LEGITIMIDAD E HISTORIA EN CUBA

Rafael Rojas

Pensadores del derecho moderno, como Hans Kelsen y Herbert L. A. Hart, reconocidos como fuentes teóricas por liberales o marxistas, plantearon el dilema jurídico de las revoluciones como un movimiento en dos tiempos: la fractura de la legitimidad previa y la creación de la nueva legitimidad. Durante el periodo de destrucción del viejo Estado y creación del nuevo, ambos conceptos de legitimidad entran en una confrontación binaria en la que cada uno presenta al otro como ilegítimo. Pero siempre llega un momento en que la nueva Constitución se impone y «los actos que aparecen en el sentido subjetivo de producir y aplicar normas jurídicas, no son interpretados ya presuponiendo la antigua norma fundante básica, sino la nueva».1

Este proceso de confrontación jurídica se manifiesta en toda revolución —la inglesa, la norteamericana, la francesa o la mexicana—, pero es más intenso y discontinuo en los casos de revoluciones que, como la rusa, la china o la cubana, resuelven el tránsito hacia la nueva legitimidad fuera del paradigma del Estado liberal moderno. En estas últimas revoluciones comunistas, la promulgación y aplicación de la nueva Constitución, que dotará de legitimidad a los nuevos actores políticos, debe apelar a formas centralizadas, plebiscitarias, carismáticas o limitadas de la representación política en las que lo legítimo queda circunscrito a lo estatal y se afirma frente a un conjunto de sujetos ilegítimos, englobados bajo rótulos como «contrarrevolución», «enemigos del pueblo» o «traidores a la patria».

El filósofo del Derecho Ulises Schmill ha resumido la diferencia entre los procesos de construcción de legitimidad en ambas familias de revoluciones —las liberales y las comunistas— con la idea de que en las segundas, a diferencia de las primeras, la nueva legitimidad no prescinde nunca de una paralela fabricación simbólica de la ilegitimidad opositora.2 Esta visión funcional del antagonismo, similar a la descrita por Carl Schmitt en su Teoría del partisano (1985), intensifica el proceso de legitimación y lo coloca bajo demandas de afirmación simbólica diferentes a las del Estado liberal o democrático. Al llevar hasta sus últimas consecuencias la premisa coactiva del derecho, el orden revolucionario genera, por decirlo así, una mayor ansiedad de legitimación, inscribiendo su entramado institucional más en el afianzamiento de la stasis que en la representación del demos.3

Stasis era el concepto que utilizaban los griegos para designar la situación de guerra civil en la polis y aparece formulado en La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides.4 La legitimidad revolucionaria, sostiene Schmill, es una continuación simbólica de la guerra civil por medio de las instituciones del nuevo Estado. El principio de beligerancia que le sirve de fundamento demanda, como decíamos, una cobertura ideológica más elaborada e insistente que en el orden democrático. Un elemento de esa cobertura es, precisamente desde Tucídides, la historia de la comunidad, es decir, un relato sobre la fundación y el devenir de la polis, acorde a los símbolos del poder constituido.

Todos los regímenes políticos y todos los gobiernos, democráticos o no, apelan para su legitimación a una historia oficial. Esta última es resultado de un procesamiento de los consensos historiográficos por parte de las instituciones políticas, educativas y mediáticas de la esfera pública de cualquier país. En las democracias, naturalmente, las posibilidades de impugnación de las narrativas oficiales son mayores que en los regímenes autoritarios o totalitarios, ya que la libertad de expresión y la autonomía jurídica de las instituciones culturales pluralizan la circulación de discursos históricos y limitan la construcción de relatos hegemónicos. El global adelgazamiento ideológico de los estados, que ha producido el fin de la Guerra Fría en las dos últimas décadas, hace más competido el mercado intelectual y, por tanto, más disputada la construcción de hegemonías de la memoria.

Incluso en un país como Cuba, donde persiste desde hace medio siglo un sistema político no democrático, es posible detectar algunos síntomas de ese adelgazamiento ideológico, aunque la ansiedad de legitimación simbólica siga siendo notable. En las dos últimas décadas, también en Cuba se han pluralizado los discursos públicos y, en el que caso de la producción y circulación del saber histórico, esa creciente pluralidad se refleja en una mayor autonomía de la historiografía académica, respecto a la historia oficial, y en una representación más incluyente y menos teleológica de los actores del pasado en las publicaciones de ciencias sociales. Como componente del aparato de legitimación, el relato oficial no ha desaparecido, pero poco a poco va reduciendo su esfera de influencia a la prensa, la radio y la televisión y pierde capacidad de reproducción en la educación superior y el campo intelectual.5

Bastante sintomático del debilitamiento de los mecanismos de legitimación histórica del régimen cubano es la cada vez mayor limitación del mismo, ya no a Granma, Juventud Rebelde, la Televisión Nacional o las editoriales del Consejo de Estado, sino al círculo de colaboradores personales de Fidel Castro. Mientras los historiadores académicos refundan una institución del antiguo régimen, la Academia de Historia de Cuba, y reclaman, con o sin ambivalencia, el concepto «tradicional» o inorgánico de «autonomía» para la misma, el partidismo histórico del discurso oficial se refuerza en el centro simbólico del poder: la persona de Fidel Castro. Los recientes libros La victoria estratégica (2010) y La contraofensiva estratégica (2010), escritos por el propio Castro con la colaboración de asesores históricos como Pedro Álvarez Tabío, Rolando Rodríguez y Katiushka Blanco, y editados por el Consejo de Estado, son testimonios de la subsistencia, cada vez más precaria, de la historia oficial en Cuba.

Precaria subsistencia, por la cada vez menor receptividad de ese relato en los medios académicos e intelectuales, que hasta hace poco eran su principal correa de trasmisión. Pero subsistencia al fin, ya que esos libros, lo mismo que el todavía reciente Biografía a dos voces (2006) de Ignacio Ramonet, así como aquellas «reflexiones» que tratan de temas históricos, contienen la historia oficial cubana in nuce y son editados y subsidiados en cientos de miles de ejemplares y reproducidos por los principales medios de comunicación. El excepcional rango de circulación que alcanzan esos documentos es suficiente para constatar su rol proselitista y pedagógico, su funcionalidad de constitución o preservación ideológica de una ciudadanía leal y, por tanto, de afianzamiento de la legitimidad por vías narrativas. Esa literatura oficial es la mejor prueba de que en Cuba, a diferencia de cualquier democracia, la Constitución y las leyes no son suficientes para garantizar la legitimidad y ésta debe ser constantemente abastecida por un relato hegemónico del pasado, que justifique la falta de libertades en el presente.

Dicho relato, tal y como aparece en sus textos, podría resumirse de la siguiente manera. Cuba fue colonia de España de 1492 a 1898 y a partir de ese año pasó a ser colonia de Estados Unidos. Durante el siglo XIX los cubanos intentaron independizarse y el proyecto nacional más completo de aquella centuria, elaborado por José Martí, contempló, no sólo la independencia de España, sino, también, de Estados Unidos, ya que el Apóstol advirtió que la soberanía de la isla pasaría de manos, entre Madrid y Washington, si su revolución no triunfaba. Con la intervención norteamericana de 1898 se frustró aquel proyecto nacional, que intentó ser retomado por algunos líderes de los años 20 y 30, como el comunista Julio Antonio Mella y el socialista Antonio Guiteras, los dos políticos de la primera mitad del siglo XX más jerarquizados en esta genealogía.6 Aquella revolución, que intentó retomar el proyecto de Martí también fracasó por obra de Estados Unidos, la oligarquía insular y políticos autoritarios o corruptos como Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás.

Así como los separatistas del siglo XIX debieron enfrentarse, no sólo a España y a Estados Unidos, sino a «corrientes reformistas, autonomistas y anexionistas», que no eran «revolucionarias», aquellos líderes de los años 20 y 30 tuvieron que enfrentarse al imperialismo, la dictadura de Machado, la oligarquía y los «pseudorrevolucionarios».7 Estos últimos serían casi todos los políticos de origen antimachadista y de ideología liberal y democrática que conformaron gobiernos u oposiciones, entre 1940 y 1958, bajo las presidencias de Grau, Prío y Batista. En Biografía a dos voces, se hace una excepción con Eduardo Chibás, quien personifica la lucha contra la corrupción dentro de los límites de la democracia burguesa, pero en la más reciente Introducción a La victoria estratégica (2010), el juicio sobre aquella generación es tajante: