EL FUSILAMIENTO DE LA REPUTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS CUBANOS.

ANÁLISIS DE LOS ATAQUES A AMADEO BARLETTA

Juan Antonio Blanco

I. Origen y objetivo de la presente investigación

Lo que expongo a continuación representa el resumen de una extensa investigación aun inédita. Pero, ante todo, es pertinente introducir un breve comentario, a modo de presentación personal, acerca de las razones que motivaron esta indagación.

Obtuve mi doctorado en la especialidad de Historia de las Relaciones Internacionales, y a lo largo de mi vida he compartido las tareas de profesor e investigador académico en ese campo, con las de diplomático y analista político. En Cuba, durante una década (1987-1997) pertenecí, casi desde su creación, a la Comisión Nacional que otorga los grados científicos en la especialidad de Historia. Como miembro de esta Comisión, fui responsable, junto a otros colegas, de evaluar las tesis de doctorado en esa especialidad. Esta actividad académica me obligó a ejercer el análisis crítico de los trabajos presentados, no solo desde el punto de vista de sus conclusiones, sino también sobre el rigor metodológico empleado por el aspirante a doctor.

A raíz de los sucesos que el 28 de junio del 2009 desplazaron a Manuel Zelaya de la Presidencia de Honduras, comencé a preparar un artículo que comparaba la política de buen vecino de Franklin D. Roosevelt en el pasado siglo, con la que al parecer quería ensayar el presidente Barack Obama en la crisis hondureña. Así encontré que si Honduras era el primer examen para la nueva política hemisférica anunciada por el Presidente Obama en la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago, en abril de ese año, para Franklin D. Roosevelt lo había sido el conflicto con Mussolini en torno al encarcelamiento del Cónsul de Italia en la República Dominicana por órdenes del dictador Leónidas Trujillo en 1935.33 Curiosamente, el diplomático situado en el centro de tan relevante hecho hemisférico e internacional, el Sr. Amadeo Barletta Barletta, fue un próspero inmigrante italiano que luego tendría una destacada presencia en la historia económica de Cuba.

El dictador Rafael Leónidas Trujillo dijo haber descubierto una conspiración para asesinarle, y entre los detenidos por esa causa estaba el entonces Cónsul Honorario de Italia, señor Amadeo Barletta. Como sostenía relaciones fluidas con Estados Unidos, Trujillo consideró que apresar al Cónsul italiano era un pecado que le sería perdonado por Washington, sobre todo si lograba mostrar algún tipo de confesión o evidencia de la culpabilidad del diplomático. La sospecha no era del todo infundada, ya que Amadeo, en efecto, le había ofrecido ayuda financiera en una oportunidad anterior al grupo del General Desiderio Arias34 que planeaba derrocar a Trujillo, aunque el dictador no tenía conocimiento de este hecho. Trujillo en realidad no le tenía simpatía o confianza alguna a Barletta.35

Cuando Barletta fue detenido en 1935 en la siniestra prisión de Nigua36 la principal motivación de Trujillo fue la confiscación de sus propiedades, en particular de una empresa tabacalera que le hacía la competencia a otra empresa de ese ramo propiedad del dictador. El Departamento de Estado en Washington resistió por algún tiempo las presiones de la poderosa General Motors (asociada a la Santo Domingo Motors, propiedad de Amadeo Barletta en República Dominicana) y de la Penn Tobacco Company de Filadelfia (asociada a la empresa Dominican Tobacco Company también propiedad de Barletta) para que presionase a Trujillo. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando un diplomático italiano finalmente logró el acceso a Barletta en su celda, informó a su gobierno y al Departamento de Estado sobre el deterioro físico y mental que el prisionero mostraba, como resultado de los brutales interrogatorios a que estaba siendo sometido para arrancarle una confesión que lo autoinculpase de planear el pretendido magnicidio.

Roma decidió entonces sondear los límites que separaban la recién inaugurada política de Buen Vecino y la persistencia de la mentalidad de la Doctrina Monroe: si los EEUU habían abandonado realmente la Doctrina Monroe y por ello no creían necesario intervenir en este asunto, el Duce podría hacer una demostración de fuerza naval con sus propios barcos de guerra en Republica Dominicana para persuadir a ese gobierno de que tenía que liberar incondicionalmente al Cónsul de Italia.37 Lo cierto es que Washington a partir de entonces agilizó las gestiones y persuadió a Trujillo de que liberase a Barletta.

