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La colaboración en la represión

LA REVANCHA QUE SE EJERCIÓ contra quienes permanecieron en el país tras la derrota fue planteada por los defensores del nuevo orden como un objetivo que no conoció treguas. Ya lo decía el académico José María Pemán, antes que acabase la guerra, en su compendio sobre La historia de España contada con sencillez^[184]:

Pero por lo menos ya estaban las cosas claras. Desde aquella hora —14 de abril de 1931—, la gran lucha que, según hemos visto, ha sido todo el nervio y la razón de la Historia de España, quedaba planteada con plena claridad y a vida o muerte.

Y a vida o muerte arremetió el franquismo contra «la antiEspaña», personificada por los que apoyaron la República. Lo que se quería en el futuro también lo había expresado sin tapujos un monárquico–alfonsino, Eugenio Vegas Latapie, en 1935: «un Estado en que queden garantizados de un modo estable los principios de Religión, Justicia, Moral, Familia, Orden…», gobernado por «sólo una minoría directora creyente, culta, heroica, virtuosa y abnegada en la que tengan entrada todos los valores que produzcan nación, y de la que se eliminen los elementos nocivos». Así lo expresaba en un trabajo premiado por la Academia Nacional de Jurisprudencia durante el Bienio Negro, al que la revista Acción Española, que había fundado con Ramiro de Maeztu y el marqués de Quintanar, dio difusión sólo unas semanas antes del Alzamiento^[185]. Por ello, una vez sublevados los militares contra la República, no cabrían las medias tintas y así se demostraría con creces a través de la represión desencadenada a medida que las tropas iban ganando terreno.

Mucho se ha hablado del carácter de la represión de posguerra. Después de notorios esfuerzos, la cuantificación de víctimas está cada vez mejor establecida. También se conoce mejor toda la etiología de la actuación de la justicia franquista. En este caso, nuestra aportación consiste en un intento de abundar en la implicación de la sociedad civil en los mecanismos de coerción, control y marginación social al servicio de la instauración del nuevo orden. Unos instrumentos gestionados durante largo tiempo por tribunales militares y especiales, en los que el partido único ostentaba igual representación que la que se reservó a la magistratura ordinaria, supeditada durante décadas a la dialéctica de la fuerza.

El progresivo acceso a los consejos de guerra sumarísimos tramitados por los tribunales militares después de la guerra, así como a los incoados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas correspondientes a las comarcas leridanas, nos permite, por lo que respecta a una parte significativa de la Cataluña rural de posguerra, estudiar la participación de la parte de la población que se puso al lado de los vencedores, y lo que ello significó en la construcción de la cohesión social en torno al nuevo orden^[186]. Un aspecto, de los muchos posibles, centrará nuestra atención: la facultad de informar sobre vecinos y conocidos que los tribunales militares o especiales, así como las comisiones depuradoras de funcionarios, permitieron desarrollar a la población considerada adicta. Este aspecto nos transporta hasta una realidad compleja pero sumamente ilustrativa de cómo la colaboración fue un elemento, no ya necesario, sino integrante de la represión. El concurso de los representantes de los nuevos poderes locales ayudó a tejer redes de colaboración formadas en gran parte por familiares y amigos de quienes habían padecido la represión republicana, dando amparo, también, a ajustes de cuentas que nada tenían que ver con la contienda.

A través de los testimonios recogidos en los distintos expedientes consultados se constata que fueron muchos los que se mostraron dispuestos a imponer, con el concurso de los tribunales, un nuevo tipo de solidaridad que permitió a los más fuertes de cada rincón del país depurar su propio entorno.

Sin duda, la aspiración de retornar las cosas al sitio donde estaban antes del advenimiento de la República fue el objetivo que animó a muchos, especialmente en los núcleos rurales y socialmente poco desarrollados del país, a coordinar intereses públicos y privados, en el empeño de rematar a los vencidos. En efecto, el verdadero alcance de la colaboración en la represión se podría establecer mejor si no se pierden de vista las redes clientelares de participación política y de control social que actuaron durante décadas anteriores, cuyos adeptos resurgen en el franquismo dispuestos a reconstruirlas o a unirse obedientemente a las mismas. No obstante, a menudo la obediencia se sustentaba más en el temor que en la convicción de tener que actuar severamente sobre gente conocida, cuyo delito era a veces el no haber ocultado unas ideas o, con demasiada frecuencia, contar con familiares huidos. Sólo desde el insufrible miedo que fue capaz de generar el franquismo se puede tratar de comprender el importante número de personas voluntariamente implicadas en las injusticias.

El conocimiento que todos tenían de todo en cada pueblo constituía un instrumento puesto al servicio del franquismo que, en un contexto de ruptura de las estructuras políticas clásicas, creó un nuevo código político por todos inteligible. A través de él se procedió a la politización de la sociedad y a que, por medio de su práctica, se avanzara en la creación del consenso hacia un régimen necesitado de adhesiones inquebrantables^[187]. No obstante, la otra cara de la moneda, la del embrutecimiento de la sociedad a través de la delación utilizada para resolver ajustes de cuentas, no dejó de preocupar a más de un adalid del régimen, cuando se constató, especialmente en los primeros momentos tras la victoria, que esta se usaba para fines muy bajos: «Jamás ha sido noble —decía un falangista de Gerona a primeros de agosto de 1939— el desear el triunfo de nuestros ideales para saciar bajas pasiones, para dilucidar cuestiones personales y hacer salir a la superficie instintos perversos, cargados de odio y preñados de rencor»^[188].

Pero el hábito de denunciar, animado por el propio régimen^[189], se había instalado en el mismo corazón de la nueva sociedad. Incluso cuando las autoridades se vieron obligadas a prohibir la tramitación de cualquier escrito, si los informantes no estaban convenientemente identificados. Una ojeada a la documentación generada por los servicios de orden público dependientes de los gobiernos civiles de cualquier provincia de España permitiría hallar fácilmente casos de denuncias anónimas durante los años cuarenta y cincuenta, al servicio tanto de hombres del régimen como de quienes se hallaban en la oposición y no tenían a mano medios mejores de contestación. Lo cual no hace más que mostrar cómo la delación acabó convirtiéndose en un arma que en ocasiones se volvió contra personas del régimen, o al menos esto es lo que hemos podido entrever a partir de los papeles archivados en el Gobierno Civil de Lérida.

El Gobierno Civil ordenó en 1944 a la policía que efectuara averiguaciones sobre un anónimo dirigido contra el alcalde de un pueblo de la comarca de la Noguera que, escrito con caligrafía desfigurada, comenzaba felicitándolo por los carteles que puso en el pueblo en los que prohibía la blasfemia, así como por «lo bien que se llevaba con algunos de sus habitantes» aunque, a su parecer:

El texto, firmado desde Melilla por un tal «Cabo Tres Forcas», acaba con estas palabras: «sin más se despide este su ultimo amigo que desearía verlo en el campo de la quietut mui pronto». Investigado el caso, la policía hace constar que el referido alcalde era una persona de buena conducta, «pública y privada», que hacía cumplir con exactitud la ley y que era un agricultor modestísimo que contaba con la conformidad de la mayoría del pueblo en lo que respecta a su gestión. A excepción, se añade, de una pequeña minoría de descontentos, entre los que precisamente se encontraba el jefe de milicias de FET, a quien se atribuye la posible autoría del anónimo ya que existían «ciertas rivalidades entre ambos señores», que hacía tiempo que iban a la greña con denuncias y contradenuncias que llevaron al alcalde a ser investigado por tenencia ilícita de harina y al presunto autor del anónimo a padecer, junto a su hijo, quince días de arresto por desobediencia a la autoridad.

Un año después, era el alcalde de un pueblo de la Segarra el que recibía un anónimo amenazador, firmado nada menos que por quien se autodenominaba «el jefe de los maquis»:

El anónimo, ilustrativo de cómo podía llegar a administrarse el terror a la guerrilla, incluso después de la derrota que sufrieron unos meses antes en el intento de invasión del país por el Valle de Aran, se envió con un matasellos de Zorelle (Orense) el 21 de junio de 1945, mientras el alcalde de la localidad tramitó copia del texto y del sobre al Gobierno Civil de la capital junto a una nota en la que se señalaba al posible autor del mismo: «se sospecha y se cree que ciertamente está confeccionado, redactado y escrito por el Maestro Nacional de Bustame Maceda (Orense). La suposición que se hace de él es porque se le conoce su redacción y motivos expresados en la misma, así como la impresión de la máquina de escribir en que dicho escrito esta impreso». No en vano, se puntualizaba, «en la alcaldía hay otros escritos de este señor que permiten comprobar lo dicho», que por otra parte no debía de ser demasiado difícil de desenmascarar en una población que apenas llegaba a los mil habitantes.

Otro anónimo, datado en septiembre de 1953, que se hizo llegar directamente al gobernador civil, denunciaba la celebración de unos juegos florales en catalán. El texto incluía el programa de la conferencia —Un passeig pel jardí dels Joes Florals— que debía impartir J. Viladot Puig en el «Foment Parroquial» de la localidad de Agramunt^[190], la víspera del once de septiembre, fecha señalada para el nacionalismo catalán. Para el autor del anónimo «los juegos florales fueron el punto básico de propaganda, asaz criminal y antipatriótica». «Aquello fue el pretexto del catalanismo», cosa confirmada, dice, por los hechos históricos y por «quienes fuimos espectadores o actores de la vida política española durante 40 años de este siglo». Sigue clamando que, «el sumario de esta conferencia sencillamente es una vergüenza» y que «mejor sería no hablar de un Aribau con su famosa Oda», proponiendo que, ante la confusión que actos como este pueden ocasionar a la «masa juvenil», se difunda el suplemento literario de Vértice, de febrero–marzo de 1942, donde se publicó «Ante la tumba del Catalanismo. Notas de un viaje con Franco a Cataluña» de Giménez Caballero, por ser, en su opinión «muchos los que rubricamos lo que allí se dijo […]. Tendría que acabarse con estas resurrecciones que tanto apestan políticamente».

No obstante, la denuncia pronto se canalizó hacia la institucionalización, en cierto modo profesionalizada, a partir —como señala Julián Casanova en este mismo libro— de la tramitación de la Causa General. Así se constata cuando se presta atención al perfil de quienes concurrieron regularmente en el proceso represivo, siendo posible establecer un universo colaboracionista, cerrado y perfectamente delimitado, presente sin duda en gran parte de los núcleos rurales de la España de los años cuarenta. En los ejemplos a los que hemos tenido acceso puede verse cómo se estableció un escrupuloso reparto de funciones, en el que las autoridades locales se situaban en la cúspide de un entramado sólido y bien trenzado^[191]. No en vano, los atestados levantados, los testimonios movilizados o los avales concedidos, se pactaban y dictaban con una rapidez inusitada, sin que la aleatoriedad y falta de fundamento de lo que se juzgaba pareciera importar demasiado a quienes asumieron la función de justicieros.

Respecto a la arbitrariedad de las pruebas en que se apoyaron muchos de los que actuaron como testigos o se avinieron a hacer declaraciones e informes, fueron los párrocos rurales, llamados a declarar sobre actuaciones y antecedentes político sociales de sus feligreses, los que ofrecen mejores posibilidades de observar una acción bien sistematizada al respecto. Julio de la Cueva recuerda, en su deseo de ilustrar la movilización anticlerical y la política de secularización que se dio con el cambio de régimen y tuvo como epílogo la persecución religiosa que en muchos pueblos de España el 14 de abril de 1931 se planteó el dilema de: «Hemos proclamado la República, ¿qué hacemos con el cura?»^[192] Pues bien, a la luz de lo que dejaron escrito algunos de estos sacerdotes lugareños, parece que, una vez ganada la guerra, no tuvieron demasiadas dudas sobre la actitud que debían adoptar ante los «rojos», descalificados con apelativos de todo género: masones, comunistas, anticatólicos, anticlericales, antireligiosos, ateos, laicos, espiritistas, hipnotizadores, obreros exaltados y engañados, mortificadores de personas de derechas, entusiastas de la guerra, sicarios, subversivos, sectarios, maleantes, desgraciados, estúpidos, blasfemos, tontos, o simplemente malos, haciendo incluso precisiones tan detallistas sobre la vida privada de los encausados que las expresiones usadas para ello no pueden dejar de resultar, si no irritantes, dada la simpleza empleada, sí chocantes: «Vino de Madrid, en donde negociaba con mujeres», «Se amparó en la ley laica para divorciarse y vive todavía con otra», «mezclado con los que mandaban» o «propagaba que las tierras eran de los que las trabajaban».

Las expresiones más contundentes en los informes que los párrocos de la provincia de Lérida expidieron al tribunal de Responsabilidades Políticas^[193], se hallan cuando se atiende a la identificación política e ideológica del republicanismo, así como a la hora de imputar actuaciones concretas a los inculpados: «comunista hasta la médula», «militó como dirigente», «extremista del todo», «estúpido izquierdista», «se le conceptúa matador» o «se le ha señalado como asesino y ladrón», son algunas de las expresiones seleccionadas de un muestrario que merece tipificación lingüística, por cuanto detrás del uso de determinadas colecciones de vocablos encontramos no sólo al apasionado cura rural, sino también la existencia de instrucciones y de una metodología de actuación dictadas por poderes políticos y eclesiásticos a un clero con escasa instrucción política, pero inequívocamente comprometido con el nuevo régimen.

Lo cierto es que la voluntad mostrada por la Iglesia por recuperar la gestión de importantes parcelas del espacio público —entre ellas la más importante de todas, la educación— que la República le había sustraído en su voluntad secularizadora, se halla en la base de los comportamientos que muchos de sus representantes observaron cuando fueron llamados a cooperar en el afianzamiento del nuevo orden. Estas actitudes, meditadas y programadas, se añaden a las mostradas por un clero humilde, poco culto y aterrado por la persecución padecida, que osciló entre la obligación y la devoción sin grandes dificultades. Lo cual no impide que fueran las actitudes personales adoptadas por algunos de los párrocos llamados a colaborar las que establecieran diversos grados de complicidad con el régimen en la redacción de los informes, pues encontramos desde quienes se ponen al frente del proceso proponiendo nuevos castigos y tachando de débiles a los tribunales a aquellos que tratan de exculpar a sus vecinos a cualquier precio.

Dadas estas premisas, nos encontramos con sacerdotes que habiendo sufrido en carne propia la represión revolucionaria y visto destruidas sus iglesias y robados sus ornamentos y joyas, trataron de aplicar la ley del talión, reclamando las más duras represalias para sujetos activos y pasivos de los hechos, mostrando incluso regocijo por ver entre rejas a todo aquel que consideraban próximo, ni que fuera ideológicamente, a quienes cometieron actos de este tipo. En no pocas ocasiones, especialmente cuando el sacerdote informante venía de fuera o se había hallado ausente durante la guerra, el clero se limitaba a transcribir las anotaciones que le proporcionan ciertos feligreses sin detenerse a contrastar estas informaciones.

El responsable de una parroquia de la capital, en aquella época un pueblo grande más que otra cosa, decía que, consecuente con la petición que se le hacia, «tenía el honor» de informar al Tribunal de Responsabilidades Políticas que el propietario de una casa sobre la que se aproximaba valor era:

Y un cura de un pueblo de la comarca de les Garrigues no tuvo reparos en detallar las presumibles tropelías de un inculpado sobre el que se había informado, como él mismo reconoce, por las autoridades locales:

[…] el citado individuo fue uno de los más revolucionarios. Tomó parte en los sucesos del 6 de Octubre de 1934. En las elecciones del mes de febrero de 1936 fue un gran propagandista, coaccionando a los individuos que votaban la candidatura de derechas. Al estallar el Glorioso Movimiento Nacional fue elegido presidente del comité revolucionario, cometiéndose toda clase de atropellos, saqueos y asesinatos; durante su actuación se cometieron muchas injusticias y se asesinaron a 27 personas. Posee una casa cuyo valor es de unas 6000 ptas.

Mientras, el informe salido de un sacerdote de una parroquia de los Pirineos muestra cómo los religiosos no estuvieron exentos de las ansias de desquite que mostró media España. Decía, en un informe colectivo, en el que se iba explicando todas las actuaciones de los inculpados, susceptibles, a su entender, de represalia:

Que los daños ocasionados a la Iglesia y casa cural, ya que todo lo saquearon o quemaron, se pueden calcular en unas cien mil pesetas, que entre todos los encartados hubieran podido pagar sin quedar en la miseria: que sin presión alguna algunos de los encartados no pararon hasta encontrar los cálices, copones, Custodia y otros objetos de plata que el que escribe había ocultado en un lugar casi seguro de la casa cural, celebrando el hallazgo con una merienda en la misma casa cural, utilizando los comestibles que el cura en su precipitada fuga había abandonado […] y en fin, que si no se les obliga a reparar los daños ocasionados a la parroquia, habiendo posibilidades para ello, se reirán de las cárceles y la Iglesia no se reparará nunca y quedará en la suma miseria.

También hemos hallado, entre los escritos consultados, un buen número de informantes que, o bien rehuyen la función inculpatoria, y se limitan a contestar en términos vagos sobre los imputados, o por el contrario, adoptan una actitud claramente exculpatoria, tratando de librar a los vecinos implicados del rigor de la justicia franquista, especialmente si estos les prestaron refugio o ayuda durante la contienda. El ejemplo sacado de la parroquia de Iborra, del obispado de Solsona, con un peso secular de la Iglesia, con una presencia carlista importante y con una orientación política decididamente conservadora desde la implantación del estado liberal, da el tono que podían adoptar los escritos de carácter atenuante:

Abundando en esta impresión que retrata el comportamiento de numerosos lugares de la comarca del Solsonés durante la guerra, un represaliado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas llegó a presentar ante el tribunal, como prueba documental exculpatoria, una serie de fotografías que muestran a sacerdotes y seminaristas emboscados junto a otros vecinos, camuflados con blusa de tratante y prestos a entrenarse con las armas en la mano. Aseguraba el inculpado, y el informe del párroco no lo desmentía, que fue él quien los sacó del seminario y se los llevó al monte para salvar sus vidas.

Otro escrito salido de una parroquia de la Seu d’Urgell, con el Obispo Josep Guitart al frente —uno de los pocos que mostró reticencias en la colaboración de los sacerdotes con la represión—, también refleja bien esta posición de algunos los párrocos:

Sin embargo, sean o no acusatorios, en los informes de los curas rurales se advierte casi siempre la clara sintonía ideológica entre el clero regular y las autoridades del nuevo régimen. Son contadas las ocasiones en que se entra en contradicción y ello sólo ocurre si el párroco decide salir como fiador de alguien que defendió sus intereses y los de la Iglesia durante la República o la revolución, con independencia de su ideario. Del mismo modo que cualquier participación en hechos relacionados con la persecución a religiosos o la destrucción de iglesias hacía descargar casi siempre las iras de los párrocos informantes, los cuales mostraron en estas circunstancias su vertiente más mundana, manifestando su resistencia, como institución, al perdón y a la compasión, actitud que Julián Casanova argumenta sobradamente en su reciente trabajo sobre la Iglesia de Franco.

La espada y la cruz, dos conceptos barajados por Hilari Raguer en su primera versión sobre la historia de la Iglesia durante la Guerra civil, publicada ya a finales de los años setenta, se han convertido hoy en lugares de memoria a la hora de emprender cualquier estudio sobre este momento histórico^[194]. Ciertamente, el peso tenido por ambas instituciones, la militar y la eclesiástica, ha hecho correr ríos de tinta, pero una y otra todavía necesitan ser mejor exploradas en relación con las prácticas represivas y de control de la sociedad en las que se vieron directamente implicadas.