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DESAFÍO AL PAPA

—Señor, aquesta gente de Mastrique son diablos, son infiernos, no son hombres.

—¡Pues Mastrique ha de ser del rey de España!

LOPE DE VEGA

El asalto de Mastrique, 1614

Un mapa muy sugerente es el que logra superponer en un mismo plano los siglos XVII y XXI; el Siglo de Oro y el de Internet. ¿Cómo es ese mapa? En trama gris sobre blanco destacan España, los Países Bajos y Flandes. Y un poco más oscuro, el ojo vigilante de Roma.

Tiene dos lecturas que funden el tiempo histórico. En su versión 2.0 muestra los tres únicos países europeos (España, Bélgica y Holanda) en los que la unión entre personas de un mismo sexo ha adquirido estos últimos años el rango de matrimonio civil, sin distinción jurídica con el matrimonio de siempre, entre un hombre y una mujer. En la versión 1.6 estamos ante un doble cisma: el fermento luterano y el empuje mercantil de holandeses y flamencos, tutelados, desde el otro lado del Mar del Norte, por Inglaterra. Un anhelo de nuevos horizontes, de libertad de espíritu, de libertad de comercio choca con los designios del cada vez más atribulado Imperio español. Y del Papa de Roma. Europa cruje.

El día que el Congreso de los Diputados español aprobó la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, el 30 de junio de 2005, nadie se dio cuenta de que la cartografía europea estaba sufriendo una modificación. Un cambio sustancial. ¿Nadie lo advirtió? Quizá sea demasiado taxativa la afirmación. Es muy posible que aquellos días, en el terzo piano (tercera planta) del Palacio Apostólico de Roma más de un cardenal de la curia fijase su atención en el enorme planisferio renacentista que decora el vestíbulo de acceso a la biblioteca de la Secretaría de Estado: un bellísimo mapamundi en el que el papel de España en el orbe católico es perfectamente interpretable. A la primera; sin ambigüedades. España, retaguardia del Papa. España, puente con América Central y América del Sur.

Sí, seguramente alguien se dio cuenta en Roma de que la cartografía europea estaba sufriendo una mutación. No tan espectacular y drástica como la del siglo XVII, pero con el suficiente significado histórico para mantener viva cierta analogía con la escisión de las Provincias Unidas, finalmente reconocida por Felipe IV en 1648. Y es que un hilo invisible, muy invisible, conecta el espectacular giro jurídico del concepto de matrimonio en la católica España con el Tratado de Münster, una de las piezas clave de la denominada Paz de Westfalia, que no fue un tratado, sino una suma de ellos.

Münster reconoció la independencia de los holandeses y algo más. La escisión holandesa alumbró un cambio ideológico e hizo bascular todo el equilibrio de fuerzas continental. Con el fin de la guerra de los Treinta Años —una auténtica sangría para la monarquía española—, acaba un periodo de turbulencias y empieza otro de mayor dimensión e incertidumbre. Triunfa el concepto francés de «razón de Estado» frente a la universitas christiana del Papa, la monarquía española y los príncipes alemanes. El Estado emerge como nuevo sujeto de las relaciones internacionales y se constituye, por lo tanto, en embrión de los futuros nacionalismos. El futuro está servido.

Francia se convierte en la nueva potencia hegemónica, a costa de España, que comienza a sumar debilidades. La pérdida de los Países Bajos, la extenuante campaña militar en Flandes, la independencia de Portugal y la abortada revuelta catalana de 1640, la ruina de la Hacienda pública, y, como colofón, la paz de los Pirineos con los franceses, marcan el inicio de la agónica decadencia española. También pierde poder e influencia el Sacro Imperio Germánico, convertido en una antigualla, condenado a un proceso de incierta reorganización y abocado a una espesa confederación, fuente de futuras e inquietantes excitaciones en el espíritu europeo, que un día, tres siglos después, se condensarán en el delirio del III Reich. Un poco más arriba, Suecia deviene la fuerza hegemónica en el Báltico, eclipsando a la batalladora Dinamarca. Y pierde, por supuesto, el Papa, cuyo poder temporal en el escenario europeo queda drásticamente disminuido. Una época se acaba. La religión baja un peldaño en la escalera de la alta política. Reforma y Contrarreforma establecen, finalmente, un statu quo. Lutero, en muy buena medida, triunfa en Westfalia.

Queda claro que estamos ante un mapa interesante. Turbador incluso, puesto que los enemigos de antaño, España y los Países Bajos, ya no son hoy polos opuestos, sino complementarios: aliados y propulsores de un nuevo paradigma laicista que inquieta a Roma tanto o más que aquella impertinente emancipación religiosa y política de los burgueses de Maastricht. Fijémonos bien en el mapa: los Países Bajos no se han movido de sitio, pese a la permanente amenaza del mar, pese al esfuerzo titánico que exigió la construcción de los pólderes. Las siete Provincias Unidas (Frisia, Groninga, Güeldres, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda) siguen donde estaban a mediados del siglo XVII: cerca de Lutero y lejos del Papa. ¡La que ha cambiado es España! La España de la Santa Inquisición, de la mística, de los grandes predicadores, de los soldados de la Contrarreforma y de las autoridades bajo palio. España es la novedad. ¡Bien lo sabe Roma!

En algún despacho del terzo piano, al otro lado del mapamundi, más de un cardenal sigue convencido de que José Luis Rodríguez Zapatero actúa a las órdenes de la Gran Logia de Estrasburgo, cuna de la masonería europea, con el avieso y tenaz objetivo de empujar el catolicismo a la marginalidad. Un plan perfectamente elaborado por fuerzas oscuras. Un plan que ya se habría manifestado durante los espesos debates de la malograda Constitución europea, en los que la propuesta de incluir una referencia, ni que fuese genérica, a las «raíces cristianas» de Europa encontró una férrea y obstinada oposición de carácter transversal, no estrictamente circunscrita a las filas del socialismo europeo.

La idea de que Zapatero trabaja al servicio de la masonería está perfectamente afincada en determinados círculos de la jerarquía eclesiástica española, quizá con más convencimiento y furor que en Roma, donde toda sospecha siempre tiene el color pajizo de las aguas del río Tíber. Donde toda certeza siempre va acompañada de un forse, de un quizá muy italiano.

Los asesores de Zapatero ríen a mandíbula batiente cuando alguien les habla de la hipótesis masónica, la segunda gran teoría de la conspiración construida sobre los cimientos de la imprevista derrota del Partido Popular en las elecciones de marzo de 2004, una hipótesis mucho menos publicitada que la referida al trágico 11-M. Son dos supuestos que presentan cierto grado de complementariedad: ETA y unos ignotos servicios secretos, detrás de la masacre de Madrid, y el Gran Arquitecto Universal moviendo los hilos de la política española en materia de costumbres. Toda conspiración bien imaginada es radicalmente seductora. Siempre lo ha sido, como bien explica el escritor barcelonés Juan Carlos Castillón en el libro Amos del mundo, de recomendable lectura para tomar una sana distancia de toda concepción paranoica de la historia. La conspiración es consustancial a la incertidumbre humana, pero hoy se manifiesta como una necesidad biológica ante la aceleración creciente del proceso histórico. El recurso a la «conspiración» es uno de los flotadores que los hombres tienen a mano en la sociedad líquida de la que nos habla el sociólogo Zygmunt Bauman con la más sugerente de todas sus metáforas. Por alguna razón, en quioscos y librerías siempre han triunfado las novelas de enigma y misterio.

La legalización de los matrimonios gays en España es un genuino producto de la nueva dialéctica entre política y sociedad en un país ebrio de catorce años de crecimiento económico y poco habituado a los grandes debates ideológicos que tanto gustan en el resto de Europa, de los que la muy pragmática transición huyó como gato huye del agua. Un país emocionalmente vinculado casi a un único objetivo: el desarrollo, la mejora, el progreso material. Una España pragmática, muy pragmática; tanto que algunos de sus comportamientos remiten de nuevo al «ande yo caliente y ríase la gente» de Luis de Góngora. Puro siglo XVII, por cierto: «Traten otros del gobierno / del mundo y sus monarquías, / mientras gobiernan mis días / mantequillas y pan tierno, / y las mañanas de invierno / naranjada y aguardiente, / y ríase la gente».

La noche del 14 de marzo de 2004 los socialistas se encuentran con más de once millones de votos en su haber, fruto de una movilización sin precedentes del electorado potencialmente orientado a la izquierda y al centroizquierda. Jóvenes sin apenas biografía electoral y abstencionistas de casi toda la vida han acudido a votar en masa por miedo a una victoria vindicativa del Partido Popular tras los atentados de Madrid. Muchos han querido castigar la altivez y soberbia de José María Aznar en el apogeo de su mayoría absoluta, y otros muchos han salido a defender la honorabilidad de una identidad política —las izquierdas—, ideológicamente difusa, pero sentimentalmente potente ante la presión moral que supone la tragedia del 11-M. Si es ETA la autora de la masacre, la izquierda de alguna manera es culpable. Si es ETA, un dedo acusador señala a los socialistas, vía Esquerra Republicana de Catalunya. Ese es el durísimo marco emocional por el que opta Aznar durante los cuatro días trágicos de marzo. Y su cortocircuito conduce al inesperado cambio de mayoría. Cuatro años después y con la reválida ya despejada, la perspectiva de aquellos días es bastante nítida: por varios motivos a la vez, un auténtico magma sociológico se agrupó alrededor del novel Zapatero.

Mucho antes de lo esperado, el PSOE alcanzaba de nuevo el Gobierno sin disponer de un programa electoral suficientemente modulado, ni un equipo ministerial bien seleccionado, como quedaría demostrado al cabo de unos meses. Zapatero era el mensaje y suya la responsabilidad de mantener cohesionada tan heterogénea base electoral.

La legislatura del «renacimiento» socialista fue mucho menos placentera de lo previsto por sus guionistas. Se ha caracterizado por cuatro grandes argumentos: 1) Una cierta acentuación de la redistribución socialdemócrata, hoy puesta en duda por la crisis económica (Ley de Dependencia y gradual mejora de las pensiones más bajas). 2) El fatídico «proceso de paz» con ETA, que a punto ha estado de devorar todo el relato zapaterista. 3) Una política de costumbres especialmente orientada a las mujeres, a los jóvenes y a los homosexuales, la más influyente y rica de todas las minorías hoy existentes en España. 4) La persistente caracterización del Partido Popular como un partido «carca», reaccionario y mentiroso.

Ofensiva en cuatro frentes, por lo tanto, con las dos últimas líneas de acción retroalimentándose: la política de ruptura generacional provoca a los sectores más conservadores de la sociedad y estos, presos de una tremenda excitación, dan realce a las modificaciones normativas del Gobierno, dificultando, una y otra vez, el desplazamiento del PP hacia aguas más templadas.

Este es el cuadro real que alumbra la legalización de los matrimonios gays en España en el verano de 2005. Y de este cuadro costumbrista —experimento progresista sobre un fondo de relativo bienestar y de ebriedad económica en algunos sectores sociales— sale el hilo que nos lleva de nuevo a los Países Bajos. El hilo cuya vibración tanto atemoriza al Vaticano.

«La Santa Sede siempre estará en contra de todo aquello que ponga en peligro o perjudique a la monarquía católica española, porque la monarquía es la garante del papel histórico de España en el orbe católico: refuerzo de Roma ante la perenne fragilidad italiana y puente con Latinoamérica. Ello explica que el Vaticano siempre haya sido muy renuente al nacionalismo catalán, y, en menor medida, al vasco, puesto que este ha gozado de la protección de la Compañía de Jesús». Son palabras, sabias palabras, del historiador Josep Maria Benítez, sacerdote jesuita, profesor de Historia de la Iglesia, y exdecano de la facultad de historia de la Universidad Gregoriana de Roma, pronunciadas a finales de los años noventa, cuando mucha gente en Barcelona se preguntaba por qué diablos —buen momento para mentar el Innombrable— el papa Juan Pablo II no incorporaba el catalán en sus salutaciones plurilingües tras la bendición urbi et orbi. Si saludaba en esloveno, por qué no lo hacía en catalán, que le supera claramente en número de hablantes. «Porque el Papa nunca hará nada que pueda alterar el statu quo español», respondía Benítez, que de Roma sabe mucho.

Pues bien, el 30 de junio de 2005 el statu quo fue alterado. Tanto que algunas voces llegaron a plantear la hipótesis de que el rey Juan Carlos, siguiendo la estela del fallecido Balduino de Bélgica, que abdicó durante treinta y seis horas en 1990 para no tener que sancionar la ley del aborto, se negase a firmar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado pidiendo a todos los políticos y funcionarios católicos que se abstuviesen de apoyar y aplicar la nueva ley. Consultado por la prensa, un portavoz del episcopado especificó que el llamamiento también alcanzaba a la más alta magistratura del Estado. «Que haga como Balduino», era la voz que corría por Madrid, por el Madrid que considera inaudito que los socialistas vuelvan a gobernar. Y el rey de España, que no es Balduino de Bélgica, ni señor de Valonia y Flandes, firmó.

El statu quo España-Vaticano quedó alterado, aunque formalmente sostenido por las cláusulas del denominado concordato. El «zapaterismo» se convertía en el nuevo talismán de las maltrechas izquierdas europeas, siempre sedientas de un «modelo», de un éxito al cual seguir la estela. El atrevimiento del presidente español fascinaba en Italia, donde el bloque político convencional —de derecha a izquierda— nunca hará nada que pueda molestar seriamente al Vaticano. Y se proyectaba con fuerza sobre los países de Latinoamérica, donde el catolicismo lleva años cediendo terreno a las iglesias protestantes de propulsión estadounidense. En Roma saltaban todas las alarmas. Y no hay noticia de que hayan callado, pese a las inteligentes modulaciones de la diplomacia vaticana, perfectamente expresadas durante el prudente viaje del papa Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006.

Con un pie en el freno, observándose con mucha cautela, pero sin ánimo de grandes concesiones mutuas, la Iglesia católica y el PSOE de Zapatero se hallan desde 2004 en una muy incierta ruta de colisión. La «reacción» de la jerarquía católica proporciona identidad a la filiforme izquierda española en un momento objetivamente anémico para la socialdemocracia continental, mientras que los avances en punta del PSOE turban enormemente al Vaticano y confirman las más pesimistas de sus tesis: la pervivencia de la identidad cristiana en Europa puede estar en peligro. No es poco, casi cuatro siglos después del primer desgarro holandés.

¡Alto ahí!, nos advertirá ahora un socialista español de vocación laica, el diputado asturiano Álvaro Cuesta, por ejemplo. Alto ahí, porque en su primera legislatura, Zapatero afrontó lo que Felipe González y José María Aznar dejaron para otro día: el ajuste de la situación financiera de la Iglesia católica mediante una mayor cuota de las aportaciones voluntarias del IRPF: del 0,3 al 0,7 %. Alto ahí, porque hacía muchos años que la Iglesia tenía que mendigar al Gobierno una dotación complementaria, ya que el volumen de las aportaciones voluntarias siempre quedó por debajo de lo previsto. Alto ahí, porque el salto del 0,3 al 0,7 % certifica la existencia de una Iglesia potente en las alturas, pero débil en la base. Alto ahí, porque se impone, rotunda, la siguiente pregunta: ¿qué Gobierno supuestamente enemigo de la cristiandad y entregado a la conspiración masónica elevaría la cuota de los donativos voluntarios a la Iglesia católica? Alto ahí, cuidado con las comparaciones luteranas y con las monsergas del siglo XVII, porque el Tribunal Constitucional ha sancionado por unanimidad —y ello tiene un preciso significado político— que los profesores de religión en la enseñanza pública se deben a la autoridad de sus respectivos obispos.

Es cierto, el Gobierno «laicista» de Zapatero ha mejorado el estatus financiero de la Iglesia católica, ajustándolo a la realidad social. Y es igualmente cierto que el Tribunal Constitucional ha reconocido por unanimidad que hay un territorio de la enseñanza pública —un servicio del Estado— que se halla bajo jurisdicción episcopal. Ninguna otra confesión religiosa recibe el mismo trato en España. Y ninguna otra confesión religiosa ha enmarcado la historia, la tradición y la psicología españolas como el catolicismo.

Pese a las discrepancias, pese a los temores y pese a las dramatizaciones, que de todo hay en los dos bandos, la realpolitik nunca se ha ausentado de las relaciones entre el Gobierno socialista y la Iglesia, en manos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y del cardenal Antonio Cañizares hasta marzo de 2008. A partir de esa fecha, la interlocución episcopal corre ahora a cargo de Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, directamente supervisado por el cardenal Antonio María Rouco Varela. Y desde el verano de 2008, un antiguo colaborador de Blázquez en la diócesis de Bilbao, el socialista vasco Carlos García de Andoain, fundador en el PSOE de la corriente Cristianos Socialistas, asesora a la vicepresidenta sobre los asuntos religiosos. Los puentes existen y son más transitados de lo que parece.

Podríamos resumirlo así. El Gobierno Zapatero ha «objetivado» las relaciones con la Iglesia católica, ha achicado los espacios de ambigüedad. Ha recortado los puntos suspensivos. Más claridad en las cuentas, frío respeto institucional, y cada uno en su casa. No es seguro que este sea el escenario que más interesa a la Iglesia. La bonificación del 0,7 % ya fue interpretada por algunos sectores católicos como el intento gubernamental de «comprar» a la Iglesia: mayor flujo de dinero (aportaciones voluntarias, no lo olvidemos) a cambio de una mayor prudencia eclesial ante las iniciativas del Gobierno en materia de educación y costumbres. ¿Dinero seguro a cambio de silencio? No nos consta que la Iglesia haya estado callada estos últimos años.

El conflicto es ideológico. La Iglesia católica reclama su lugar en el espacio público, idea central en el pensamiento del papa Benedicto XVI. Y el socialismo laico que Zapatero encarna con rasgos de radical republicano del siglo XIX insiste en una estricta separación de ambas esferas. Ningún otro gobernante del entorno europeo es tan tajante al respecto. Porque en el resto de Europa el cuadro imperante hoy no es nada desfavorable a los intereses católicos. La «correlación de fuerzas», por decirlo a la antigua usanza, comienza a ser favorable al papado alemán.

En Francia, Nicolas Sarkozy, acompañado de Carla Bruni, recibe a Benedicto XVI en las estancias presidenciales del Elíseo (quién se lo iba a decir a la atractiva vampiresa de Turín) y aboga por un «laicismo positivo»: nuevo enfoque de la relación Iglesia-Estado, que ofrecería amplio espacio a la Iglesia en la plaza pública. La religión tiene algo que decir y debemos escucharla; no podemos recluirla en una dimensión estrictamente privada, sostienen el presidente francés y la intelectualidad parisina que le asesora. En Alemania, en coalición con los fatigados socialdemócratas, manda un partido confesional: la CDU-CSU, sólida alianza de la democracia cristiana (católica y protestante) y el conservadurismo católico bávaro. No es la antigua Democracia Cristiana italiana, que en la práctica era el partido del Papa, pero es una formación confesional que dirige la cancillería de Berlín. Una alianza cristiana, alemana y bávara. Nada mejor para Joseph Ratzinger. En Gran Bretaña, el ex primer ministro Tony Blair se acaba de convertir al catolicismo y la Iglesia anglicana parece haber entrado en una lenta fase de disolución que favorece a Roma. En Portugal, la Iglesia y el Gobierno socialista han sabido mantener unas correctas relaciones. Los portugueses tienden siempre a la suavidad y la moderación. En Polonia, algunos, tras la apabullante victoria sobre los soviéticos, se han pasado tres estaciones. El principal problema del Vaticano es hoy el sector católico que se ha deslizado hacia un populismo desaforado, siguiendo las consignas de la díscola Radio María (la COPE polaca), que los obispos no acaban de controlar. En Austria, la democracia cristiana también gobierna en coalición, al igual que en Bélgica y Holanda. Solo España, la España de la Contrarreforma, la España de los dominicos, la España de los jesuitas, la España del Opus Dei, la España que dio el título de Cruzada a una dramática guerra civil, escapa a un cuadro claramente favorable a un retorno matizado del confesionalismo.

El Gobierno Zapatero lo sabe e intenta convertir esta singularidad española en capital político. La segunda legislatura socialista ha arrancado con una batería de propuestas bastante elocuentes al respecto: reforma de la Ley del Aborto en clave liberal; redacción de una nueva ley de libertad religiosa que daría un poco más de protagonismo a las demás confesiones y reduciría la presencia de la simbología católica en determinadas facetas de la vida pública (actos de toma de posesión, funerales de Estado, arzobispado castrense...), y promesa de una posible legislación de la eutanasia. Zapatero y el PSOE ya han puesto sus fichas sobre el tablero. Jugarán con calma, acelerando o frenando según convenga, pero siempre con el objetivo de mantener vivo el debate ideológico, acentuado en los últimos tiempos por una evidente radicalización laicista de la prensa que más simpatiza con el Gobierno.

Algo del siglo XIX está regresando a España: cierta radicalidad anticatólica como signo de identidad política e ideológica, en un momento de extrema confusión, por la abrupta crisis económica, por la aceleración y transformación de las redes de comunicación social, por las tensiones territoriales, por la disminución de la hegemonía incuestionable de Occidente... En tiempos de difícil orientación, los buenos asideros cotizan alto. El anticlericalismo es uno de ellos. El PSOE y algunos de sus amigos más influyentes se mueven hoy en estas coordenadas.

