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uien hoy es titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 nació el 11 de junio de 1958 en Salamanca. Primogénito de un redactor del Adelanto de Salamanca que tuvo otros seis hijos, acompañó a su padre cuando inició una aventura sudamericana que le llevó a Costa Rica, donde ejerció como corresponsal y llegó a dirigir uno de los principales diarios de la república centroamericana.

Cuando Santiago Pedraz padre se hizo cargo de la promoción en Sudamérica del Instituto Nacional del Libro Español, para lo que organizó la Primera Exposición Itinerante del Libro Español en América a bordo de un camión, su primogénito volvió a su ciudad natal, donde cursó la Educación General Básica (EGB) y empezó el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) en el San José de Calasanz de los Padres Escolapios. Pero el retorno del patriarca, que ingresó en la Agencia Efe, en la que llegó a ser subdirector, provocó el traslado de la familia a Madrid, donde el hijo mayor concluyó el bachillerato y aprobó el Curso de Orientación Universitaria (COU).

Fue entonces cuando Santiago Pedraz hijo se dejó convencer por su padre y optó por iniciar la carrera de Derecho, «porque eso podía darme una formación mucho más amplia, y me decidí a probar». Lo que ocurrió es que le gustó la ciencia jurídica, así que terminó primero y segundo de carrera y, al arrancar el tercer curso, decidió esperar antes de comenzar Ciencias de la Información, «convencido de que con la espera no perdía nada». Sin embargo, llegó el servicio militar, que prestó enrolado en las Milicias Universitarias, y en cuarto curso de Derecho descartó de manera definitiva toda posibilidad de seguir los pasos de su progenitor.

Fue un estudiante «muy normalito» tanto en el bachillerato como en la carrera, «con aprobados sin sobresalientes». Apasionado del Derecho Civil, el Penal en cambio nunca le pareció tan importante. Y en asignaturas como Administrativo o Laboral «aprendía lo justo para aprobar el examen». Disfrutó la carrera, pero no solo los estudios, «también dediqué mucho tiempo a crear un grupo de amigos, salir con ellos, compartir el cine y la música...».

Nunca tuvo vocación de ser juez, pero una vez licenciado descartó el ejercicio libre de la abogacía y la carrera fiscal. Así que solo quedaba la judicatura. «Quizá sea por mi carácter, que es buscar el equilibrio, el centro. En Derecho siempre hay una tesis en defensa de una posición y siempre existe una tesis contraria, y ambas tienen cosas válidas; siempre hay distintas visiones sobre un problema y el juez debe tener esa capacidad de integrarlas en una solución; me veía más cómodo en el papel de juez que en el de parte defendiendo una postura concreta».

Aprobó a la primera, pero por la mínima, y el 8 de marzo de 1984, con apenas veintiséis años, ingresó en la carrera judicial en uno de los últimos puestos de su promoción. Su primer destino, breve, fue Villacarrillo (Jaén), en un antiguo juzgado distrital que acababa de dejar vacante otro novato, Baltasar Garzón. «Tenía miedo a tope. Era un crío, no conocía a nadie, no sabía lo que había en el juzgado, la Escuela Judicial duraba muy poco y no salíamos bien preparados, no sabíamos cómo poner una providencia o cómo dictar una sentencia», recuerda con aire divertido, y añade: «Solo me tranquilizaba coger el teléfono y llamar a mi preparador o a un magistrado de la Audiencia Provincial de Jaén que para mí era un referente, y no paraba de estudiar los asuntos que resolver hasta encontrar una solución satisfactoria».

Del juzgado jienense pasó a Almería, donde volvió a coincidir con Garzón. Nació entre ellos una amistad que hoy perdura. Después, durante casi tres años se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Cabra (Córdoba). Algunos funcionarios que trabajaron entonces a sus órdenes todavía guardan buen recuerdo de aquel joven discreto y atento que puso en orden un órgano que hasta entonces adolecía de un preocupante grado de desorganización.

Ocupar los últimos lugares del escalafón de su promoción tuvo sus consecuencias en julio 1988, cuando ascendió a magistrado y fue enviado a un destino forzoso de esos que casi ningún juez quería, el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Sebastián. Allí empezó a labrarse la fama que todavía hoy le persigue: valiente para unos, alocado y en exceso preocupado por la notoriedad para otros. En agosto de 1989, uno de los habituales enfrentamientos entre policías y manifestantes en las calles de la capital donostiarra se saldó con varios heridos entre estos últimos. El juez Pedraz apreció indicios delictivos en la actuación de algunos efectivos policiales, lo que levantó una polvareda que solo apaciguó la Audiencia Provincial de San Sebastián al anular el auto por él dictado.

Por esas mismas fechas tuvo la ocurrencia de citar a ochenta agentes para someterlos a una rueda de reconocimiento al objeto de tratar de identificar al policía que golpeó con su defensa reglamentaria a una mujer que participaba en una protesta callejera acaecida en 1985, poco después de la aparición del cadáver de Mikel Zabaltza en el río Bidasoa.

En muy poco tiempo, las jerarquías de las fuerzas de seguridad le etiquetaron como juez peligroso mientras su nombre comenzaba a ganar asiduidad en los medios de comunicación. No opinaban lo mismo sus compañeros en los juzgados donostiarras, que llegaron a elegirle decano. La etapa vasca acabó en 1992, cuando el entonces vocal del CGPJ Juan Alberto Belloch se lo llevó a Madrid como letrado jefe del área de Formación del órgano de gobierno de los jueces.

«Cuando Belloch me propone ir al Consejo no nos conocíamos. Me ofreció organizar el departamento de Formación, en el que entonces solo estaba Fernando Escribano, sin que existiese un proyecto de formación de jueces. Lo pensé y primero dije que no, pero era un reto montar esa estructura inexistente porque no había formación para los jueces, así que acepté con la condición de hacerlo por dos años para después volver a la carrera», explica Pedraz, que añade de corrido que «nunca» ha pensado en iniciar una carrera política, «jamás». «Si algún día accedo a un cargo público será a un puesto técnico, pero la política la temo. Alguna vez he creído que he estado a punto de recibir una propuesta, pero nunca se ha producido porque creo que la gente pronto se da cuenta de que voy a decir que no».

Pedraz cumplió sus deseos y en mayo de 1994 volvió a un juzgado, en esta ocasión en Madrid, ciudad que ya no abandonaría. La polémica dejó de perseguirle, y durante años ejerció en distintos juzgados madrileños y en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior sin mayores contratiempos. En octubre de 1995 se asentó en el Juzgado de Instrucción Número 26 e inició una larga andadura, que se prolongó durante ocho años en los que su nombre volvió a sonar en prensa, aunque por motivos distintos. En 1999, un estudio del Colegio de Abogados de Madrid señaló su juzgado como uno de los más ágiles y con menos causas pendientes de la capital.

En 2003, el juez Pedraz decidió dar el salto a la Audiencia Nacional, en concreto a la Sala de lo Penal, donde todo volvió a empezar cuando apareció como uno de los autores de la sentencia que en junio de 2005 concluyó que las organizaciones juveniles abertzales Jarrai y sus herederas (Segi y Haika) no podían ser consideradas terroristas, por lo que los veinticuatro dirigentes juzgados fueron condenados a penas muy inferiores a las solicitadas por el fiscal. Aquella resolución todavía le persigue hoy en los perfiles que con cierta periodicidad aparecen en la prensa escrita, en los que a menudo se pasa por alto que, junto a él, también firmaron aquel fallo los magistrados Carlos Ollero y Félix Guevara.

Por aquellas mismas fechas accedió al Juzgado Central de Instrucción Número 1, al que toda la Audiencia Nacional temía por su mal fario. Su anterior titular, Guillermo Ruiz Polanco, acababa de ser suspendido un año por sus sospechosas relaciones con narcotraficantes. Y su antecesor, Javier Gómez de Liaño, había sido expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricación cometida en la instrucción del caso Sogecable.

Así que a nadie extrañó que una de las primeras decisiones del juez Pedraz como titular de ese juzgado fuese no procesar al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos por una serie de artículos publicados en el diario Gara. No procesar suponía la pronta salida de la cárcel del etarra, una vez cumplidas todas las condenas que pesaban contra él. La Sala de lo Penal le rectificó a tiempo e impuso al exdirigente de ETA una pena mínima confirmada después por el Supremo, aunque dos votos particulares defendieron en el alto tribunal las tesis del instructor y la absolución del acusado.

Desde entonces, su trabajo goza de especial atención por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Las peculiaridades del caso Couso, su trabajo en otras causas abiertas en virtud de la jurisdicción universal, su garantista visión del tratamiento jurídico del fenómeno del terrorismo o asuntos de gran repercusión como el caso Afinsa pueden explicarlo, aunque el juez se muestra escéptico: «Algunas veces me pregunto por qué me han tocado muchos asuntos sobre los que la opinión pública pone el foco de atención y no encuentro respuesta».

También puede ser un buen motivo ciertos adornos literarios que incluye a veces en sus resoluciones. En octubre de 2012, cuando arreciaban las protestas callejeras contra la política económica impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, archivó la querella presentada por la Fiscalía contra los promotores de una gran manifestación que, bajo el lema «Rodea el Congreso», había mantenido cercado durante horas el Palacio de la Carrera de San Jerónimo el 25 de septiembre anterior. La base de su argumentación: la preponderancia de los derechos de expresión y manifestación frente a cierta forma de entender la protección del orden público.

«Hay que convenir —arguyó el juez Pedraz en su resolución— que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional ni, menos aún, prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política». El conflicto estaba servido y no faltaron miembros de esa clase política dispuestos a afear al magistrado sus palabras. El más visceral, el entonces secretario del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que no dudó en calificarle de «pijo ácrata».

—Esas resoluciones, digamos llamativas, parecen ser una característica de su trayectoria.

—Insisto en que yo hago lo que tengo que hacer, que es lo que hacemos todos los jueces. Acaso alguna vez no haya extremado el cuidado en frases escritas en mis resoluciones, pero no me arrepiento de ninguna.

—¿Ni aunque provoquen insultos como pijo ácrata?

—No me importa, me pareció hasta gracioso. No me considero ni pijo ni ácrata. Mi imagen, en ese sentido, no me preocupa.

—En todo caso, da la impresión de ser un juez menos acomodaticio que la media.

—No estoy de acuerdo en que se pueda generalizar de esa manera. Cada uno tiene su forma de actuar. Yo, en cuanto tengo las cosas claras, tomo una decisión; otros compañeros le dan más vueltas, pero eso no quiere decir que unos lo hagan mejor que otros, si acaso que unas resoluciones están más reflexionadas que otras.

—¿Aceptaría entonces que parece usted actuar con más arrojo?

—Tampoco. En cada momento del proceso llega un punto en el que crees cuál es el siguiente paso que hay que dar, y si creo que tengo que hacerlo, lo hago. Me voy al delito, estudio si existe o no y tomo decisiones sin pensar en las consecuencias. Con esa simple filosofía se remueven los obstáculos.

—¿Pueden los ciudadanos españoles sentirse bien defendidos por sus jueces?

—Yo creo que España tiene buenos jueces, en general comprometidos y que realizan un trabajo superior al que se les pide en otros países. Y son jueces independientes. Los ciudadanos pueden confiar en los jueces y en la administración de Justicia.

—En estos momentos de crisis, la ciudadanía parece desear que los jueces ejerzan un poder sustitutivo del político para regenerarlo.

—Me gusta por lo que supone de reconocimiento a nuestro trabajo, pero tampoco es bueno porque eso quiere decir que hay una crisis, y una crisis de Estado. Cuando un poder aparece como el salvador de la patria es mal síntoma. Creo en el Estado de Derecho puro y duro, creo que la misión del Poder Judicial es controlar al resto de los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, pero nunca deberíamos ser los sustitutos de la clase política. Espero que los ciudadanos no pretendan que los jueces asuman el papel de los políticos, porque es una equivocación total.

Al poco de llegar a la Audiencia Nacional, Pedraz se casó en segundas nupcias con Paula Arenas Martín-Abril, filóloga, escritora y, cosas del destino, periodista en ejercicio que no ahorra elogio alguno a su marido: «Es un trabajador incansable en primera línea de defensa de los derechos, eso sí, respetando siempre la legalidad; nunca se ha saltado una norma o ley y eso es importante, sobre todo porque es un juez muy garantista pese a las críticas que haya podido recibir».

Padres de un niño de cinco años en el momento de escribir estas páginas, Santiago Pedraz tiene claro que «quiero disfrutar de mi hijo ahora, y no es un esfuerzo, lo hago encantado. Tengo claro que mi vida familiar no la sacrifico por el trabajo. Ante un asunto muy complejo no queda más remedio que dedicarle horas, pero sin renunciar a mi vida familiar, porque me gusta disfrutarla a cualquier precio. Hoy por hoy, antepongo mi familia a mi trabajo, supongo que es una cuestión relacionada con la edad».

Celoso de su intimidad, se siente incómodo si le reconocen en un sitio público, un restaurante o un bar. Poco amigo del deporte, no perdona una noche de copas con los amigos y es un fumador empedernido de los de dos cajetillas de tabaco negro al día. Logró dejarlo en 2005 durante un año, pero entonces cayó en su juzgado la investigación de la estafa protagonizada por Afinsa, la intervención de la empresa, los registros de sus sedes..., y recayó. «Hice el tonto», confiesa con un cigarrillo entre los dedos.

Templado a la hora de asumir las críticas que recibe su trabajo —«es bastante tranquilo y cuesta mucho que se enfade», relata su mujer—, es de los escasos jueces que ha recurrido a las redes sociales para debatir con sus detractores. Lo que le saca de quicio son los ataques de cierta prensa que recurre a argucias como etiquetarle «el Ken (novio de la muñeca Barbie) de la carrera judicial» para desprestigiar su labor. Vano intento, por cierto, en lo que a sus compañeros de carrera se refiere o, al menos, aquellos con los que comparte tribunal: como le ocurrió en San Sebastián, en mayo de 2008 fue elegido decano de la Audiencia Nacional, función para la que fue reelegido en junio de 2012.