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El apoyo social: la guerrilla del llano.

Realidad y exterminio

Los héroes fueron los del llano, que tantas palizas recibieron por apoyarnos, por facilitarnos comida, por no decir si nos habían visto…

FELIPE MATARRANZ «José Lobo», Santander

NO SUCUMBIÓ LA GUERRILLA por falta de apoyo social, como algunos han escrito. La guerrilla tuvo más apoyo del que se ha dicho, aunque menos del que hubiera sido deseable. De todas formas, con una dictadura emergente, fuerte y crecientemente respaldada por las democracias occidentales, de muy poco hubiera servido un apoyo mayor. La guerrilla antifranquista tuvo, simplemente, el apoyo social necesario. Fue, eso sí, una colaboración tácita, clandestina, soterrada, porque había mucho riesgo de por medio. Familias campesinas y urbanas de toda España, de tradición izquierdista o republicana, o simplemente de ánimo sensible hacia los perseguidos, ayudaron y protegieron a los huidos, primero, y a los guerrilleros después. Les procuraron cobijo, elementos de subsistencia (comida, ropas, medicinas), información (prensa, movimientos de la fuerza represora, pistas para los golpes económicos), contactos y enlace con otros grupos y otras múltiples ayudas de gran peligro. Con razón declara el santanderino Felipe Matarranz, ex guerrillero: «los héroes fueron los del llano, que tantas palizas recibieron por apoyarnos, por facilitarnos comida, por no decir si nos habían visto…»^[320]. Sobre todo, las mujeres, que destacaron por una abnegación callada y generosa, pagando alto precio por ello.

De la importancia del apoyo social —no masivo, por supuesto— da una idea el hecho que unos 60 000 enlaces o colaboradores en toda España fueron a parar a las cárceles en la década guerrillera. Los datos oficiales reconocen la cifra mínima de 20 000, pero esas mismas fuentes afirman que «la cifra debe multiplicarse por tres o por cuatro», porque no consta recuento de los cuatro o cinco primeros años ni de muchas de las pequeñas redadas ni del goteo diario de detenidos hacia los cuartelillos de los pueblos. Algunas redes de enlaces llegaron a tener estructura organizada, como el SIR (servicio de información republicano) o «Milicias Pasivas» en Galicia y León, divididos en compañías. En Cádiz se llamaban «Milicias Giral» (Agrupación «Fermín Galán»). La «Zona M» de Ávila, de Adolfo Lucas Reguilón, también «militarizó» a sus enlaces, encabezados por «capitanes» y «tenientes». En el resto de España predominó el nombre de «guerrilla del llano». Tampoco es cierto, como se ha escrito, que al final del período hubiera sido erradicado el apoyo social. Se quebrantó y se disminuyó, pero nunca se eliminó. Prueba de ello fue que, en fecha tan tardía como el verano de 1951, cuando en Calera de León (Badajoz) se capturó a los últimos guerrilleros de la 3.ª Agrupación, se practicó una redada de 58 colaboradores, incluida toda la familia de la finca. Los ejemplos en tal sentido abundan por todo el país.

Los simpatizantes de la guerrilla, a menudo familias enteras de los campos y de los pueblos, soportaron un penoso calvario bajo la represión de la dictadura. Sufrieron penalidades económicas y en sus bienes (abandono de sus trabajos, de sus explotaciones agrícolas por ir a la cárcel o por tener que presentarse cada día en el cuartel), perjuicios familiares (dispersión de sus hogares, deportaciones a larga distancia, desamparo de hijos pequeños, como aquella niña de los caseros de la finca El Vadillo, de Pozo blanco, Córdoba, Conchita Agudo García, que quedó sola en el pueblo, tras el encarcelamiento de toda su familia) y perjuicios contra la integridad física: las torturas, palizas descomunales, la muerte prematura por las secuelas, o directamente el «paseo» y la «ley de fugas», exterminio que se convirtió en plaga en el «trienio del terror» (1947–1949).

El castigo al elemento civil por su apoyo a la resistencia ofrece un cuadro desolador. En Cáceres se adelantaron los métodos terroríficos del teniente coronel Gómez Cantos, jefe de la Comandancia (que ya venía con gran curriculum de sangre desde que en la guerra Queipo de Llano lo nombrara delegado de Orden Público en Badajoz. «¡Qué juego está dando este Gómez Cantos!», radiaba ufano el sevillano, al conocer las matanzas de Gómez por Villanueva de la Serena, Miajadas, Badajoz). Sus métodos africanistas (de la escuela de Franco y Millán Astray) los empleaba, no en vanguardia, sino en retaguardia, con el vecindario indefenso. Y esto fue lo que hizo el ocho de diciembre de 1940 con 30 vecinos de Cañamero y Logrosán (cerca de Guadalupe), elegidos al azar entre gente con leve pasado de izquierdas, por el único motivo de que dos días antes, el seis de diciembre, se habían infiltrado por la zona unos 40 huidos (de Badajoz y Córdoba, al mando de «El Francés»). Simplemente para poner una «vacuna» de terror y anticiparse al posible apoyo a los huidos, Gómez Cantos les aplicó el «paseo» a los 30 infortunados en el lugar Dehesilla Mira el Río. Dos años después, volvió a las andadas, y como venganza porque los del «Francés» habían asaltado la aldea de La Calera (agosto de 1942), Gómez Cantos montó en cólera, trasladó su cuartel general a Guadalupe, acompañado siempre por su mano derecha, el capitán Emiliano Planchuelo Cortijo, y ordenó una razzia arbitraria de 24 vecinos de La Calera y de Alia, y los «paseó» el 26 de agosto de 1942, a las diez de la mañana, en un descampado. El dictador le concedió al sanguinario discípulo la Gran Cruz del Mérito Militar, con fecha siete de enero de 1943.

Técnica represiva del franquismo fue dar carta blanca a sanguinarios sin escrúpulos, que se encargaron del trabajo sucio del régimen. Así, Gómez Cantos y otros muchos, como «El Teniente Pepinillo» (José Moreno Sevillano, de Osuna, Sevilla), teniente de Infantería, destinado en Espiel (Córdoba) en 1941. Se le metió en la cabeza que todos los cortijos estaban llenos de cómplices de los huidos y empezó a hacer redadas por el campo sin ton ni son, auxiliado por confidentes, como Teodoro Valero. El 18 de julio preparó una redada de 15 inofensivos jornaleros (algunos de 18 y 20 años) y les aplicó la «ley de fugas» en la madrugada del 19 de julio de 1941, mientras el venático teniente se suicidó de un disparo en la sien, cuando danzaba con una señorita en un baile. El motivo era otro. En su neurosis represiva había caído en un exceso: agredir al propio cura del pueblo. Al saber que estaba expedientado, se suicidó.

El acoso a la sociedad rural con el pretexto de la persecución de huidos rebasó lo imaginable en el norte de Córdoba en 1940, con motivo de establecerse allí un destacamento de la Legión. Era la 3.ª Bandera del Primer Tercio, al mando del entonces comandante Salvador Bañuls. Se dedicaron a aterrorizar a la población civil, apaleaban a diestro y siniestro, maltrataban a los campesinos, para que no apoyaran a los huidos, hacían redadas injustificadas, y lo peor: mataron a palos a varios hombres del campo, como a Pedro Gutiérrez Díaz, de Cárdena (agosto de 1940). En Villanueva de Córdoba, mataron a José Huertas Valverde desgarrándole la garganta con un embudo (16 de octubre de 1940), a Juan Cantador «Horozco» lo mataron a palos en la sede de la comandancia (26 de agosto de 1940), a Juan Fernández Moreno le aplicaron la «ley de fugas» (24 de agosto de 1940). En Santa Eufemia, al padre del huido «Veneno» lo torturaron y le echaron aceite hirviendo en los oídos. Estas y otras barbaridades motivaron que un contingente de más de 30 huidos del norte de Córdoba abandonaran la zona y emprendieran la llamada «gran marcha», con otros de Badajoz, hasta llegar a Cáceres en diciembre. Salvador Bañuls acabó siendo capitán general de Cataluña. El clero de Pozoblanco, agradecido, le pidió su fajín de general. Hoy sacan en procesión a la patrona, la Virgen de Luna, ceñida con el fajín de Bañuls, manchado de sangre inocente.

El llamado «trienio del terror» (1947–1949), que en realidad fue de terror para la guerrilla del llano, lo adelantó en Jaén el teniente coronel Luis Marzal Albarrán. En la navidad de 1946 vistió de luto la localidad de Alcaudete, porque algunos enlaces habían acogido en sus casas a guerrilleros de «El Cencerro», con motivo de las fiestas y el rigor del invierno. En la noche del 25–26 de diciembre, Marzal desencadenó la matanza. Esa misma madrugada mataron en su casa al enlace Gil Aceituno «Gilico». En la tarde del día 27, mataron en su domicilio de la vecina Fuente Tójar (Córdoba) a Manuel Sánchez Noceto (de 51 años) y a su hijo Francisco (de 31), a José María Leiva (de 36) y a José Briones (de 58), porque en su casa ocultaron a dos guerrilleros. Luego, en Alcaudete siguió la matanza. Hicieron una gran redada por sospecha de apoyo a la guerrilla. En los últimos días del año se practicaron horribles torturas. Por fin, en la tarde del 31 de diciembre sacaron una comitiva fúnebre de seis personas: Antonio Burgos (que organizaba una célula comunista), Manuel Funes (hermano de un guerrillero), Pedro Jiménez, Francisco Tejero, más un matrimonio (Francisco Morales y Antonia Expósito), caseros del cortijo Loma Serrano. Allí los llevaron, los alinearon y les aplicaron el «paseo». El atestado oficial dice falsamente que pretendían unirse a los de la sierra. Luego, el acoso a los apoyos del llano en Jaén agravó el tinte sangriento. Se perpetraron, al menos, 45 crímenes de este tipo, bajo la égida del teniente coronel Marzal. Así, el caso de las dos hermanas María y Antonia Pantoja Carrillo, de Andújar, que fueron eliminadas in situ, cuando las descubrieron en una cueva de la finca Valtravieso, Barranco del Higuerón (siete de julio de 1949), adonde habían llevado víveres a dos guerrilleros, que pudieron escapar^[321].

Las redadas de campesinos —familias enteras— eran práctica cotidiana en las zonas guerrilleras. Docenas y docenas de detenidos que no han pasado a las estadísticas oficiales. Los detenidos pasaban de los cuartelillos locales a la prisión provincial de la capital. Se sustanciaban enormes sumarios sobre castillos de arena. Al cabo de unos meses, se sobreseían a menudo, y los detenidos volvían a sus casas, para ser detenidos y maltratados de nuevo con el más liviano pretexto. En 1946 se desencadenó en Córdoba una redada arbitraria, con motivo de que en el mes de abril, el maquis Alfonso Nevado, venido de Francia, se hizo visible a su padre y sobrino en el cortijo Loma de la Higuera (Villanueva de Córdoba). Actuaba entonces de sátrapa en el pueblo el capitán Joaquín Muñoz Fernández, que pronto captó el rumor de las entrevistas del maquis. El capitán se convirtió en una furia griega. Para empezar, encarceló a toda la familia Nevado, abuelos, padres, hermanos, sobrinos, hombres y mujeres, que fueron objeto de torturas salvajes (palizas, cañas en las uñas, espaldas despellejadas, hasta quedar sin conocimiento arrastrados por el suelo). Luego, lanzó por el pueblo una redada a lo loco, de 30 personas conceptuadas como desafectas. Y lo más insólito: también detuvieron a los profesores de la Academia de Enseñanza Media del pueblo, entre ellos el eminente don Vivente Pascual Soler, con lo que, siendo el mes de mayo, se estropeó el curso de los alumnos. No existía motivo alguno, pero la indiferencia de estos profesores con relación al régimen y su ausencia en actos oficiales había levantado la animosidad del Casino y de los caciques. El 15 de mayo, la gran comitiva de presos fue conducida a pie por las calles, aparatosamente, hasta llegar a la Estación. Don Vicente nos aportó su relato: «El desfile por las calles de Villanueva será inolvidable, así como la marcha del convoy en los primeros kilómetros hacia Pozoblanco. Una muchedumbre, que no había podido hacerse visible, y menos aproximarse en los andenes de la Estación, se había desperdigado por los cercados hasta bastante distancia del pueblo, y al paso del tren nos hizo objeto de vivas expresiones de afecto y adhesión, tanto como de protesta contra el atropello que todo aquello significaba»^[322]. El consejo de guerra tuvo lugar el 15 de julio de 1947 en el cuartel de Artillería de Córdoba. Como no había acusaciones de fundamento, todos quedaron libres, pero con sus vidas traumatizadas. Don Vicente ya no volvió jamás a su pueblo y se ganó la vida en la capital con una nueva Academia, de gran prestigio.

Llama la atención que, a pesar del gran castigo recibido, el apoyo social a la guerrilla se mantuviera durante todo el período. En el norte, Galicia y León no fueron excepción al gran sufrimiento causado por la dictadura en el medio rural y urbano. En 1943, los guerrilleros de El Bierzo tenían un punto de apoyo en casa de la familia Calvo, en Rioferreiros (León). Descubierto el hecho por una delación, la Guardia Civil llevó a cabo el cerco, mataron al guerrillero Amaro Pérez, que se ocultaba allí, y no satisfechos, aplicaron el «paseo» a la dueña de la casa (Josefa Calvo Reguera) y a sus hijos: Antonio (de 20 años) y Consolación (de 23)^[323]. El 26 de agosto de 1944, los represores descubrieron un refugio de la guerrilla gallega en casa de una familia en Santa Marina (Lugo). Llegaron los guardias e interrogaron a la anciana que había en la puerta. Esta, en un gesto lleno de valor, empezó a toser, que era la contraseña de peligro. Tres guerrilleros salieron de estampida, pero perecieron en el cerco. Las tres mujeres de la casa fueron ejecutadas in situ. A estos crímenes episódicos (y sistemáticos) había que sumar las grandes redadas de enlaces (a menudo sólo era gente desafecta o indiferente), como la que tuvo lugar a finales de junio de 1945 en zonas limítrofes de Galicia–León, entre Ponferrada y Barco de Valdeorras, con más de 500 detenidos (algunos suben la cifra hasta 2000)^[324]. Las sesiones de torturas fueron tan salvajes que algunos perecieron, como fue el caso de Luis Sorribas. Todo se debió al desmantelamiento de una gran base de apoyo que la guerrilla tenía en Columbrianos (León), por la traición de una tal Evangelina. Se originó un cerco de la casa, que acabó con la vida de tres guerrilleros, más la «ley de fugas» contra la dueña de la casa (Catalina Martínez) y su sobrino (Pedro García, de 27 años). Como en todas partes, masivas eran también las redadas en Asturias, donde a comienzos de 1947 había en las cárceles de la provincia 6000 presos^[325]. En Toledo nos consta que se producían en los años guerrilleros 800 detenidos por año (5349 en el período 1941–1948)^[326].

En los años 1946 y 1947, la represión subía de tono. En el cuartel de Rúa de Valdeorras (Orense) interrogaron y tuvieron detenida a la novia del guerrillero Abelardo Macías «El Liebre», llamada Carmen, cuyo cadáver apareció luego en el monte Arenas, cerca de Ponferrada, embarazada de cinco meses, cuando ya llevaba nueve detenida. En Parada (León) aplicaron la «ley de fugas» al enlace Jaime Pérez (siete de agosto de 1947) y el médico de Fornela (León), don Lodario Gabela Yáñez, tuvo el mismo fin en la cuneta de la carretera, porque lo acusaban de ayudar a los guerrilleros^[327]. Entre octubre y diciembre de 1947 se desmantelaron tres organizaciones de enlaces en la comarca de San Saturnino y Moeche (La Coruña), incluido el párroco de Moeche, al que se relacionó con la guerrilla, y la jerarquía lo recluyó en un monasterio. El cuatro de marzo de 1948 se había descubierto que dos guerrilleros se ocultaban en casa de la familia Sánchez, en San Vicente de Carres (Cesuras, La Coruña). Se produjo el cerco y tiroteo. Un guerrillero escapó, pero murió otro y también un guardia civil. Entonces, ejecutaron in situ a toda la familia de la casa, sin reparar en mujeres ni en ancianos: María López Suárez (de 58 años), su hermana Manuela (de 42), el padre, Jacinto López (de 84) y el marido de Manuela, Manuel Mosquera (de 42). Según Astray Rivas, el delator había sido el propio esposo de María^[328]. El tres de enero de 1949, por el hecho de que la guerrilla semanas antes había efectuado represalias contra falangistas de Mugardos (La Coruña), los represores se vengaron con cuatro enlaces de la misma localidad: Juan Fuentes, Florentino Iglesias (cuñado del guerrillero «Pancho»), Francisco Loureda y Antonio Martínez Ferro. Su ayuda a la resistencia les costó la vida, lo mismo que otros cuatro en la zona de Orol (La Coruña), que a primeros de marzo de 1949. En una casa Chaoblanco se daba cobijo al guerrillero Temblas, que acabó descubierto y mortalmente herido. A continuación, lo más horrible: mataron a las tres mujeres de la casa, dos mayores y la pequeña de una de ellas. Luego, prendieron fuego a la casa, con los cadáveres dentro. En la misma zona, y semanas después, la contrapartida propinó tal paliza a un vecino de San Pantaleón que murió con los pulmones perforados por las costillas astilladas por los golpes. Es cierto que muchos enlaces, ante el acoso y la coacción, claudicaron, pero los hubo con un coraje sobrehumano, decididos a sacrificarse por la causa, antes que delatar a nadie. Fue el caso de José Ríos Gómez, de Ordes (La Coruña), donde lo detuvieron en agosto de 1947, a raíz de las redadas que siguieron a la muerte del guerrillero Manuel Ponte. Enseguida detuvieron a otro enlace, José Candal Bouzas. «Cuando entró Candal en la cárcel de Ordes —escribe Astray Rivas—, lo metieron en la misma celda en donde estaba Ríos, y lo encontró deshecho por la tortura. Tenía hematomas por toda la cara y por el tórax. Los pies machacados por los golpes con la culata de los mosquetones. Las uñas arrancadas. Se hallaba en una situación límite […]. Candal le prestó toda la ayuda que pudo […]. Ríos, temblando, le dijo que ya no aguantaba más […]. Se dirige hacia el retrete y, al llegar al centro del patio, gira repentinamente hacia la derecha y va directo a tirarse al pozo de agua, que tenía el brocal abierto […] de donde lo sacaron cadáver»^[329]. No menos heroico fue el desprecio a la muerte que mostró en Asturias el taxista Fermín Lorda, primo del guerrillero César Ríos, que desde Gijón los condujo a los montes de Santa Marina, luchando contra reloj, momentos antes que partiera aquella gran expedición de los 28 guerrilleros a Francia, el 23 de octubre de 1948. Aún no habían salido, cuando se enteraron de que Fermín Lorda había caído en manos de la policía y había sido torturado hasta la muerte por negarse a delatar los pormenores de la gran evasión^[330]. Y otro ejemplo del temple y grandeza de muchos enlaces lo hayamos en la provincia de Ávila. El 12 de julio de 1946, de madrugada, unos guardias que hacían la patrulla nocturna por el término de Casavieja dieron el alto a dos hombres que caminaban en la noche. Eran los enlaces Juan Martín Ramos y Juan Blanco Nieto, de Casavieja. El último tenía un hermano en la sierra llamado Javier. Se dirigían al pueblo a por víveres, por encargo de la guerrilla. La Guardia Civil los puso en un brete. Los obligaron a dirigirse al escondite de los guerrilleros. Simularon «colaborar», pero cuando ya se hallaban cerca del lugar llamado Escardinchal, los enlaces prorrumpieron a dar gritos, para alertar a los guerrilleros. Estos escaparon, pero los dos enlaces fueron liquidados allí mismo por la Guardia Civil. En su lealtad salvaron a la guerrilla, pero perdieron la vida^[331]. Otro enlace de temple —entre tantos— que supo mantener en pie la organización clandestina de Valdepeñas (Ciudad Real) fue David Calzada Torrija, camionero de pescado, cuando cayó detenido en esta ciudad el guerrillero Antonio Esteban Garvi «Mariano» (25 de octubre de 1947), impulsor de esta organización del llano. Debido al hermetismo de ambos, la Guardia Civil no supo nunca de esa gran red de apoyo^[332]. Fueron muchos, en la sierra y en el llano, los que supieron mantener su integridad, a pesar de los malos tiempos para integridades. Grave error de Secundino Serrano ha sido tachar de delator al enlace y luego guerrillero Víctor Merchán «Acompañado» (de Piornal, Cáceres). Como único investigador de ese caso, puedo afirmar que Víctor fue un antifranquista leal. Ni fue delator ni pudo serlo, porque cuando se entregó (tres de junio de 1949), hacía tres años que había desaparecido la guerrilla en Cáceres^[333].

Entre los golpes más fuertes que recibió la guerrilla del llano se lleva la palma la matanza del Pozo Funeres (en Peña Mayor, Asturias), en fecha tan emblemática como el 14 de abril de 1948, donde 22 enlaces (o simplemente desafectos), la mayoría socialistas, fueron asesinados por la «Brigadilla» y arrojados a esa profunda sima, algunos aún con vida. De la tragedia hizo un informe el sindicato SOMA, se envió a Toulouse y dio material para una denuncia en la ONU, en cuyos pasillos se expuso la noticia. De todas formas, es lamentable que nadie nos haya ofrecido hasta ahora un estudio en profundidad de tan terrible matanza. Ello da pie a Gómez Fouz (hijo de un miembro de la «Brigadilla») a lanzar sobre el hecho la sombra de la duda y la leyenda^[334]. Siempre los represores han minimizado la realidad de sus excesos. Por su parte, Nicanor Rozada añade que no sólo ocurrió la matanza de este pozo, sino también en el Pozo Tárano (Villanueva–Taverga), en el Pozo Grajero (montes de Lario–Turón), en el Pozo del Rincón (valle de Turón), en la Cueva del Sidrón (Infiesto) y en otros lugares^[335]. En cuanto al escándalo de Pozo Funeres, Gómez Fouz sólo sabe de ocho víctimas: un tal Erasmo, detenido en Barredos, cinco detenidos por otro lado, un detenido más, y por último, un tal Antonio González, de La Ferrera. La verdad es que no concreta nada. En el informe del SOMA y de la FSA constan 22. Lo más interesante de Gómez Fouz son las referencias a los criminales, todos de la «Brigadilla» de Gijón, mandada por el comandante De Celada, que tenía como mano derecha al sargento Fernández, siendo el cabo Artemio el ejecutor material de los crímenes, ayudado por una docena de somatenes, la mayoría empleados administrativos de las minas de Duro Felguera, y el estanquero de Laviana, un tal Secundino. Los detenidos los iban llevando al borde del pozo, el cabo Artemio les ponía la pistola en la nuca, les conminaba a delatar los apoyos de la guerrilla, y como todos los detenidos daban el silencio por respuesta, el cabo Artemio los iba asesinando uno tras otro. Luego, algún pastor oyó lamentos en el fondo de la sima, lo cual, unido a que el cónsul inglés en Gijón «se interesó» por el caso, motivó que se arrojaran bombas al pozo, para imponer silencio en la tumba, y a continuación rellenaron el pozo de escombros.

En Santander, los ex guerrilleros Jesús de Cos y Felipe Matarranz recuerdan estos apoyos con gratitud: «Merecen atención todos los enlaces y puntos de apoyo, hombres y mujeres que expusieron su vida ayudando a los guerrilleros […]. Quiero nombrar a algunos donde operaba la guerrilla Machado: por ejemplo, en Rábago, a Samuel Díaz Borbolla y su familia, que fue seguro punto de apoyo, y ejerció de barbero del grupo “Machado”, hasta su encarcelamiento. Su hija Lina, con 17 años, fue salvajemente torturada en Santander. En Celis, a Elías Borbolla Sánchez, que fue enlace y sostén de los guerrilleros durante muchos años, lo encarcelaron por reincidencia, permaneciendo durante 15 años preso en Madrid y castigado a trabajos forzados en el Valle de los Caídos […]. En Caranceja, José y Fidela Gutiérrez, y Vicente Gutiérrez Quintana. Este, recién salido de la cárcel, se puso al servicio de la guerrilla, y un año más tarde tuvo que refugiarse en Francia. Al hijo de Fidela, Gerardo, que recibió criminales palizas, a consecuencia de las cuales murió cinco años más tarde»^[336].

El castigo sufrido por la guerrilla del llano en Levante, bajo los métodos de «guerra sucia» del general Pizarro Cenjor, desde su atalaya de Teruel, compite con lo más trágico ocurrido en el franquismo. El 29 de mayo de 1947 se perpetró una matanza de seis campesinos, la mayoría de Santa Cruz de Moya (Cuenca). A otro del mismo pueblo, Joaquín Alcorisa, lo electrocutaron en el cuartel de Arrancacepas (Cuenca). En 1947 se practicó una redada de seis vecinos en Manzanera (Teruel) y sufrieron la «ley de fugas» en la cuneta de la carretera, entre Torres–Torres y Estivella (Valencia). Entre ellos se encontraba el médico de Manzanera y un muchacho de 16 años. Fernanda Romeu cita otra matanza de diez vecinos en Mora de Rubielos (Teruel), entre ellos el médico y el practicante, más otra serie de «paseos», incluidas dos mujeres en una masía de Mosqueruela, en de julio de 1948^[337]. En Alcañiz (Teruel) le aplicaron la «ley de fugas» a varios presos que habían sido trasladados desde el pueblo de Aguaviva, entre los que se encontraba Aurora Piñana, la mujer del guerrillero José Mir «El Cona». El cinco de octubre de 1947, el general Pizarro desencadenó una venganza en la zona de Gúdar (Teruel), porque aquí, la guerrilla había cometido un múltiple crimen, el 28 de septiembre de 1947 (fue la guerrilla de Florencio Guillen, encolerizado, porque antes, los represores le habían asesinado a su esposa, Felisa Montoliú, el 28 de septiembre de 1946). Se hizo entonces una redada en pueblos vecinos: 12 campesinos (cinco de Aliaga y siete de Montoro). Mercedes Yusta afirma que fueron más. Les aplicaron la «ley de fugas» en los Altos de San Rafael (Aliaga)^[338]. El 26 de octubre de 1947 se aplicó el «paseo» a otro enlace en Molinos. En agosto de 1949 sufrieron igual trágico fin cinco enlaces en Dos Torres de Mercader (Teruel), en una causuística interminable, que todavía no se ha estudiado a fondo en Levante, y que golpeó duramente, sobre todo, a los llamados consejos de resistencia (comités locales de unidad antifranquista, que en estas tierras tuvieron bastante implantación).

El apoyo social a la guerrilla fue especialmente triturado en Córdoba (3.ª Agrupación). Aquí no había «Brigadilla», pero sí uno de los represores más sanguinarios del régimen: teniente coronel Ángel Fernández Montes de Oca, con sus peones de brega (comandante Machado, capitanes Tamayo Díaz, Aznar Iriarte, Joaquín Fernández Muñoz, teniente Francisco Giménez Reyna, etc.). Entre ellos y sus adláteres perpetraron 159 crímenes contra el personal civil por supuesta relación con la guerrilla, en el período 1941–1950, según estudio detallado ya publicado por mí^[339]. El catálogo de víctimas es aterrador. Abunda el exterminio de familias enteras, como el matrimonio Cipriano Redondo (de 63 años), su mujer Brígida Muñoz (de 60) y su hijo Juan (de 27), eliminados por la Guardia Civil en la finca donde trabajaban, Los Carrizuelos (Cárdena), el 14 de septiembre de 1948.

Un padre y dos hijos (Miguel Esquina Carrión y sus hijos Julián y Andrés) sufrieron la «ley de fugas» en el cortijo El Espartal, de Peñarroya–Pueblonuevo, el 14 de noviembre de 1946. Un padre y un hijo fueron «paseados» en Villanueva del Rey (Fernando Litón y su hijo Francisco, el 29 de septiembre de 1948). Los hermanos Diego y Andrés González Fernández, en Villafranca, el 10 de noviembre de 1948, por el simple delito de ser hermanos del guerrillero «Álvarez». En El Bujadillo (Bélmez) eliminaron a otra familia, el 27 de febrero de 1949: los hermanos Higinio y José Diéguez, y la esposa de este último, Teresa Molina Sánchez, de 26 años.

En Córdoba se cometió una cruel matanza contra familiares de guerrilleros. En Pozoblanco liquidaron a Pedro Moya Tejada, hermano de «Castaño» (el ocho de marzo de 1948) y a Isabel Tejada (de 60 años, madre del mismo guerrillero, el 10 de septiembre de 1948). En el mismo pueblo y fecha mataron a la madre y a la hermana de «Caraquemá»: Amelia Rodríguez, de 49 años, y Amelia García, de 18. Fue obra del capitán Aznar Iriarte y del teniente Giménez Reyna. Las condujeron por la noche a un descampado, la Mina de la Romana, y las mataron sin contemplaciones. Cuando mandaron a un joven chófer a recoger los cadáveres y se mostrara nervioso ante el espectáculo, el teniente Giménez Reyna gritaba: «¡Vamos! ¡No son nada más que mujerzuelas!». En Pozoblanco también aplicaron la «ley de fugas» al anciano Juan Ruiz Calero, padre de «Carrete» (el 18 de abril de 1948). En Villanueva de Córdoba «pasearon» a Catalina Coleto Muñoz, esposa del guerrillero «El Ratón», el ocho de junio de 1948, en el lugar Las Almagreras, en una saca de seis personas, encabezada por el maestro de escuela Manuel Torralbo Cantador. La mayoría habían prestado pequeñas ayudas a la guerrilla, pero no Catalina, que sólo se afanaba en sacar adelante a sus siete hijos, a los que dejó huérfanos («El Ratón» caería al año siguiente, el primero de abril de 1949). En Obejo aplicaron el «paseo» a Félix Rubio Rojano, hermano del guerrillero «Cristino» (el cinco de marzo de 1949). En Los Blázquez, mataron a Lorenzo Gutiérrez, hermano de «Saltacharquitos» (el 27 de septiembre de 1949). En Belalcázar, a Miguel Lira Cano (el 13 de enero de 1950), pariente de una guerrillera, Luisa Lira, que ya había perecido en 1947. Entre estos y otros crímenes, la lista del holocausto del apoyo social a la guerrilla en Córdoba asciende, que sepamos, ya lo hemos dicho, a 159 personas.

Nuestra reciente investigación sobre Sevilla ha descubierto dos cosas: primero, la gran red de apoyo a la guerrilla que, a partir de 1948, se extendió por el norte de Sevilla; y segundo, la crueldad con que tal apoyo fue reprimido, con una avalancha de «paseos» y «ley de fugas». Esta red de enlaces (muchos de ellos anarquistas) se extendía por Alanís, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, Constantina, Navas de la Concepción, El Pedroso, San Nicolás del Puerto, Aznalcóllar, etc. Fueron desmantelados comités del PCE, de la Juventud Socialista y de la CNT. Los ejecutores de la represión fueron: el teniente coronel Juan Rodríguez Guillen, los capitanes Ramón Jiménez Martínez, José Fernández Muñoz, el teniente Feliciano González de las Heras, entre otros. Al comenzar la primavera de 1948 se habían creado, en conexión con la guerrilla, comités de un «Frente Único de Izquierdas» (PCE, UGT, CNT e IR), pero el capitán Jiménez Martínez los desmanteló en marzo y en abril (una redada de 16 en Navas de la Concepción; otra de 36 en Constantina; otra de nueve entre los ferroviarios de Aznalcóllar). Pero en el verano de 1949, el capitán José Fernández Muñoz levantó la veda de la «ley de fugas», que mandó aplicar contra el enlace Manuel González Blanco, en la Cañada de Villagamón (Castilblanco de los Arroyos), el 31 de agosto de 1949. El primero de noviembre hubo doble crimen contra los enlaces José Troncoso y José Bayón en Cazalla de la Sierra. El cuatro de enero de 1950, los represores liquidaron a dos campesinos en el chozo donde dormían, en el sitio Lagar de la Sal (Cazalla de la Sierra): Rafael Hernández y Antonio Ruiz, este de 18 años. El 15 de enero de 1950, por orden del teniente coronel Rodríguez Guillen, cercaron el chozo Las Corchas (Cazalla de la Sierra) y acribillaron a sus moradores, dos hombres (Manuel Soto Martín y Manuel Ruiz Medina) y un matrimonio (Luis Mejías y Antonia León). Habían recibido la visita de un miembro del Comité Regional de la CNT de Sevilla, Manuel Soto. El once de febrero de 1950 se aplicó la «ley de fugas» al campesino Antonio Reyes, cuando ya de noche se dirigía a la finca La Catalana, en los Baldíos de Guadalcanal^[340]. El castigo contra el llano prosiguió implacable en esta tardía fecha de 1950. A mediados de este año, los ocho últimos guerrilleros de la 3.ª Agrupación abandonaron la lucha y se camuflaron: dos en Sevilla, dos en Aznalcóllar y cuatro en Calera de León. La captura de los mismos en el verano de 1951, originó nuevas redadas de enlaces: 14 entre Sevilla y Aznalcóllar, y 58 entre Badajoz y la sierra de Sevilla. El apoyo, por tanto, seguía siendo considerable, a pesar de lo avanzado de fechas.

La ayuda a la guerrilla en el sur de España sufrió también el consiguiente tributo de sangre. Los datos oficiales reconocen —por lo bajo— que en Málaga se aplicó el «paseo» a 64 enlaces en Granada, y a 21 en Málaga^[341]. Más de 100 en toda la franja sur. Lo más escandaloso fue el caso de Nerja, donde actuó como jefe de Línea el teniente Francisco Giménez Reyna, conocido por sus matanzas de personal civil en el Norte de Córdoba (Pozoblanco). Llegó a Nerja en el otoño de 1949, y entre otros casos, el 24 de febrero de 1950 mató al enlace Jerónimo Oliva Martín, en un cañaveral de Nerja. El 11 de marzo de 1950 perpetró un cuádruple crimen, aplicando la «ley de fugas» a varios familiares de guerrilleros: José Centurión Centurión (hijo del guerrillero «Pepe»), Ramón Centurión González (cuñado del mismo), y los hermanos Francisco (de 19 años) y Miguel García González (de 20), este último, cuñado del guerrillero «Florentino». La tragedia de la guerrilla del llano aparece, pues, desorbitada. Revela que el apoyo social a la guerrilla fue más amplio de lo que se dice, y en fechas muy avanzadas. Fueron hombres y mujeres que, al menos, mantuvieron la dignidad de la resistencia antifranquista en el medio rural y urbano.

En realidad, aquel apoyo social de enlaces y colaboradores fue la principal cantera de reclutamiento de la guerrilla; tanto, que la mitad de los guerrilleros o más habían actuado previamente como enlaces y puntos de apoyo. Era el reflejo de una amplia base de conciencia política antifascista en el medio rural, que todavía pervivía a pesar de la represión. Familias enteras hubieron de saltar al monte por estos compromisos clandestinos. Hemos citado casos en diversas provincias, pero recordemos aún a la familia de Nicolás Martínez (un padre viudo y cinco hijas), que ayudaban a la guerrilla en la finca Atalaya, donde trabajaban (de Villar del Saz, Cuenca), entre 1947–1949.

Las mujeres eran las encargadas de viajar a Cuenca y traer cargas de víveres para la guerrilla. A finales de 1949 estaban descubiertos y hubieron de saltar al monte: Nicolás (con el nombre de «Enrique»), tres de sus hijas (Esperanza, Amada y Angelina Martínez), más un yerno (César «Loreto») y Remedios (esposa del guerrillero «Grande»). Aquella lucha les costó muy cara: Nicolás cayó pronto en una emboscada (marzo de 1950), y a su yerno lo mataron en 1951. Las tres hijas acabaron capturadas y sufrieron los rigores de la tortura y de las cárceles franquistas. La peor parada fue Esperanza Martínez, con dos consejos de guerra y 15 años entre rejas. Tenía el agravante de haber actuado como guía para pasar a pequeños grupos guerrilleros a Francia, en increíbles caminatas a pie de ida y vuelta, en marzo de 1952. Una muestra más de una resistencia denodada, anónima o con nombres, minoritaria (con simpatías ocultas mucho más amplias), que desde el monte y desde el llano mantuvo un rescoldo antifranquista de enormes riesgos.