La Iglesia también ha modificado su juego. Lo está modificando. Con contradicciones, sin embargo. Roma parece haber captado que no hay que subestimar a Zapatero como adversario y también parece haber entendido que una reacción radical e intransigente del catolicismo español a las iniciativas del socialismo liberalista son contraproducentes. En estas coordenadas hay que situar los intentos de Roma y de una parte sustantiva del episcopado español de corregir, ni que sea paulatinamente, el delirio extremista de la COPE, fenómeno solo comparable a la ultra Radio María de Varsovia. Bajo estas coordenadas cabe interpretar las discrepancias entre los cardenales Cañizares y Rouco Varela. Y bajo estas coordenadas habrá que analizar los futuros cambios en el episcopado, en el plazo de dos a tres años, que muy probablemente acentuarán el sesgo moderado de la Iglesia.

En una España que pronto redescubrirá la familia, Cáritas y la beneficencia católica como necesarios colchones de amortiguación social.

El pulso es apasionante. En esta materia, a los españoles no les gana nadie. Así en el siglo XVII, como en el XXI.

La tensión Gobierno-Iglesia católica es un componente básico de la segunda fase del PSOE como partido dominante en España. Ambos actores necesitan cierto grado de tensión perpetua, porque ambos ven peligrar su identidad. Para José Luis Rodríguez Zapatero, la ampliación de las libertades individuales es hoy la principal bandera de un socialismo que no puede plantearse un efectivo gobierno de la economía, ni en clave nacional (porque el viejo espacio nacional-estatal se halla muy desbordado), ni en clave global, puesto que no existen los instrumentos para ello. En tales circunstancias, la colisión con la tradición en nombre de las libertades individuales deviene un excelente y ventajoso campo de batalla.

Y una fuente de identidad. El anticlericalismo rellena los huecos programáticos de la vieja socialdemocracia. Para defenderse del futuro, el PSOE puede que haya comprado un billete de regreso al siglo XIX.

Y la Iglesia española aún no ha aprendido a desprenderse del palio, pese a los esfuerzos de quienes condujeron inteligentemente sus pasos durante la transición. Sueña todavía con la tutela del Estado. Con un oficialismo que la mayoría social no acepta. El Vaticano tiene dificultades para traducir al castellano sus deseos de una política eclesial más sutil, más inteligente y menos expuesta al choque frontal. Las tensiones que genera la emisora COPE en el orbe católico son la mejor muestra de ello. La ruta es de colisión, pero ambas partes saben medir sus pasos. Su velocidad y su tiempo. Y la crisis puede cambiar algunos importantes registros de fondo: vuelven la familia, vuelve Cáritas y vuelven los comedores sociales. La cuestión religiosa —no resuelta en la Transición— será uno de los asuntos apasionantes de la política española en los próximos años.

JERARQUÍA ROCOSA, CATOLICISMO DIFUSO

Es domingo y un canario canta en el palacio arzobispal de Toledo. Hace calor, un calor marroquí, seco, imperial, en el centro de la ciudad, atestada de turistas. Hay colas para visitar El entierro del conde de Orgaz, el más famoso de los cuadros del Greco, en la iglesia mudéjar de Santo Tomé. Toledo crepita y las puertas del palacio arzobispal están cerradas a cal y canto. En su interior reina una serena tranquilidad. Un silencio sin espera. Doseles y retratos de antaño se conjugan con un mobiliario austero y conciliar. Siglo de Oro y años sesenta. Formicas y arpilleras parecen a punto de cantar «¡Kumbayá, oh, Dios, kumbayá!», ante la mirada severa de los condestables de Castilla. Todo es silencio. Salvo el canario saltarín.

El cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Toledo, es un hombre menudo y tenso; vivaz bajo la obligada contención sacerdotal. Con esa energía de los hombres bajos, que va de abajo arriba como un puñetazo, desafiando el orden injusto de las proporciones. En Granada, ciudad de la que fue arzobispo a finales de los años noventa, le llamaban el Submarino. El andaluz es rápido y cortante como una navaja cuando improvisa bromas y chascarrillos. Es rápido, perspicaz y juega en el límite de la crueldad. Le llamaban el Submarino porque el báculo era demasiado alto para su estatura y emergía como un periscopio.

