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Las caras del terror

LA GUERRA TERMINÓ EL primero de abril de 1939. Y con ella, la lucha política y de clases, el sistema parlamentario, la República laica y el ateísmo revolucionario, todos los demonios enterrados por la victoria de las armas de Franco con la protección divina. Cautivos y desarmados los rojos, iniciaba España una nueva era, un nuevo amanecer, que acabaría con esa historia «no limpia» de pluralismo político, de liberalismo y de filosofías extranjeras. La eliminación de los vencidos abría amplias posibilidades políticas y sociales para los vencedores y les otorgó enormes beneficios. Era, en definitiva, una purga de amplias consecuencias, que desarticuló la cultura y las bases sociales de la República, del movimiento obrero y del laicismo. Sobre las ruinas de los vencidos y sobre los beneficios que otorgó la victoria en la guerra y en la paz fundó el franquismo su hegemonía y erigieron Franco y los vencedores su particular cortijo.

La destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta, especialmente en las últimas provincias conquistadas por el ejército de Franco. La muerte se apoderó del escenario con total impunidad, la misma impunidad que había guiado la masacre emprendida por los militares sublevados desde julio de 1936. Comenzó así un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. Los fusilados fueron casi cuatro mil en Cataluña y cinco mil en el País Valenciano, aunque muchos de los republicanos e izquierdistas más destacados de esa amplia franja mediterránea pudieron huir a Francia. En Albacete hubo 1026 ejecuciones por orden militar desde abril de 1939 a 1953. En la ciudad de Jaén aparecen registradas 1280 ejecuciones hasta 1950. En la mitad occidental de la provincia de Badajoz, en 82 municipios, hubo 935 asesinados hasta 1945. En el cementerio del Este de Madrid fueron 2663 las víctimas registradas hasta ese mismo año.

La venganza continuó también en aquellas zonas ocupadas por los militares sublevados desde el principio o que habían sido conquistadas a lo largo de la contienda. En Aragón, una región dividida en dos por la guerra y cuya zona oriental republicana había caído en poder de las tropas franquistas en marzo de 1938, hubo casi mil fusilados en la posguerra. 710 ejecuciones hubo en Málaga y 1100 en Granada. Se trataba además de tres lugares donde los «paseos», los asesinatos sin procedimiento judicial ni garantías previas, se habían llevado ya a la tumba a miles de ciudadanos en el verano de 1936 y, en el caso de Málaga, desde febrero de 1937.

El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de prisioneros a improvisados campos de concentración que poblaron la geografía española. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270 000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a otros varios miles de muertos por enfermedades y desnutrición.

Los datos, totales o parciales, disponibles sobre treinta y tres provincias indican que hubo más de 35 000 ejecuciones, ya contabilizadas, en la posguerra. Es verdad que entre esas provincias aparecen ya la mayoría de las que permanecieron en zona republicana casi toda la guerra, pero todavía faltan cifras fiables sobre Vizcaya, Asturias, Badajoz, Toledo, Santander y Madrid. Convendría añadir, además, cientos de casos de muertes violentas debidos a asesinatos arbitrarios, no registrados por orden militar, especialmente en la primavera de 1939, y los miles de fallecidos en las cárceles. De hambre y epidemias murieron, con los datos disponibles para trece provincias, 4663 presos en la posguerra. La conclusión, a la espera de nuevas investigaciones, parece clara: al menos 50 000 personas habían sido ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, sin contar esos millares de muertes causadas por el hambre y las enfermedades en los diferentes centros penitenciarios^[29].

EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA

La primera característica del terror que se impuso en la posguerra es que estaba organizado desde arriba, basado en la jurisdicción militar, en juicios y consejos de guerra. Tras la típica explosión de venganza en las ciudades recién conquistadas, los «paseos» y las actuaciones de poderes autónomos, como los escuadrones de falangistas, dejaron paso al monopolio de la violencia del nuevo Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes. Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, se impuso un terror frío, administrativo, rutinario. Los consejos de guerra, por los que pasaron decenas de miles de personas entre 1939 y 1945, eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya estaba demostrado de entrada que el acusado era un rojo, un «animal» que decía el «erudito» Gonzalo de Aguilera. «Todo era esperpéntico en el desarrollo de los juicios», escribe Francisco Moreno, «un mero trámite para la eliminación física, sin aportación de pruebas, sin esfuerzo por esclarecer los hechos y sin apoyos por parte del defensor, un miembro del tribunal que no cumplía misión alguna».

La farsa de los juicios, la inexistencia de abogados defensores y el cinismo de los fiscales se lo contaban con pelos y señales los condenados a muerte a Gumersindo de Estella, el padre capuchino que los auxiliaba espiritualmente en la cárcel de Torrero. Nada había cambiado, pese al final de la guerra: el mismo ritual de la muerte, la misma desesperación de los presos, indefensos ante la justicia de Franco^[30].

Muchos familiares removían Roma con Santiago para salvar a sus seres queridos. Y lo que encontraban eran largas, falsas promesas, macabros engaños. Como le sucedió a aquella madre que fue el 12 de febrero de 1940 a hablar con Gumersindo de Estella. Estaba contenta porque había sido muy bien recibida en Madrid y confiaba en que su hijo iba a ser indultado. «¡Infeliz!», anotaba en su diario Gumersindo de Estella, no sabía la madre que su hijo, Juan García Jariod, un escribiente de Caspe de 22 años, tenía la sentencia de muerte firmada por Franco y había sido remitida a Zaragoza para su ejecución. Fue fusilado al día siguiente, 13 de febrero, junto a otros ocho condenados. Tres días después de su ejecución, llegó el indulto.

Infeliz de verdad esa madre, como otras muchas más, que ignoraban la sencillez con la que Franco despachaba las sentencias de muerte, el tristemente famoso «enterado» del Generalísimo, contado posteriormente por ilustres vencedores como Ramón Serrano Suñer o Pedro Sainz Rodríguez con la gracia y la impunidad que proporciona el paso del tiempo. Una vez dictadas las sentencias por los consejos de guerra, el auditor del cuartel general, el teniente coronel Lorenzo Martínez Fuset, le presentaba a Franco la relación de las condenas para el «enterado». Allí estaba a menudo, con su Caudillo, el capellán José María Bulart, que se permitía la licencia de bromear sobre el asunto: «¿Qué? ¿Enterrado?». Al bueno y católico de Bulart le llegaban muchas cartas de petición de clemencia, pero él tenía por costumbre arrojarlas a la papelera^[31].

El primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo empezó el nueve de febrero de 1939. La Ley de Responsabilidades Políticas declaraba «la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas», que desde el primero de octubre de 1934 «contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» y a partir del 18 de julio de 1936 «se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Todos los partidos y «agrupaciones políticas y sociales» que habían integrado el Frente Popular, sus «aliados, las organizaciones separatistas» y «todas aquellas que se han opuesto al triunfo del Movimiento Nacional», quedaban «fuera de la Ley» y sufrirían «la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes», que pasarían «íntegramente a ser propiedad del Estado».

Según Rafael Díaz–Llanos y Lecuona, abogado, auditor de guerra y profesor de universidad, «ganada la guerra por la fuerza de las armas —cien veces victoriosas— y la abnegación heroica de los soldados de España», esa ley «histórica» iba a «consolidar la paz por la fuerza de la justicia, dando a cada uno lo que es suyo, separando de la sociedad, provisional o definitivamente, a los elementos peligrosos o nocivos, y reintegrando a la vida cotidiana a los merecedores de esta distinción, para que desde su hogar, el taller, la oficina o el campo, trabajen con voluntad de Imperio a fin de obtener la grandeza de la Patria»^[32].

La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos y los rojos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se habían abierto 125 286 expedientes y unas 200 000 personas más sufrieron la «fuerza de la justicia» de esa ley en los años siguientes. La ley, modificada parcialmente en 1942, quedó derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en trámite siguieron su curso hasta el diez de noviembre de 1966.

El tribunal regional de Granada era, en octubre de 1941, el que más expedientes había incoado, 20 174, mientras que el de Zaragoza, con 3854, era el que más expedientes había resuelto. Después de Granada, los tribunales regionales y juzgados instructores más activos fueron los de Valencia, Madrid, Barcelona y Albacete, es decir, los tribunales que actuaban en el territorio que había permanecido hasta el final de la guerra al lado del Gobierno republicano. Pero la ley también alcanzó a decenas de miles de personas que se habían librado del asesinato en el territorio ocupado por los militares insurgentes desde julio de 1936. Más de cinco mil expedientes se habían incoado en el tribunal regional de Valladolid en octubre de 1941; 3057 en el de Pamplona y 2866 en el de La Coruña. Los tribunales funcionaron a pleno rendimiento en Ceuta y Melilla, las dos sedes con menos población, donde se habían incoado en esa fecha 1848 y 1516 expedientes respectivamente.

Las sanciones que la ley preveía eran durísimas y podían ser, según el artículo 8, de tres tipos: «restrictivas de la actividad», con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de carreras y profesiones, que abrió un amplio y selectivo proceso de depuración; «limitativas de la libertad de residencia», que conllevaba el extrañamiento, la «relegación a nuestras posesiones africanas», el confinamiento o el destierro; y «económicas», con pérdida total o parcial de algunos bienes determinados y pago de multas. Caer bajo el peso de esa ley significaba, en palabras de Marc Carrillo, «la muerte civil». Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria^[33].

De acuerdo con la ley, el juez instructor debería «pedir la urgente remisión de informes del presunto responsable al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio, acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, anteriores y posteriores al dieciocho de Julio de mil novecientos treinta y seis». La ley marcaba así el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo e intimidatorio, que iba controlar durante los largos años de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos: el alcalde, que era además jefe local del Movimiento, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el párroco, una triada temible de dominio político, militar y religioso.

El sistema represivo procesal levantado tras la guerra, consistente en la multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales, mantuvo su continuidad durante toda la dictadura. Cuando una ley era derogada, la nueva normativa reiteraba el carácter represor de la anterior. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. Fue derogada seis años después, sustituida por el decreto ley de 13 de abril de 1947 de represión del bandidaje y terrorismo, que mantenía la pena de muerte para diversos y variados delitos. Otro instrumento básico de persecución, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de primero de marzo de 1940, tuvo todavía mayor continuidad, obsesionados como estaban Franco y los vencedores de la guerra por considerar máximos responsables de todos los males de España a quienes caían bajo ese amplio paraguas de la masonería y el comunismo. El Tribunal Especial que estableció esa ley fue suprimido el ocho de marzo de 1964, aunque, en realidad, una buena parte de sus atribuciones habían sido asumidas desde 1963 por el Tribunal de Orden Público. Murió Franco y allí estaba todavía el TOP, disuelto finalmente por un decreto ley de cuatro de enero de 1977^[34].

Detenciones, torturas y muerte. La justicia militar encontró eficaces colaboradores para llevar a cabo esas nobles tareas. Tenía a su disposición, en primer lugar, a policías y guardias civiles, dependientes en teoría del Ministerio de Gobernación pero militarizados y encargados en el día a día de llevar a cabo la represión en todas las ciudades y pueblos. Por si fallaban o necesitaban ayuda, en los primeros años de la posguerra aparecían por todas partes las milicias y servicios de «información e investigación» de Falange, que vigilaban a los rojos, los delataban, los detenían y, a menudo, hacían visitas a las cárceles para propinarles palizas.

Las palizas y las torturas también evolucionaron, como el terror en general, desde una fase «vengativa» a otra «legal» y «judicial». La victoria del primero de abril de 1939 premió durante un tiempo la crueldad y la insensibilidad. Cientos de presos, significados por su pasado izquierdista o conocidos por sus ideas, como el poeta Miguel Hernández, fueron torturados y apaleados. Algunos prefirieron el suicidio. A otros, destrozados hasta la muerte, les aplicaron la «ley de fugas». Eso es lo que las versiones oficiales decían: habían muerto al intentar escaparse de las fuerzas armadas que los conducían.

La legalización de la tortura llegó con el Fuero de los Españoles, el texto político de declaración de derechos del franquismo, aprobado el 17 de julio de 1945, noveno aniversario del inicio de la sublevación militar. «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial». Así rezaba el artículo 18 de esa ley fundamental. En la práctica, como escribe Marc Carrillo, «la limitación del período de detención gubernativa era una pura falacia… que duraría toda la dictadura». Los detenidos permanecían en comisaría días y días, a veces semanas, humillados y torturados. La Brigada Político–Social realizaba las «diligencias» en famosos lugares que quedaron para siempre en la memoria antifranquista, como la comisaría de policía de Vía Laietana en Barcelona, o la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid. Había ocasiones en que la detención ni siquiera se registraba. Así transcurrían esas interminables «diligencias»: sin asistencia letrada, sin médicos, sin el más mínimo derecho de defensa.

Cuando se promulgó el Fuero de los Españoles, miles de presos habían sido ya condenados a la máxima pena y ajusticiados por pelotones de fusilamiento. España entera era un cárcel, aunque las cifras exactas nunca se podrán conocer porque las fuentes no incluían los destacamentos penales ni las colonias penitenciarias militarizadas. En la prisión Modelo de Valencia llegaron a concentrarse 15 000 prisioneros en algunos meses de 1939 y 1940, pese a que la capacidad prevista de ese recinto construido en 1907 era para 528 personas. En Barcelona había en la Modelo 10 000 presos y como ya no cabían más hubo que utilizar el abandonado correccional adosado a la cárcel y habilitar nuevos locales que incluían las naves de una fábrica de Pueblo Nuevo en los suburbios de la ciudad. Así las cosas, no resulta extraño que, un año después de acabada la guerra, el director general de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, expresara en nota privada a Franco las dificultades de la justicia para dar salida a todos esos reclusos en espera de condena: «La carencia de un Cuerpo Jurídico experto suficiente para atender el volumen de la represión ha obligado a habilitar para las funciones de la Justicia Militar un gran número de Abogados sin experiencia, sin conciencia profesional y sin especialización militar»^[35].

En 1943 había todavía más de 100 000 presos. 15 947 personas purgaban en ese mismo año sus penas en los 121 destacamentos penales que, desperdigados por toda la geografía española, empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción, en carreteras o pantanos. El número de presos, como ya se ha señalado, descendió por los fusilamientos, la muerte por enfermedad y los indultos forzados por el «colapso administrativo», pero en 1946 las prisiones aún tenían cifras de reclusos superiores en tres o cuatro veces la capacidad prevista. Según el Livre Blanc sur le système pénitentiaire espagnol, una sólida investigación realizada por una delegación de la Comission Internationale contre le Régime Concentrationnaire, en 1952 todavía había en las cárceles españolas presos de guerra que esperaban condena. Así era entonces esa justicia dominada por los tribunales militares, que detenía sin pruebas, no ofrecía garantías y dejaba pasar entre la fecha de detención y la celebración del juicio una media de dos a tres años. El 87 por ciento de los presos con penas más altas, entre 12 y 30 años, eran políticos^[36].

Mantener en la cárcel durante tanto tiempo a tantos prisioneros, torturarlos, asesinarlos con nocturnidad, dejarles morir de hambre y de epidemias, no fue, como la dura represión de posguerra en general, algo inevitable. Era el castigo necesario para los rojos vencidos y, bajo ese supuesto, las sutilezas legales no tenían sentido. Como ha observado Michael Richards, la etiqueta denigratoria de «rojo» pasó en la posguerra a designar «no sólo la filiación política de izquierdas de otros tiempos, sino una suerte de “suciedad”, el hecho de ser distinto, de ser un paria».

Muchos de esos rojos eran, y así lo decía el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, «criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden humano». Esos no debían retornar a la sociedad: «que expíen sus culpas alejados de ella». A los que eran capaces de arrepentirse, sin embargo, a «los adaptables a la vida social del patriotismo», había que redimirlos mediante el trabajo. Lo escribía Pérez del Pulgar en La solución que España da al problema de sus presos, un panfleto publicado en 1939 para airear las virtudes del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, una institución creada por la orden del Ministerio de Justicia del gobierno de Franco de siete de octubre de 1938.

Tanto el inspirador del Patronato, Pérez del Pulgar, como sus principales defensores, Martín Torrent y Máximo Cuervo, atribuyeron la creación de ese régimen de redención de penas a una nueva concepción «cristianísima» del sistema penitenciario auspiciada por el Caudillo, «que lo sigue, lo vigila y lo tutela día a día con amorosa solicitud». Era la continuación de las «leyes de Indias, inspiradas por nuestros grandes teólogos». Todo muy religioso, naturalmente, como sus propios creadores: «el preso no sólo tiene derecho a trabajar y a que su trabajo le sea remunerado, sino derecho también a poder redimir su pena con su trabajo».

Debajo de ese forro cristiano había, no obstante, cosas menos elevadas.

Las abarrotadas prisiones se despejaron poco a poco sin necesidad de promulgar una amnistía, ese perdón que hubiera permitido a los vencedores dar la mano a miles y miles de vencidos, reconocer que la conducta de muchos de esos rojos no merecía ser considerada delictiva. El sistema de redención de penas resultó también un excelente medio de proporcionar mano de obra barata a muchas empresas y al propio Estado. En Asturias se levantaron nuevas cárceles alrededor de las minas de carbón para poder explotar a los presos. En las minas de mercurio de Almadén y en las de carbón de León y del País Vasco se utilizaron numerosos presos que consumían jornadas agotadoras que muchos no pudieron resistir. La cárcel y la fábrica, bendecidas por la misma religión, se confundieron en esos primeros años del franquismo y formaron parte del mismo sistema represivo. A los presos políticos les daban trabajo y a los trabajadores «libres» les disciplinaban con la propaganda patriótica y la religión^[37].

En el Patronato Central había un religioso nombrado a propuesta del cardenal primado. Y las juntas locales las componían, como era habitual en la administración puesta en marcha por los vencedores, el alcalde o jefe de FET y de las JONS, el párroco y, como secretaria, «una mujer de reconocida caridad y celo».

Entre las mujeres hubo también vencedoras y vencidas. En 1940 había en España más de veinte mil presas políticas. A comienzos de ese año, la cárcel de mujeres de Las Ventas de Madrid, construida para albergar a quinientas presas, tenía entre seis mil y ocho mil. En Barcelona, la cárcel de Les Corts, con capacidad para cien reclusas, tenía una población estable cercana a las dos mil. Según la investigación de Ricard Vinyes, en la junta de disciplina de esa cárcel actuaba como administradora sor Felipa García Sánchez, una hermana de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la congregación que estaba a cargo de los servicios de administración, cocina y despensa de varias cárceles de mujeres. Sor Felipa se jactaba de la disciplina que imperaba en la cárcel, aunque para lograrlo del todo hubiera que prohibirles a las reclusas recibir paquetes, la comunicación con el exterior o castigarlas con los trabajos más duros «sin redimir la pena hasta tanto muestren propósito de enmienda».

Junto con el capellán de la cárcel, Elíseo Cots Carbonell, sor Felipa formaba un tándem perfecto. Ambos se manifestaban muy satisfechos por «la buena disposición en que se encuentran las reclusas en el aspecto religioso». Regentaban también juntos la escuela de la cárcel, dirigían el coro, bendecían banderas españolas y organizaban toda clase de actos para entretener a las presas en las fiestas más solemnes. Uno de esos días, les echó un discurso Isidro Castillón López, inspector de prisiones de Cataluña y director de la cárcel Modelo de Barcelona. Les habló de la belleza de la geografía española, de don Pelayo y los Reyes Católicos, y de la derrota de las hordas marxistas por el inmortal Caudillo.

Gestas históricas al margen, los casos de tifus y tuberculosis abundaban según el médico de la prisión, Enrique Fosar Bayarri, que se quejaba en las reuniones de la junta de disciplina de la falta de medicamentos y de material sanitario. En 1939 había en la cárcel 44 niños y niñas menores de cuatro años encerrados con sus madres. Los niños morían de meningitis, de hambre e incluso asesinados, si creemos los estremecedores relatos que transmiten los libros de Tomasa Cuevas o Juana Doña.

Los niños formaban parte del mundo interno de las cárceles de mujeres. Muchos de los que sobrevivieron a la cárcel, tras cumplir los cuatro años de edad, fueron separados de sus madres e ingresados en centros de asistencia y escuelas religiosas al amparo del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, llamado de Nuestra Señora de la Merced. En 1942 estaban tutelados por ese Patronato 9050 niños y niñas. En 1943, 10 675. Como señala Ricard Vinyes, había muchas más niñas que niños bajo tutela, internadas en centros religiosos con normas austeras y rígidas, la educación ideal que muchos franquistas reservaban para las mujeres. Castigo y miseria para las madres rojas y más de lo mismo para sus hijas.

La mayoría de las presas «comunes» se dedicaban a la prostitución, una actividad que había tomado tras la guerra un «vuelo vertiginoso», tal y como reconocía el fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, en la Memoria que presentó al Gobierno en septiembre de 1941. La «penuria económica acentuada» era, según el fiscal, la principal causante de ese aumento de la prostitución y del incremento de las violaciones y estupros. Martín Torrent, que abría y censuraba las cartas de los presos para «conocer el estado general de espíritu de la casa», transcribe la carta de una mujer que le confiesa a su marido preso que, con 15 pesetas semanales, nada se puede hacer: «¿es que iba a dejarte a ti y a los chicos morir de hambre o es que tú crees que yo no os amo y que yo consentiría que nuestros hijos murieran de hambre o que les faltase lo más principal la educación?».

Esas tragedias familiares ocasionadas por la victoria del bien sobre el mal había que saber pasarlas y sufrirlas, escribía Martín Torrent, «antes de vender su honor de mujeres, de esposas y de madres». Las familias de los condenados rojos debían saber cargar con el estigma de los vencidos. Rojas y mujeres de rojos eran lo mismo. Las podían violar, confiscarles sus bienes. Para eso habían nacido las mujeres, pensaban los franquistas, los militares y los clérigos: para sufrir, sacrificarse y purgar por sus pecados o por no haber sabido llevar a sus maridos por el camino del bien.

Había que vigilarlas, reeducarlas y purificarlas, con aceite de ricino si era necesario, para que arrojaran los demonios de su cuerpo. Como portadoras de culpa que eran, comenta Michael Richards, se les rapaba la cabeza, una imagen cotidiana de los años cuarenta, para que los vencedores señalaran todavía más a la «pelona». La Sección Femenina y la Iglesia se cebaron sobre las rojas y las mujeres de los rojos, hundiéndolas en la miseria moral y física y martirizándolas con los verdaderos símbolos de la mujer representados por la Virgen María, Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús. A ellas podían matarlas, purificarlas, pero los abortos, que también aumentaban según la Memoria del fiscal ya mencionada, el divorcio y el adulterio eran delitos graves contra la moral^[38].

Como puede observarse, los vencedores en la guerra decidieron durante años y años la suerte de los vencidos a través de diferentes mecanismos y manifestaciones del terror. En primer lugar, con la violencia física, arbitraria y vengativa, con asesinatos in situ, sin juicio previo. Se trataba de una continuación del «terror caliente» que había dominado la retaguardia franquista durante toda la guerra y desapareció pronto, aunque hay todavía abundantes muestras de él en los años 1940 a 1943. Dejó paso a la centralización y el control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo. Quedarían, por último, lo que Conxita Mir denomina los «efectos no contables» de la represión, el miedo, la vigilancia, la necesidad de avales y buenos informes, la humillación y la marginación. Así se levantó el Estado franquista y así continuó, evolucionando, mostrando caras más amables, selectivas e integradoras, hasta el final. La represión, como han demostrado sólidos y variados estudios, no fue sólo un fenómeno de la posguerra o de los primeros años de la dictadura franquista^[39].

INFORMES, DENUNCIAS, DELACIONES: LA VIOLENCIA DESDE ABAJO

Esa maquinaria de terror organizado desde arriba requería, sin embargo, una amplia participación «popular», de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no sólo se encontraban los beneficiarios naturales de la victoria, la Iglesia, los militares, la Falange y la derecha de siempre. La purga era, por supuesto, tanto social como política y los poderosos de la comunidad, la gente de orden, las autoridades, aprovecharon la oportunidad para deshacerse de los «indeseables», «animales» y revoltosos. Pero lo que esa minoría quería lo aprobaban muchos más, que veían políticamente necesario el castigo de sus vecinos, a quienes acusaban o no defendían si otros los acusaban^[40].

Tras la toma de Valencia por el ejército de Franco, el 30 de marzo de 1939, la llamada Columna de Orden y Policía de Ocupación, bajo el mando del coronel Antonio Aymat, iniciaba la limpieza, una limpieza que, según la investigación de Vicent Gabarda sobre los fusilados en el País Valenciano, se llevó a la tumba hasta 1956 a 4714 rojos, más los 1165 presos que murieron en las cárceles y campos de concentración. Las autoridades establecieron desde el primer día centros de recepción de denuncias, a cuyas puertas se formaron largas colas de ciudadanos que buscaban venganza o querían evitar que la represión se descargase sobre ellos mismos, aleccionados por los avisos que se lanzaban desde el gobierno militar: «Toda persona que conozca la comisión de un delito llevado a cabo durante la época de dominación roja, se halla obligada a denunciar el hecho […] a fin de llevar a cabo en la debida forma el espíritu de justicia que anima a nuestro caudillo».

Había que detener a todos «sin descanso, con las miras en el interés general de la Patria», y para ello se necesitaba «el concurso ciudadano» de los buenos españoles, «denunciando a toda persona a quien pueda imputarse delito alguno, advirtiendo que de no hacerlo se hace culpable de encubrimiento».

Tiempo de odios personales, de denuncias y de silencio. Se repitió en todas las ciudades y pueblos de España. En Málaga, como ha mostrado Matilde Eiroa, en esos primeros meses de 1939 se detenía a hombres y mujeres «por no haber dado conocimiento a las autoridades de la llegada a nuestra ciudad y a sus respectivos domicilios de individuos por ellos conocidos y que durante la dominación marxista en las misma tuvieron actividades manifiestamente contrarias al Alzamiento». No bastaba con haber «paseado» ya a cientos de ellos desde febrero de 1937, desde la ocupación de la ciudad por las tropas de Franco. El terror exigía también romper los lazos de amistad y de solidaridad social, impedir cualquier germen de resistencia.

Colaborar mediante la delación significaba implicarse también en la incoación de la amplia gama de procesos sumariales desplegada por los vencedores. Por eso se insistía tanto en la participación activa y se perseguía y se sancionaba la pasividad. Denunciar «delitos», señalar a los «delincuentes», era cosa de los «buenos patriotas», de quienes estaban forjando la «Nueva España». La denuncia se convirtió así en el primer eslabón de la justicia de Franco.

Las autoridades invitaban a la delación con modelos de denuncias para facilitar las cosas. El modelo de la Diputación de Barcelona pedía a los funcionarios que hicieran de policías. Era la forma de demostrar adhesión al Movimiento Nacional y salvar el puesto: «Diga quiénes eran los más destacados izquierdistas de su departamento y cuanto sepa de la actuación de los mismos»^[41].

Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Una ley de diez de febrero de 1939 institucionalizó la depuración de los funcionarios públicos, un proceso que los militares rebeldes habían iniciado sin necesidad de leyes en el verano de 1936. Los diferentes ministerios designaron «instructores» para investigar la conducta de los funcionarios y, de acuerdo con esa ley, aquellos que salieran «limpios» podrían servir también de testigos en otras investigaciones.

Detrás de esa ley, y en general de todo el proceso de depuración, había un doble objetivo: privar de su trabajo y medios de vida a los «desafectos al régimen», un castigo ejemplar que condenaba a los inculpados a la marginación; y, en segundo lugar, asegurar el puesto de trabajo a todos los que habían servido a la causa nacional durante la guerra civil y mostraban su fidelidad al Movimiento. Ahí residía una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la «adhesión inquebrantable» de todos aquellos beneficiados por la victoria.

Un porcentaje elevadísimo de las «vacantes», hasta el ochenta por cien, se reservaba para ex combatientes, ex cautivos, familiares de los mártires de la cruzada, y para tener acceso al resto había que demostrar una total lealtad a los principios de los vencedores. «¡A la cárcel con el neutral!», escribía Luis de Galinsoga, hagiógrafo de Franco y director de La Vanguardia Española: «La neutralidad del español con respecto a España, a la vida misma de España, como unidad ante la Historia y como unidad biológica en nuestros días es un crimen»^[42].

Así era esa España patriótica y religiosa, limpia ya de «delincuentes comunes como Companys», que decía Luis de Galinsoga. Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de convivencia. En Cataluña, en el País Valenciano, en las zonas de Aragón, Castilla–La Mancha, Murcia y Andalucía que habían estado con la República, los propietarios volvieron a sus fábricas y tierras dispuestos a limpiarlas de todos los que habían participado de forma activa en las colectivizaciones y en la revolución. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente en el mundo rural, fueron desterrados, obligados a trasladarse a ciudades o pueblos diferentes. Acosados y denunciados por delatores, los militantes sindicales, los que más se habían destacado por su apoyo a la revolución, llevaron la peor parte. A los menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les impuso el silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad^[43].

Un año después de acabada la guerra, la dictadura montó y puso en marcha un sistema de denuncia legal, un instrumento estatal para estimular la delación. Ni siquiera en la Alemania nazi, donde la Gestapo favorecía y gestionaba la colaboración ciudadana con las autoridades, existió un sistema de esas características, aunque algunos sectores del régimen nacionalsocialista intentaron instaurarlo.

La «Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación» fue creada por el decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril de 1940, con el fin de «investigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados, lo mismo en el orden material que en el moral, contra las personas, contra los bienes, así como contra la religión, la cultura, el arte y el patrimonio nacionales».

En la práctica, la «Causa General» consiguió varias metas. Aireó y marcó en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del «terror rojo» durante la guerra civil. Compensó a las familias de las víctimas de esa violencia, confirmando la división social entre vencedores y vencidos. Y sobre todo se convirtió en el instrumento de delación y persecución de ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos. Los estudios que se han realizado sobre esa «Causa General», especialmente en Cataluña, Aragón y el Levante, descubren los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde el principio, las actitudes de esa población «pasiva», manipulada y desmovilizada, el falseamiento de los hechos y el comportamiento de miles y miles de católicos que, con el recuerdo vivo de la «Gloriosa Cruzada», estaban dispuestos a señalar con el dedo al adversario para facilitar su fusilamiento o condenarlo a largos años de prisión^[44].

La guerra y la victoria estimularon también la aparición de los verdugos voluntarios. Lo cuenta Gumersindo de Estella, el capellán de la cárcel de Torrero de Zaragoza, y ocurrió el 13 de junio de 1938. Estaban esperando al verdugo para agarrotar a Esteban García Solanas. Tardaba y un miembro de la Hermandad de la Sangre de Cristo, la institución encargada de enterrar a los muertos, dijo «resueltamente»: «si no ha venido el verdugo, aquí estoy yo dispuesto a ejecutar la justicia». Quienes lo oyeron, escribe el padre capuchino, «interpretaron sus palabras y ademanes como señal de profunda adhesión al Movimiento y a la religión».

Ser más insensible que nadie y delatar le libraba además a uno de las sospechas. Muchos tuvieron que demostrar lo que no eran, engullir su pasado, borrar toda huella de disidencia o de expresión de libertad. En la dura austeridad de los años cuarenta y cincuenta, escribe Francés Lannon, «el conformismo religioso era recomendable para los que querían un trabajo, mejorar su posición, o cualquier otro ascenso o seguridad». Así era esa España de autarquía económica, política y cultural, con los vencidos perseguidos y hambrientos y los vencedores encabritados por la venganza, marcados unos y otros por las secuelas de la guerra, por las dificultades para sobrevivir entre tanta muerte, miseria y moral católica.

En la represión de los vencidos participaron de forma destacada los familiares de las víctimas del «terror rojo». Conxita Mir ha demostrado que en la Lérida rural había estrechos «lazos de consanguinidad» entre los declarantes, más hombres que mujeres, aunque esas tampoco se quedaron a la zaga, y donde aparecían muchos jóvenes que estaban forjándose ya su porvenir. Declarar, delatar, se convirtió para muchos en el primer acto político de compromiso con la dictadura. Esa era una sociedad «vigilada, silenciada, convertida casi en espía de sí misma, en la que […] la colaboración fue imprescindible para garantizar con eficacia el reemplazo de la política de masas por la sumisión al poder»^[45].

Como la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales pudieron tomar el camino del exilio, especialmente en Aragón y Cataluña, muchos de los represaliados nada tenían que ver con los hechos que se les imputaban. Tampoco los podía defender nadie. Inculpar era sencillo. Exculpar resultaba peligroso.

Todos esos informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, de la gente «ordinaria», los avales y salvoconductos necesarios para vivir, dan testimonio del grado de implicación de la población en ese sistema de terror. Y eso significa, en suma, que el franquismo no sólo vivió de violencia y terror, ni se sostuvo únicamente con la represión.

Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerción. Pasados los años más sangrientos, lo que se manifestó en realidad fue un sistema de autovigilancia donde nada invitaba a la desobediencia y menos aún a la oposición y a la resistencia. Con el paso del tiempo, la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, «dulcificó» sus métodos y, sin el acoso exterior, pudo descansar, ofrecer un rostro más amable, con un dictador que inauguraba pantanos y repartía aguinaldos a los trabajadores.

Pero por mucho que evolucionara y dulcificara sus métodos, la dictadura nunca quiso quitarse de encima sus orígenes sangrientos, la guerra civil como acto fundacional, que recordó una y otra vez para preservar la unidad de esa amplia coalición de vencedores y para mantener en la miseria y en la humillación a los vencidos. La represión no era algo «inevitable». Fueron los vencedores los que la vieron totalmente necesaria y consideraron la muerte y la prisión como un castigo adecuado para los rojos. Podían haber matado menos, podían haber liberado antes a la mayoría de los prisioneros, haberles tratado mejor, observado reglas elementales de higiene y de alimentación. Pero eran «animales» que merecían ese sufrimiento.

El terror ajustó cuentas, generó la cohesión en torno a esa dictadura forjada en un pacto de sangre. Los vencidos quedaron paralizados, asustados, sin capacidad de respuesta. La represión fue, en palabras de Enrique Moradiellos, «una política social de “limpieza” y “depuración” de enemigos y desafectos enormemente fructífera para la dictadura franquista, sin la cual no resulta cabalmente comprensible su consolidación y pervivencia durante tantos años y en tan diferentes contextos internacionales»^[46].

Las escasas voces que desde dentro pidieron la reconciliación y el perdón fueron silenciadas. Durante las dos primeras décadas después de la guerra, no hubo ninguna posibilidad de cerrar las heridas y de que cesara el castigo y la violencia vengadora. Eso es algo que tenían muy claro desde Franco hasta el último cura de la Iglesia católica. La entrada de la religión en la guerra, convertida en Cruzada, había incrementado la violencia en vez de mitigarla. Después, la victoria del ejército de Franco supuso el triunfo absoluto de la España católica. La Iglesia vivió a partir de ese momento una larga época de felicidad, con una dictadura que la protegió, la cubrió de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos. La Iglesia, su jerarquía, el clero y cientos de miles de católicos, estuvieron ahí todos esos años en primera línea, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la represión, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar y monopolizar la educación, para mantener a raya a todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y a abandonar la religión.

FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO

No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo XX, y los ha habido de diferentes colores e intensidad, en el que la Iglesia asumiera una responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista. Y en Finlandia y en Grecia, tras las guerras civiles, la Iglesia luterana y ortodoxa sellaron pactos de amistad con esa derecha vencedora que defendía el patriotismo, los valores morales tradicionales y la autoridad patriarcal en la familia. Pero en ninguno de esos dos casos llamaron a la venganza y al derramamiento de sangre con la fuerza y el tesón que lo hizo la Iglesia católica en España. Es verdad que ninguna otra Iglesia había sido perseguida con tanta crueldad y violencia como la española. Pero, pasada ya la guerra, el recuerdo de tantos mártires fortaleció el rencor en vez del perdón y animó a los clérigos a la acción vengativa.

Tres ideas básicas quiero recordar y desarrollar en las páginas que siguen. La primera, que la Iglesia católica se implicó y tomó parte hasta mancharse en el sistema «legal» de represión organizado por la dictadura de Franco tras la guerra civil. La segunda, que la Iglesia católica sancionó y glorificó esa violencia no sólo porque la sangre de sus miles de mártires clamara venganza, sino, también y sobre todo, porque esa salida autoritaria echaba atrás de un plumazo el importante terreno ganado por el laicismo antes del golpe militar de julio de 1936 y le daba la hegemonía y el monopolio más grande que hubiera soñado. Convendrá traer a la memoria, por último, que la simbiosis entre Religión, Patria y Caudillo fue decisiva para la supervivencia y mantenimiento de la dictadura tras la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Examinemos con detalle esos tres argumentos.

La Ley de Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de 1939 brindó la oportunidad a la Iglesia, por medio de los párrocos, de convertirse en una agencia de investigación parapolicial. No era suficiente con que la Iglesia, colmada de privilegios, recuperara su papel de guardiana de la moral y de las buenas costumbres. «Por obra y gracia de la Ley de Responsabilidades Política», escribe Conxita Mir, «los párrocos, desde su privilegiada posición de expertos conocedores del más nimio detalle de la vida cotidiana de los aldeanos, devinieron agentes necesarios de la justicia franquista, al mismo nivel que lo eran los ayuntamientos o los próceres locales de Falange»^[47]. Se convirtieron, en otras palabras, en investigadores públicos del pasado de todo vecino sospechoso de haber subvertido el orden y, por supuesto, de haber atacado a la Iglesia, acusaciones bajo las que podían implicar a los supuestos responsables y a toda su familia.

No era nada nuevo que los curas redactaran informes, denunciaran, delataran y persiguieran a los malvados hasta la tumba. Como ha quedado demostrado en recientes investigaciones, lo hicieron durante toda la guerra en la zona ocupada por los militares sublevados. La novedad residía en que esa misión policial se la atribuía ahora una ley y que la guerra había acabado. Al aceptar esa misión, que permitía además tomar iniciativas represoras, pasar a la acción sin que nadie lo pidiera, los clérigos renunciaron a erigirse en un instrumento de reconciliación y ejercieron, en la vida cotidiana, de mensajeros del odio y de la venganza, de guías voluntarios del ángel exterminador.

Las pruebas están ahí, en los informes emitidos por los curas como respuesta a los requerimientos de los jueces instructores y en las declaraciones realizadas al amparo de la «Causa General». No todos los curas se prestaron a ese juego y hubo incluso algunos que se negaron a ejercer esa labor policial. Pero las voces que apuntaron a las negativas consecuencias que esa persecución sin freno podía tener para el futuro de la sociedad y que urgieron a la reconciliación y a cerrar las heridas, fueron despreciadas. Gumersindo de Estella, uno de esos pocos eclesiásticos que se atrevió a lamentar en privado y por escrito el servicio que la religión le estaba prestando a un régimen tan asesino, cerraba su diario, tras asistir a un condenado a muerte el 11 de marzo de 1942, con ese sentimiento de culpa, rabia e impotencia que a él le suscitaba el comportamiento de sus hermanos clérigos: «La violencia de los adversarios no nos da derecho al odio, al desdén ni al abandono»^[48].

Gumersindo de Estella sabía que muchos de esos presos que acababan ante el pelotón de fusilamiento habían sido denunciados por los propios curas. Y así era si atendemos a los datos que hoy disponemos sobre las comarcas rurales de Aragón y de Lérida que habían permanecido en la zona republicana hasta la primavera de 1938 y de donde procedían la mayoría de los ejecutados en Zaragoza en los primeros años de la posguerra. Hay que suponer que los curas que iban a esos pueblos actuaban enojados y resentidos por el anticlericalismo pasado, pero no parece que esa fuera la única razón y, en cualquier caso, optaron por el sacrificio de los supuestos infieles para rendir homenaje a sus propios mártires. La sangre de esos mártires exigía venganza. A los asesinatos de religiosos en la guerra se respondía con crímenes políticos en tiempos de paz. Todo un síntoma del ambiente que se respiraba en la España católica.

Los informes transmitían las simpatías y las aversiones de un clero resentido por el anticlericalismo violento, pero también por el grado inadmisible de secularización que la sociedad había iniciado durante los años republicanos, una secularización plasmada en las ceremonias civiles, en el abandono del culto y en la competencia por la clientela que le hacían los maestros racionalistas, los militantes obreros o los republicanos laicos. A través de un lenguaje maniqueo, condenaron la República, «los tiempos de la horda roja», y ensalzaron «la Gloriosa Cruzada». Calificaron de buenos cristianos a la gente de orden y reservaron los calificativos más despectivos y condenatorios a los subversivos y anticlericales. Y ayudados por el miedo y el terror que los encausados sentían ante esa represión, se aprovecharon de los más adinerados, normalmente profesionales republicanos, para pactar con ellos la entrega de dinero, el mantenimiento del culto y del clero, a cambio de informes exculpatorios.

Parece demostrado, por lo tanto, que la Ley de Responsabilidades Políticas convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Y excepto en algunos casos en los que no se muestran cómodos en ese papel de informantes oficiales, en los que piden que sean otras autoridades las que hagan de policía, la mayoría colaboró voluntaria y activamente en la caza del rojo, mostrando una adhesión inquebrantable a la dictadura de Franco. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvió la vida cotidiana de esas pequeñas comunidades rurales en la posguerra.

En España, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, Italia o en otras sociedades que pasaron guerras civiles y dictaduras, el catolicismo logró imponer su discurso de limpieza moral y política. No era lo mismo que el nazismo ni se necesitó de un holocausto como el de los judíos, pero la caracterización psicopatológica del enemigo, el trato que los vencedores dispensaron a los vencidos y la aplicación violenta de principios raciales bañados de moral católica merecen algo más que un comentario.

La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, de las torturas y de las muertes en las cárceles franquistas y se dedicó a controlar «espiritualmente» a los presos y a hacer apostolado. Como escribía Martín Torrent, a los capellanes no les había sido dada la potestad de librar a los condenados de la muerte terrena. En ese asunto Martín Torrent seguía al pie de la letra las instrucciones de su admirado José Antonio Pérez del Pulgar, el sacerdote jesuita que había ideado en los últimos meses de la guerra el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. En una circular enviada a los «capellanes interinos nombrados para la redención de penas por el trabajo», Pérez del Pulgar les transmitía un consejo muy útil para que no se sintieran atormentados por la disyuntiva de ser apóstoles de Cristo o agentes de la «magnánima» justicia de Franco: «El capellán no debe hablar jamás ni en público ni en privado de asuntos procesales ni poner en tela de juicio la justicia de las condenas, ni ofrecer su intercesión o buenos oficios, que les están estrictamente prohibidos, aun aquellos que pudieran ser lícitos en otras personas»^[49].

Ni intercesión ni buenos oficios. Lo que hicieron los capellanes de las cárceles fue vender e imponer moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de prisión. Ejercieron una labor de censura política e ideológica, mercadearon con la confesión y la comunión a cambio de «pequeños» favores que ellos podían otorgar y castigaron con sus informes a todos aquellos que resistieron la evangelización. Fueron poderosos, dentro y fuera de las cárceles, con los presos y sus familias. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.

La Iglesia católica española disfrutó durante mucho tiempo de los beneficios y de la plenitud de poderes que le otorgaron la sacralización de la guerra y su identificación con la dictadura franquista. Entre esos logros y poderes estaba la educación, un terreno vital en el que la sustancia católica ya se había hecho notar desde los inicios de la guerra civil.

La jerarquía eclesiástica, con Enrique Pía y Deniel a la cabeza, se planteó muy en serio el objetivo de recatolizar España a través de la educación. Contaron para ello con intelectuales católicos fascistizados, a quienes Franco entregó el Ministerio de Educación. En su primer gobierno, nombrado el 30 de enero de 1938, el cargo se lo dio a Pedro Sáinz Rodríguez, un catedrático de Universidad de la extrema derecha alfonsina. Acabada la guerra, cuando Franco formó su segundo gobierno, el nueve de agosto de 1939, José Ibáñez Martín fue el elegido. Ibáñez Martín procedía, como José María Pemán, de la Acción Católica Nacional de Propagandistas y había sido elegido diputado de la CEDA por Murcia en las elecciones de noviembre de 1933. Se mantuvo al frente del Ministerio hasta 1951, doce años en los que tuvo tiempo de culminar la depuración del Magisterio iniciada por aquella Comisión de Cultura y Enseñanza que presidió desde finales de 1936 José María Pemán, de catolizar la escuela y de favorecer con generosas subvenciones a las escuelas de la Iglesia. Dejó también como legado un rosario de declaraciones antimodernistas, de encendidos elogios a la pedagogía de San José de Calasanz y de soberanas tonterías sobre la formación de los maestros y de los problemas básicos de la educación: «¿Cómo podrá formar el alma del niño un Maestro que no sepa rezar?», se preguntaba en 1943: «He aquí el problema fundamental de la educación española».

Ibáñez Martín mantuvo como principales responsables de su Ministerio a Tiburcio Romualdo de Toledo y José Permatín, dos ultracatólicos de la etapa de Sainz Rodríguez, e incorporó también a algunos «camisas viejas» de Falange, un ejemplo más de esa mixtura de fascismo y catolicismo que dominó la sociedad española de posguerra. Romualdo de Toledo, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Primaria, era un tradicionalista que tenía como modelo de escuela «al monasterio de Occidente creado por San Benito» y José Permatín, responsable de la Enseñanza Superior y Media, había defendido en 1937 «una cuidadosa y concienzuda depuración —sin venganzas, pero sin flaquezas—» de los maestros y del profesorado de las escuelas normales.

Entre unos y otros echaron de sus puestos y sancionaron a miles de maestros, la flor y nata del Magisterio progresista y laico, y convirtieron a las escuelas españolas en un botín de guerra repartido entre las familias católicas, falangistas y ex combatientes. Hubo provincias, como la de Lugo, en que «prácticamente todos los maestros […] fueron depurados». La inhabilitación y las sanciones afectaron también de lleno a los profesores de Universidad, cuyos puestos se los distribuyeron, bajo el atento manejo de Ibáñez Martín, los propagandistas católicos y el Opus Dei^[50].

Tampoco se contentaron con delatar y perseguir a los profesores republicanos y copar los mejores puestos. Ejercieron de censores, implantaron en la enseñanza, desde la primaria a la universitaria, una moral religiosa rígida, autoritaria, dirigida, según Gregorio Cámara Villar, «a la formación de súbditos resignados, respetuosos del orden y la jerarquía social»^[51]. La Iglesia era el alma del Nuevo Estado, resucitada después de la muerte a la que le había sometido el anticlericalismo. La Iglesia y la religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la administración y los centros de poder.

Las clases trabajadoras fueron otro de los objetivos esenciales de esa recatolización a golpe de fusil. Porque cuanto más rojos habían sido en la República y en la guerra, más necesitados andaban de recatolización. Balbino Santos Olivera, por ejemplo, el obispo que empapó a Málaga de retórica nacionalista y de cruzada tras la ocupación de la ciudad por las tropas de Franco en febrero de 1937, se tomó muy en serio la recatolización y organizó un programa intensivo de misiones con los hombres y las mujeres de Acción Católica que alcanzó a las fábricas y a las cárceles, que eran los lugares donde solían estar los rojos que quedaban vivos en los años cuarenta.

Según cuenta Adela Alfonsi, «el apostolado obrero de Acción Católica estaba centrado principalmente en la idea de que la pobreza era inevitable y necesaria, y recalcaba la nobleza del trabajo manual». La resignación, la disciplina y el trabajo duro eran virtudes «patrióticas» en contraste con el egoísmo, la violencia y la anarquía que habían caracterizado a la canalla revolucionaria. Ser pobre era algo natural, querido por Dios, a lo que había que resignarse, mientras que los ricos, misericordiosos y magnánimos, podían paliar la pobreza con sus donativos. Para predicar con el ejemplo, don Balbino sentó en su mesa a dieciséis niños pobres el día de Navidad de 1945, a los que ofreció una comida suntuosa y regalos, todo un detalle de caridad cristiana en aquella España de hambre y ayuno obligado.

Al beligerante y caritativo Balbino Santos Olivera le sustituyó en octubre de 1947 Ángel Herrera Oria, menos patriotero que su predecesor pero igual de tradicionalista y paternalista. El abogado Herrera Oria había sido uno de los fundadores de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en 1909 y de El Debate en 1911, un periódico que dirigió hasta 1933 y que abandonó para ocupar la presidencia de la Junta Central de Acción Católica. Suya había sido también la iniciativa de crear en 1931 Acción Nacional, la organización política de derechas de la que surgió la influyente Acción Popular. De abogado, propagandista y político, pasó a ser sacerdote, obispo y cardenal, puesto al que fue elevado en 1965 por el Papa Pablo VI.

Herrera, como Santos Olivera y el resto de los obispos de esa Iglesia de Franco, creía que las raíces de los problemas sociales eran de tipo espiritual y moral y nada tenían que ver con la desigual distribución de la riqueza y el poder creada por los propios hombres. La caridad era la solución a la injusticia social que, bien ejercida, ofrecía además la oportunidad a los ricos de la salvación eterna. Era el manido mensaje de resignación, subordinación y aceptación del orden que la Iglesia había defendido sin éxito con la monarquía y había acabado implantando por la fuerza de las armas^[52].

Con el paso del tiempo se comprobó que ese proyecto recatolizador a toque de corneta tampoco funcionaba, que los aires de modernización y secularización que habían soplado por la sociedad española antes de la guerra civil no habían amainado, que la República, la izquierda y el fracaso social del catolicismo habían dejado importantes secuelas de anticlericalismo y de indiferencia religiosa. Pero poco importaba todo eso. Como nada importaban los costes de esa recatolización, las cárceles, las humillaciones, las violaciones de los derechos humanos más elementales y los miles de fusilados. La Iglesia estaba feliz, impregnada de ese «totalitarismo divino», mezcla de fascismo y catolicismo con el que ocupaba el espacio social.

Nada se movió en la Iglesia en esos primeros veinticinco años de la paz de Franco. La sumisa identificación de la Iglesia católica española con Franco alcanzó cotas elevadísimas. Había empezado esa profunda sumisión con una rebelión militar, se selló con un pacto de sangre y la simbiosis entre Religión, Patria y Caudillo cayó como agua de mayo durante el período crucial para la supervivencia de la dictadura después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí pudo también haber cambiado la Iglesia, dar alguna señal de disidencia, de perdón y de reconciliación. Pero la Iglesia, embobada por ese «totalitarismo divino», feliz con sus privilegios, nada quiso saber de una «innecesaria revisión». Bien claro lo dijo en agosto de 1945 Enrique Pía y Deniel, el ideólogo de la cruzada, el primado del episcopado español, cuando las cosas se pusieron difíciles tras la derrota de las potencias fascistas: «Que la hora de la paz mundial sea también la hora de la consolidación de la paz interna de España. La pasada guerra civil y Cruzada vino a ser un plebiscito armado que puso fin a la persecución religiosa. No se quiera por nadie una innecesaria revisión, que pudiera llevarnos a una nueva guerra civil»^[53].

Un mes antes de esa carta pastoral de Pía y Deniel, Franco había ampliado la presencia de los católicos en su gobierno. Mantuvo a Ibáñez Martín en Educación y nombró como ministro de Obras Públicas a José María Fernández Ladreda y de Asuntos Exteriores a Alberto Martín Artajo, dos antiguos políticos y exdiputados de la CEDA. En tiempos de «ostracismo internacional», y con la necesidad de quitarse la mácula fascista de encima, había que establecer relaciones con el exterior por el camino más directo, vendiendo catolicismo español, lo cual significaba vender entre otra muchas cosas tradición y anticomunismo.

Martín Artajo conservó el puesto durante doce años y además de contribuir a lavar la imagen del franquismo en el exterior, hizo lo mismo que los demás católicos en el interior: rechazar cualquier posibilidad de retorno al constitucionalismo, a la libertad de expresión y a los «dogmas del liberalismo». Por lo que se refería a anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos y demás rojos, estaban bien donde estaban, en la cárcel, acosados, vigilados, sin derechos. Una cosa era soltar amarras fascistas, reducir el aislacionismo político de España, y otra muy diferente desmontar el tinglado autoritario, perder privilegios, reconciliarse con los rojos.

Fue así como los antiguos políticos de la CEDA y miembros relevantes de la ACNP contribuyeron de forma decisiva a institucionalizar el Nuevo Estado de la España de los vencedores. El entramado político que emergió de la guerra «armonizó» lo mejor de la tradición española con formas modernas de movilización de masas propias de la parafernalia y de la simbología fascistas y con otros métodos derivados de ese «totalitarismo divino» presente en las procesiones, en las escuelas, en la Acción Católica, en las parroquias, en el púlpito y hasta en las cárceles. La Iglesia se ajustó a la perfección a la dictadura, fascista o no, y comprobó, en ese caminar diario por la regeneración católica, cómo perduraban sus discursos, sus élites dirigentes y sus asocioeconómicos.

El catolicismo y el clero no permanecieron inmunes a esos cambios socioeconómicos que desde comienzos de los años sesenta desafiaron el aparato político de la dictadura franquista. El catolicismo tuvo que adaptarse a esa evolución con una serie de transformaciones internas y externas que han sido analizadas por varios autores. En opinión de José Casanova, la «aguda secularización de la sociedad española que acompañó a los rápidos procesos de industrialización y urbanización fue vista con alarma al principio por la jerarquía de la Iglesia. Lentamente, sin embargo, los sectores más concienciados del catolicismo español empezaron a hablar de España no como una nación inherentemente católica que tenía que ser reconquistada, sino más bien como un país de misión. La fe católica no podía ser forzada desde arriba; tenía que ser adaptada voluntariamente a través de un proceso de conversión individual»^[54].

Antes de cambiar, la Iglesia se despachó a gusto con los vencidos, con los infieles y con todos los resistentes a la recatolización. Durante casi toda la dictadura, y fue larga, la Iglesia no quiso saber nada de perdón ni de reconciliación, feliz todavía con el recuerdo de la Cruzada. Hasta la Primera Asamblea Nacional Conjunta de Obispos y Sacerdotes, celebrada en septiembre de 1971, la Iglesia no abordó de forma oficial ese tema fundamental para la sociedad española. Se presentó allí un proyecto de resolución en el que se pedía «perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». La proposición, sin embargo, no obtuvo los dos tercios suficientes para ser aprobada y figurar en el informe final. Sometida a una segunda votación, se quedó con 122 votos a favor, 113 en contra y 10 abstenciones.

Cuando murió el «invicto Caudillo» el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en la educación, en los aparatos de propaganda y en los medios de comunicación. «Ningún gobernante, en ninguna época de nuestra historia», le decía Carrero Blanco a Franco en diciembre de 1972, «ha hecho más por la Iglesia católica que Vuestra Excelencia y ello […] sin otra mira que el mejor servicio de Dios y de la Patria, al que habéis consagrado vuestra vida con ejemplar entrega». Puesta esa ayuda en cifras, el propio Carrero estimaba que en esas décadas la Iglesia había ingresado en sus arcas 300 000 millones de pesetas procedentes de la financiación estatal^[55].

La Iglesia católica salió triunfante, feliz y muy beneficiada de ese intercambio de favores que mantuvo con un régimen político asesino, levantado sobre las cenizas de la República y la venganza sobre los vencidos en la guerra civil. A la Iglesia le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante esa guerra y no le gusta nada recordar cómo, durante esa misma guerra y en la todavía más larga posguerra, fue cómplice, y de qué forma, del terror militar y fascista. Ya lo percibió George Orwell en medio del fragor de aquella batalla: «Todos creen en las atrocidades del enemigo y no en las de su bando»^[56].

La dictadura impidió durante mucho tiempo enfrentarse al pasado, que era sólo uno, el de las glorias nacionales y el de los crímenes de los «rojos». Los últimos veinte años han dado un vuelco completo a esa mirada. Contamos con buenas monografías, síntesis, historias de todos los colores. Pero la historia de la guerra y del franquismo no es sólo objeto de estudio de historiadores, como lo pueden ser, por ejemplo, el feudalismo o la España romana. En los últimos años han irrumpido con fuerza en esos temas los medios de comunicación, las mediaciones políticas y los tertulianos. Lo que escribimos unos y lo que dicen otros constituye el tema del siguiente capítulo.