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ablo Ruz ya tenía noticias del caso Gürtel antes de su llegada a la Audiencia Nacional y era consciente de su complejidad, porque si hay algo común en las investigaciones de este tipo es que son una agotadora carrera de obstáculos. Para colmo, ser instructor de ese sumario le elevó —o hundió, vaya usted a saber— a la categoría de juez famoso, un problema para su carácter reservado. El magistrado nunca ha concedido una entrevista, aunque mantiene relaciones educadas y cordiales por los informadores judiciales.

Ruz era consciente, como él mismo confesó a sus íntimos, de que la sociedad percibía el aroma a corrupción como un hedor molesto mientras trataba de salir de la crisis económica. Es lo que él califica como «corrupción sistémica», la que se produce cuando el ciudadano percibe con facilidad que todos los recortes sociales y la pérdida de patrimonio están íntimamente relacionados, cuando no provocados, por los efectos perversos de la corrupción política.

Esas «sanguijuelas del ahorro nacional», verdaderos equilibristas morales que a diario se esfuerzan para vivir al margen de la ley escrita, «suelen ser hombres de talento que alcanzan a menudo éxitos, aunque no sean más que momentáneos, siendo admirados por las masas, en las que cada individuo, colocándose imaginativamente en el lugar del banquero poco escrupuloso, del diputado influyente, del funcionario ricamente pagado, del negociante enriquecido sin fatiga, no se detiene a examinar los medios por los cuales han alcanzado esos éxitos», describe Ruz.

Inquietante instructor para el caso Gürtel un magistrado como Ruz, de quien se ha dicho una cosa y la contraria. Puede ser de izquierdas, incluso muy de izquierdas, y de derechas, también muy de derechas. Unos le consideran independiente, otros demasiado servil a la Fiscalía. Frente a quienes le tienen por muy osado, otros le ven timorato en exceso. Mientras cierta prensa le presentó como el azote del Partido Popular, la de enfrente le reprochó haber ayudado al gobierno de Mariano Rajoy al retrasar algunas investigaciones. Quienes le ven indeciso discuten con quienes le encuentran demasiado decidido. Nadie puede ser tantas cosas a la vez, y menos tantas cosas opuestas.

Un buen amigo suyo reflexiona que, visto con distancia, Ruz ha sido una pesadilla recurrente para el partido de Mariano Rajoy durante dos años de instrucción. Cuando tomó las riendas del caso de los papeles de Bárcenas, las críticas fueron implacables. Sus detractores lo dibujaron como un juez sin iniciativa, alguien demasiado inseguro, incapaz de dar un paso adelante sin el apoyo del fiscal, lo que provoca retrasos en la instrucción y levanta sospechas porque el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno.

Al principio se le tachó de próximo al PP y de ser un juez sin personalidad. Una anécdota es reveladora. Ruz debería haber abandonado la Audiencia Nacional en octubre de 2013, cuando venció el mandato del anterior CGPJ. Uno de los vocales, el magistrado Miguel Carmona, veterano miembro de Jueces para la Democracia, había obtenido la titularidad del Juzgado Central de Instrucción Número 5, al que debería incorporarse, lo que desplazaría a su sustituto.

La Audiencia Nacional se movilizó para mantener a Ruz al frente del caso Gürtel, incluso con propuestas de dudosa legalidad que hirieron la sensibilidad de media judicatura. Al lado, destacados dirigentes del PP maniobraron cuanto estuvo en su mano para evitar el desembarco de Carmona en el juzgado. In extremis, un oportuno nombramiento como magistrado de enlace con Gran Bretaña condujo al exvocal hasta Londres. En destacados despachos de la sede popular en la calle de Génova hubo suspiros de alivio.

Craso error. En diciembre, Ruz ordenó a la policía el registro de aquella sede. El PP trató de enmascararlo y lo presentó como una petición de documentación. Pero fue un registro en toda regla, ordenado por un instructor hastiado por las constantes excusas y obstrucciones puestas por el partido para entregar la documentación que le era solicitada, por ejemplo la relativa a las obras de remodelación del inmueble, que a la postre fueron abonadas, al menos eso indica el sumario, mediante fondos procedentes de la caja B del partido que manejó el extesorero Luis Bárcenas. Por sorpresa para muchos, Ruz ejerció de juez sin adjetivos.

Sus colaboradores sostienen que nada había cambiado. El juez que ordenó el registro de la sede central del PP —el segundo que sufría un partido político en España tras el registro de Ferraz ordenado en 1992 por el instructor del caso Filesa, el magistrado del Supremo Marino Barbero— era el mismo que meditaba cada paso, que consultaba cualquier iniciativa a las personas precisas de su confianza antes de adoptar las decisiones más trascendentes; por prudencia, no por inseguridad, justifican.

Ninguna de las dos versiones contradictorias sobre cómo ha llevado el proceso ha acertado. Ni las expectativas del PP, para cuyos dirigentes el caso no tenía sustancia, ni el vaticinio de los medios de izquierda, que recelaban del supuesto temple derechista de Ruz, se cumplieron. Todos coinciden, eso sí, en un posible exceso de prudencia y de seguidismo respecto del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Pero las medidas más polémicas, como el registro de la sede del PP o la imputación del exministro Ángel Acebes, las tomó a su ritmo, midiendo mucho la necesidad y repercusión de las acciones que emprendía, explica uno de sus colaboradores.

El juez vivió muchos momentos difíciles durante la instrucción de este sumario. Quizá uno de los más reveladores fue cuando, de nuevo ajustándose al criterio de la Fiscalía, rechazó que los papeles de Bárcenas, esa copia manuscrita de la contabilidad B del PP, tuviesen conexión con el caso Gürtel. La tensión en la Audiencia Nacional se podía masticar. No faltaron compañeros que renegaron de su falta de contundencia, de su falta de gallardía —si no era algo peor— para dar la orden de registrar los despachos del extesorero en la sede central del PP de la calle Génova en busca de los documentos originales que el diario El País había desvelado. El fantasma del juez cómodo para el gobierno anidó en la calle Prim, en aquella época sede transitoria de la Audiencia Nacional.

La para muchos urgente decisión se demoraba y la iniciativa la tomó otro juez, Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, que aprovechó una querella de Izquierda Unida contra Bárcenas y los empresarios que aparecen como donantes de dinero en los apuntes del extesorero. Sin consultar a su compañero, la admitió a trámite tras ser turnada a su juzgado y ordenó las primeras diligencias.

Cundió el pánico en el PP, temeroso de un magistrado que podría tener cuentas pendientes que saldar: Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M, fue el primer y más firme dique de contención de la «teoría de la conspiración» que impulsó el partido de Génova. Pagó por ello con la pérdida de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y poner a su disposición semejante instrumento de revancha era demasiado peligroso. La formación conservadora movilizó todos sus recursos para impedirlo. Y Ruz seguía pareciendo un juez más acomodaticio.

La Fiscalía Anticorrupción fue el instrumento: abandonó iniciales vacilaciones para reclamar que los papeles de Bárcenas se incorporasen a la causa del caso Gürtel. Ruz, como siempre solícito ante el criterio del Ministerio Público, reaccionó a tiempo y en cuestión de horas recuperó el timón de un barco que se escoraba hacia el juzgado de Gómez Bermúdez.

El posible registro del despacho de Bárcenas en Génova quedó en frustrada intentona. El ordenador del extesorero fue convenientemente formateado para borrar rastros. Pero cuando el riesgo de un magistrado de la reputación de Carmona o de la fama de Gómez Bermúdez parecía conjurado, resultó que Ruz también era juez a tener en cuenta y, cuando lo consideró oportuno, envió a la policía a Génova a recabar la documentación que estimó pertinente.

Dos años después de aquel episodio, el instructor Ruz ha considerado «acreditada» la existencia, durante dieciocho largos años, de una doble contabilidad, una caja B en el Partido Popular, por la que la formación conservadora tendrá que responder en juicio como responsable civil subsidiario. En ese camino salpicado de baches, sus resoluciones obligaron a dimitir como ministra de Sanidad a Ana Mato la víspera de un debate parlamentario sobre el Estado de la Nación, tras declararla responsable, a título lucrativo, del dinero con el que la trama Gürtel pagó regalos, viajes y fiestas de cumpleaños a su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), también procesado.

Esta primera etapa histórica de la actuación de la corrupta red encabezada por Francisco Correa, la que comprende el periodo 1999 a 2005, investiga la relación de la red Gürtel con municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP. La causa ya está lista para juicio, que se dirigirá contra cuarenta y un procesados, incluidos tres extesoreros del PP.

Aunque el verdadero vuelco de la investigación se había producido en enero de 2013, cuando las autoridades suizas, en respuesta a una comisión rogatoria remitida muchos meses atrás, revelaron la existencia en entidades bancarias helvéticas de una escalofriante fortuna de veintidós millones de euros acumulada durante años por Bárcenas, que en junio había entrado en prisión.

Los intentos de Bárcenas de desplegar en el proceso múltiples estrategias para hacerlo naufragar y que sus actividades quedaran impunes fracasaron. Habían sido meses de dura pugna soterrada: el extesorero tensó la cuerda cuanto pudo para evitar su encarcelamiento mientras el juez aguantaba el envite, sabedor de que no podía eternizar la instrucción, pero esta no podía avanzar más sin una confesión clara del principal sospechoso.

Ganó la paciencia del juez Ruz, profesional de la espera. Cuando el contenido de la comisión rogatoria quebró la posición de Bárcenas, se agarró al único salvavidas a su alcance, una confesión parcial aconsejado por su abogado, entonces el exjuez Javier Gómez de Liaño. El esperado momento resultó un cierto fiasco, porque el extesorero acreditó aquella parte de la verdad judicial ya documentada en autos, pero calló el resto.

Demasiado juez para demasiada gente. Durante años, el CGPJ renovó cada seis meses el nombramiento de Ruz como sustituto en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional sin mayor problema. De pronto, en diciembre de 2014, el consejo cambió de criterio y prefirió incluir esa plaza dentro de un macroconcurso. Pronto quedó clara la inutilidad de la torpe maniobra: hoy dirige el juzgado José de la Mata. Otro juez.

El 16 abril de 2015, Pablo Ruz se despidió del juzgado con la cabeza muy alta. A menudo se sintió solo, pero salió de la Audiencia Nacional con más bagaje del que llevaba cuando entró. Y allí dejó muchos amigos, algo que pocos pueden decir en un tribunal tan complicado. La fama, como un castigo, le acompañó hasta su nuevo destino en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Móstoles (Madrid), uno de los partidos judiciales con más carga de trabajo de la comunidad.

Pero la fama pasa pronto. No así la adrenalina que inyecta en la sangre el fragor de la Audiencia Nacional. A Pablo Ruz le costó desengancharse. Pronto solicitó incorporarse como letrado al Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ para encargarse de asuntos relacionados con la cooperación jurídica internacional, una de sus pasiones. La reacción de un excompañero en la Audiencia Nacional al saber que Ruz se alejaba un tanto de las labores jurisdiccionales fue lapidaria: «Me alegro por él, lo siento por nosotros». Sin embargo, en octubre, retiró la solicitud por razones que calla. De momento, gana Móstoles.