El cardenal Cañizares Llovera no es un hombre sumergido. Avanza al frente de unas imaginadas tropas pontificias lanzadas al galope para frenar a la horda laicista que invade el solar español. Habla claro el arzobispo: «Si se pierde la identidad cristiana, Europa va al desastre». En ambientes eclesiásticos, donde la ironía suele ser más cortante que en las vegas de Andalucía, el cardenal Cañizares también es conocido como el Pequeño Ratzinger por haber dirigido el secretariado español de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el temido dicasterio romano que vigila la ortodoxia católica, durante años presidido, con mano de hierro, por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Hay otro paralelismo interesante entre Cañizares y el actual Papa. Ambos simpatizaron en su juventud con la teología progresista. Es conocida la antigua amistad de Ratzinger con Hans Küng, el gran disidente de la Iglesia católica. De joven, Cañizares también fue amigo del «otro bando». Profesor durante más de una década del Instituto de Pastoral León XIII, confraternizó con Julio Lois, Casiano Floristán, Luis Maldonado y Jesús Burgaleta, todos ellos identificados con una lectura «progresista» del Concilio Vaticano II.

¿Pudieron más los imperativos de la carrera eclesiástica que las ideas de juventud? A primera vista, no lo parece. En su despacho del palacio arzobispal toledano, monseñor transmite mucha convicción. Una convicción imperativa, muy propia del alma castellana, pues Antonio Cañizares nació en Utiel, provincia de Valencia, localidad visigoda conquistada por los árabes y ardorosamente recuperada por los castellanos. Linda con la provincia de Cuenca y es totalmente castellanohablante, circunstancia muy a tener en cuenta en el mosaico valenciano.

El cardenal primado defiende con ahínco las tesis de Ratzinger, sin esa sfumatura (el matiz, la verdad difumada) tan propia del clero italiano, todavía dominante en la curia romana. El castellano en sí mismo —y con más motivo, el valenciano plenamente castellanizado— no ha venido al mundo para perder el tiempo con el difumino. El castellano en sí mismo cuando cree una cosa, la cree de verdad, con todas sus consecuencias. Al pan, pan, y al vino, vino. Por lo tanto, si el Papa dice que la Europa cristiana está en peligro, hay que actuar en consecuencia, y cuanto antes, mejor. O sea: hablar claro.

En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, de no haber existido la vehemencia del cardenal Cañizares, el PSOE se la habría inventado. Las furias del arzobispo de Toledo identificando la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía con el advenimiento del Mal fueron agua de mayo para el equipo electoral socialista, necesitado de fermentos de cohesión de su heterogéneo electorado. Y no hay cosa que cohesione más a un español medianamente identificado con la izquierda que asistir a una bulliciosa embestida ideológica de la Iglesia.

Ratzinger impera en Italia, donde la jerarquía católica ha logrado mantener una influencia cultural muy notable, con un sensible arraigo en el campo sociológico de la izquierda. Nada importante se decide en Italia sin el consenso de la Santa Sede. Un ejemplo. Un ejemplo relevante: Silvio Berlusconi, ciego entusiasta de la política de Bush en los tiempos de la aventura iraquí, amigo del alma de José María Aznar, entrañable colega de Tony Blair y defensor acérrimo de cualquier causa enunciada en nombre de Occidente con trompetas y clarines, se abstuvo de participar en la célebre reunión de las islas Azores en la primavera de 2003. Unos días antes fue invitado a compartir un sencillo almuerzo con el papa Juan Pablo II en las estancias privadas del Palacio Apostólico, y en Roma todavía se comenta la vehemencia con que el anciano pontífice le explicó su oposición a la invasión de Irak. Dicen que aquella tarde, una mano anciana golpeó repetidas veces la mesa del comedor pontificio.

El Papa de Roma manda mucho en Italia, influye intelectualmente en Francia y en Alemania e irradia en Latinoamérica, pese al avance de las sectas evangélicas. Pero España es distinta. España es católica, por supuesto. Lo es rotundamente en términos históricos. Lo es con toda claridad en el enorme mapamundi renacentista que adorna la Secretaría de Estado del Vaticano. España es católica, pero los españoles obedecen muy poco a sus obispos, una vez superado el trance franquista. En España rige el «catolicismo difuso», sfumato. Que abriga, pero no ahoga. Que conforma una mentalidad, pero no una obediencia jerárquica y generalizada.

¿Qué es el catolicismo difuso? Podría resumirse así: una tradición cierta, un cuadro de valores moralizante y mucho más interiorizado de lo que parece (en los últimos años no ha habido mejor defensa de la familia en España que la serie de televisión Los Serrano), una reacción generacional contra la intromisión de los eclesiásticos en la esfera privada, y una relativa vigencia de la religiosidad popular o folclórica, ya que a la gente le sigue gustando organizar bodas, bautizos y primeras comuniones. Y las procesiones de Semana Santa constituyen un fenómeno inigualable.

El catolicismo difuso tiene diferentes tonalidades territoriales. En Catalunya, seguramente el lugar donde el fenómeno resulta más claramente perceptible, está muy entrelazado con la izquierda y con cierta tradición «jansenista» (catolicismo nacional francés con tonalidades de rigor luterano) de la menestralía y de la mediana burguesía; un eco casi protestante: seriedad, sublimación del trabajo, un punto de austeridad, contención, cierta represión de los instintos. En Valencia se conecta con una religiosidad popular vivísima y claramente antijansenista («de los pecats del piu, Nostre Senyor se’n riu», decía san Vicente Ferrer en sus vibrantes sermones). En el País Vasco, tardíamente cristianizado, se sigue teniendo como telón de fondo uno de los lemas más inquietantes de Loyola: «peregrinos de lo absoluto». En Andalucía la religión es fiesta y encuadramiento social. En Galicia va del brazo de un espíritu ancestral que rinde culto al lugar, al linde, a la ermita, a las piedras de la catedral de Santiago...

Los obispos han perdido influencia sobre sus feligreses, pero ello no significa que carezcan de poder. La Iglesia española, retaguardia, puente con América y faro de Occidente, ya no es lo que fue, pero ha conservado importantes posiciones de su antigua hegemonía: ejerce una influencia nada menospreciable en la magistratura, muy concretamente, en la alta magistratura; en influyentes círculos económicos y profesionales; y gestiona una cuota muy importante de la educación de los hijos de las clases medias, medias-altas y de las élites económicas. En la ciudad de Madrid, con especial intensidad. Dicho en pocas palabras, la jerarquía católica flojea mucho por abajo, pero sigue teniendo una gran influencia por arriba.

La Iglesia influye en la magistratura. Desde este punto de vista, sigue siendo muy sorprendente que el Gobierno Zapatero decidiese adentrarse a toda vela en el denominado «proceso de paz» con ETA, manteniendo a la par un serio enfrentamiento con la Iglesia. La alta magistratura se mostró de inmediato inflexible. Y sin la cooperación de los jueces no hay ni podrá haber medidas de clemencia sobre la mesa. Algo de ello percibió José Luis Rodríguez Zapatero tras la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 —durante unos meses, el presidente del Gobierno se deshacía en elogios de Benedicto XVI en algunas de sus conversaciones privadas—, pero finalmente se impuso la lógica del enfrentamiento, rentable a corto plazo para las dos partes.

La coral católica española, sin embargo, no forma un bloque tan compacto como parece. La disidencia del sector «progresista» es evidente y conocida, pero, digámoslo claro, escasamente relevante, a excepción de Catalunya, el País Vasco y algunas diócesis andaluzas, donde persiste la influencia «montiniana» (el magisterio de Pablo VI) y las lecturas más genuinas del Concilio Vaticano II. Hay otros matices interesantes. En los últimos tiempos se han observado distintas tomas de posición en el interior de lo que podríamos denominar el bloque mayoritario. Sectores de la misma jerarquía, y del Opus Dei, organización donde siempre ha primado la inteligencia, han empezado a formular con mayor claridad planteamientos «moderantistas», conscientes de que un choque excesivamente frontal con el laicismo de izquierdas es perjudicial para el prestigio social de la religión, y de que toda lucha por la hegemonía requiere siempre la construcción de planos transversales, de puentes, de sutiles alianzas... hasta alcanzar el dominio del decisivo «espacio central».

Monseñor Cañizares, castellano de Valencia, hombre de sólidas convicciones, duro con el Gobierno desde el púlpito y dialogante con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega cuando ocupaba la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Española y suya era la misión de negociar con el socialismo gobernante, también ha dado muestras de ductilidad y de una gran inteligencia operativa. La corrección de rumbo que la Iglesia ha comenzado a imprimir, lentamente, muy lentamente, a la emisora COPE es obra de Cañizares. En un momento determinado, el cardenal primado de Toledo dijo ¡basta! ¿Por qué? Posiblemente, porque comenzó a ser sensible a las opiniones de aquellos católicos que llevaban tiempo advirtiendo a la jerarquía de que la delirante agresividad de la emisora católica significaba un grave perjuicio para la Iglesia. Cañizares, con toda seguridad, también prestó oídos a las crecientes reticencias de Roma a la manera como el cardenal Antonio María Rouco Varela, amigo personal del Papa, enfocaba su nuevo ciclo como presidente de la Conferencia Episcopal. En Roma no gusta la COPE iracunda y no gusta que el cardenal Rouco Varela, apreciado por el Papa, actúe como el «Papa de España».