Después de semanas de encierro solitario, interrogatorios violentos, revolvers que le apuntaron y de ver a otros prisioneros regresar a sus celdas destrozados tras sesiones de torturas para luego ser rematados, Barletta fue finalmente liberado y se le revocaron los decretos y sanciones judiciales por medio de las cuales le habían confiscado sus propiedades y retirado sus fueros diplomáticos. Para su perplejidad, fue citado a una entrevista personal con Trujillo, quien haciendo uso de su habitual cinismo culpó a sus subalternos de todo lo sucedido y destituyó al ministro de Relaciones Exteriores.38

Durante el estudio del incidente de 1935, tropecé con un inusitado volumen de informaciones sobre Amadeo Barletta, «colgadas» en el pasado reciente en varios sitios de Internet, casi todas basadas en las tesis provistas por un mismo autor cubano. Decidí, entonces, hacer una investigación separada sobre las causas de ese fenómeno y sobre la seriedad de las graves imputaciones que se le hacían a Barletta.

El nombre de Amadeo Barletta era apenas un recuerdo de mi infancia, desdibujado por el tiempo. Su biografía y la mía no se habían cruzado, salvo por el hecho de que ambos cohabitamos la misma isla. Yo tenía once años cuando él se exilió y la vida nos trazó rumbos diferentes y opuestos. Pero las acusaciones que esta bibliografía reciente vertía en su contra parecían más bien entrelazadas con un objetivo de mayor alcance: condenar a toda una clase social y a la era republicana que precedió la revolución de 1959.

La tesis central, repetida con la machacona insistencia de toda propaganda, no era sólo que Amadeo Barletta fue un mafioso, sino que la República de Cuba, desde los años 30 del siglo pasado hasta la revolución de 1959, fue un Estado delincuencial controlado por la mafia italoamericana, en contubernio con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y políticos locales, como Fulgencio Batista. Según ese criterio, la prosperidad económica alcanzada por la isla antes de 1959 respondió a los negocios turbios de la alianza entre esas fuerzas.

A primera vista, se trataba de una modalidad novedosa del enfoque tradicional de la historiografía oficial revolucionaria, la cual invariablemente presenta a Cuba como una isla miserable y corrupta, controlada completamente por EEUU —y por ello, carente de todo desarrollo político o económico autóctono—, que fue finalmente rescatada de esa ignominiosa situación por Fidel Castro. Lo nuevo en esta argumentación era el ingrediente de la mafia como actor protagónico en la historia de Cuba. La interrogante inmediata que eso planteaba era por qué, y en qué circunstancias los patrocinadores gubernamentales de esa historiografía oficial habían sentido la necesidad de darle ese nuevo giro a sus enfoques. Desecharlo por pedestre no era una postura válida.

El pop culture, producido en EEUU pero exportado a todo el planeta, muestra una permanente fascinación por los gánsteres y el tema de la mafia. La ficción pasa a ser realidad una vez que se adhiere a las páginas de los best sellers y salta al celuloide en Hollywood. Los académicos, en particular los historiadores, no podemos vivir de espaldas a esas circunstancias. Los encargados de producir la propaganda ideológica conocen muy bien la ventaja de lograr que Hollywood acepte sus premisas y las incluya en los script de sus films.39

Aunque no me resultaba posible involucrarme en una investigación de mayor calado, creí productivo tirar por uno de los hilos más novedosos de aquella madeja: la pretendida historia criminal del empresario Amadeo Barletta sobre la cual no reportaba ningún libro de historia —ni tan siquiera oficial— hasta entonces.

Para abordar el tema preferí no formular hipótesis previas, sino desarrollar una estrategia de doble riel, que suponía:

Se trataba de establecer una aproximación factual hacia la biografía de Amadeo Barletta, ver el modo en que ella se entretejía con la época en que vivió, y poder confirmar o descartar cuanto de cierto y falso pudiera haber en las imputaciones que se le formulaban. Si al intentar corroborarlas se evidenciaba que dichas acusaciones resultaban falsas o sin sólido fundamento, tendría entonces que aportar una explicación plausible al por qué un creciente número de autores y sitios en Internet las hacían suyas de manera directa o indirecta.

En otras palabras, me vi obligado a indagar y explicar no sólo la historia real de esta personalidad, sino también a explorar las razones y fuerzas detrás de las recientes y crecientes acusaciones en torno a este individuo, si es que no se corroboraban a lo largo de la investigación. Ese propósito supuso, por lo tanto, emprender el análisis crítico de las fuentes empleadas por los autores para fundamentar esas aseveraciones. De igual forma, se hizo necesario —más allá de su mayor o menor rigor metodológico— descifrar las motivaciones y el contexto que pudieron haber llevado a los autores a formular sus tesis de ese modo. Por último, pero no menos importante, tuve que indagar acerca de las fuerzas que hacían prosperar a ritmo acelerado la difusión de esas informaciones en los últimos años.

Esta indagación supuso una considerable inversión de tiempo que no me sobraba en aquel instante, pero la temática era fascinante y prometía arrojar luz sobre otros procesos paralelos de la historia de la época, cuya comprensión es relevante para analizar procesos vigentes en la actualidad. Por ello decidí, al completar mi artículo sobre la crisis en Honduras, dedicar un semestre a producir una investigación preliminar sobre la vida de Amadeo Barletta y las acusaciones que se le hacían.

Se avecinan cambios en Cuba y se hace necesaria la reconstrucción más exacta y desideologizada posible del pasado, en una sociedad cuyas instituciones oficiales lo han tergiversado por medio siglo. No se trata de desplazar un relato oficial por otro, sino de construir una interpretación plural de nuestro pasado que apele a las diversas narrativas, sin por ello ceder espacio a la construcción deliberada de falsedades que se presentan como verdades unívocas.

La historiografía siempre es pluralista, la propaganda no lo es. Los historiadores de cualquier inclinación ideológica persiguen la verdad sobre los hechos. La propaganda no se interesa por la verdad, sino por manipular las percepciones de manera instrumental para servir una finalidad decidida de antemano.

II. Ideología, propaganda e historiografía

El asesinato de la personalidad (character assassination) es la destrucción deliberada de la reputación de una persona, grupo social, institución o época, mediante el uso combinado de diversas técnicas de propaganda y acciones encubiertas de desinformación. Los que promueven esta actividad pueden o no emplear algunos elementos reales descontextualizando los hechos y distorsionando su significado, para hacer creíbles otras acusaciones totalmente inciertas. El objetivo del asesinato de reputación es provocar que la víctima sea rechazada por la comunidad, familia, colegas y/o la opinión pública. En general, es una estrategia que puede preceder o desarrollarse de manera paralela a otro tipo de asesinato, sea físico o económico.

Analizar el contexto histórico en que emergen estas campañas estatales de character assassination, las motivaciones detrás de cada una de ellas, el modo en que operan y las personas e instituciones asociadas a ellas es también tarea de la historiografía.

Los diversos ataques oficiales formulados contra el empresario Amadeo Barletta constituyen un ejemplo paradigmático de cómo se gestan y promueven esas campañas estatales destinadas al asesinato de la reputación de los adversarios del gobierno cubano. Es por esa razón que el autor de este ensayo lo ha escogido como botón de muestra, para estudiar el mecanismo oficial de character assassination que se utiliza en Cuba.

Este ejemplo —como muchos otros— no constituye evidencia del sometimiento de los científicos sociales cubanos y sus instituciones al poder político. Por el contrario, la regla de las últimas cinco décadas ha sido la perenne tensión entre la natural vocación profesional por el rigor metodológico que exhiben los historiadores, y la pretensión de domesticar su pensamiento y escritos con una política de zanahorias y garrotes por parte de las autoridades.

En muchas ocasiones el poder político ha tenido que recurrir a escritores oficialistas sin reconocimiento ni formación profesional como historiadores o politólogos, para sustituir las voces de los genuinos científicos sociales que, generalmente, se resisten o esquivan de varias maneras la demanda de prestar sus plumas a hipótesis dudosas. Siempre ha sido motivo de resentimiento el modo arbitrario en que los mecanismos de control ideológico inflaron artificialmente las trayectorias intelectuales de escritores que incondicionalmente ofrecieron sus servicios al poder, mientras mantuvieron a otros académicos —genuinamente marxistas incluso, pero precisamente por ello críticos— en la marginalidad editorial y docente. Tales situaciones les son particularmente molestas a aquellos científicos sociales —en especial a los historiadores— que toman en serio, tanto su vocación socialista como el rigor metodológico que impone la dignidad de su profesión. Para ellos, cuando no están atrapados por el dogmatismo —que puede ser sincero u oportunista según el caso—, el marxismo no es herramienta propagandística, sino una escuela de pensamiento teórico abierta al cambio y la innovación.

Los estudios históricos siempre han sido vistos en cualquier sociedad como fuentes de legitimación del poder. En el caso cubano, además de intentar justificar la «inevitabilidad» histórica —y por tanto legitimidad— del proceso revolucionario, también han sido utilizados como excusas para justificar cualquier escándalo o insuficiencia endémica, en tanto incidente aislado o mal menor, atendiendo al «horrible pasado capitalista» del que emergió el régimen actual. 40

Pero una cosa es la faena de los historiadores y las diferentes producciones historiográficas que generan desde sus diferentes paradigmas interpretativos, y otra es la propaganda y el asesinato de reputaciones.

Hecho y ficción (historiografía versus teorías conspirativas)

En sociedades cerradas, las instituciones políticas presionan sobre la indagación histórica, en la búsqueda de resultados investigativos que sustenten las políticas en curso y legitimen las acciones pasadas del régimen en cuestión. Los académicos que se apartan de los axiomas oficialmente sancionados son vistos con suspicacia y se exponen a represalias, a veces más abiertas y en otras más sutiles.

