que en la mesa de diálogo político se integraran no solo las formaciones políticas sino otros «agentes». Por otra parte, al situar el diálogo político fuera del Parlamento dejó la puerta abierta al reconocimiento del principio de territorialidad, pues nada impediría que en la mesa se sentaran también «agentes» políticos y sociales de Navarra.

Sin embargo, en su alocución el presidente formulaba otra declaración de calculada ambigüedad:

Quiero expresar el compromiso absoluto del gobierno, y el mío personal, con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia.

Veamos. Los valores de la Constitución de 1978 son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La concreción de los principios es más compleja. Podríamos considerar como tales, el principio de igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad de la persona y de sus derechos y libertades fundamentales. La referencia a las reglas constitucionales parece conducir a la necesidad de respetar las normas de reforma tanto de la Constitución como de los estatutos. No es una precisión menor, pues si el acuerdo alcanzado en la mesa multilateral chocaba con preceptos nucleares de nuestra Ley fundamental, su incorporación al ordenamiento jurídico solo podría hacerse previo acuerdo de las Cortes y el refrendo del pueblo español como titular único de la soberanía.

Pero al hablar solo de valores, principios y reglas dejaba fuera otros preceptos esenciales de la Constitución, como el relativo a la unidad de España, que es su propio fundamento. Llama la atención que el presidente del Gobierno de la nación no hubiera aclarado qué quiso decir cuando repitió algo tan manido como que no se pagará precio político alguno por la paz. De ser así, hubiera debido garantizar que en ningún caso quedaría afectado el orden constitucional. Es evidente que la declaración tenía un único destinatario: ETA. Más aún, por las «confesiones» de Eguiguren sabemos hoy que Zapatero introdujo en su discurso los párrafos pactados con ETA en la reunión del Oslo del 10 de noviembre de 2005.

Zapatero humilló al Congreso al utilizar el zaguán del palacio de la Carrera de San Jerónimo para dar carta de naturaleza política a los enemigos del Estado de Derecho y de la unidad de la nación, sin recabar su expresa autorización tal y como lo exigía la gravedad del asunto y su propio y reiterado compromiso. Por sí y ante sí, decidió abrir la negociación con ETA en paralelo con el diálogo con Batasuna, vulnerando las dos resoluciones del Congreso de mayo y junio de 2005 que exigían la renuncia definitiva y expresa a la violencia. Al comprometerse a respetar la decisión de los ciudadanos vascos anunció su disposición a traspasar las líneas rojas marcadas por la Constitución. En suma, vino a legitimar de hecho al terrorismo como método de acción política, pues para conseguir la paz el gobierno está dispuesto a negociar un nuevo marco político con los apoderados de ETA.

El 29 de junio de 2006, día aciago para la democracia española, el presidente pasó el Rubicón. Solo le faltó haber terminado su alocución con la histórica frase pronunciada por César en el momento de cruzar con sus legiones el famoso río italiano sin permiso del Senado y traicionar con ello su deber de lealtad a la República romana: alea jacta est. La suerte está echada.

Al escuchar al presidente Zapatero, en la mente de Pérez Rubalcaba tal vez habrían resonado las palabras que pronunció en 1998, con motivo del intento frustrado de negociar el final de ETA: «Nunca nos sentaremos en una mesa en la que esté presente gente como Josu Ternera».106

La internacionalización del conflicto

En el verano de 2006, Batasuna anunció que el Parlamento Europeo debatiría sobre el proceso de paz en el País Vasco en el mes de octubre de 2006. No se trataba de ninguna baladronada. Poco después se conoció que el Partido Socialista presentaría una propuesta de resolución para obtener el apoyo de la cámara al proceso de paz. El hecho de que fuera Batasuna la encargada de comunicar en rueda de prensa este hecho demuestra que formaba parte de los acuerdos previos a la declaración de alto el fuego. En el Parlamento de Estrasburgo se escenificó la división de los demócratas españoles. Los socialistas europeos presentaron una propuesta de resolución que incluía el siguiente texto:

[El Parlamento] apoya la lucha contra el terrorismo, así como la iniciativa de paz en el País Vasco emprendida por las instituciones democráticas españolas.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular Europeo, presidido por Jaime Mayor, presentó otra propuesta con el siguiente texto:

[El Parlamento Europeo declara]: Que desde la coincidencia plena con el sentir abrumadoramente mayoritario de las víctimas del terrorismo considera que no se han producido los cambios necesarios en la organización terrorista ETA ni se dan las condiciones establecidas en la resolución del Congreso de los Diputados del 17 de mayo de 2005 que justifiquen un cambio en la política antiterrorista definida por el pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito el 8 de diciembre de 2000 por las dos fuerzas políticas mayoritarias en España: Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.

Finalizado el debate, el presidente del Parlamento, José Borrell, sometió a votación ambas propuestas. Primero se votó la del Grupo Popular Europeo que fue derrotada por 302 votos a favor, 322 en contra y 31 abstenciones. A continuación se votó la del Grupo Socialista, que resultó aprobada con 321 votos a favor, 311 en contra y 24 abstenciones.

Aquel día ETA había logrado una de sus aspiraciones, lo que en la jerga abertzale se denomina «internacionalización del conflicto».

Al día siguiente, la prensa española mantuvo posiciones encontradas a la hora de valorar lo ocurrido en Estrasburgo. Sin embargo, hubo gran coincidencia en destacar que la victoria pírrica de Zapatero solo había servido para fracturar en dos al Parlamento Europeo. Quien realmente había salido ganando del debate era ETA-Batasuna, que había conseguido dar un paso de gigante en su objetivo de internacionalizar el conflicto.

En la tribuna de invitados se sentaron dos procesados en España por colaboración con banda armada. Se trataba de Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, y Gorka Aguirre, miembro del PNV imputado por su presunta pertenencia a la red de extorsión de ETA a los empresarios vascos y navarros. Este último pudo acudir gracias a una decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz,107 que le autorizó expresamente para viajar a Estrasburgo. En cuanto a Aguirre, el juez Baltasar Garzón, convertido en paladín del proceso de negociación, había levantado en un auto fechado el 10 de octubre gran parte de las medidas cautelares adoptadas por el juez Fernando Grande-Marlaska, entre ellas la prohibición de viajar fuera del territorio nacional. Tras conocerse el resultado de la votación, Díaz Usabiaga no podía ocultar su satisfacción: «En el debate se han manejado todos los ingredientes para solucionar el conflicto y el apoyo del Parlamento Europeo es algo así como ganar una meta volante en una etapa larga».108

En vísperas del debate europeo, ETA robó más de 300 armas de fuego en la localidad francesa de Nimes. Demostraba así que seguía operativa a pesar del alto el fuego permanente y del acuerdo de Oslo, burlándose de las «verificaciones» de Zapatero. Pero el presidente, que ya había declarado que el proceso sería largo y difícil, tildando incluso de «accidentes» la posibilidad de nuevos atentados mortales, decidió capear el temporal. «No vamos a precipitarnos —declaró tras reunirse el mismo día del debate con su homólogo belga Gui Verhofstadt—, pero tendrá consecuencias en el futuro». Después se negaría a aclarar qué consecuencias serían esas, para, a continuación del Consejo de Ministros celebrado el viernes 27 de octubre, reafirmar su voluntad de seguir con el proceso de paz.

Peor aún, en una reunión con periodistas celebrada en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, se erigió en abogado defensor del terrorista De Juana Chaos,109 juzgado por la Audiencia Nacional por un delito de exaltación del terrorismo, pues los artículos publicados por el sanguinario terrorista en el diario Gara «eran una pura crítica política», añadiendo que de las informaciones de que dispone el gobierno se infiere que el etarra está a favor del proceso de paz. Respecto a la marcha del proceso señaló que «va y se mueve» y que el gobierno «no está detenido» ni «quieto», al tiempo que señalaba que el ejecutivo iba a seguir verificando la voluntad de ETA de dejar las armas, aunque eso lleve «semanas» o «meses», porque después de cuarenta años el tiempo «no va a condicionar».

Un presidente que valora los esfuerzos para lograr la paz de Arnaldo Otegui, uno de los principales propagandistas de la causa etarra, y llega hasta el extremo de defender a un asesino como De Juana Chaos, partidario por cierto del entendimiento con los islamistas, demostraba que estaba dispuesto a conseguir «como sea» el acuerdo con la denominada izquierda abertzale. Nadie había llegado tan lejos.

El triángulo de Loyola

Con la intención de buscar un acuerdo político que permitiera poner en marcha la mesa de partidos y agentes de Euskal Herria, el 20 de septiembre de 2006 representantes del PSE, del PNV y de Batasuna se fueron a la casa de ejercicios espirituales del santuario jesuítico de Loyola.110 Las conversaciones se prolongaron en el más absoluto secreto hasta el 10 de noviembre de ese mismo año, con un total de once reuniones.

El 31 de octubre los comisionados consiguieron consensuar un histórico documento, con el que sin duda pretendían convencer a ETA de que el acuerdo político era posible, aunque no fuera un pacto definitivo, pues tenía que recibir el visto bueno de las direcciones de los partidos llamados a formalizarlo.

El documento se titula «Bases para el diálogo y acuerdo político». Consta de una introducción, unas «bases políticas del futuro acuerdo», un «esquema general del proceso democrático de diálogo multilateral» y un sorprendente «protocolo para la gestión del acuerdo marco».

En síntesis, este era su contenido:

Reconocimiento de la identidad del pueblo vasco (Euskal Herria).

Respeto del Estado a las decisiones democráticas adoptadas por la ciudadanía vasca y ausencia de violencia.

Reconocimiento del euskera como lengua oficial tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra.

Creación de un órgano interinstitucional entre la Comunidad Vasca y Navarra.

Creación, en el marco de la Unión Europea, de una eurorregión integrada por todos los territorios de Euskal Herria: Comunidad Vasca, Navarra e Iparralde.

El acuerdo final sería ratificado mediante referéndum de todos los territorios vascos peninsulares.

Además, se fijaba el 2 de diciembre de 2006 como fecha para la celebración de una «conferencia de paz en San Sebastián».

Asimismo, el protocolo para la gestión del acuerdo-marco contemplaba su formalización en un solo documento firmado por los representantes de los tres partidos, que sería «depositado en el Vaticano». Según refiere Imanol Murúa, autor de un documentado libro titulado El triángulo de Loiola (Ttarttalo, San Sebastián, 2010) la intención de los convenidos era entregar el original al general de la Compañía de Jesús, el papa negro Peter Hans Kolvenbach, quien lo haría llegar al Vaticano para su depósito «en forma oficial».

Destacamos tres de sus principales pronunciamientos. En el punto 1.1, se reconoce la existencia de Euskal Herria como una comunidad política, asumiendo el cacareado «principio de territorialidad»:

Aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria que se constata en los territorios de Araba, Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa en el Estado Español y Lapurdi, Zuberoa y Baxe-Nafarroa en el Estado Francés.

En el punto 1.4 a. se establece el compromiso de:

Promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos. Este órgano institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Por último, el punto 1.4 b. expresa la voluntad de

Crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria (…) nos comprometemos a que el acuerdo resultante, dentro de la Unión Europea y el respeto de las legislaciones de los Estados correspondientes, contemple la creación de una eurorregión vasca u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya posibilitando.

Resulta inaudito que los socialistas vascos hubieran aceptado tales pronunciamientos que dejaban a sus compañeros navarros a los pies de los caballos.

La ejecutiva del PNV aprobó el documento sin ninguna objeción. Por su parte, los socialistas vascos obtuvieron la conformidad de la dirección nacional del PSOE. De modo que todo dependía de la decisión de Batasuna. El día 8 de noviembre cada uno tendría que descubrir sus cartas en la que se esperaba fuera la última reunión.

Desde el comienzo de la reunión, los proetarras plantearon agregar varios párrafos y expresiones. En el punto 1.2 pretendían que el ordenamiento jurídico resultante del acuerdo político alcanzado en la mesa de partidos y agentes sociales se ratificara en un referéndum conjunto para los cuatro territorios que consideraban vascos, de forma que se permitiera «a la ciudadanía de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa establecer libremente su condición política proveyendo asimismo su desarrollo económico, social y cultural». Batasuna pretendía asimismo introducir que ese futuro marco político podría ser «autonomista, federalista e independentista». Y en cuanto al órgano institucional común entre la Comunidad Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, una de sus funciones sería la elaboración de «un estatuto de autonomía» para los cuatro territorios, «refrendado por la mayoría de la ciudadanía de cada ámbito». Por último, a dicho órgano se le encomendaría la regulación y garantía que pudieran derivarse de la «condición nacional del pueblo vasco».

Al parecer, los socialistas conocieron con anterioridad las propuestas de Batasuna, por lo que decidieron presentar modificaciones en el texto pactado que les permitieran salvar la cara en caso de que llegara a conocerse el acuerdo del 10 de noviembre. La propuesta más significativa era que si se obtenía el acuerdo político «este garantizará que todos los proyectos políticos democráticos pueden ser defendidos y en su caso, materializados. Todo ello, desde el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos, a los procedimientos y normas que integran el ordenamiento jurídico vigente». Algo infumable para los proetarras. También proponían que el reconocimiento del euskera como lengua oficial solo sería en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, si bien en «el territorio» de la Comunidad Foral de Navarra se comprometían a desarrollar «una política activa y progresiva tendente al objetivo de la total normalización lingüística», lo que al fin venía a ser lo mismo aunque diferido en el tiempo.

La moción de la claridad

Abro un paréntesis para dar cuenta de un debate que tuvo lugar en el Congreso el día 30 de noviembre de 2006, un mes después del acuerdo de Loyola. Aunque desconocíamos su contenido, corría el rumor de que los socialistas habían llegado a un acuerdo político con Batasuna, que incluía a Navarra. Interpelé sobre ello al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Recordé cuanto hasta ese momento conocíamos sobre la negociación con ETA, que no era mucho, y emplacé al ministro a que diera respuesta a los grandes interrogantes que inquietaban al menos a un gran sector de la opinión pública:

Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular representa a casi 10 millones de españoles. En su nombre le requiero para que suba a esta tribuna y deje bien claro que el gobierno está dispuesto a respetar íntegramente las resoluciones del Congreso de los Diputados y que por tanto no aceptará la constitución de ninguna mesa de diálogo extraparlamentaria para debatir con los apoderados de ETA o bajo la tutela de la banda terrorista ningún nuevo estatus para el País Vasco. Proclame que el gobierno no tiene la menor intención de reconocer la existencia de la ensoñación euskalherríaca, esa nación que dicen que existe desde el comienzo de los siglos. Afirme que el gobierno no consentirá la celebración en Navarra de ningún referéndum que no esté expresamente contemplado en la Constitución y no el que pretenden los terroristas, ese referéndum del acuerdo que pueda alcanzarse en la mesa de constitución de Euskal Herria como nación. Anuncie que el gobierno no negociará con ETA otra cosa que su disolución incondicional y que ninguna medida de gracia será posible mientras no medie el arrepentimiento de los criminales y el resarcimiento del daño causado a sus víctimas. Declare que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perseguirán a los terroristas allí donde se encuentren. Exprese el máximo respeto a la independencia de los jueces… Lance un mensaje de tranquilidad a la sociedad navarra, dejando bien claro que el gobierno no permitirá que nadie suplante la voluntad de sus instituciones ni negociar el futuro de Navarra en ninguna mesa o foro extraparlamentario.

Pérez Rubalcaba no contestó a ninguno de mis requerimientos, aunque sí afirmó que al gobierno le «gusta» el actual marco institucional de Navarra contenido en el Amejoramiento del Fuero y que Navarra sería siempre «lo que los navarros quisieran ser».

Dos semanas más tarde, el 19 de diciembre, la cuestión volvió a debatirse en el pleno del Congreso con una propuesta de resolución como consecuencia de mi anterior interpelación. La defendí en nombre del Grupo Popular. La he bautizado como la «moción de la claridad», porque se trataba de dejar las cosas claras sobre la negociación con ETA. Su parte resolutiva decía literalmente así:

El Congreso de los Diputados considera que la democracia no puede pagar precio político alguno por la paz y en consecuencia insta al gobierno a:

1. Rechazar la pretensión de constituir una mesa de «agentes» políticos, sociales, económicos y sindicales o de cualquier otra naturaleza, para acordar un nuevo marco o estatus político conjunto para la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, por cuanto la representación democrática del pueblo vasco y el pueblo navarro reside única y exclusivamente en las instituciones reconocidas por la Constitución, el Estatuto de Guernica y el Amejoramiento del Fuero.
2. Rechazar toda propuesta encaminada a dar satisfacción a la llamada «internacionalización del conflicto».
3. Reconocer que los instrumentos de cooperación entre comunidades previstos en la Constitución, en el Estatuto Vasco, y en el Amejoramiento del Fuero, no pueden servir para establecer ningún órgano común de cooperación universal que tenga facultades decisorias y funciones de representación.
4. Poner todos los mecanismos del Estado de Derecho a disposición de la Justicia para que se evite la presencia en las próximas elecciones Municipales y Autonómicas de cualquier candidatura que no haya condenado previamente el terrorismo.

Nos quedamos solos y la moción fue derrotada. Pedíamos claridad frente a ETA y no la conseguimos. Pero sí llegamos a la conclusión, a contrario sensu, de que el PSOE estaba dispuesto a llegar a una fórmula transaccional con los terroristas para alcanzar un nuevo estatus político a cambio de la paz; que al PSOE no le temblaría el pulso si hubiera que transigir sobre el principio de territorialidad, buscando fórmulas que armonizaran la permanencia del actual régimen de la Comunidad Foral con la pertenencia, siquiera sea testimonial, a Euskal Herria; que el órgano permanente Comunidad Vasca-Comunidad Foral sería una solución de compromiso temporal; que el PSOE intentaba comprometer a Francia en el proceso, por exigencia de los terroristas, y por eso había ido a Estrasburgo a solicitar el apoyo del Parlamento Europeo y la inserción en el proceso de los territorios vasco-franceses con el fin de dar satisfacción al principio de territorialidad, dogma de fe del fundamentalismo abertzale; y, finalmente, que el PSOE sería laxo en la aplicación de la Ley de Partidos a fin de permitir la presencia de Batasuna —o algún sucedáneo— en las elecciones vascas.

Ahora hemos sabido que tanto durante el debate con Rubalcaba como en el de la moción de la claridad, el gobierno ya conocía que el acuerdo de Loyola se había ido al traste y que en Ginebra las cosas no iban mejor. El rechazo a nuestra propuesta solo puede explicarse porque Zapatero, con su proverbial optimismo buenista, todavía abrigaba la esperanza de que el proceso no encallara definitivamente.

El trágico final de la ensoñación de Zapatero: ETA dinamita la tregua

Las reuniones de los representantes gubernamentales con los comisionados de ETA comenzaron en Ginebra el 21 de junio de 2006. En esta fase de la negociación, Eguiguren estuvo acompañado por Javier Moscoso, que fue ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Felipe González en 1982 y fiscal general del Estado entre 1986 y 1990.111 La última reunión de los representantes del gobierno con ETA tuvo lugar en Oslo el 15 de diciembre. Ese día las cosas estaban en un punto muerto, a pesar de nuevos ofrecimientos del gobierno. La reunión terminó como el rosario de la aurora, pero no hubo una ruptura formal de las conversaciones. Cuenta Eguiguren que cuando Zapatero recibió estas malas noticias mantuvo su posición de «determinación paciente».

El 29 de diciembre, al día siguiente de los Santos Inocentes, el presidente celebró una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa donde hizo un balance del año que estaba a punto de terminar. Más de una vez se habrá arrepentido de haber pronunciado estas palabras:

Es de sentido común afirmar que se está mejor cuando hay un alto el fuego permanente que cuando había bombas como en las Navidades de hace un año y sin duda se está mejor que hace cuatro o cinco años, cuando teníamos víctimas mortales. Algún parámetro de objetividad tiene que haber en democracia y sin duda se está mejor que hace cuatro o cinco años, cuando teníamos víctimas mortales.

En política cabe todo menos el ridículo. A las 08.30 horas del 30 de diciembre una gran explosión destruyó el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Entre los escombros aparecieron los cadáveres de dos súbditos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Hubo varios heridos y las pérdidas materiales fueron muy cuantiosas.112

Zapatero, que se hallaba en Doñana para celebrar con su familia la llegada del nuevo año, regresó de inmediato a Madrid y al día siguiente, 31 de diciembre, acordó la «suspensión» del proceso de negociación con ETA. Visiblemente afectado, el presidente compareció por la tarde en rueda de prensa en la que dijo que la decisión de suspender el diálogo con la banda terrorista se había adoptado porque no se daban las condiciones establecidas en la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005.

Los intentos de Mariano Rajoy de recuperar el Pacto Antiterrorista fracasaron. En una sesión extraordinaria celebrada por el Congreso el 15 de enero de 2007, el presidente del Partido Popular espetó a Zapatero: «Apoyarlo a usted es un suicidio».

Pero los etarras no dieron por muerto el proceso. El 8 de febrero, en Pamplona, los batasunos hicieron pública una nueva propuesta en la que partían de la aceptación de los dos marcos políticos —la Comunidad Vasca y Navarra—, y proponían que Navarra se integrara en Euskal Herria con un estatus propio, «tomando como base su identidad y su personalidad». Nadie la tomó en serio.

La primavera estuvo cargada de tensión. El PNV acusó al PP de estar «hundido en el lodo», mientras los populares convocaban manifestaciones de repulsa a la política del gobierno.

Otro hecho lamentable conmovió a la opinión pública. El 1 de marzo de 2007 el gobierno excarceló a De Juana Chaos, en huelga de hambre desde finales de octubre del año anterior. Sin duda, se trataba de un nuevo gesto de Zapatero a ETA para volver a la mesa de negociaciones. Pérez Rubalcaba sería el encargado de firmar su repugnante excarcelación.

Con la discreción más absoluta, porque el gobierno decía tener por roto el proceso, los días 30 y 31 de marzo hubo nuevos contactos con ETA. Esta vez el representante del gobierno sería el abogado José Manuel Gómez Benítez, persona de la absoluta confianza del presidente, al que poco después elevaría al Consejo General del Poder Judicial en la renovación de 2008. El gobierno exigía a ETA que condenara el atentado de la T-4 y se comprometiera a no volver a las andadas para reanudar las conversaciones de paz.

Llegaron las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007. ETA exigía que la izquierda abertzale pudiera presentarse tanto en las elecciones forales de Navarra como en las de las Juntas Generales, instituciones fundamentales del autogobierno vasco. En Pamplona se celebró una gran manifestación, con presencia de la plana mayor del Partido Popular, en defensa de la españolidad de Navarra y para expresar el más rotundo rechazo a que Navarra fuera «moneda de cambio en la negociación con ETA».

Zapatero volvió a demostrar su doble juego. No habría listas de la izquierda abertzale. Pero entonces se volvió a repetir la misma jugada que con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK). Batasuna resucitó al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), que a pesar de haber sido fundado en 1930 como fruto de una escisión del PNV, había permanecido prácticamente inactivo desde su legalización en 1977. En sus listas había candidatos contaminados por su militancia batasuna y también los había no contaminados. Eso sirvió al fiscal general del Estado, Conde Pumpido, para instar la ilegalización de una parte de las listas pero permitió la presentación de 123, entre ellas la del Ayuntamiento de Pamplona. No así la del Parlamento Foral. Los criterios del fiscal general para hacer esta selección de listas fueron absolutamente arbitrarios.

Entre los días 14 y 16 de mayo los anteriores negociadores gubernamentales volvieron a sentarse con los comisionados de ETA. En paralelo, también en Ginebra, negociarían miembros del PSE y de Batasuna. Entre ellos destacaba Eguiguren, empeñado en sellar un acuerdo político con los batasunos que facilitara el entendimiento con ETA. Entre los mediadores internacionales se encontraba un personaje de especial relevancia internacional. Se trataba de Gerry Adams, el líder del Sinn Fein irlandés, artífice de los acuerdos de Stormont en Irlanda del Norte. Por Batasuna acudió a la cita Arnaldo Otegui, que planteó que la solución del conflicto solo vendría si se reconocía el principio de territorialidad, es decir, la consideración de Navarra como parte integrante de Euskal Herria, aunque de momento se respetara su actual estatus político. El etarra Thierry comunicó a Eguiguren que tenían diez días para decidir el futuro de Navarra. Este respondió que solo aceptarían el órgano institucional común pactado en el acuerdo de Loyola. Ante la falta de acuerdo, ambas partes se emplazaron para una nueva reunión el 21 de mayo. Pero ese día las posturas de ambas delegaciones se habían endurecido aún más y la ruptura se consumó.

Las elecciones autonómicas y municipales se celebraron el 27 de mayo de 2007.

El 5 de junio ETA decretó el fin de la tregua.

Así terminó este triste episodio de nuestra reciente historia. La negociación política con ETA había fracasado. Pero los etarras habían obtenido una gran victoria al conseguir negociar de tú a tú con el Estado Español.

Años más tarde, Eguiguren declararía a Imanol Murua que, de cara al futuro:

No ha quedado más que el acuerdo de Loyola. Todo lo demás no sirve. El método está quemado. El gobierno no se va a sentar nunca más con ETA para decirle que no va a detener a sus miembros. Es inimaginable. Tampoco le va a pedir que declare una tregua, porque lo de la tregua ha perdido valor, porque incluso en tregua ETA comete atentados.

Esta confesión es clave para entender el escándalo del «chivatazo» del Faisán. Como se recordará, en los acuerdos del gobierno con ETA en Oslo (diciembre 2005), se había pactado que no habría detenciones mientras duraran las negociaciones. El 22 de marzo de 2006 ETA decretó su alto el fuego. El 17 de mayo siguiente el Congreso dio luz verde a la negociación. Solo faltaba la declaración de apertura formal de negociaciones por parte del presidente, que tuvo lugar el 29 de junio.

Pero la Justicia seguía su trabajo. El juez Grande-Marlaska había autorizado una operación policial de gran escala contra el aparato de extorsión de ETA, que tendría lugar el 4 de junio en el bar Faisán, junto a la frontera de Irún. El dueño del bar era Joseba Elosua,113 que actuaba como intermediario en el pago del llamado «impuesto revolucionario». La policía sabía que ese día habría una reunión para la entrega de dinero a la que asistirían, además de Elosua, el recaudador de ETA, José Antonio Cau y Gorka Aguirre, miembro del comité ejecutivo y responsable de las relaciones internacionales del PNV.

La detención de Aguirre, sobrino del primer lendakari vasco José Antonio Aguirre, podía hacer naufragar las inminentes conversaciones con ETA previstas para el mes de junio. Había tregua pero el presidente todavía no había acudido al Congreso para dar el pistoletazo de salida de la negociación. Alguien pensó que lo mejor era abortar la operación y para ello no había otro medio que avisar a ETA. No es creíble que el «chivatazo» fuera una iniciativa de un inspector de policía, Alejandro Ballesteros, y del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, únicos que han sido juzgados y condenados por la Audiencia Nacional por un delito de revelación de secretos, aunque no por colaboración con banda armada. La sentencia no es firme hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos por las partes, entre ellas el Partido Popular, contra esta absolución parcial.

A pesar del «chivatazo», Grande-Marlaska no se arredró y en colaboración con la juez francesa Laurence Levert, el 20 de junio consiguió asestar un duro golpe al aparato de extorsión etarra con la detención de siete personas en Francia y cinco en España. Al día siguiente se iniciaron las conversaciones en Ginebra y la delegación gubernamental tuvo que soportar los improperios de los etarras por el incumplimiento de lo acordado el pasado mes de diciembre en Oslo. Los representantes gubernamentales se excusaron por lo ocurrido y adujeron que el gobierno no podía controlar a los jueces y que lo sucedido en el bar Faisán era la demostración de su buena voluntad.

Para determinar quiénes fueron los «autores intelectuales» del chivatazo, la reflexión de Eguiguren cobra un especial significado: «El gobierno no se va a sentar nunca más con ETA para decirle que no va a detener a sus miembros. Es inimaginable». Solo Zapatero y Pérez Rubalcaba —y, por ende, la cúpula de Interior— sabían lo que estaba pasando. Pretender que creamos que el jefe superior de Policía del País Vasco, por sí y ante sí, tomó una decisión de tanta responsabilidad como la de abortar una operación ordenada por la Justicia, es tomarnos por tontos.

Ignoramos si después de la ruptura de la tregua se produjeron nuevos intentos de retomar el proceso de paz. La Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continuaron su labor y fueron numerosas las detenciones y condenas de miembros de la banda. Pero la política de gestos no cesó.

El 30 de marzo de 2010, un grupo de personalidades internacionales, movilizadas por Batasuna, presentó un documento en el Parlamento Europeo en el que pedían a ETA que declarase un «alto el fuego permanente», instaban a la izquierda abertzale a defender sus objetivos políticos por medios «exclusivamente democráticos» y requerían al gobierno español a legalizar «los partidos independentistas» y que permitiera el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco. A la cabeza del documento figuraba Brian Currin, un ciudadano sudafricano especializado en la solución de conflictos.114

Este espectacular golpe de efecto de Batasuna hace sospechar que la negociación con ETA, por otros cauces, continuaba.

Finalmente, el 10 de enero de 2011, ETA declaró un alto el fuego «permanente, general y verificable», susceptible de ser «verificado por la comunidad internacional».

No sabemos qué habría sucedido si Zapatero hubiera continuado en el poder. Pero la crisis económica arrasó al PSOE y Mariano Rajoy se convirtió en nuevo presidente. Salvo el lamentable episodio de la excarcelación del asesino etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, ocurrida el 24 de octubre de 2012 por razones humanitarias, habida cuenta de su permanente estado de cáncer terminal, el gobierno del Partido Popular solo espera la disolución definitiva y la entrega de las armas, sigue deteniendo etarras y no ha movido un músculo para satisfacer las exigencias negociadoras de ETA.

Pero entretanto, Sortu gobierna en Guipúzcoa, donde la mayoría de sus alcaldías están en sus manos, y controla numerosos ayuntamientos en el País Vasco. También en Navarra, aunque en menor grado. Desde la ruptura de la coalición UPN-PSN, los socialistas navarros votan en numerosas ocasiones con los parlamentarios de Sortu y su secretario general ha anunciado que en las próximas elecciones forales no es descartable la cooperación con los proetarras para desbancar a la derecha del poder y producir el cambio político que, según él, Navarra necesita.

El 10 de julio de 2012 la Sala Pequeña del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia anulando la «doctrina Parot» al estimar el recurso de la etarra Inés del Río, que sería confirmada el 21 de octubre de 2013 por el pleno del Tribunal de Estrasburgo. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo, anulando la «doctrina Parot», una de las exigencias suscitada en el proceso de negociación, ha permitido que sesenta presos de ETA, con crímenes espantosos a sus espaldas, sean recibidos como héroes a su vuelta a casa.

La democracia ha derrotado a ETA. Este latiguillo se ha convertido en la expresión políticamente correcta para referirse al final del terrorismo, mientras la humillación de las víctimas no cesa.

Quienes así se pronuncian, aseguran que ETA ha sido derrotada porque ha quemado el cartucho de la negociación, que era su eterna cantinela, por lo que el fin de la violencia no tiene vuelta atrás. Ojalá sea así. La duda está en saber si todo esto es o no consecuencia de una última negociación en la oscuridad y la banda terrorista solo espera para disolverse a la excarcelación de los presos, sin haber conseguido ninguno de sus objetivos políticos.

El 20 de enero de 2014, el diario El Mundo revelaba la existencia de una «hoja de ruta» pactada por el PNV con el colectivo de presos de ETA para presionar a Mariano Rajoy a fin de conseguir la excarcelación de todos los etarras. El PNV actuaría como mediador, al tiempo que se pondrían en marcha, tras la aprobación de un nuevo plan de paz y convivencia, que debería haberse producido antes del fin de 2013, nuevas «políticas estratégicas», con actos protagonizados por los mediadores internacionales y culminarían con un primer gesto de entrega de armas por parte de ETA. Es evidente que el PNV ha regresado al acuerdo de Estella. Pero a lo mejor los nacionalistas pretenden resucitar la «Liga de los Vascos Españolistas» que acarició Sabino Arana en los últimos años de su vida.

Así las cosas cabe preguntarse. ¿Se disolverá ETA y entregará sin más las armas? A corto plazo no lo parece. ¿Se formará en Navarra, tras las elecciones generales, un gobierno de coalición del PSN con los partidos nacionalistas y el apoyo, explícito o implícito, de Sortu, que ponga en marcha el órgano institucional común diseñado en Loyola? En este momento los socialistas navarros lo negarán, pero quién sabe. ¿Volverá a estar sobre el tapete el acuerdo de Loyola para la búsqueda de un nuevo marco político que reconozca la existencia de Euskal Herria como comunidad nacional? No hay que descartarlo, pues como dijo Eguiguren, solo eso queda del frustrado proceso de negociación emprendido por Zapatero. ¿Conseguirá ETA transformarse en un partido político si finalmente entrega las armas? No, al menos con el Partido Popular en el gobierno. ¿Emprenderá el PNV el camino hacia la secesión que ha convulsionado Cataluña? No tengo la menor duda. ¿Habrá un punto final con la salida de las cárceles de los etarras en un futuro próximo si el Partido Popular pierde el poder tras las elecciones de 2015? No tengo la menor duda.115 ¿Volverá ETA a cometer nuevos atentados si se cansa de esperar? El riesgo existe pues aún queda gente a la que si la banda terrorista le ordena coger una pistola y matar, mata.

Espero y deseo que las respuestas a los interrogantes anteriores no sean las que conduzcan a los demócratas españoles a un descalabro total. Porque si así fuera, tendríamos que concluir que la ingenuidad del presidente Zapatero nos llevó a la derrota victoriosa de ETA.