Un desafío a esta investigación es la distancia insalvable entre hecho y ficción cuando se ha renunciado al rigor en el método historiográfico a favor de conclusiones pre decididas por alguna teoría conspirativa generada o bendecida oficialmente. Es muy probable, por ejemplo, que al demostrarse la arbitrariedad de las pretendidas «pruebas» que se esgrimen contra Amadeo Barletta, se dirá que la ausencia de evidencias que lo culpan no demuestra su inocencia porque seguramente fueron escondidas o destruidas. Bajo un régimen totalitario son los acusados los que tienen que demostrar su inocencia con evidencias, mientras los fiscales reclaman su sentencia por «convicción».

El desmontaje del capitalismo nacional

Las fuerzas que gradualmente lograron centralizar el poder entre el triunfo revolucionario de 1959 y la primavera de 1961, condenaron a muerte al capitalismo cubano y a su clase empresarial. Sin embargo, no podían mostrar desde un inicio sus verdaderas intenciones por el temor a que sus futuras víctimas se unieran tempranamente en un frente común. Fue por eso que la llamada Ley Fundamental, de 1959, que sustituyó a la Constitución de 1940, en cuya defensa se luchó contra Batista, prohibía las confiscaciones de propiedades, salvo en los casos en que hubiesen «indicios razonables de enriquecimiento ilícito» al amparo del derrocado régimen dictatorial.

Este enfoque permitió un proceso de expropiaciones que comenzó por los casos más evidentes de culpabilidad y se extendió progresivamente a otras personas inocentes, pero a las que se les calumniaba en los medios de comunicación como «batistianos», para generar una atmósfera favorable a la confiscación de sus bienes. La burguesía cubana parece haber demorado en tomar conciencia de que ya las expropiaciones tenían poco que ver con las evidencias que el fiscal esgrimiese contra el inculpado. No vieron con claridad que hoy vendrían por otros y mañana por ellos.41

No se trataba —como muchos pensaban— de «excesos» cometidos por jóvenes radicales, inexpertos, pero bien intencionados. Lo que en realidad sucedía era que estaba en marcha un plan maestro para la liquidación no solo de la clase burguesa, sino de todo el mercado, que ya para 1968 quedaría totalmente estatizado en manos de un gobierno de partido único. Las expropiaciones comenzarían en 1959 por genuinos corruptos del régimen anterior, continuarían después con las más altas figuras de la clase burguesa y se extenderían luego —en marzo de 1968— a todo aquel que tenía un trabajo por cuenta propia o una micro empresa. Pero a inicios de los años sesenta, privar a sus enemigos de recursos económicos y de medios de comunicación independientes del Estado a los que pudieran acudir a exponer su perspectiva de la situación, resultaba crucial para Fidel Castro y el núcleo de dirigentes radicales en su entorno inmediato.

La implementación de esa estrategia, que en sus inicios se ejerció contra la gran empresa, terminó en 1968 con la llamada «ofensiva revolucionaria» contra miles de pequeños y medianos negocios y con el cierre del trabajo por cuenta propia en todo el país. Los carpinteros y los plomeros independientes también serían acusados en su momento de ser una fuerza social contrarrevolucionaria.

Ya para el 13 de marzo de 1968 Fidel Castro no tenía que disfrazar sus objetivos: «De manera clara y terminante debemos decir que nos proponemos eliminar toda manifestación de comercio privado, de manera clara y terminante».42 Sin embargo no dejaba de emplear contra estos humildes emprendedores la misma técnica de fusilar su reputación empleada antes contra los escalones superiores de la clase empresarial: «Si mucha gente se preguntara qué clase de revolución es esta que permite semejante clase de parásitos todavía a los nueve años, tendría toda la razón de preguntárselo. Y creemos que debemos ir proponiéndonos, firmemente, poner fin a toda actividad parasitaria que subsista en la Revolución».43

Este proceso gradual de liquidación de las relaciones de mercado en Cuba y de aniquilamiento de los sectores sociales asociados a ellas, siempre fue el leit motiv real que se escondía detrás de cada acusación individual. Es por ello que quienes eran víctimas de ataques injustos no tenían la menor posibilidad de escapar a su destino, por muchas evidencias a favor de su inocencia que pudiesen reunir.

En esta cuestión la revolución cubana siguió el espíritu y metodología de los bolcheviques al menospreciar la culpabilidad o inocencia de los individuos y juzgar exclusivamente la «culpabilidad» de una clase social. Nadie expresó mejor ese enfoque que el segundo jefe de los servicios de la policía secreta (Cheka) de Lenin, el temido Latvian M.Y. Latsis, al explicar el verdadero significado del «terror rojo»: